CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
341.57
D542e
AÑO 1992.
INVENTARIO 8321 PAGINA(S) 115 h.
EJEMPLAR CM 27 cm.
AUTPPAL Díaz Nuila de Miro, Ana Marina CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas,
AUTOR(ES) Ana Marina Díaz Nuila de Miro TITULO Escuelas modernas del derecho internacional privado
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD U. Dr. José Matías Delgado
FECHA 14/02/1998
DESCRIPTORES
1. ESCUELAS MODERNAS - DERECHO INTERNACIONAL. I. Título.
MATERIA ESCUELAS MODERNAS - DERECHO INTERNACIONAL
TÍTULO Escuelas modernas del derecho internacional...
TOPOGRÁFICA Díaz Nuila de Miro, Ana Marina
CONTENIDO Teoría general de los conflictos de leyes, Teoría de los estatutos, Escuelas modernas del derecho internacional privado


Texto
UNIVERSIDAD JOSÉ MATÍAS DELGADO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
PBRO. Y DR. ISIDRO MENÉNDEZ


TRABAJO DE GRADUACIÓN

ESCUELAS MODERNAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO


PRESENTADA POR:

ANA MARINA DÍAZ NUILA DE MIRO

COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS


MARZO DE 1992


SAN SALVADOR - EL SALVADOR - CENTROAMERICA

_________________________


ÍNDICE


CAPÍTULO PRIMERO

Introducción

Generalidades

Concepto

Las Reglas del Derecho Internacional Privado

Las circunstancias, Factores o Puntos de Conexión.


CAPÍTULO SEGUNDO

TEORÍA GENERAL DE LOS CONFLICTOS DE LEYES.

Consideraciones Preliminares

Crítica de la Denominación

Concepto.

Clasificación de los Conflictos de Leyes.

Solución de los Conflictos Positivos y Negativos.


CAPÍTULO TERCERO

TEORÍA DE LOS ESTATUTOS


Génesis Histórica

Escuela Italiana

La Escuela Estatutaria Francesa

Escuela Estatutaria Holandesa o Escuela de la Cortesía Internacional.

La Escuela Francesa del Siglo XVIII o Neoestatutaria.


CAPITULO CUARTO

ESCUELAS MODERNAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Generalidades

Escuela Angloamericana o de la Territorialidad.

Escuela de la Personalidad del Derecho o Escuela Italiana Moderna

Escuela de Pillet.

Méritos de la Doctrina de Pillet.

Escuela de Savigny o de la Comunidad Jurídica.

Excepciones a la aplicación de la Ley Extranjera Normalmente Competente.

Criticas al sistema de Savigny.

Escuela de la Habana o de Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven.

Críticas a la escuela de la Habana.



CAPÍTULO QUINTO


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

______________________________



ESCUELAS MODERNAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

DESARROLLO


CAPÍTULO PRIMERO


INTRODUCCIÓN

Generalidades

El hombre por naturaleza vive en constante relación con sus semejantes. Estas relaciones de su vida privada no solo tienen lugar dentro del ámbito nacional, sino que también trascienden fuera de su país de origen o del –que es nacional- puede que sea naturalizado.

Por lo general dichas relaciones no ofrecen dificultad, en su mayor parte, ni presentan duda alguna en cuanto a la ley que debe regirlas. Por ejemplo, Pedro Pérez, Salvadoreño, vende a un compatriota un bien inmueble situado en El Salvador, en virtud de un contrato celebrado dentro del territorio Salvadoreño.

Nadie pondrá en tela de juicio que tanto la capacidad de los contratantes como las condiciones de forma y fondo del contrato, así como los efectos de toda clase que dicho contrato pueda hacer surtir, se regirán por la legislación Salvadoreña.

Y lo que ocurre en El Salvador puede ocurrir en cualquier otro país, ya que cada Estado, en el ejercicio de su soberanía, dicta las normas jurídicas que estime convenientes para regir a las personas, bienes o actos jurídicos sobre los cuales tenga jurisdicción.

O sea que todo Estado soberano por su propia naturaleza, tiene la capacidad jurisdiccional para dictar sus propias normas en ese triple aspecto. De donde se concluye que el legislador al dictar leyes que normas la conducta de las personas para ejercer un determinado derecho o regular los bienes conciertos requisitos, lo hace con entendimiento que deberán ser obedecidos por todas las personas, sean nacionales o extranjeras que se encuentren en su territorio nacional.

Sin embargo la cuestión toma otro aspecto si uno o más de los elementos personales, reales o formales de la relación mencionada en el párrafo anterior aparece vinculado con otro país. Por ejemplo, si el vendedor Pedro Pérez o su compatriota comprador son xxx xxx países distintos, o si el contrato de compraventa se celebró fuera de El salvador o debe proyectarse fuera de su territorio, o si el bien raíz está situado en país extranjero.

Otro ejemplo más ilustrativo sería el siguiente: una mujer de nacionalidad Argentina contrae matrimonio con un ecuatoriano en México, fijando ambos su domicilio en Perú. En este caso entran en juego cuatro legislaciones: la de cada uno los cónyuges, la ley del país donde se ha celebrado el matrimonio y la del domicilio que han elegido, y es necesario elegir entre ellas.

El ejemplo citado podríamos decir que es sencillo. Complicándolo un poco podemos agregar que estos cónyuges tienen bienes inmuebles situados en Chile, bienes muebles en Colombia, bienes muebles e inmuebles en Costa Rica y que con motivo de la sucesión de uno de ellos hay necesidad de saber cual de estas leyes será aplicable a la transmisión de bienes por causa de muerte. Si el marido, por sus negocios, ha tenido que estipular contratos en diversos países, se planteará también la cuestión de validez y de los efectos de estos contratos; varias leyes se disputarán la solución.

En estos casos ya no es tan claro y fácil determinar cual debe ser la legislación aplicable.


En síntesis podemos señalar que nos encontramos en presencia de una situación en que ocurren, simultáneamente, dos o más leyes diferentes para regir una misma relación jurídica.

Nace entonces, el problema de determinar cuál de esas legislaciones es la competente a tal efecto; lo que implica aceptar que puede ser una legislación distinta de la del país que juzga el caso.


Precisamente, el objeto de las reglas de Derecho Internacional Privado es determinar, establecer o señalar la legislación aplicable cuando una relación jurídica se encuentra vinculada a dos o más legislaciones.


Concepto

El Derecho Internacional Privado es, como todas las ramas del derecho, un conjunto de reglas o normas de carácter general; sin embargo se diferencia fundamentalmente de todas ellas en cuanto a su objeto.


En efecto, las demás ramas jurídicas constituyen derecho interno o material, esto es, son disposiciones cuyo objeto es resolver directamente una cuestión debatida. Tales disposiciones indican por ejemplo, si es legítimo o ilegítimo el hijo en el matrimonio putativo de los padres (Derecho Civil); si el socio que no esta de acuerdo con la fusión social puede o no retirarse de la misma (derecho Mercantil); o si un hecho ilícito es o no constitutivo de estafa (derecho Penal).

En cambio el Derecho Internacional Privado actúa en forma distinta, no da soluciones para los conflictos entre particulares, sino que tienen como exclusivo objeto o finalidad el de solucionar los conflictos de leyes, conflictos que existen cuando dos o más legislaciones –una de las cuales debe ser aplicada- tienen relación con una determinada situación jurídica.

De lo anterior podemos concluir que las reglas de Derecho Internacional Privado no resuelven directamente la cuestión debatida, como ocurre con la casi totalidad de las normas jurídicas, sino que se limitan a indicar, seleccionar o elegir, cuál de dos o más legislaciones diferentes es la aplicable a una determinada relación jurídica en la que concurren legislaciones diferentes.

En este sentido son normas atributivas, puesto que se limitan a atribuir competencia a una legislación determinada.

“La instituciones del derecho Internacional Privado, señala el internacionalista Veloso Chávez, no son como las de otras jurídicas, de índole dispositiva, pues ellas no solucionan directamente el caso sometido a su imperio, sino de una manera indirecta, esto es, atribuyendo eficacia o preferencia a las normas de uno de los sistemas jurídicos que al respecto se hallan en concurrencia; de suerte de ellas vienen siendo el antecedente necesario de la solución del asunto, en cuanto importan el proceso electivo entre las normas que prestan la solución directa. Por eso se dice que estas instituciones son esencialmente atributivas.”

Don Andrés Bello nos define el Derecho Internacional Privado como el conjunto de reglas que sirven para dirimir conflictos de leyes. Las circunstancias en que la relación ha nacido o ha adquirido su desenvolvimiento provocan la concurrencia de leyes diversas; como esas leyes pueden por títulos diferentes pretender ser observadas, parecen luchar o combatir entre si, por ese motivo, expresa el jurista francés Antoine Pillet, es que se dice que hay “conflicto”.

Estas cuestiones vinculadas con varias legislaciones y que son resueltas por el Derecho Internacional Privado han recibido, desde los tiempos de los jurisconsultos estatutarios, quienes fueron los creadores de la famosa Teoría de los Estatutos, una de las primeras manifestaciones del Derecho Internacional Privado, un nombre especial. Los estatutarios bautizaron dichos asuntos con el nombre de “CUESTIONES MIXTAS”.

En este orden de ideas podemos, pues, clasificar en general los problemas jurídicos que se presentan en la vida forense o profesional en estas dos categorías fundamentales:

a) Cuestiones Simples y

b) Cuestiones Mixtas.

Las primeras son relativamente fáciles de solucionar por cuanto se resuelven mediante la aplicación directa de una sola legislación positiva. Por ejemplo, Juan García, salvadoreño, entrega en comodato a María Martínez, también salvadoreña, un inmueble situado en El Salvador. Es indudable que la ley que regirá esta relación de derecho será la salvadoreña.

Pero al lado de las cuestiones simples tenemos las cuestiones mixtas las cuales son dirimidas por el Derecho Internacional Privado como hemos señalado, y cuya solución constituye esencialmente el objeto de dicha rama jurídica.

Estas cuestiones mixtas se presentan cada día con mayor frecuencia. Podemos definirlas como aquellas en las cuáles hay concurrencia de legislaciones de diferentes estados y en que hay que resolver por lo tanto, previamente, cuál es la legislación que debe ser aplicada.

Se suscita en estas últimas como dice el internacionalista Federico Dunker Biggs, una especie de cuestión prejuicial, que consiste en saber cual es la legislación que debe aplicarse, y sólo una vez determinada esta legislación se buscan en ellas disposiciones positivas pertinentes que corresponde aplicar.

Algunos autores definen las cuestiones mixtas como aquellas en que intervienen elementos extraños o foráneos a la soberanía local, de tal suerte que toda relación que entra en el Derecho Internacional Privado, es una relación internacional en cuanto los elementos que la constituye no están sometidos en su totalidad a la soberana acción de un solo Estado.

“Para que un conflicto pueda originarse dice el jurista francés Antoine Pillet –basta suponer que los diversos elementos de hecho, cuyo concurso es necesario para la constitución de una cierta relación de derecho, no estén todos sometidos al imperio de una misma legislación. Son indispensables personas; es posible que esas personas no tengan ni la misma nacionalidad, ni el mismo domicilio; es preciso una cosa, pero esa cosa, si es un bien inmueble, puede estar situado fuera del país al cual pertenecen las partes de la relación de hecho; es necesario un acto jurídico, pero es posible que éste se haya realizado en el extranjero; es preciso un tribunal para dar su sanción al derecho, mas ese tribunal obedece tal vez a una ley que no es in la de las partes ni la de los bienes, ni la del lugar en que el acto ha sido realizado. El resultado invariable de una cualquiera de estas circunstancias es que una sola y misma relación de derecho tiene, en varios países, lazos bastantes seguros y bastante directos para que existan razones serias que la sometan a la legislación de cada uno de ellos”.

