CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
345.726
P542m
AÑO 1994.
INVENTARIO 012372 PAGINA(S) 65 h.
EJEMPLAR CM 28 cm.
AUTPPAL Pinto Quintanilla, Quirian Geraldina CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas
AUTOR(ES) Quirian Geraldina Pinto Quintanilla...[ y otros] TITULO Modernización del recurso de apelación
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD Universidad de El Salvador
FECHA 22/02/2005
DESCRIPTORES
1. RECURSO DE APELACION - MODERNIZACION I. Título
MATERIA RECURSO DE APELACION - MODERNIZACION
TÍTULO Modernización del recurso de apelación
TOPOGRÁFICA Pinto Quintanilla, Quirian Geraldina
CONTENIDO Interposición de la apelación, tramite de apelación en segunda instancia, análisis de la práctica del recurso, apelación no suspensiva o sin modalidad suspensiva


Texto
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES


“MODERNIZACION DEL RECURSO DE APELACIÓN”


SEMINARIO DE GRADUACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS

PRESENTADO POR:

QUIRIAN GERALDINA PINTO QUINTANILLA
MARIA LORENA DUBON ORTEGA
JOSE PROSPERO ARIAS HERNÁNDEZ

DIRECTOR DEL SEMINARIO:
DR. CARLOS AMILCAR AMAYA
CIUDAD UNIVERSITARIA, OCTUBRE DE 1994.
______________________

“Por que debo trabajar mientras otros descansan?
Para gastar mi fortaleza cuando DIOS lo manda”

Acto que dedico a DIOS todo poderoso;
A mi madre: BLANCA QUINTANILLA, quien siempre me brindó su apoyo, su amor y comprensión;
Así como también a todas aquellas personas, familiares y amigos que de una u otr5a manera me ayudaron a no claudicar en la meta que me propuse.
Nada me turbe;
Nada me espante;
Todo se pasa;
La paciencia todo lo alcanza
Quien a Dios tiene;
Nada le falta;
Solo Dios basta (Teresa de Jesús)

QUIRIAM GERALDINA.
__________________________

Acto que dedico a DIOS todo poderoso, a mi familia, y a todas aquellas personas que de una u otra manera me impulsaron a seguir adelante para llegar a este momento y de una manera especial a mi esposo y a mis hijos:

RENE FRANK VALDIVIESO HERNÁNDEZ
RENE FRANK VALDIVIESO DUBON
RENE ANTONIO VALDIVIESO DUBON
DIANA RENEE VALDIVIESO DUBON
MARIA ELENA
_______________________

DEDICATORIA.

La culminación del presente trabajo ha sido un esfuerzo por un ideal muy bello y que su feliz término lo dedico desde lo mas profundo de mi corazón y de mis pensamientos a todas y cada una de las personas que me rodean, a DIOS por darme sabiduría y amor y muy especialmente a mis seres queridos:

Mis Padres: JOSE PROSPERO ARIAS IGLESIAS
ISOLINA EMERI HERNÁNDEZ DE ARIAS

Mis Hermanos: PATRICIA, ALEJANDRO, CESAR, CLAUDIA, GRISELDA Y RICARDO.

Mi Abuela: LIDIA IGLESIAS

Mi Novia: MERLHY ANALHY ALFARO IGLESIAS

A todos ellos infinitamente agradecido.
AGRADECIMIENTOS.

A Quiriam Pinto:
Por su sinceridad
Por su fuerza
Por su amistad

José Próspero.
__________________________

ÍNDICE

Introducción
CAPÍTULO I “GENERALIDADES”

1.1 Antecedentes Históricos
1.2 Antecedentes legales del Recurso de Apelación
1.3 Regulación legal actual del Recurso en el Código de Procedimientos Civiles.
1.4 Importancia del Recurso de Apelación
CAPÍTULO II “RECURSO DE APELACIÓN”

2.1 Marco Legal Procedimental
2.1.1 Interposición de la Apelación
2.1.2. Trámite de la Apelación en Segunda Instancia
2.1.3. Sentencia en Segunda Instancia

2.2 Análisis de la Practica del Recurso
2.2.1 En Relación al Impulso Procesal
2.2.2 En Relación a la Deformación del trámite en Segunda Instancia
2.2.3 En Relación al Principio de Economía Procesal
CAPÍTULO III

3.1 Modernización del Recurso de Apelación
3.2 Apelación no suspensiva o sin modalidad suspensiva
3.4 Apelación diferida o con Modalidad diferida
3.5 Criterios para la aplicación de las modalidades del recurso de apelación
3.5.1 Criterio de Procedencia del recurso de Apelación sin modalidad suspensiva
3.5.2 Criterio de Procedencia de la apelación con modalidad suspensiva
3.5.3 Criterio de procedencia del recurso de apelación con modalidad diferida
CAPÍTULO IV

4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones
Bibliografía
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido inspirado en el deseo de contribuir a la modernización de nuestro sistema legal y específicamente del recurso de apelación.