De lo anterior podemos concluir que el elemento extraño en la relación jurídica puede ser: a) la persona; b) los bienes y c) el acto jurídico.

Se da el elemento foráneo en cuanto a la persona, cuando, por ejemplo, en un país nacional celebra un contrato con un extranjero o con una persona domiciliada o residente en el extranjero, o cuando lo celebran dos extranjeros.

En relación a los bienes, cuando, por ejemplo, en un país determinado dos nacionales contratan sobre bienes situados en el extranjero.

Finalmente puede ser el acto jurídico, como sucedería al discutirse ante los tribunales de un país la validez o nulidad de un testamento otorgado por un nacional en el extranjero; o bien como ocurriría al discutirse ante los tribunales de un país la valides o nulidad de un matrimonio celebrado por nacionales en el extranjero.

La circunstancia de intervenir un elemento extraño a la soberanía local en una rotación jurídica, ya sea la persona local en una rotación jurídica, ya sea la persona, los bienes o el acto, el juez no podrá aplicar simplemente su propio derecho, la lex fori, sino que tendrá que considerar la posibilidad de aplicar un derecho extranjero.

El objeto del Derecho Internacional Privado, señala el internacionalista Werner Goldschmidt en su tratado de derecho Internacional Privado, Derecho de Tolerancia basado en la Teoría Trealista del Mundo Jurídico consistente en dar al caso jusprivatista con elementos extranjeros una reglamentación respetuosa con éste su elemento de extranjería. El medio para el logro de este fin es la aplicación del derecho extranjero.

1.3 Las reglas del derecho Internacional Privado

En conformidad a lo expuesto, podemos establecer que siempre que nos encontremos ante una relación jurídica en que sea posible la aplicación de más de una legislación, sea por problemas de personas, bienes o actos jurídicos, hay un conflicto jurídico que debe resolverse previamente.


¿Cómo se solucionan todas las cuestiones relacionadas con el Derecho Internacional Privado, o sea, las cuestiones mixtas? Como todas las cuestiones jurídicas, se resuelven fundamentalmente por medio de reglas.

Si decimos por ejemplo que las formalidades de un acto jurídico se rigen por la ley del lugar en donde se celebró estamos formulando una regla de Derecho Internacional Privado que viene a resolver una cuestión mixta, ya que con ella estamos indicando cuál es la legislación que debe ser aplicada a las formalidades externas de un acto jurídico.

Si decimos que la capacidad y el estado civil se rigen por la ley personal del individuo, cualquiera que sea el lugar en que se encuentra, estamos formulando también una regla de Derecho Internacional Privado. Lo mismo ocurre cuando decimos que los bienes se rigen por la ley del lugar donde están situados (Lex rei Sitae).

Ahora bien, ¿cuál es el carácter común de todas estas reglas del Derecho Internacional Privado? Como hemos dejado sentado, consiste en que ellas no resuelven directamente el punto en litigio, sino que se limitan a indicar cuál es la legislación aplicable.

Precisamente aquí surge la diferencia de las reglas de Derecho Internacional Privado con la casi totalidad de las normas jurídicas de las otras ramas jurídicas.

Podríamos por lo tanto decir con el jurista Don Antonio de Bustamante y Sirven, que “el derecho interior y el derecho Internacional Privado son dos cosas de objeto y esencia enteramente diversos. Se aplica el primero a las personas y a las cosas o a la vida jurídica en su conjunto y en su conjunto y en sus detalles, de un modo directo e inmediato, como el traje al cuerpo, como la forma a la sustancia, como el molde a lo moldeado. El otro por el contrario, no se dicta ni se crea para las cosas, o para las personas, sino para escoger entre varias reglas positivas, la más adecuada a aquellas.

Hay entre las dos una diferencia equivalente a la de una propiedad rústica o urbana y su lindero. La primera es nuestra; el segundo indica hasta donde llega lo que nos pertenece y comienza lo ajeno.

En resumen, podríamos decir que el Derecho Internacional Privado es, esencialmente, un derecho de remisión y no de decisión.

Las reglas del Derecho Internacional Privado tienen pues una naturaleza especial distinta del común de las reglas jurídicas como hemos venido señalando, ya que no se hallan directamente interesadas en la casuística jurídica, sino que se inclinan por resolver cuestiones preliminares precisando en los litigios dudosos que sistema legal debe ser tomado como base para su resolución, y de ahí que se les haya dado una denominación especial, que varía en los diferentes países.

En las naciones anglosajonas, Inglaterra y Estados Unidos, se les llama “reglas de conflicto” (rules of conflict); en Alemania, “normas de colisión” (Kollisionsnormen); en Francia “Reglas de conexión” (reglas de ratachement), porque sirven para conectar una situación jurídica determinada con una legislación también determinada.

En otros países se les ha llamado reglas de competencia legislativa, normas de solución, normas electivas de leyes (choice-of-law rules), normas indicadoras de leyes, normas de vinculación, etc.

1.4 Las Circunstancias, Factores o Puntos de Conexión

Los autores de Derecho Internacional Privado no ofrecen ninguna definición de lo que son las circunstancias, factores de puntos de conexión. Sin embargo, del estudio global que los mismos hacen sobre tema específico podemos sacar la siguiente definición.

“Los puntos de conexión son aquellos CRITERIOS GENERALES que nos permiten determinar cual es la legislación aplicable a una relación jurídica que se encuentra vinculada con dos o más legislaciones”.

O sea que siempre que un Juez se encuentre frente a una relación jurídica que pueda ser regida ya sea por la legislación nacional, Lex Fori, o por una o varias legislaciones extranjeras, tiene que acudir ante todo a estos principios o criterios generales para determinar cual es la legislación aplicable.

¿Por qué le llamamos puntos de conexión? Porque nos permite conectar una relación de derecho en que existen legislaciones concurrentes a una legislación positiva determinada.

Para resolver los conflictos de leyes, las reglas del Derecho Internacional Privado tienen que atribuir preferencia a una determinada legislación. Ahora bien, ¿Cómo resuelven estas reglas del Derecho Internacional Privado? ¿Qué razones o motivos tienen para atribuir preferencia a una determinada legislación? ¿Qué factores o aspectos toma en consideración para este efecto? Lo aplicaremos para una mejor comprensión de nuestro lector, a través de algunos ejemplos:

1) Si una norma de Derecho Internacional Privado dispone en un país que el estado civil y la capacidad jurídica de las personas se rigen por su ley nacional, está sin duda alguna, atribuyendo preferencia a la “nacionalidad”;

2) Si señala que la sucesión se regla por la del último domicilio del causante, está tomando en consideración el “domicilio” de la persona, y no su nacionalidad;

3) Si la norma de Derecho Internacional Privado vigente en un país, dispone que los bienes están regidos por la ley del lugar de su ubicación, está dándole importancia al factor “ situación de los bienes”, y no a la nacionalidad o domicilio de su propietario, y;

4) En materia contractual, es la “voluntad” de las partes el elemento que, en general prescribe o fija la legislación aplicable al fondo de los contratos, ya que el Derecho Internacional Privado acepta, hasta donde sea posible, el derecho del contratante para elegir la ley que debe regirlo o para pedir que se respete la legislación que tuvo en vista al momento de contratar.

Estas circunstancias, elementos o factores que utilizan las reglas del Derecho Internacional Privado para determinar la legislación aplicable no son limitadas; por el contrario, podríamos enumerarlas todas. Las que hemos citado en los ejemplos propuestos –la nacionalidad, el domicilio, la situación, la voluntad de las partes son las más importantes y de mayor aplicación.

El internacionalista Alemán Federico Con Savigny señala que los factores de conexión son: el domicilio, la situación de la cosa, el lugar del acto y el del tribunal.

Los juristas franceses clasifican los Puntos de Conexión atendiendo al objeto de la referencia y diferenciando entre sujeto, objeto y acto.

En lo relativo a personas abstractamente consideradas, son conectantes la nacionalidad y el domicilio, la residencia –como subsidiaria para los apátridas-, el lugar donde se presta un servicio, etc.

Con relación al objeto lo son; el lugar de la situación de la cosa o la del pabellón o puerto de registro para los barcos aeronaves, mientras que para las cosas en transito lo es el lugar de destino o salida.

Con referencia a hechos o actos, el lugar de perpetración del delito, de celebración del acto o contrato, de cumplimiento del contrato, o en caso de otorgamiento o realización la autonomía de la voluntad real o presunta.

Por su carácter la conexión puede ser acumulativa o no acumulativa; simple, condicional o alternativa.
La conexión simple aplica una ley, tal la referente a los derechos reales; la condicional, si es subsidiaria, emplea un solo punto de conexión pero prevé otro en su defecto por una remisión, por ejemplo, del domicilio a la nacionalidad o la residencia; la alternativa permite que las partes elijan la ley de ejecución o celebración de un acto, como sucede cuando se acude al derecho más favorable a la validez del acto.

La conexión es acumulativa cuando aplica a una cuestión varios derechos igualmente utilizables, como ocurre con el lugar de la celebración y con el domicilio de uno de los cónyuges para la acción de divorcio.

Consecuentemente con lo anterior podemos afirmar que cuando la norma de Derecho Internacional Privado declara aplicable el derecho del domicilio del causante para regir la sucesión, o el de la situación del inmueble para regular la propiedad, o el elegido por la voluntad de las partes para gobernar el contrato, tenemos como puntos, factores o circunstancias de conexión el domicilio del causante, la situación del inmueble y la voluntad de las partes respectivamente.

Producido el caso concreto se individualiza la relación jurídica y se procede entonces a localizar la legislación el domicilio o a determinar el lugar de la situación del inmueble, o a precisar el derecho que las partes decidieron aplicar en ejercicio de su autonomía.

Según los casos, la relación jurídica jusprivativa internacional se apoyará en uno u otro elemento que determinará la ley aplicable a cada caso concreto para la solución del conflicto.

Werner Goldschmidt trata lo relativo a los puntos de conexión al hablar de las características positivas de la consecuencia jurídica. Dice que: “El medio técnico de la descripción abstracta del derecho aplicable es el “punto de conexión”. Y continúa diciendo: “La norma indirecta declara aplicable, por ejemplo, el derecho nacional, o el derecho del último domicilio del causante, o la ley de situación de los bienes, o el derecho escogido por las partes. En estos casos, los puntos de conexión son: la nacionalidad, el domicilio, la situación del bien y la voluntad de las partes.

Los puntos de conexión contienen la indicación del derecho aplicable mediante una expresión variable, la cual se individualiza en atención a las particularidades del caso dado, enfocadas por aquella”.

Carlos M. Vico en su libre Curso de Derecho Internacional Privado sostiene: “La consecuencia jurídica de la norma indirecta presenta características positivas entre las cuales hallamos los medios técnicos adecuados para llegar a determinar el derecho aplicable a la situación contemplada en el tipo legal. Esos medios técnicos son los llamados puntos de conexión.