El objetivo principal es demostrar que en la practica el recurso de apelación no se encuentra adecuado a las exigencias y necesidades de una pronta y cumplida justicia por medio de la celeridad procesal, ya que por la forma en que se encuentra regulado dicho recurso y por la mala utilización que se hace de el en la practica, en ese sentido el propósito de nuestro estudio va orientado al análisis de las instituciones que lo componen, remitiéndonos hacía sus antecedentes de carácter histórico y a la relación en el Código de Procedimientos Civiles.

A continuación presentamos una breve exposición del contenido del trabajo, como un esbozo a lo que el lector encontrará en las páginas interiores.

El primer capítulo comprende las generalidades sobre el recurso de apelación en los que se hace referencia a sus antecedentes históricos y legales, su regulación legal y la importancia que tiene en nuestro ámbito jurídico.

Los antecedentes históricos, contiene la narración de cómo surgió y evolucionó en el transcurso del tiempo y del espacio el recurso de apelación, desde el imperio romano hasta nuestros tiempos y que con la dinámica del derecho se ha transformado convirtiéndose en la institución que conocemos y que en el desarrollo del presente trabajo expondremos.

Los antecedentes legales del recurso de apelación, se refieren a la normativa con que se regula a dicho recurso con anterioridad a su vigencia en el actual Código de Procedimientos Civiles y que se extiende a los tiempo de la Colonia, donde nos regia la Constitución española, las Leyes de Partida junto con la Novísima Recopilación y también comprende como antecedentes todas aquellas ediciones que del Código se ha hecho.

La regulación legal actual de dicho recurso, se refiere a como se encuentra plasmado y regulado en el Código de Procedimientos Civiles, es decir su trámite, juicios en que procede, resoluciones apelables, etc.

Por último, este capítulo comprende la importancia del recurso por constituir una segunda instancia, un segundo examen que tiene por finalidad corregir errores.

El segundo capítulo, hace referencia específicamente al recurso de apelación, al marco legal procedimental, a lo referente al impulso procesal y a la deformación del trámite en la segunda instancia.

El tercer capítulo, contiene el estudio de la terminología del recurso, las modalidades en que debe proceder así como también los criterios para determinar las modalidades en que se admitirá el recurso.

El cuarto capítulo, contiene las conclusiones y recomendaciones que de la investigación se han obtenido y que forman las bases para nuestras propuestas de modernizar el recurso.

La metodología utilizada en el trabajo de investigación, fue la consulta directa a las fuentes de información como la bibliografía y la entrevista.

Alcances y limitaciones.

Al respecto nuestro grupo, enfrentó las siguientes limitantes:

A) Falta de Bibliografía.
B) Carencia de Doctrina.
C) Difícil acceso a información en los tribunales superiores.
D) Poco conocimiento de profesionales de derecho sobre la aplicación con modalidad diferida.

Los alcances de la investigación, se limitan nada mas al recurso de apelación en el Código de Procedimientos Civiles por ser objeto de diferentes observaciones en cuanto a trámite y resolución y por ello los alcances de la investigación se orientan al estudio del recurso, su mala utilización y regulación y a la adopción de una nueva institución que lo modernice acorde a las necesidades jurídicas de una pronta y cumplida justicia.

La importancia social de la investigación se resume en los beneficios o en la satisfacción que obtiene u obtendrá a la sociedad por cuanto los conflictos jurídicos se resolverán en un tiempo y en un costo menor.
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CAPÍTULO I

“GENERALIDADES”

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Son recursos aquellos auxilios jurídicos con los cuales una de las partes, prosiguiendo la controversia, trata de anular, modificar o reformar por vía de examen, mediante un Tribunal superior la resolución que le es desfavorable.

La sentencia, que es un caso especial de acto jurídico, puede ser ilegal o injusta y en consecuencia cabe contra ella la anulación, reforma, modificación o confirmación.

La impugnación es contraria a la voluntad de tener a la sentencia por buena a pesar de sus efectos. Siendo el mecanismo procesal apto para impugnarla, el recurso, que no es sino el acto procesal de parte, que frente a una resolución impugnable pide la actuación de la ley a su favor cuando hay una diferencia entre lo pedido al Juez y lo que este nos concede y cuando la diferencia entre lo pedido y lo concedido nos perjudica.

Existe un medio típico ordenado de impugnación de las resoluciones judiciales llamado RECURSO DE APELACIÓN, que no solo es el mecanismo procesal amplio para luchar contra la sentencia perjudicial, sino que es el mecanismo para conseguir el doble grado de jurisdicción o el medio para conseguir una decisión teóricamente mas justa.

El principio del doble grado de la jurisdicción no es ni mucho menos de siempre en la historia del proceso.

Cuando la justicia es el Rey o del Jefe de Tribu, cuando eran estos quienes impartían directamente la justicia, la posibilidad normal de recurrir las decisiones, eran entonces indispensables y no cabía recurso alguno porque no había órgano judicial superior, pero cuando se distinguió el órgano que dicta sentencia del poder de donde emana la justicia la lógica consecuencia fue pensar que no siempre la decisión emanada del empleado del funcionario tenia que ser justa; de ahí casi lo obligaba, consecuencia de propiciar y admitir un recurso ante el Rey o el Jefe de la Tribu.

El sistema del recurso o del doble grado de los jueces y jurisdicción es, pues, consecuencia de la complicación de la burocracia o si queremos de la oposición del órgano. La búsqueda de una justicia superior mas favorable determina, pues el nacimiento de lo que hoy llamamos doble grado de la jurisdicción.

El fenómeno de la apelación apareció cuando en tiempos del Imperio Romano se organizaron ya los tribunales en diversas instancias y comenzó a funcionar durante el Gobierno de Augusto, el cual se regía por una serie de disposiciones los cuales fueron declarados en la ley JUDICIARIA.

Como ya dijimos el recurso de apelación ya existía históricamente en la cultura ROMANISTA, no como un recurso en el sentido técnico actual, con los pasos procesales del momento, sino que era considerado de manera general, como una forma de recurrir al soberano, era como una elevación de peticiones aunque no todos los ciudadanos podían hacer uso de este, se partía de un supuesto, había una decisión tomada por alguien que causaba agravio, dependía si el soberano oía la petición mas que si el acto del inferior era bueno o malo.

Siempre ha existido una lucha entre la justicia y el derecho, entre la justicia y la certeza de la sentencia; al principio había una concepción muy rudimentaria de la justicia, para el caso en el proceso GERMANICO primitivo, desconocía la Institución de los recursos, e incluso cabe afirma que estos medios repugnan al principio de validez formal de la sentencia, como absolutamente inacatable, la cual con una acentuada tonalidad religiosa, el fenómeno de la apelación no se concibe: Por que el juicio es una expresión de la divinidad y tiene hasta el carácter infalible de este.

El procedimiento de obtención de la sentencia pronunciada por un tribunal que preside un representante del poder soberano en presencia de la asamblea popular, que tienen también poderes legislativos, confiere aquella el valor de una ley para el caso concreto.

Pero con introducción del derecho romano y con las adaptaciones introducidas por los canonistas y las modificaciones resultantes de la glosa, el recurso de apelación que se ofrecía como inmejorable instrumento de centralización política, al exigir la implementación o el reconocimiento de órganos de justicia por encima de los poderes locales o señoriales o desligados de un poder superior.

El Poder Eclesiástico y el poder Religioso, rivalizaron un entender y acomodar sus propias vías de recursos, especialmente el de apelación, que llegaron a conseguir un gran auge; y es así como la fragmentación de poderes políticos, características de la edad media, impedía especialmente además, la existencia de un principio de jerarquía judicial, necesario como elemento natural para la implantación y desarrollo del recurso de apelación.

En un principio por no existir durante la Republica, tribunales jerárquicamente organizados, la apelación propiamente dicha no existió, tan solo podía emplearse el VETO del tribunal o de otros magistrados de igual categoría del que pronunció el fallo para impedir la ejecución de una sentencia injusta.

Este VETO no se considera sino después de un examen maduro que se llevaba a cabo delante de los tribunales, en el cual eran oídas las partes y sus abogados, cuando la formula o la sentencia se declaraba irregular o contraria a derecho, los tribunales después de haber deliberado conjuntamente decretaban que habían lugar a oponer su veto.