En Derecho Internacional Privado, la determinación del derecho aplicable se hace de manera abstracta, variable y determinable y en función de las circunstancias del caso concreto. La norma indirecta lo describe genéricamente y esas características generales llegan a individualizarse en el aludido caso concreto.

Necesariamente tiene que ser así, no solo por el gran número de países cuyo derecho puede ser el aplicable en la especie, sino por las variantes que se producen en la existencia jurídica de los Estados”.

Finalmente, al igual que las reglas del Derecho Internacional Privado, estas circunstancias, elementos o factores de que se valen dichas reglas y de que hemos hablado en este acápite han recibido también una denominación especial. Se les llama “circunstancias de conexión, hechos de conexión, elementos de conexión y elementos de vinculación”.


CAPÍTULO SEGUNDO


TEORÍA GENERAL DE LOS CONFLICTOS DE LEYES


2.1 Consideraciones Preliminares

El estudio de los conflictos de leyes constituye la parte más importante y fundamental del Derecho Internacional Privado, cuyo objeto primordial es precisamente solucionar dichos conflictos, formulando reglas para ese efecto.

Estas reglas son de naturaleza especial, esencialmente diferentes de las demás normas jurídicas. Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, y es por ésta razón que ellas han dado origen a la formación de esta rama especial del Derecho.

Cabe hacer notar que en el estudio del Derecho Internacional Privado se analizan primordialmente, junto con el tema del conflicto de leyes, los temas relativos a la “nacionalidad” y a la “condición jurídica de los extranjeros”.

Estos puntos pertenecen estrictamente a otras ramas del derecho; sin embargo guardan estrecha vinculación con el conflicto de leyes, el cual directamente pertenece siempre, privativa y exclusivamente, al Derecho Internacional Privado, y constituye la parte más sustancial de él.

Por tal razón el estudio del conflicto de leyes es considerado por los internacionalistas como el pilar fundamental del Derecho Internacional Privado. Es tan acertada esta información, que muchos autores de la materia han incurrido en el error de que cuando dan un concepto de Derecho Internacional Privado, definen lo que es un conflicto de leyes y no lo que es el Derecho Internacional Privado.

De lo anterior podemos inferir que la base de sustanciación del Derecho Internacional Privado son los Conflictos de Leyes, al grado tal que podemos concluir de que si no hubiesen conflictos de leyes, el Derecho Internacional Privado dejaría de tener valor como una rama especializada del derecho.

Aparte de la importancia que esta materia tiene dentro de nuestra disciplina, hay que advertir al lector que su estudio es sumamente complicado y es considerado como uno de los más difíciles del derecho.

Para confirmar este aserto nos bastará con citar la opinión de algunos jurisconsultos:

Niboyet: “El estudio de los conflictos de leyes se considera y con razón, como uno de los más difíciles del derecho”.

Guy Coquille dijo en el siglo XVI que constituía el conflicto de leyes “un laberinto sin hilo y un alambique de los cerebros.”

Séller, decía que los conflictos de leyes constituían “la ciencia de la malezas.”

En el siglo XVIII Froland no sabía “a que altar encomendarse para hablar acertadamente sobre esta materia.”

Y el Presidente del Parlamento de Borgoña, Bouhier, decía “que el espíritu más sutil y más ágil corre peligro de equivocarse al estudiar estos problemas.”

Crítica a la denominación


En la mayoría de autores de Derecho Internacional Privado predomina la idea de que es inexacto e impropio hablar de “conflictos de leyes”. Las razones son diversas y antes de dar nuestra opinión al respecto, analizaré algunas de las opiniones de los especialistas.

NIBOYET dice que la expresión conflicto de leyes no debe interpretarse literalmente por ser inexacta y funda su opinión en que: “emanando cada una de las legislaciones entre ellas. Ni la ley española, fuera de España, ni las leyes extranjeras en España, pueden imponerse; de modo que, propiamente hablando, no puede existir conflictos de leyes.

En efecto; para que una ley extranjera se aplique en España, es preciso que el poder soberano español lo decida. Sería preferible, por lo tanto, hablar de imperio de las leyes en el espacio más bien que de conflicto de leyes; pero la terminología actual está de tal manera arraigada que sería difícil modificarla.

Nos basta pues con advertir su inexactitud científica. Y de este modo, rectificada su significación, la emplearemos sin ningún inconveniente”.

Creemos que el maestro Niboyet en su crítica a la denominación “conflicto de leyes” confunde el conflicto de leyes con el conflicto de soberanías.

Efectivamente, no puede haber choque de soberanías porque en España sólo se aplica la ley extranjera que el poder soberano Español decide aplicar, si no fuera así, España no sería un Estado soberano.

El conflicto de leyes supone la convergencia, el choque, el antagonismo, la simultaneidad de vigencia de leyes de dos o más Estados, si hay un conflicto de leyes puesto que hay una coincidencia o choque de dos o más leyes de una Estado que se pretenden rijan una sola situación concreta naturalmente que este choque de dos o más leyes de un Estado que se pretende rijan una sola situación concreta, naturalmente que este choque surge porque cabe la posibilidad de que el poder soberano español permita la aplicación de la norma jurídica extranjera.

Es decir, el conflicto de leyes se produce no porque se pretenda que el poder soberano extranjero emita leyes para regir en España sino porque el poder soberano español permite la posibilidad de aplicación de la norma jurídica extranjera.

La palabra conflicto, del latín “conflictus” significa: combate, lucha, choque, antagonismo, problema, pugna, y naturalmente no concuerda en todas sus acepciones con el tema que tratamos.

Si puede válidamente hablarse de conflicto porque hay un problema, hay un choque de dos o más leyes de estados diversos que se pretende rijan una sola situación concreta.
Este choque se produce porque el estado español, para emplear las propias expresiones de Niboyet, permite la aplicación de la norma jurídica extranjera, si esto no se permitiera por el Estado español no habría conflicto. Ese es el motivo por el que hay conflicto pero, que ese sea el motivo no quiere decir que no haya el choque de las leyes porque éste si se produce.

No nos parece que fuera preferible hablar del “imperio de las leyes en el espacio” en lugar de “conflicto de leyes” porque el tema “imperio de las leyes en el espacio” es un tema general, más amplio que el tema “conflicto de leyes”.

En efecto, toda ley tiene un imperio en el espacio pero no toda ley entra en pugna, en choque, en antagonismo con otra ley para regir una sola situación concreta.

En suma, las razones que Niboyet sugiere son suficientes para abandonar la denominación “conflicto de leyes”.

El jurista Argentino Carlos Lazcano, dice que los nombres “conflicto de leyes” o “derecho de colisión”, dados a la parte más interesante son impropios porque es claro que la ley argentina no se aplica fuera del territorio nacional, sino en el caso que la ley interna lo decida; pues los jueces y tribunales en cada estado forzosamente están sujetos a la ley nacional y no pueden aplicar otra sino por mandato de esa ley.

En su opinión, “no existe, por lo mismo, conflicto de leyes, sino estudio y determinación de los casos en que por la intervención de extranjeros o de relaciones jurídicas creadas fuera del territorio, el derecho interno autoriza o manda que se apliquen a los extranjeros leyes nacionales o extranjeras.

Es verdad que en principio, las leyes son formuladas para tener vigencia dentro del territorio sometido al Estado de su creación pero, no menos cierto resulta que todo Estado tiene normas que pretenden aplicación extraterritorial activa o pasiva, es decir leyes que pretenden regir situaciones acaecidas en el extranjero fuera del territorio y leyes que permiten la aplicación de leyes extranjeras a situaciones ocurridas en el propio territorio.

El conflicto de leyes tiene como presupuesto que se permita la aplicación de derecho extranjero, realizado este presupuesto surge el conflicto y hay conflicto de leyes porque dos leyes pugnan o chocan en el momento en que se pretende que rijan una sola situación concreta.

Una cosa es sostener que no haya conflicto de leyes y otra cosa es decir que el conflicto de leyes surge al permitirse la posibilidad de la aplicación de norma jurídica extranjera.

Si no se permite la aplicación de una norma jurídica extranjera, no hay conflicto de leyes; pero, como los Estados generalmente permiten la aplicación de la norma jurídica extranjera, cuando estiman que ésta es aplicable, si hay conflicto de leyes, lo que no hay es conflicto de soberanías porque los Estados no pretenden legislar en territorio extranjero sino solamente que sus normas jurídicas produzcan efectos bajo la condición de que los Estados de recepción les permitan aplicabilidad a sus leyes sin menoscabo de su soberanía.

Por otra parte, también en contra de la denominación se inclina el maestro Pascual Fiore: “Se ha dicho que la expresión conflictos de leyes no e correcta, porque tratándose de problemas de aplicación se normas pertenecientes a diferentes sistemas jurídicos, hablar de conflictos entre preceptos de dichos sistemas equivaldría a aceptar la existencia de una pugna de soberanías. Sería preferible emplear la expresión problemas sobre la autoridad extraterritorial de la ley, porque de lo que en realidad se trata, cuando tales cuestiones se presentan, es saber si una determinada ley, que en principio se aplica dentro del ámbito espacial del sistema jurídico o que pertenece pueda también aplicarse fuera de ese ámbito, es decir, extraterritorialmente”.

No compartimos la opinión de que hablar de conflicto de leyes equivalga a aceptar la existencia de una prueba de soberanías, porque los Estados, sin afectar su soberanía pueden permitir la aplicación extraterritorial de la norma jurídica extranjera.

Precisamente, como pueden permitir la aplicación de una norma jurídica extranjera, eligiéndola frente a una norma jurídica nacional, no hay pugna de soberanías lo único que se presenta es una pugna entre la ley extranjera y la nacional que pueden aplicarse a una sola situación concreta.
Esta pugna o choque se resuelve de acuerdo con las reglas del derecho Internacional Privado pero lo determinante es, que exista esta pugna de leyes, sin que se convierta en pugna de soberanías.

Creemos que no puede hablar de autoridad extraterritorial de la ley porque en principio la ley carece de autoridad extraterritorial, la autoridad sólo es territorial y la ley extranjera tiene aplicación extraterritorial cuando la autoridad territorial lo permite, consecuentemente existe autoridad territorial u no hay autoridad extraterritorial.

Esto ya lo sostenía Valery al indicar: “. . .cuando una ley extranjera es aplicada en Francia, no es en virtud de la autoridad de esta ley extranjera, más bien en virtud de la voluntad del legislador francés”.

El mismo principio de la autoridad territorial de la ley es recogido en el Art. 14 del Código Civil Salvadoreño.

Art. 14. “La Ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros”.

Nuestra opinión sobre la denominación “conflicto de leyes” la podemos resumir así:

1. La denominación “conflicto de leyes” utilizada en el Derecho Internacional Privado tiene la virtud de hacer referencia a los problemas de vigencia simultánea de dos o más normas jurídicas de diversos Estados que se pretende rijan una situación concreta. La denominación citada es útil porque de una manera breve se alude a un problema cuyo planteamiento tendría que emplear mayor número de palabras.
2. En los problemas de vigencia simultánea de dos o más normas de diversos Estados que se pretende rijan una situación concreta si hay una pugna o choque de dos o más leyes de diversos Estados que pretenden regir una sola situación concreta y por tal motivo si hay conflicto de leyes.