Una vez organizados jerárquicamente los tribunales el recurso de apelación empezó a funcionar, el cual está regulado en la Ley Julia Judiciaria, en la cual dichas normas eran:

- Se procedía apelar tanto de las sentencias definitivas como de las interlocutorias, pero no se admitían las apelaciones meramente dilatoria.

- No procedía en los interdictos, apertura de testamento, toma de posesión de la herencia, sentencias que se fundaban en el juramente o en la confesión judicial, ni contra los dictados en rebeldía, o los que no hubieren adquirido la autoridad de la cosa juzgada; en general, en los negocios urgentes tampoco era admisible.

- Bajo los emperadores cristianos se restringió el derecho de apelar hasta el extremo de que en el Código Teodosiano aparecen dos Constituciones en las que prohíbe, bajo la pena severa, apelar de las sentencias interlocutorias y de las preparatorias. Justiniano prohibió también apelar en los incidentes, mientras no se pronunciara sentencia definitiva, bajo pena de cincuenta libras de plata.

Durante el imperio existían muchos funcionarios que se organizaron jerárquicamente, el número de las instancias también se determinaba, de acuerdo con esa escala de jurisdicciones, lo que a su vez trajo consigo que los litigantes pudieran interponer tantas apelaciones como funcionarios existían en grado superior sobre le que había dictado sentencia. Por lo general, el recurso tenía que interponerse ante el magistrado inmediato superior, pero si por error se hacía ante otro mas alejado en la escala, tal circunstancia no era bastante para que se declarase improcedente el recurso.

En cuanto a los fallos pronunciados por las perfectas del pretorio, solo eran apelables ante el emperador.

- La apelación podía interponerse de viva voz o por escrito, el plazo para hacerlo por escrito varió con el tiempo.

- El apelante podría desistir del recurso, aunque una constitución de Valentino III que fue derogada, prohibió el desistimiento.

En la legislación de Justiniano el recurso de apelación sufrió pocas modificaciones. Las leyes de ese emperador pueden sintetizarse de la siguiente manera:

La apelación es la queja o recurso que se formuló ante un magistrado de orden superior, contra el agravio inferido por uno de categoría inferior.

La apelación se divide en judicial y extrajudicial. La primera, se formuló contra sentencias definitivas y solo excepcionalmente contra interlocutorias.

La extrajudicial se formula contra actos administrativos, tales como el nombramiento de las discusiones.

Pueden interponerse no solo por las partes litigantes, sino por terceros que tengan interés.

Para interponer el recurso, el apoderado judicial no necesita poder especial.

Hay personas que no pueden apelar de las sentencias pronunciadas en las causas por crímenes graves.

Las resoluciones del príncipe no son apelables.

No se puede apelar de los fallos pronunciados por los jueces designados por el príncipe. Tampoco puede el recurso contra las resoluciones del senado, ni por los jueces dados por el consejo del príncipe. Tampoco puede apelar de las sentencias pronunciadas por árbitros que solo obligan a las partes, cuando pasados diez años no han sido rechazados por ellos.

El recurso puede ser interpuesto en toda clase de juicios civiles, incluso contra las resoluciones que imponen una multa.

Solo se puede apelar de una sentencia interlocutoria cuando el agravio no puede ser reparado en la definitiva.

- Por escrito puede apelarse dentro de diez días, mencionando el nombre del apelante y designado la sentencia contra la que se hace valer el recurso.

- Interpuesta la apelación ante el juez, este debe dar al apelante unas cartas llamadas “libelli dimissirri” que se dirigen al magistrado superior que va a conocer de la apelación.

- Provisto de dichas cartas, el apelante debe presentarse ante el tribuna Ad quo, pidiéndole se le señale un termino para continuar el recurso. Sino lo continúa caduca el recurso y la sentencia puede ejecutarse.

- El tribunal Ad que debe examinar los documentos relativos a la apelación y pronunciar el fallo justiciero pero las partes están facultadas para producir nuevos documentos y alegatos.

- Si se confirma la sentencia apelada, el apelante debe ser condenado no solo a los gastos y costas, sino también con una multa.

- Cuando se declare procedente la apelación se anula la sentencia apelada y se condena al colitigante a restituir todo lo que hubiera recibido como consecuencia de dicha sentencia.

- Si la sentencia apelada contiene varios extremos, el Juez de apelación puede confirmar unos y revocar otros, según le parezca justo.

- Mientras esté pendiente la apelación, la sentencia recurrida quedará en suspenso como si no se hubiese pronunciado.

1.2 ANTECEDENTES LEGALES DEL RECURSO DE APELACION.

Siendo que, el actual recurso de apelación forma parte integrante de nuestro Código de Procedimientos Civiles, no se puede por tanto, desligar a uno del otro en las transformaciones que sufren con el vaivén del tiempo y de la dinámica del derecho y es por ello que los antecedentes legales del recurso de apelación van aparejados a los del Código; así tenemos que en tiempos de la Colonia y aun después de la Independencia de El Salvador, nos regía tanto la Constitución Española del 18 de Marzo de 1812, como las leyes de Partida junto con la Novísima Recopilación, constituyendo la base fundamental para la redacción del Código.

El recurso de apelación, en un inicio lo regulaba la Ley 22, Titulo 23, Part. 3, la cual dentro del trámite que establecía, concedía el termino de diez días para interponer el recurso, aunque la ley 1, Titulo 20, Libro II de la Novísima Recopilación, limitó dicho término a cinco días, incluyendo el de la notificación de la sentencia, que en la práctica no se verificaba, sistema que continuó el legislador de 1857, donde estableció en el artículo 1547, que el término para operar era de cinco días contados desde el siguiente al de la notificación y el Código de 1863, Art. 841, agregó “Que la notificación debía ser la respectiva”, lo que continuó en la edición de 1878 y es con el Código del año de 1880, que el sistema cambia, disminuyendo el término de cinco días a tres, siempre contados al de la notificación respectiva que se haga de la sentencia. Art. 957 de dicho Código.

En cuanto al caso de una declaratoria de Rebeldía, para contar el término de interposición del recurso, que es como se ha dicho, desde el siguiente día de la notificación respectiva y que los códigos de los años 1857 y 1863, no resolvieron, ya que una vez notificados en legal forma la declaratoria de Rebeldía, no se le harán notificaciones, citaciones o emplazamientos y es hasta la edición de 1878, en su art. 549, que prescribía que “La sentencia dictada en Rebeldía en primera o segunda instancia, causa ejecutoria contra el rebelde sino interpone el recurso de apelación o súplica en su caso, dentro de los tres días siguientes al de la notificación hecha a la parte presente”, siendo esto una excepción a la regla general que hemos señalado.

En lo referente a quien tiene la potestad de apelar, no solo las partes o litigantes pueden hacer de ese derecho uso, ya que también, el legislador ha regulado otra figura, contemplada en el Código de 1857, en su art. 1548, manifiesta que “El uso de este derecho corresponde también a otro cualquier interesado en la causa, entendiéndose que lo es todo aquel a quien la sentencia perjudica o aprovecha” y el código de 1863. El Código de 1880 en su art. 958, agregó una frase que decía “Pero el recurso deberá interponerlo dentro de los tres días contados desde la ultima notificación”. Dicho articulado continuó de esa forma en el Código de 1893.

Con la ley de reformas del día siete de Agosto de 1902, en su art. 954, sustituyó la frase “Desde la ultima notificación” por “Desde el día siguiente al de la notificación que se le haga de la sentencia”, y así aparece con esta redacción en las sucesivas ediciones de los años 1904, 1916 y 1926.

En lo que respecta a los efectos en que se admite la apelación, el código de 1857, regulaba en su Art. 1549, dicha situación, diciendo que “Dos son los efectos que producen la apelación; el uno suspensivo y el otro devolutivo. Por el primero, se suspende la jurisdicción del Juez inferior, impidiéndose la ejecución de la sentencia. Por el segundo se da únicamente conocimiento de la causa al superior sin quedar embarazado el inferior para llevar adelante sus providencias”. Esta parte final fue reformada por el Código de 1863 y por la edición de 1878, en sus arts. 843 y 837 respectivamente: Así; “Para llevar adelante la ejecución provisoria de sus providencias”.

El Código de 1880, en su art. 959, agregó un segundo inciso que decía “Cuando la apelación admitida en solo el efecto devolutivo, le fuere de sentencia interlocutoria, el juez continuará a la causa hasta ponerla en estado de pronunciarse la sentencia definitiva, en cuyo caso esperará la decisión del superior sobre la interlocutoria apelada”. Al primer inciso, del Art. 1026, con la edición de 1904, le fue suprimida una frase que decía “Por el primero, se suspende la jurisdicción del juez inferior impidiéndose la ejecución de la sentencia”, continuando con esta redacción en las ediciones de los años 1916 y 1926, enumerado en el art. 983.