La denominación conflicto de leyes tiene un arraigo tan extenso en el tiempo y en el espacio que, creemos muy improbable encontrar una denominación más apropiada. Es precisa aunque un tanto inexacta ya que la pugna, el choque, la convergencia, la colisión, la simultaneidad de dos o más normas jurídicas de diversos Estados que se pretende rijan una sola actuación concreta, se produce no sólo entre leyes, se puede producir entre normas consuetudinarias, reglamentos, normas jurisprudenciales, etc. y sería más correcto hablar de conflicto de normas.

Por otra parte la denominación “conflicto de leyes” resulta amplia pues abarca otros casos de coincidencia de normas jurídicas que se pretende rijan una situación concreta. Por ejemplo, un conflicto entre una norma general y una especial, un conflicto entre una norma federal y una local, un conflicto entre una norma especial, etc.

Por tanto, si quisiéramos superar las objeciones que hacen inexacta la denominación “conflicto de leyes” podríamos referirnos a “conflictos internacionales de normas jurídicas”, aunque no dudamos que pudiera objetarse el empleo de la expresión “internacional” y en ese puesto podría sustituirse por la expresión “interestatal”.

Sin embargo, no sugerimos otra denominación y aceptamos la denominación “conflicto de leyes” porque dentro del Derecho Internacional Privado sabido es que al referirse a “conflicto de leyes” se hace alusión a los problemas de vigencia simultánea de dos o más normas jurídicas de diversos Estados que se pretende rijan una sola situación jurídica concreta.

Conceptos

Estamos en presencia de un conflicto de leyes, señala el profesor Federico Dunker Biggs, “cuando una misma relación jurídica se encuentra relacionada con dos o mas legislaciones entre las cuales es necesario escoger la que debe ser aplicada”.

DIEGO GUZMÁN LATORRE, nos dice: “El conflicto de leyes supone siempre una relación jurídica cualquiera en que exista un elemento extraño a la soberanía local, motivo por el cual surge la posibilidad de aplicar más de una legislación.

CARLOS ARELLANO GARCÍA, conceptúa el conflicto de leyes así: “El conflicto de leyes surge cuando existen puntos de conexión que siga una situación jurídica concreta con las normas jurídicas de dos o más Estados”.

De acuerdo a estos conceptos el conflicto de leyes supone siempre una relación jurídica cualquiera, en la que deberá existir un elemento extraño a la soberanía local, siendo este el motivo por el cual surge la posibilidad de aplicar más de una legislación.

En consecuencia, para que el conflicto se produzca deben concurrir dos requisitos:

1. Una relación jurídica cualquiera (contrato, apertura de sucesión, testamento, matrimonio, un derecho real, etc.) y

2. Uno o varios elementos extraños a la soberanía local que haga posible la aplicación de leyes diferentes (nacionalidad, domicilio, situación de los bienes, lugar de celebración del contrato, etc.).

Hay que advertir que la expresión “conflicto de leyes” hoy en día es unánimemente admitida y su uso se ha generalizado, especialmente en los países anglosajones. Sin embargo ha sido objeto de críticas, tal como lo hemos afirmado anteriormente.

Estos son los dos elementos que los autores consideran indispensables para que exista un conflicto de leyes. Sin embargo existe otro elemento necesario para que dicho conflicto surja. Este requisito es la COMPETENCIA O INCOMPETENCIA que se atribuyen al menos dos Estados. Sin este requisito los otros dos indicados serían obsoletos.

Sostengo que serían obsoletos los dos primeros elementos, porque si sólo un Estado se considera competente para conocer el asunto en litigio, no habría un conflicto y por consiguiente se regularía por la ley del Estado que se considera competente.

Veámoslo a través de un ejemplo: Pedro García de nacionalidad peruana plantea juicio de divorcio ante un tribunal del Perú, demandando a su consorte Rosa Martínez de García, quien es de nacionalidad colombiana.
El matrimonio entre ambos se celebró en Chile. Si sólo se declara competente para conocer el litigio la legislación del Perú no hay conflicto de leyes. Hay que hacer notar que los elementos externos de la soberanía local son legislaciones de Colombia y Chile.

Quiere decir que deben haber elementos externos a la soberanía local, y en el cual dos o más Estados se consideran competentes o incompetentes para conocer el asunto en litigio.

2. 4 Clasificación de los Conflictos de Leyes

Dentro de la Doctrina de los autores de Derecho Internacional Privado encontramos que los conflictos de leyes pueden clasificarse, ante todo, en positivos y negativos.

El conflicto es positivo cuando, en virtud de la diversidad de las disposiciones de Derecho Internacional Privado, dos o más legislaciones se atribuyen competencia a si misma para resolver el punto en litigio.

Supongamos por ejemplo el caso de un salvadoreño domiciliado en Argentina. Según le Ley Salvadoreña, su estrado y capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en El Salvador se rigen por la ley de su nacionalidad, o sea, por la Ley salvadoreña (Art. 15 del Código Civil de El Salvador). Según la Ley Argentina, su capacidad se rige por la ley de su domicilio, o sea por la ley argentina (Art. 6 del Código Civil de Argentina).

Si el referido compatriota tiene veintiún años de edad, será capaz en conformidad a la ley salvadoreña, pero será incapaz según la ley argentina, porque en la Argentina, la mayor edad se adquiere a los veintidós años (Arts. 126 y siguientes del Código Civil Argentino).

Si el mismo salvadoreño vende en Argentina una propiedad que posee en El Salvador, la venta será válida según las leyes salvadoreñas, por haber sido hecha por una persona capaz, pero será nula según las leyes argentinas, porque el Código Civil Argentino dispone que “la capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la República, sean nacionales o extranjeras, será juzgada por las leyes de este Código, aún cuando se trata de actos ejecutados o bienes existentes en país extranjero” (Art. 6).

El conflicto es negativo cuando, en virtud de la diversidad de las disposiciones de Derecho Internacional Privado, ninguna de las legislaciones concurrentes se atribuyen competencia para resolver la cuestión en litigio, sino que cada uno de ellas da competencia a una legislación extraña.

Supongamos, por ejemplo, el caso de un salvadoreño que fallece en Italia, lugar de su último domicilio.
Según la norma de Derecho Internacional Privado Salvadoreña, “la sucesión en los bienes en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados (Art. 956 inciso 1º. Código Civil).

En consecuencia, esta regla conflictual establece que la sucesión se rige, en principio, por la ley del último domicilio del difundo, siendo pues, el domicilio el factor conexión.

De acuerdo a este precepto legal, la sucesión del salvadoreño se regirá por la ley italiana, o sea que una de las legislaciones concurrentes no se está atribuyendo competencia. Pero que ocurre – que la norma conflictual de Derecho Internacional Privado italiano estatuye que la sucesión debe ser sometida a la ley nacional del causante (Art. 13 del Código Civil Italiano de 1939) y, en consecuencia, la sucesión del italiano fallecido en El Salvador debe regirse por la ley italiana.

La norma de colisión italiana se basa en el factor de conexión de la nacionalidad.

De conformidad a la norma de Derecho Internacional Privado Italiano, pues, la sucesión del compatriota se regulará por la ley salvadoreña, o sea que también la otra legislación concurrente no se atribuye competencia asimismo para regular la sucesión, sino que está dando competencia a otra legislación.

2.5 Solución de los Conflictos Positivos y Negativos

Cuando ante un juez surge un litigio en el cual existen dos o más legislaciones que quieran ser aplicadas debe resolverse de acuerdo a las reglas estipuladas por su propia legislación o por el contrato se deberá respetar la regla del Derecho Internacional Privado de la legislación extranjera.

Es obvio que el Juez nacional está obligado a cumplir, ante todo, su propia legislación y por ende, debe aplicar las reglas del conflicto que dictamine su legislación y no la extranjera.

Es lógico también establecer que por el mismo hecho de que cada país dicta sus propias normas, es para que sean cumplidas y exigidas a todos sus funcionarios y jueces.

Resumiendo, podemos afirmar que en el caso de un conflicto positivo, el juez deberá aplicar siempre la regla de solución de conflicto de la lex fori, o sea la regla que le da su propia ley, puesto que es obligación del juez cumplir con lo ordenado por su legislador.

Así tenemos como ejemplo, el caso de un norteamericano que fallece teniendo su último domicilio en El Salvador y el litigio es llevado a un tribunal salvadoreño; éste decidirá de acuerdo a las leyes salvadoreñas sin tener en cuenta la legislación norteamericana.

Si por el contrario, el asunto es llevado ante un tribunal norteamericano se deberá aplicar sin lugar a duda, la ley norteamericana sin importar la regla que establece nuestro Código Civil, en su Art. 956.

Dentro de todas las legislaciones existen reglas de Derecho Internacional Privado que ordenan aplicar, en ciertos casos, un derecho extranjero precisado, dando así lugar a un “envío”.

Por ejemplo: fallece un salvadoreño teniendo su último domicilio en Estados Unidos, en este caso la regla de conflicto de nuestra ley hace aplicable la ley de Estados Unidos. Sin embargo, a veces el así determinado no acepta el asunto, dando a su vez una regla diferente de Derecho Internacional Privado que resuelve dicho problema declarando aplicable otra legislación que puede ser la del Estado remitente o la de un tercero.

En caso citado, la ley de Estados Unidos establece que deberá aplicarse la ley nacional del fallecido, la cual sería la salvadoreña. Cuando esto ocurre, estamos en presencia del fenómeno jurídico conocido por el nombre de “reenvío”.

El reenvío es pues, el que da lugar a la existencia de un conflicto negativo entre las normas de Derecho Internacional Privado de dos o más legislaciones, las cuales se consideran incompetentes para conocer el asunto de una determinada relación jurídica.

Este problema del reenvío es de lo más importante dentro del Derecho Internacional Privado y se ha tratado mucho por los autores.

Se plantea este problema de la manera siguiente:
“Cuando en conformidad a lo dispuesto por las reglas de conflictos de leyes de un determinado país, es competente la ley de otro país, ¿Qué disposiciones de este último país habrá que aplicar? ¿Las de derecho interno o sus reglas de Derecho Internacional Privado?”.

En otras palabras, el problema que se ha discutido es el de establecer si la legislación de un país, por ejemplo Argentina, al declarar como competente la legislación de otro país, Ecuador, para someter a reglas una relación jurídica, se tratará de referir al derecho material interno de este último país, o se referirá a su ordenamiento jurídico en su totalidad, incluyendo sus reglas de Derecho Internacional Privado.

Si se aplica lo dispuesto en el derecho interno del Ecuador no habrá un reenvío. Si por el contrario, se considerase como un todo indivisible el derecho del Ecuador incluyendo sus reglas de Derecho Internacional Privado, queda entonces planteado el reenvío.

Así tenemos, que si un salvadoreño fallece en Italia teniendo su último domicilio allí, de acuerdo a nuestra ley sucesoria, se abrirá la sucesión de conformidad a la ley italiana. Pero es del caso que la ley italiana establece que la sucesión se abrirá en el lugar de la nacionalidad del fallecido, o sea, en este caso en El Salvador; se plantea este asunto ante el juez salvadoreño que deberá determinar si se aplicará el derecho italiano interno, esto es la legislación sucesoria italiana; o se deberá considerar el derecho italiano como un conjunto indivisible, es decir, las normas puramente civiles y las de Derecho Internacional Privado.