En lo que a prueba en segunda instancia se refiere, el Código de 1857, en su art. 1593, la conceptuaba en los siguientes casos: 1) Cuando alegaban nuevas excepciones; 2) Cuando se amplían peticiones en lo accesorio, 3) Cuando se promueven los incidentes de falsedad y verificación de los instrumentos presentados en segunda instancia.

El código de 1863, en su Art. 882, decía que la prueba en segunda instancia solo podía recibirse en los siguientes casos: 1) En los mencionados en el Código de 1857; 2) Para probar hechos que propuestos en primera instancia no fueron admitidos, 3) Examen de testigos designados nominalmente en primera instancia y no haber sido examinados y 4) Para la práctica de examen de peritos.

Esta es la misma redacción contenida en la edición de 1878, en su art. 875, código de 1880, en su art. 995 y en la edición de 1893, en su art. 991.

Todo lo que contiene las páginas anteriores referentes a los antecedentes legales del recurso de apelación, hacen énfasis específicamente a la regulación de éste en las diferentes leyes, Códigos, decretos y reformas y por ello y en razón del orden cronológico, que a continuación expondremos el desarrollo del Código de Procedimientos Civiles.

En el año de 1843, da inicio el proceso de codificación de nuestra Ley Procesal Civil, por medio de decreto de las Cámaras Legislativas encomendando al Presbítero y Doctor Isidro Menéndez, para que redactara un Código de Procedimientos Judiciales y por decreto de dicha cámara de ocho de Marzo de 1846, se ordenó la divulgación del proyecto a efecto de que se le hiciera observaciones y por decreto del 26 de Febrero de 1857, las mencionadas cámaras facultaron al Gobierno para hacer rever el proyecto de una comisión de abogados, uno de los cuales debía ser el autor y para decretarlo como ley y fue hasta que por Decreto Legislativo del 20 de Noviembre de 1877, que fue declarado como ley de la República, constituyendo nuestro primer Código de Procedimientos Civiles y judiciales y por notoria desarmonía entre éste y el Código Civil y Penal, se nombró una comisión para elaborar un proyecto de reformas, por decreto de Cámaras, de 10 de Febrero de 1862 y lo que inició como un proyecto de reformas, terminó verdaderamente como un nuevo Código, denominado Código de Procedimientos Civiles y Código de Instrucción Criminal y el Poder Ejecutivo los declaró como leyes de la República por decreto del 12 de Enero de 1863. de ese Código de Procedimientos Civiles, se hizo una segunda edición en 1878.

Nuestro Código de Procedimientos Civiles fue facultado por Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 18 de Junio de 1879.

El Poder Ejecutivo, por decreto del 28 de Agosto de 1879, nombró una Comisión para que redactara proyectos de reformas a los Códigos y por decreto del 12 de Marzo de 1880, la constituyente lo facultó para promulgar los nuevos Códigos y lo mismo realizó la Asamblea Legislativa por Decreto del 28 de Febrero de 1881, concluido el trabajo de la comisión de reformas, por decreto Ejecutivo del 31 de Diciembre, publicado en el Diario Oficial del 1° de Enero de 1882, se tuvo por ley de la República un nuevo Código de Procedimientos Civiles, teniéndose también por legalmente promulgado con solo la publicación en el Diario Oficial. De este Código se han hecho las ediciones siguientes: 1881, 1893, 1904, 1910, 1916, 1926, 1947 y 1967 y tal como se dijo en un principio tanto el Código como el recurso de apelación van aparejados por su intima relación y visto ello, los antecedentes legales de la apelación lo constituyen: La Constitución Española de 1812, las Leyes de Partida, la novísima recopilación y el mismo Código de Procedimientos Judiciales, Código de Procedimientos Civiles y Judiciales y los anteriores Códigos de Procedimientos Civiles en las diferentes ediciones que se ha hecho.

1.3 REGULACION LEGAL ACTUAL DEL RECURSO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Dentro de los recursos ordinarios que se tramitan y resuelven por un Tribunal distinto al que dictó la resolución recurrida, se encuentra el de APELACIÓN, el cual en nuestro Código de Procedimientos Civiles, se encuentra en la parte segunda, libro tercero de los procedimientos civiles en segunda instancia, de los recursos extraordinarios y de la cartulación, título I de los recursos ordinarios, Capítulo I, de la APELACIÓN.

Nuestro Legislador, ha mantenido en todos los códigos y ediciones la misma definición que actualmente tiene la APELACIÓN en el Art. 980 “Apelación o alzada es un recurso ordinario que la ley concede a todo litigante, cuando cree haber recibido agravio por la sentencia del Juez inferior, para reclamar de ella ante el Tribunal Superior.

Siendo por lo tanto tres razones por las cuales el legislador introdujo el recurso de APELACIÓN: 1- Enmendar un daño, 2- Corregir ya sea la ignorancia, mala interpretación de la norma o malicia de parte del Juez que dictó la resolución y 3- Obtener justicia en segunda instancia.

El término para apelar actualmente es de tres días contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva, en caso de rebeldía según el Art. 534 Pr. nos dice: “que la sentencia pronunciada en primera o segunda instancia causa ejecutoria contra el rebelde sino se interpone apelación, dentro de los tres días siguientes al de la notificación hecha a la parte de presente.

De tal manera, pues, que de la regla general de que los tres días se cuentan del siguiente al de la respectiva notificación, sufre una excepción cuando se trata de un rebelde, pues entonces los tres días se cuentan desde el siguiente al de la notificación hecha al actor o sea la otra parte presente.

Con respecto a “Quien puede apelar”, no solo lo puede hacer la parte o el litigante, sino también puede hacerlo cualquier interesado en la causa. Art. 982 Pr.

En cuanto a los efectos que conlleva el recurso de apelación ya interpuesto son: Uno SUSPENSIVO y el otro DEVOLUTIVO, el primero suspende la jurisdicción del Juez inferior y toda resolución que se dicte será atentatoria, y por devolutivo se da únicamente conocimiento de la causa al superior sin que quede embarazado el inferior para llevar adelante la ejecución provisoria de sus providencias. Art. 983 Pr.

No todas las resoluciones son apelables y las que lo son, se admiten en ambos efectos Art. 984 Pr. C. y las restantes solo en el devolutivo Art. 985 Pr. C.

En cuanto a la interposición del recurso de apelación en nuestra legislación, se interpone por escrito ante el mismo Tribunal que pronunció la resolución apelable y nunca de palabra ni en la notificación. Art. 988 Pr. C.

La regla general anterior sufre una excepción en los JUICIOS VERBALES, en cuyo caso según el Art. 486 Pr. C. “La sentencia se notificará a las partes dentro de veinticuatro horas a lo mas, quienes pueden interponer el recurso de apelación, en el acto de la notificación o dentro del tercer día, excepto en el Art. 487 Pr. C.

Presentado el escrito de apelación, la jurisdicción del Juez queda circunscrita para solo el efecto de declarar si admite la apelación en uno o en ambos efectos y cualquier otra providencia que dicte se reputará atentatoria y el Juez está obligado sin mas demora a concederla o negarla debiendo expresar en el acto si la admite en uno o en ambos efectos, el siguiente aspecto procedimental lo constituye el emplazamiento, en caso sea admitido el recurso, para que concurran a hacer uso de sus derechos en segunda instancia.

De una manera breve se puede decir que el procedimiento en segunda instancia consiste en que introducido el proceso a la cámara, si ésta estimare procedente el recurso, lo manda a poner a disposición de la Secretaría, presentado el apelante, tiene que expresar agravio, puede así mismo el apelado al contestar la expresión de agravios, adherirse a la apelación, cuando la sentencia del juez inferior contenga dos o mas partes y alguna de ellas le sea gravosa, posterior a esto, se da la recepción a prueba, siendo el término la mitad de lo que fue en primera instancia, pudiendo en segunda instancia las partes ampliar sus peticiones en accesorios, en aquello que no es de la esencia de lo litigado, como sobre réditos o frutos, alegar nuevas excepciones y probarlas y reforzar con documentos los hechos alegados en la primera; mas nunca se les permitirá presentar testigos sobre los mismos puntos ventilados de ésta, u otros directamente contrarios, alegar el actor nuevos hechos; salvo el caso del Art. 461, ni hacer cosa alguna que pueda alterar la naturaleza de la causa principal.