Si se considera el primero, la sucesión se encontrará regida por las disposiciones materiales del derecho italiano reconocidas como competentes; en este caso el reenvío no podrá surgir. Pero si se aplica el segundo, el juez salvadoreño deberá aceptar la solución por la regla conflictual italiana y tomar en cuenta el reenvío y así quedará sometida la sucesión a nuestra ley interna.

Para reunir podemos afirmar que cuando un juez nacional no acepta el reenvío por no considerar el derecho extranjero como un todo indivisible, se aplicará la ley nacional en lo pertinente.

Algunos autores son del parecer que en esta segunda forma se aplica la regla conflictual nacional, porque admitir el reenvío significa aplicar la regla de conflicto de un país extraño.


CAPÍTULO TERCERO


TEORÍA DE LOS ESTATUTOS


Génesis Histórica

Los problemas propios del Derecho Internacional Privado empezaron a plantearse naturalmente en el momento mismo en que se entablaron relaciones entre individuos pertenecientes a Estados o territorios diversos. Desde entonces debió sentirse la necesidad de resolver, por medio de reglas jurídicas, los conflictos que necesariamente habían de suscitarse.

Sin embargo, los pueblos de la antigüedad no conocieron el Derecho Internacional Privado, ni como ciencia para resolver los conflictos legislativos ni como normas para regular la condición jurídica de los extranjeros.

El extranjero no gozaba de ningún derecho y era considerado como un enemigo. Este fue el régimen que imperó en todos los pueblos del oriente, en Asiría y Caldea, en la India, en la China, Egipto y Palestina.

Solamente en Grecia, siglos más tarde, vino a mejorarse un tanto la situación legal del extranjero.

En Roma existió junto al Jus Civile privativo de los ciudadanos romanos, el Jus Gentium aplicable a los peregrinos, y que comprendía los principios comunes a todos los pueblos civilizados.

Por esta circunstancia algunos autores tratan de situar en Roma las primeras manifestaciones del Derecho Internacional Privado.

Después de las invasiones de los Bárbaros durante. Toda la primera parte de la Edad Media, dominó el principio internacional que se conoce con el nombre de principio de la “personalidad del derecho”, el cual podemos enunciarlo de la manera siguiente:

“Cualesquiera que fuese el lugar de su residencia, el individuo está sometido de su nación, pudiendo invocarlo en su beneficio en cualquier territorio”.

Este principio no es más que el principio de la extraterritorialidad de la ley y quiere decir, en síntesis, que la ley personal sigue al individuo a donde quiera que vaya, como la sombra al cuerpo, como la enfermedad al enfermo.

Por consiguiente, la ley se aplica en función de la persona, independientemente del lugar en que se encuentre.

Existía en Europa en aquella época pueblos nómadas que se trasladaban de un punto a otro, que no se establecían en un lugar determinado. ¿Qué legislación se podía aplicar a estos distintos pueblos? Evidentemente solo su legislación nacional, y así los Francos, Godos, Lombardos, Borgoñés y demás pueblos bárbaros se regían por sus propias leyes nacionales, mientras que los romanos conservaban el derecho de Roma.

Tal estado de cosas, complicado por los cambios individuales de residencia y por los matrimonios, tenían que producir una confusión jurídica extraordinaria.

Por ejemplo, contrataban dos personas de distinta nacionalidad, y no se sabía que legislación aplicar; contraían matrimonio personas de diferente nacionalidad y se producía la misma dificultad.

De este modo el principio de la personalidad del derecho fue provocando graves dificultades en su aplicación.

En la segunda parte de la Edad Media, los pueblos nómadas bárbaros se transformaban en sedentarios, adviene el feudalismo y con él el principio de la personalidad es reemplazado por el principio opuesto de la territorialidad.

El Feudalismo concibió, en material de conflicto de leyes, un sistema jurídico exactamente opuesto al de la personalidad del derecho; el sistema de la territorialidad de las leyes.

Según este principio el derecho se aplica sobre un territorio determinado, haciendo abstracción de la persona, excluyendo la aplicación de cualquier ley extraña.

Desde entonces los que determina el derecho es el hecho de pertenecer a una determinada comunidad o asociación local. El derecho se aplica, no en función de la persona, sino en función del territorio.

El señor feudal dicta la ley que impera en todos los límites de su territorio, excluyendo en absoluto la aplicación de cualquier ley extraña: esa el la única ley válida y su aplicación excluye los de cualquier otra.

Comprendese fácilmente que semejante sistema no podía ser aplicado de una manera general y absoluta. Es imposible, en efecto, desconocer que, en razón de su misma naturaleza, determinados derechos deben seguir a la persona fuera del territorio, como ocurre por ejemplo con el estado civil y la capacidad jurídica, que deben tener un carácter estable y permanente.

Los juristas de la época se dieron cuenta de ello, llegando al convencimiento de que el principio de la territorialidad no podía ser aplicado en forma absoluta.

Con el objeto de conciliar los principios, esto es, el de la personalidad de las leyes establecidas por los bárbaros, y el de la territorialidad de las mismas, aplicado en forma exagerada por el feudalismo medieval, nació la llamada “Teoría de los Estatutos”.

La teoría de los Estatutos no fue, como pudiera creerse una sola doctrina, sino más bien un conjunto de ellas, que los juristas de distintos países elaboraron a partir de la primera mitad del siglo XIII hasta fines del siglo XVIII, para resolver los conflictos que podían suscitarse entre las costumbres de un mismo país, o entre las leyes nacionales de distintos países.

Cabe hacer notar que la doctrina de los autores de Derecho Internacional Privado considera la Teoría de los Estatutos como un conjunto de reglas propuestas por diversos autores que quisieron resolver primero conflictos ínter locales y más tarde conflictos internacionales.

Es difícil señalar en que consiste esa doctrina y cuales son sus soluciones porque duró siglos y evolucionó mucho.

Además como veremos más adelante, autores de una misma escuela sentaron principios de solución diferentes, como lo revelan D’Argentré y Dumoulín en la escuela francesa del siglo XVI.

Nacida la doctrina o teoría estatutaria en Italia, pasó después de Francia, luego a Holanda y finalmente a suelo francés mediante distintas escuelas en las que hubo disidencias.

La teoría de los estatutos se manifestó, principalmente, en cuatro grandes escuelas jurídicas que nacieron y se desarrollaron en épocas y países distintos:

1. La Escuela Italiana.

2. La Escuela Francesa (siglo XVI)

3. La Escuela Holandesa (siglo XVIII) y

4. La escuela Francesa del Siglo XVIII o Neoestatutaria.


Esta escuelas recibieron estos nombres, no en razón de la nacionalidad de los juristas que a ellas dieron forma, sino en razón del país en que nacieron: “La Escuela Italiana, nació en Lombardilla, Italia, en el Siglo XIV; la Francesa, procedió de Francia, en el siglo XVI; la Holandesa, surgió en Holanda, en el siglo XVII, y finalmente, la Escuela Francesa del Siglo XVIII, tuvo su origen y se desarrolló en Francia.

También cabe señalar que dichas escuelas no existieron simultáneamente como las Escuelas Modernas del Derecho Internacional Privado, sino que aparecieron en forma sucesiva, pudiendo decirse, según Niboyet, que cada una fue, en cierto modo, derivación de la anterior.

3.2 Escuela Italiana

La Escuela italiana en ausencia de normas legales que le permitiera solucionar los conflictos de leyes, dirigió su pensamiento en busca de principios destinados a ese propósito, para ese efectos comentando o glosando los textos romanos, por ellos los primeros juristas pertenecientes esta escuela recibieron el nombre de “Glosadores”.
Las glosas más importantes fueron la de Magíster Aldricus y la Glosa de Accursio.

Posteriormente, en el siglo XIV aparecieron otros juristas denominados “Post Glosadores”, quienes fueron los verdaderos expositores de la “Escuela Estatutaria Italia”. Entre ellos, los más notables fueron: Bártolo de Sasso Ferrato (1314-1357), y cuyos escritos, podemos afirmar constituyen el verdadero asiento científico del Derecho Internacional Privado.

Respecto a esta doctrina, a menudo pasa como su fundador el jurista Bártolo, pero en realidad solo fue uno de sus sostenedores más destacados, no su creador, pues hubo algunos juristas anteriores a él que ya habían formulado algunos de los principios fundamentales de esta escuela.

Bártolo fue, sin embargo, el genial sistematizador de una obra que no había encontrado, hasta ese momento, su debida unidad y ambientación.

Como es clásico en toda escuela distinguirse por aspectos relevantes que la caracterizan, así la Escuela Estatutaria Italiana se caracteriza:

a) Por tener un carácter fundamentalmente romanista ya que la base de apoyo de sus soluciones era el Derecho Romano.

b) Por tratar de establecer un justo equilibrio entre la territorialidad y la extraterritorialidad, al aceptar la aplicación extraterritorial de los estatutos.

c) Finalmente, esta escuela se caracterizó por el método esencialmente analítico empleado para formular sus principios.

Sabedores conforme las explicaciones anteriormente formuladas en los capítulos precedentes, sobre las múltiples y complejas cuestiones que abarca el Derecho Internacional Privado, los Glosadores y Posglosadores se dieron cuenta de la imposibilidad de resolver mediante unas cuantas normas de carácter general las dificultades que planteaba dicha rama del derecho; por cuya razón optaron por el sistema de dividir y subdividir “las diversas materias”, elaborado para cada una de ellas una regla “especial”.


1. DISTINCIÓN ENTRE EL PROCEDIMIENTO Y EL FONDO.

Cabe aquí distinguir que las materias son de diferentes contenidos, pero uno otorga las reglas que determina el juez sobre el procedimiento a seguir lo que obliga que el juez no puede aplicar sino su propia ley, (as ordinandam litim) y la otra determina el derecho sustantivo objeto de aplicación, es decir, decide que se conciba la aplicación de una ley extranjera (addesidedam Litem). Esta distinción entre ambas.

Reglas enunciadas por primera vez por Jacobo Balduinus, alrededor del año 1235, es consagrada definitivamente por Bártolo. Lo anterior da lugar a que la atención de los Postglosadores se hayan visto atraída, en primer término por el problema del procedimiento, porque, en la práctica, es la acción judicial la que da ocasión de formular las reglas del derecho; el juez conoce el procedimiento a seguir antes de saber como dirimirá la cuestión de fondo.

2. DELITOS Y CONTRATOS.

En relación a los delitos, la aplicación a ellos de la ley del lugar en que se cometieron, parece ser una noción tanto ó más antigua que la noción de una ley del contrato.

Respecto a la convención generadora de obligaciones jurídicas que denominamos contratos la mayoría de los autores afirma que éstos debían regirse por ser la del lugar de su celebración. Fueron, pues los precursores de la regla “Locus Regit Actum”, de universal aplicación en la actualidad.

Con posterioridad, Bartola hizo distinción entre los efectos directos, inmediatos o naturales del contrato, y los efectos directos, accidentales o consecuencias del mismo. Entiende por efectos directos todo aquello que emana naturalmente del contrato, como por ejemplo la entrega de la cosa vendida y del precio en la compraventa , los que se rigen por la ley del lugar en el que se ha celebrado (LEX LOCI CONTRATUS); y, por efectos indirectos o consecuencias del contacto todo aquello que no es inherente a él, es decir que no es de su esencia sino que sobreviene accidentalmente o sea, lo que se deriva de circunstancias especiales y contingentes, como por ejemplo, la mora de deudas. Estas consecuencias determinan que sea la Ley del Tribunal que conoce de la cuestión la que defina su régimen, esto es, lo que en Derecho Internacional Privado se llama lex fori (LEY DEL FORO).

Entre los principios parametrales de los contratos que actualmente la ley es la limitante de sus alcances, se encuentra el de la autonomía de la voluntad. Siendo la voluntad de las partes en principio, soberana para determinar la ley aplicable a los contratos, hay que atenerse ante todo a la intención de las partes. Las partes son por regla general, libres para fijar la ley que debe regir las cláusulas, efectos y consecuencias de los contratos que celebren y que fue el abogado parisino Charles Dumoulin (1500-1566) que a pesar de su nacionalidad francesa perteneció también a la Escuela Estatutaria Italiana, quien por primera vez formuló dicho principio.

3. ESTATUTO REAL Y ESTATUTO PERSONAL.
La Escuela estatutaria Italiana en lo referente a la nociones de estatuto real y estatuto personal, no fue muy determinante en su perfeccionamiento, ya que dichas nociones que hoy en día constituyen la base de la doctrina y que ocupan el primer lugar dentro de la exposición doctrinaria fueron las menos elaboradas por la mencionada escuela, y lo fueron en último lugar.

La LEX REI SITAE, esto es la relación de los bienes con la ley de la situación, fue mencionada por primera vez por Jacques de Revigni alrededor de 1270. Dentro de este marco doctrinario, empieza a elaborarse la noción de estatuto personal por oposición al estatuto real; encontrando en Roque Curtido una indicación sobre la razón de ser del estatuto personal. De acuerdo a este autor, ciertas leyes deben seguir a los sujetos como la sombra al cuerpo, incluso fuera del territorio, porque en caso contrario, es decir, si fuera de la ciudad tuviera permitido el contravenirlo, el estatuto llegaría a ser fácilmente ilusorio.

Es así como hemos podido apreciar, que el Derecho Internacional Privado fue fundado por la Escuela Italiana de la edad media, enunciando las grandes categorías de conexión que, desde entonces no han sido abandonadas por la doctrina y las legislaciones. Sin embargo, esta escuela poco o nada dijo acerca del problema fundamental de las calificaciones.

3.3 La Escuela Estatutaria Francesa.

Era lógico, entonces que al llegar a Francia las ideas sustentadas por la Escuela Italiana – que admitiría la extraterritorialidad de los Estatutos, porque cada relación jurídica debía ser regulada por la ley mas justa según la naturaleza de las cosas – encontraron oposición; de donde como contrapartida surge la Escuela Estatutaria Francesa, cuyo principal exponente fue Bertrand D’Argentré – esto acontece porque al admitir el imperio de una soberanía extraña aceptando la autoridad de costumbres o leyes ajenas hubiera sido equivalente a romper la significación anímica del Feudalismo y dio como resultado el choque de dos legislaciones antagónicas. Esto motivo que la Escuela Francesa estableciera como principio fundamental, como regla general. El de la territorialidad de las leyes.

Reglas Fundamentales Formuladas por la Escuela Estatutaria Francesa:

1ª. Todos los estatutos o leyes se agrupan en dos categorías: estatutos reales y estatutos personales. Son reales los que tienen por objeto las cosas. Los personales son aquellos que tienen por objeto las cosas. Los personales son aquellos que tienen por objeto las personas.

2ª. El principio general es el que los estatutos son estrictos y absolutamente reales o territoriales; sólo excepcionalmente son personales o extraterritoriales.

3ª. La personalidad excepcional de los estatutos descansa en una idea de justicia.

Toda creación doctrinaria que emana de las investigaciones que sobre cualquier materia de derecho realizan los juristas y constituyen escuela, podemos estimar que difícilmente alcanzan categoría de perfectas; por consiguiente, la Escuela Francesa presenta como principal defecto de su doctrina el haber desconocido lo que ya había sido observado por los italianos: que la ley real y la ley personal no son las únicas categorías de conexión. En efecto, no todas las relaciones de derecho se refieren a los bienes o a las personas, pues hay algunas que queda fuera de esta clasificación, como por ejemplo, los estatutos referentes a la forma extrínseca de los actos, a las obligaciones, a las sucesiones, a la competencia judicial, a los efectos de las sentencias extranjeras, etc.; por ello, el gran error de esta doctrina, fue la clasificación bipartita y puramente artificial de los estatutos, que trata de incluir a todas las leyes en dos compartimientos exclusivos.

No obstante el error que relacionamos, la teoría tiene sus méritos:

1º. La causa de su éxito radica, en primer lugar en haber sostenido que la aplicación por parte del juez de su propia ley nacional debe ser lo normal; y la aplicación de leyes extranjeras, la excepción.

2º. El mérito de la alusión al problema de las calificaciones.

Escuela Estatutaria Holandesa ó Escuela de la Cortesía Internacional.

La Escuela Estatutaria Holandesa o Escuela de la Cortesía Internacional.

Sus principales representantes fueron sin lugar a dudas Pablo Voet (1619-1714), autor de “DE STATUTISET MOBILUM ET IMMOBILILIUM NATURA”; Juan Voet, su hijo (1647-1714).

Para los holandeses, todos los estatutos eran territoriales. Encontraron pues por primera vez con que los conflictos de leyes no eran ya necesariamente internos o interprovinciales, sino que empezaban a producirse en un plano internacional. Y, como se comprende, no era posible aplicar el principio de territorialidad absoluto de los estatutos porque la aplicación exclusiva de la ley territorial ofrecía graves inconvenientes en lo referente al Estado y capacidad de las personas. Entonces esta doctrina consistió en aplicar, en estas materias, estatutos personales extraños o sea, la ley personal de los extranjeros. Y ante la interrogante del porque de la aplicación de una ley extranjera, respondieron que ello no obedecía a razones jurídicas, sino que era sólo una consecuencia del principio de la “Cortesía Internacional” ó “Comitas gentium”.

Resumiendo, existe para esta Escuela como una consecuencia de la Independencia y soberanía de los Estados, una territorialidad absoluta de los estatutos, pero éstos, para salvar los inconvenientes que su aplicación rígida podría producir en lo referente al Estado y capacidad de las personas, han admitido una limitación “por cortesía internacional” permitiendo que tal capacidad y estado se gobiernen por la ley natural de cada individuo. Al aceptar por consideraciones de utilidad y conveniencia reciproca, no por una obligación cuyo cumplimiento puede ser exigido, ni por un deber de necesidad, los estados se han dejado guiar por las consideraciones antes indicadas ó admitir la aplicación de leyes extranjeras.

Decíamos al referirnos a la Escuela Estatutaria Francesa que ninguna doctrina se excluía de criticas y la Holandesa es afectada al ser criticada por haber ignorado o por haberse percatado, de que existe la posibilidad de conciliar la aplicación de leyes extranjeras con el respecto debido a la soberanía territorial de cada Estado”. Se le señala, además, que el principio de la cortesía internacional constituye un concepto carente de toda juridicidad, vago e incierto. Sin embargo, hay que admitir que esta doctrina ofrece una significación real, que consiste en haber destacado el carácter nacional de las reglas de conflictos de leyes. Ella pone de manifiesto la independencia absoluta del soberano territorial.

3. 5 La Escuela Francesa del Siglo XVIII o Neo estatutaria.

De esta escuela, sus principales representantes fueron Louis Froland y Bouhier.

Resalta, por cuanto representa un notable progreso en el sentido de la extraterritorialidad o personalidad de la ley. En realidad, se puede destacar, como característica de esta escuela el mayor predominio que le dio al estatuto personal.


CAPÍTULO CUARTO


ESCUELAS MODERNAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO


4.1 Generalidades.

Es necesario dejar por sentado al mérito de que son acreedores las Escuelas Estatutarias, pues a ellas se les debe el haber establecido las bases científicas del Derecho Internacional Privado y el de haber sido las conductoras de su desarrollo a través de los siglos medievales en el siglo XIX. Les está reservada la gloria de haber conducido el adelanto y la transformación radical de esta ciencia, acoplándola a fin de que adquiera su adaptación a las necesidades jurídicas de la época moderna.

Se ha denominado “Sistema de Solución” a las doctrinas o teorías, formuladas por los Juristas o Escuelas de esta época para dirimir los conflictos de leyes.

Teniendo en nuestra conciencia cognoscitivas las doctrinas sustentadas por las Escuelas Estatutarias para resolver los conflictos que motivaron su creación, entonces expondremos en forma breve el pensamiento de las escuelas modernas que surgieron con la misma pretensión es decir resolver los conflictos de leyes.

Para concordar, porque ya dijimos no seríamos extensos, podemos reunir dichas escuelas en cuatro grandes grupos; comprendiendo en cada uno de ellos las tendencias más notables:

1. La Escuela Angloamericana o la de la Territorialidad;

2. La Escuela Italiana Moderna, de la Personalidad o de la Nacionalidad;

3. Las Escuelas Intermedias y

4. La Escuela de la Habana o de Antonio de Bustamante y Sirven;

Las Escuelas intermedias constituyen un grupo ecléctico y es el más extenso. Sin embargo, para el objeto de este trabajo, las descomponemos únicamente en dos subgrupos: la Escuela de Savigny o de la Comunidad Jurídica y la Escuela de Pillet o del fin social.

4.2 Escuela Angloamericana ó de la Territorialidad.

Llamase Escuela Angloamericana a la Doctrina de Derecho Internacional Privado que se aplica en Inglaterra y en Estados Unidos y que inspira la jurisprudencia de los tribunales de ambos países en materia de conflictos de leyes. No es otra cosa que la antigua Escuela Estatutaria Holandesa del siglo XVII. Su principio fundamental es el de la territorialidad absoluta de las leyes, sin embargo, habría que hacer notar que excepcionalmente y sólo por razones de cortesía internacional o Comitas Gentium dichos tribunales admiten la aplicación extraterritorial del derecho en materia de estado civil y capacidad de las personas. Por otra parte, y para comprender el porque los jurisconsultos ingleses siguieron los principios de la Escuela Estatutaria holandesa, y como consecuencia de este hecho, llegaron a aceptar la extraterritorialidad excepcional de las leyes, basada en la cortesía; enunciamos algunas de las circunstancias: Diego Guzmán L. y Marta Millán S. en su obra “Curso de Derecho Internacional Privado” expresan que en debió a acontecimientos históricos y principalmente porque en aquella época las doctrinas de Derecho Internacional Privado que estaban en boga, eran solamente dos: la Francesa y la Holandesa; el hecho de haberse producido la unión políticas entre Inglaterra y Holanda, en tiempos de Guillermo III; las extensas relaciones comerciales que permitió la proximidad geográfica entre ambos países; el hecho de que estudiantes escoceses frecuentarán las universidades holandesas –Escocia se encontraba anexada al imperio británico, recibiendo allí su formación jurídica; introduciendo esta doctrina a Escocia y su extensión posterior a toda Gran Bretaña y por último, por la existencia del espíritu feudal de la doctrina holandesa, que concordaba con el carácter preponderante del derecho inglés.

Siguiendo a Enrique Muñoz Meany, Julio Camey Herrera y Carlos Hall Lloreda, en su obra “Derecho Internacional Privado” el porque las doctrinas expuestas introducidos por razones, no solo históricas sino también económicas a Inglaterra, especialmente las ideas sustentadas por Ulrico Huber, ejercieron gran influencia en la concepción angloamericana.

Merece especial mención respecto de la doctrina que enfocamos, la obra del jurista norteamericano Joseph Store por ser uno de los primero en desarrollarla. El mérito de la obra de Store –dice Ramírez Necochea- radica, el haber hecho, por vez primera, una exposición de conjunto, una síntesis de las teorías que se habían enunciado hasta la fecha “transmitiendo de ese modo, según BATIFFOL” la herencia del pasado a los autores europeos del siglo XIX”.

De tal modo, Store no sólo ejerció una influencia profunda en la doctrina y jurisprudencia de los países Angloamericanos, sino también en la de países muy alejados de las concepciones jurídicas anglosajonas; pero el verdadero servicio que prestó Story al Derecho Internacional Privado fue que, al elaborar un conjunto de principios concordantes con el espíritu del COMMON LAW produjo lo que solo puede ser descrito como el renacimiento del ramo”.

Inmersas en el escenario en que se desenvuelven las respectivas escuelas que pretenden resolver “El llamado conflicto de leyes” la Escuela Angloamericana ha sido centro de imputación de las mismas criticas de la doctrina holandesa de los Estatutos. En efecto, se ha dicho que ella descansa en una idea enteramente errónea, cual es, la de que la aplicación del derecho extranjero vulneraría la soberanía del país en que recibe aplicación”.

La cortesía internacional, por otra parte, es un concepto vago e incierto que nada tiene de jurídico y cuya aplicación origina peligros, puesto que “abre un amplio campo a la arbitrariedad judicial”.

4.3 Escuela de la Personalidad del Derecho o Escuela Italiana Moderna.

De acuerdo con su autor, el celebre jurisconsulto, profesor y estadista italiano PASCUAL ESTANISLAO MANCINI, esta doctrina de Derecho Internacional Privado consiste en el principio fundamental de la personalidad del derecho, esto es, que las leyes son personales y no territoriales y, en consecuencia, deben seguir a la persona dondequiera que se traslade; especialmente respecto al estado civil y capacidad del individuo en que la ley debe aplicarse. De donde, la teoría de Manzini constituye la antítesis de la Escuela Angloamericana anteriormente expuesta.

Para hacer más comprensible la idea de Manzini, se expone como notas características las siguientes: El orden jurídico interno resulta del equilibrio entre los derechos del Estado y los derechos del individuo; y el externo, del equilibrio entre las distintas soberanías y la comunidad universal que existe de hecho entre todas las naciones. En virtud de la soberanía existen las leyes públicas y de orden público, que son por su naturaleza territoriales. A las necesidades el individuo responde con leyes privadas que son, generalmente de eficacia extraterritorial. No obstante el principio de la aplicación de la ley personal tiene, según esta escuela tres excepciones fundamentales: uno, el orden público, dos la regla “Locus Regit Actum”, tres, la autonomía de la voluntad”.

Desde la óptica de los que no comparten su tesis ésta doctrina ha sido criticada en primer lugar porque no es exacto que la soberanía del Estado sea, ante todo, personal accesoriamente territorial. En efecto, en los estados modernos, la soberanía se ejerce tanto sobre un territorio como sobre cierto número de personas, sin que pueda invocarse ninguna razón plausible para establecer una jerarquía entre estas dos manifestaciones de la soberanía.

En segundo lugar, porque, autores como Pillet y Niboyet, hacen énfasis en la circunstancia de que los propios partidarios de la doctrina de la personalidad del Derecho han formulado tres excepciones a las mismas, las cuales, por su número e importancia, desvirtúan el principio fundamental.

Y, en tercer lugar, se ha dicho que la Escuela Italiana Moderna, al formular la doctrina de la aplicación de la ley personal “persigue evidentemente un fin político”, cual es, el de mantener sujetos al imperio de ésta ley y por lo tanto vinculados a la patria, a los súbditos que emigran al extranjero.

Fueron sin duda, todas estas razones las que llevaron a las legislaciones internas a abandonar los postulados de Manzini. Brasil, por ejemplo, reemplazo en 1942 el sistema de la nacionalidad por el sistema del domicilio en su nueva Ley de Introducción al Código Civil Brasileño. Los tratados de la Haya perdieron su validez y el Código de Bustamante no puede dar preferencia a la nacionalidad como determinante de la ley personal; esto último puede apreciarse claramente en el Art. 9 del citado código.

4.4 Escuela de Pillet

Para la solución del problema de los conflictos de leyes, del que hemos expuesto doctrinas formuladas por las escuelas antes citadas, Pillet, el mas original de los juristas franceses ha creado una teoría nueva para la solución de tan intrincado asunto jurídico, la cual calificamos de bastante personal e ingeniosa. Su sistema quedó definitivamente expuesto en su obra “Principios de Derecho Internacional Privado”, y dice “un Estado que reconoce a otro Estado le considera no sólo como una comunidad de hecho existente fuera de él, sino como una comunidad jurídica semejante a la suya, como un soberano que ejerce las funciones que él reivindica para sí. Tal es la consecuencia directa de la igualdad de los Estados y de la penetración recíproca de sus soberanías por medio del comercio internacional. Para una mayor claridad de su teoría diremos que para él, el Derecho Internacional Privado “reposa sobre el respeto de las soberanías, las soberanías del orbe son independientes unas de otras, y entre mas lo sean, más necesidad habrá de que se respeten. Afirma que las leyes son un instrumento de autoridad indispensable al poder social en sus relaciones con los miembros de la agrupación cuyos destinos gobierna y sus preceptos generales deben ser obligatorios para todos los que habitan el Estado”; pero se impone preguntarnos: ¿Qué leyes tienen un efecto extraterritorial? Pillet, al efecto, comienza por hacer un estudio minucioso de las características de la ley interna para determinar como estos rasgos se proyectan en el plano internacional. Un ejemplo, nos ilustra más, por ello, supongamos que nace una relación de derecho que tiene puntos de contacto con diferentes países y surge naturalmente la duda acerca de la legislación que debe regular esa relación. La solución perfecta para Pillet, consistiría en asegurar a la ley, en las relaciones internacionales de orden privado, la misma plenitud de efectos que posee en las relaciones interiores entre ciudadanos; y como juzga tal solución caso imposible, estima que el ideal a que debemos acercarnos, será considerar como más satisfactorio, la que conserve a la ley, en aquella clase de relaciones, a la mayor suma de efectos de los que surte en las relaciones entre nacionales de un mismo Estado.
Para llegar a esta conclusión conviene desde luego fijar los caracteres indispensables de la ley interna y según Pillet, los rasgos característicos son: la permanencia y la generalidad; el primero significa que ella se aplica a los individuos, desde el día en que se promulga y hasta su derogación, incesante e interrumpidamente, de una manera constante, sin solución de continuidad. El segundo, significa que ella se aplica a todos los individuos y a todas las relaciones jurídicas en el territorio del Estado que las ha dictado.

En el derecho interno, la ley conserva siempre esos caracteres; pero al proyectarse en la “pantalla del derecho internacional”, debe perder uno de ellos, porque si conserva los dos, sería imposible la aplicación extraterritorial de la ley. Decir que la ley es permanente, significa que debe aplicarse de una manera constante y que las personas a quienes rige deben estar en ella sometidas toda su vida, en donde quiera que se encuentren. Por consiguiente, el CARÁCTER DE PERMANENCIA IMPLICA EL DE EXTRATERRITORIALIDAD. Ahora bien, ¿Con qué criterio se va a determinar que las relaciones de derecho internacional privado conserven uno u otro carácter? Pillet soluciona la pregunta diciendo que se determina si una ley es general o permanente, territorial o extraterritorial, por EL FIN SOCIAL de la misma. El fin social lo fija el legislador, según se haya propuesto proteger a la sociedad, proteger a las personas, proteger a los bienes, etc.

Meritos de la Doctrina de Pillet.

El aporte positivo de su doctrina fue el de haber dado el fundamento al estatuto personal, en forma definitiva la noción de la permanencia.

Por otra parte, la doctrina de Pillet significó un avance importante porque no dio soluciones extremas basadas en la sola territorialidad o en la sola personalidad, sino que se colocó en un terreno ecléctico y abordó la solución de los distintos problemas tratando de mantener un justo y satisfactorio equilibrio entre ambos sistemas.

Se ha criticado esta teoría, fundamentalmente porque se basa en una clasificación artificial, que desconoce el hecho evidente de que en toda ley existe, a la vez una finalidad de protección individual y otra de protección social.


Por otra parte también se ha rechazado esta doctrina, y la idea de permanencia a que se refiere Pillet, “a diferencia de la generalidad, es un concepto que más bien dice relación con el tiempo que con el espació”.

4.6 Escuela de Savigny o de la Comunidad Jurídica.

Savigny, rompiendo con los principios sentados por las teorías anteriores a él, formuló las suyas sobre otras bases, orientándola en sentido diverso, de donde para él, la comunidad de civilización de los pueblos de occidente impone la obligación de cada Estado de permitir la aplicación de la ley de los otros, en tal formas que se obtengan soluciones uniformes, cualquiera que sea el lugar del juicio.

Por lo tanto, si de acuerdo con la condición especial de la relación jurídica que ha producido el conflicto es competente una ley extranjera, ésta debe ser aplicada obligatoriamente por el Juez. Las leyes extranjeras se aplican, en consecuencia, en virtud de una obligación jurídica impuesta por la comunidad originada por la herencia del derecho romano y del cristianismo, y no por cortesía.
Como lo acabamos de señalar, para Savigny la ley competente que debe aplicar el Juez a una relación jurídica es la que sea más propia para regularla, según su naturaleza. Busca, pues, relacionar objetivamente cada institución con la ley que mas le convenga.

Busca para cada relación de derecho el dominio jurídico a que esta relación pertenezca por su naturaleza. Ello equivale a asignar a cada relación un lugar o asiento determinado para que así sea también aplicable un determinado derecho local. En otras palabras, Savigny localiza las relaciones de derecho según su naturaleza en categorías de conexión, a saber:

a) El derecho de las personas, según Savigny, debe ser conectado con la ley de su domicilio. En consecuencia, el derecho propio del individuo se determina no por su origen, sino por el lugar de su domicilio.

b) Para las relaciones de derecho relativas a los bienes corporales, muebles o inmuebles, debe consultarse, según Savigny, la LEX REI SITAE, esto es, la ley de la situación de las cosas.

c) En cuanto a las obligaciones, siendo ellas incorporables, dice Savigny, no ocupan lugar en el espacio, de donde es necesario buscar en su desarrollo o desenvolvimiento natural las apariencias visibles a las cuales poder vincular la realidad de estas obligaciones con el objeto de darles un cuerpo. Y para localizarlas o determinar su sede, opina que hay que escoger entre el lugar de su constitución o celebración y el de su ejecución. En este sentido el primero, afirma, es accidental, fugitivo y extraño a la esencia de la obligación, lo que no ocurre con el segundo; por eso la obligación tiene valor por su ejecución y debe así considerarse el lugar de esa ejecución como su sede, siendo, pues la ley del mismo la que debe regir la obligación.

Savigny también estudia el problema del derecho de sucesión el que, según él, se rige por la ley del último domicilio del causante; el de la forma de los actos jurídicos, a la que hace aplicable la ley del lugar de su celebración (LOCUS REGIT ACTUM); el de los delitos, que deben regirse por la ley del lugar donde se cometen; el de procedimiento, que debe regularse por la Lex Fori, etc.

4. 7 Excepciones a la Aplicación de la Ley Extranjera Normalmente Competente.


Dado el carácter con que se presenta la aplicación de la ley extranjera normalmente competente, está sujeta a dos clases de excepciones en los casos siguientes: uno, cuando se trata de leyes de una naturaleza positiva, rigurosamente obligatoria que puede tener como base un motivo moral, como la que prohíbe la poligamia; dos; cuando se trata de instituciones de un Estado extraño cuya existencia no se encuentra, en general, reconocida en otro y que, por consiguiente, no pueden pretender en él la protección de los tribunales.

Por otra parte, se podría considerar inmanente al tema en general tratado, la influencia que en los círculos jurídicos ha tenido el sistema Savigniano, muy superior en técnicas a todos los anteriores, puede pues, juzgarse como auténticamente extraordinario, tanto en Europa como en América.

4.8 Críticas al Sistema de Savigny.

Este sistema, reconociendo su enorme influencia, ha sido, por parte de no menos numerosos jurisconsultos centro de críticas, pero sin que por ello disminuya su importancia o deje estimarse su gran valor. Pillet, por ejemplo, criticó el sistema por considerar que el concepto de “ley más apropiada para regular una relación jurídica” es vago y elástico y no conduce, por lo tanto, a ninguna solución precisa, ya que cada uno puede tener respecto de él su opinión propia.

Sin embargo, ninguno de los juicios adversarios, menosprecia la gloria del sabio jurisconsulto alemán. Los mismos adversarios reconocen su aporte inmenso al progreso del Derecho Internacional Privado.

4. 9 Escuela de la Habana o de Antonio Snchez de Bustamante y Sirven.

Para Bustamante, los tres problemas fundamentales de nuestra disciplina son:

a) ¿Por qué se aplican las leyes extranjeras?

b) Clases de leyes que tienen o no eficacia extraterritorial,

c) Instituciones y relaciones jurídicas que corresponden a cada uno de esos grupos de leyes.

Para el desarrollo a las explicaciones, que son las respuestas a las interrogantes planteadas, es necesario tener un concepto de Comunidad Jurídica Internacional. Por consiguiente, dice él que es “la unión que resulta de vínculos cada vez más intensos entre nombre y los intereses de diversa nacionalidad y origen, y de las exigencias individuales o colectivas”.

Ahora, es posible concebir la respuesta al primer problema, de donde, Bustamante afirma que el motivo que justifica la aplicación extraterritorial de las leyes es precisamente esa Comunidad; que se integra con dos elementos: el primer elemento, que es un elemento de hecho consiste en la naturaleza cosmopolita del hombre y el segundo elemento consiste en la coexistencia jurídica de los Estados.

Acerca del primer elemento, afirma que no hay país alguno de la tierra en que deje de encontrarse un numero habitualmente crecido de extranjeros, y aumentar de continuo las personas que, por sus relaciones de negocios o de familia, están en contacto con el derecho de otros países, y necesitan saber cuál debe aplicarse a sus relaciones jurídicas. Acerca del segundo elemento dice “que las naciones viven normalmente en paz y mutuamente se aceptan como órganos generadores del derecho. Su coexistencia jurídica es evidente y las consecuencias de su capacidad legislativa se admiten con carácter recíproco.

En relación, con el segundo problema, Sánchez de Bustamante, hace referencia a la existencia en el Estado de dos elementos para los cuáles legisla: la persona y el territorio, de donde divide las leyes en personales y territoriales. En efecto, el Estado legisla para el territorio y sobre el territorio, porque es su dominio, su base física, su centro de operaciones, la esfera de acción indiscutible de su poder creativo”. Pero el territorio sirve de objeto y no de límite a la función generadora del derecho. Pero convertir todas las leyes en territoriales significaría desconocer el otro elemento importante del Estado, las personas, a quienes también se refiere su función legislativa. Estas leyes referentes a los individuos deben adoptar puntos de conexión distintos del territorial, tales como la nacionalidad, el vínculo más intenso según Bustamante, el domicilio y la residencia.

Pero, en opinión del autor cubano, es evidente que una división de las leyes en reales y personales, o sea, una clasificación de ellas en que solo se atienda el territorio y las personas, resulta incompleta y eficiente, puesto que hay un buen número de relaciones jurídicas a las que no pueda aplicarse un derecho determinado considerando exclusivamente el poder que el Estado tiene sobre las personas ó sobre el territorio. En esta forma nos coloca ante cuatro posibles situaciones:

1. Un nacional en su propio país (por ejemplo un salvadoreño en El Salvador).

2. Un extranjero en el mismo país (por ejemplo un chileno en El Salvador).

3. Un nacional fuera de su propio país (un salvadoreño fuera de El Salvador, por ejemplo, en Italia, respecto del derecho Salvadoreño)

4. Un extranjero fuera del mismo país (un italiana fuera de El Salvador, por ejemplo, en Chile; respecto del derecho salvadoreño).

En el primer caso, el derecho del Estado no puede serle aplicable con igual rigor e intensidad porque unas leyes son imperativas, pero en cambio, hay otros preceptos que quedan otorgados a su capricho y a su decisión. En esta virtud, las leyes de la patria se reducen para el nacional que vive en ella, a dos grandes categorías: imperativas y voluntarias o supletorias.
En el segundo caso, no puede eludir la aplicación de ciertas leyes ya que en ellas encuentra una garantía tan eficaz como la que pueda tener el ciudadano.

También encontrar disposiciones legales a las que puede sustraerse por ser voluntarias, pero encontrará un tercer grupo, que le son aplicables, vrg. Las electorales y las que fijen la capacidad. En este aspecto, para ese extranjero el derecho local se divide en tres grandes grupos de leyes: las imperativas, las voluntarias y las aplicables.

En el caso tercero, habrá leyes de las que no podrá sustraerse, por ejemplo: sí da motivo para perder la nacionalidad. Si comete un delito no se requerir que se le aplique una respuesta penal de acuerdo con la ley extranjera sino se le castigará con una pena del derecho local. Las disposiciones legales de su país de origen son de tres clases: territoriales o inaplicables, personales y supletorias y voluntarias.

En el último caso (4º.). Hay una parte de la legislación del mundo que le es indiferente por ejemplo las leyes penales de aplicación territorial pero le queda el derecho potestativo y nada le impide sujetarse voluntariamente al Derecho Colombiano, al derecho Inglés, o al derecho de cualquier otro Estado.

Sobre el tercer problema, que hace relación con las Instituciones y relaciones jurídicas que, en general, se encuadran dentro de los diferentes grupos de leyes señalados por Bustamante.

a) LEYES DE ORDEN PRIVADO.

En estas, el Estado cede su lugar a la voluntad privada expresa ó tácita, ó presenta y determina por ella y para ella las normas que han de ajustarse ciertas relaciones jurídicas.

Estas leyes se refieren, principalmente, a la autonomía de la voluntad o, como lo prefiere Bustamante, a la antarquía personal.

b) LEYES DE ORDEN PÚBLICO INTERNO

Por ende fuera de la acción de la voluntad. En este grupo de leyes figuran todas aquellas que se refieren al estado, condición civil, capacidad de las personas y relaciones de familia, inspiradas en la necesidad en que el Estado se encuentra de proteger a los nacionales o a los domiciliados que forman su sociedad civil, a virtud de consideraciones del todo inaplicables a los simples residentes o a los extranjeros que no se encuentran en el país.

Deben también incluirse algunas leyes penales que atienden a la calidad de nacional del delincuente a quien se aplican. Así por ejemplo, las leyes castigan el delito de traición a la patria, donde quiera que se lleve a cabo y aunque en el lugar en donde se cometa lo premien en vez de castigarlo, han de estimarse como de orden público interno en razón de su carácter y de sus defectos.

c) LEYES DE ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL

Es de suponer por corresponder a ellas, el Derecho Internacional Privado, el Derecho Político, el Derecho Administrativo, el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal, el Derecho que dice relación con los bienes, y ciertas leyes civiles y mercantiles. En realidad, estas leyes civiles y mercantiles pueden tener el carácter de leyes de orden público internacional por razones morales, económicas, políticas o estrictamente jurídicas. Es ineludible afirmar que estas leyes son de carácter absolutas e imperativas dentro del territorio, con fuerza ineludible por igual para los ciudadanos y para los extranjeros que se encuentren en él, aunque sea momentáneamente.

4. 10 Crítica a la Escuela de la Habana.

1- La comunidad jurídica internacional no es el fundamento de la aplicación de normas jurídicas extranjeras porque unas normas jurídicas extranjeras se aplican y otras no.

2- Los puntos de conexión no se limitan a nacionalidad, domicilio, residencia y voluntad personal, sino que hay otros puntos de conexión, como lugar de celebración del acto, presencia física dentro de un territorio, etc.

3- El análisis de las situaciones en las que se encuentran los individuos desde el punto de vista del derecho propio y del derecho extraño es acertado, pero, la derivación de esas situaciones a la fijación de tres categorías de leyes, ya es inadecuado por la mezcla del concepto de orden público que representa una problemática distinta y adicional en el Derecho Internacional Privado.

4- En definitiva, Bustamante llega a encuadrar en cada categoría las distintas materias jurídicas.


CAPÍTULO QUINTO


CONCLUSIONES


1-Las escuelas Modernas del Derecho Internacional Privado no son más que la expresión de algunos autores estudiosos del Derecho Internacional Privado que formularon doctrinas de tipo universalistas, tendientes a resolver los problemas que nacen de la diversidad y concurrencia de las leyes de los diferentes países. Modernamente son conocidos como SISTEMAS DE SOLUCIÓN. Para resolver conflictos de leyes.


2-Sí bien es ciertos que en las Escuelas Estatutarias se les atribuye el mérito de haber establecido las bases jurídicas y científicas del Derecho Internacional Privado y el de haber sido las conductoras de su desarrollo a través de los siglos medievales a las doctrinas que se desenvolvieron en el siglo XIX o sea a las Escuelas Modernas del Derecho Internacional Privado, les está reservada la gloria de haber operado el ADELANTO Y TRANSFORMACIÓN RADICAL del Derecho Internacional Privado, adaptándolo a las necesidades jurídicas de la época moderna.
3- El Sistema de Derecho Internacional Privado de El Salvador no se adhiere a ninguna de las Escuelas Modernas del Derecho Internacional Privado en particular. Por ejemplo el Art. 14 y el Art. 16 de nuestro Código Civil se fundamenta en la escuela Angloamericana o de la Territorialidad. El Art. 15 del mismo Código se basa en la Teoría Nacionalista de Manzini o Escuela Italiana Moderna.

4-Al igual que en las más importantes Escuelas estudiadas las disposiciones del Sistema Salvadoreño de Derecho Internacional Privado se refieren principalmente a personas, bienes, actos jurídicos y procedimientos.

5-Las normas sobre Derecho Internacional Privado vigentes en El Salvador no se encuentran codificadas ni reunidas en un solo cuerpo, sino que aparecen dispersas en diversos cuerpos legales y en multitud de leyes siendo en el Código Civil en donde figuran un mayor número e importancia.

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