Vencido el término probatorio se correrá traslados por el término de seis días a cada una de las partes. La sentencia definitiva en materia de apelación se circunscribirá precisamente en las partes apeladas a aquellos que debieron haber sido decididos y no lo fueron en primera instancia.

Y puede presentar cuatro variantes:

1- Revocarse la sentencia de primera instancia: 2- Modificarse; 3- Confirmarse o 4- Declararse nula la sentencia antes mencionada.

Además al igual que en primera instancia en segunda instancia se puede dar los siguientes casos:

La DESERCIÓN, en los casos siguientes: Cuando vence el término del emplazamiento y comparece no el apelante; sino se introdujera el proceso a la cámara vencido el término del emplazamiento, con informe del Juez inferior de haberlo remitido, mandará exigirlo con apremio de la parte de que lo tenga, y si fuere el apelante, declarará la deserción a solicitud del apelado; si el apelante no expresa agravios.

La REBELDÍA, aunque no igual que en primera instancia, ya en este caso el Art. 1045 Pr. C. nos dice: Que si el proceso fuere introducido al tribunal superior y solo compareciere ante el, el apelante, podrá este o cualquiera de los otros interesados (otro apelado), pedir en cualquier estado de la causa desde que se ha vencido el término del emplazamiento, se declare rebelde el apelado.

1.4 IMPORTANCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.

Todo litigante que crea haber recibido agravios por la sentencia del Juez inferior, puede reclamar de ella ante el Tribunal superior mediante el recurso ordinario de apelación o alzada. El uso de este derecho; porque recurrir es un derecho, corresponde también a cualquier interesado en la causa.

Siendo por tanto el de apelación un medio de impugnación, es decir, un instrumento para combatir resoluciones judiciales. En este orden pueden concebirse como conjunto de actuaciones que conducen a un fin, resarcir un daño causado por una sentencia, siendo una manifestación concreta del derecho de accionar.

Por el hecho de ser un recurso ordinario, lo contrario de extraordinario, significa, que no necesita para promoverse, fundarse en causas legales determinadas, según acontece con otros recursos, como el de casación y revocación, pues puede apoyarse en todos los errores judiciales posibles, sin hablar de motivos o causas previamente establecidas. En nuestro derecho actual cuando se habla de apelación no es preciso, ni siquiera presentar ante el órgano superior (Cámara) un escrito de agravios, concretos, producidos por el Tribunal inferior como justificativos del recurso.

Caso contrario con la apelación en materia Laboral y Penal, ya que en materia penal la apelación se hace de palabra o por escrito en el acto de la notificación y también dentro del término de tres días, contados al siguiente de la notificación arts. 520, 521, Pr. Pn., es diferente además en su forma de interponerla como queda dicho, tampoco hay traslado como en la apelación en materia civil; al igual que en materia laboral que varía su interposición en el sentido que es por escrito el mismo día de la notificación o los tres siguientes de la misma, en la expresión o contestación de agravio es que se ofrece probar con documentos de lo contrario no hay aperturas a pruebas, quedando de oficio para sentencia. En las apelaciones antes mencionadas tienen un sistema eminentemente oficioso, el Juez tiene muchas mas facultades de dirigir el proceso sin esperar a que la parte o partes pidan para ejercitar lo que a derecho corresponda.

Siendo por tanto la importancia de la apelación en materia civil, en el sentido que constituye una segunda instancia, un segundo examen o vista de la cuestión, que tiene por finalidad corregir errores, tanto de hecho como de derecho; en que el Tribunal inferior pueda haber incurrido, ya que el objeto mismo de la apelación es el agravio y su necesidad de reparación por el acto del superior. El acto provocatorio del apelante no supone, tampoco que la sentencia sea verdaderamente injusta.

Siendo de suerte que la concesión del recurso no queda al arbitrio del juez que dictó la sentencia, pues si así fuera todo el andamiaje de la apelación quedaría subordinado a la voluntad del Juez apelado, quien por amor propio negaría la apelación.

La resolución objeto del recurso, debe ser gravosa, el gravamen o perjuicio se objetiviza en función de la diferencia que resulta desfavorable a la parte entre lo que haya pedido y lo que se le haya reconocido. El ejercicio de este derecho de impugnación, también puede motivar su rechazo en caso de inexistencia del gravamen.

Presupone lo anterior una organización jerarquizada de la justicia, que provea al menos un doble grado de jurisdicción.
CAPÍTULO II

“RECURSO DE APELACIÓN”

2.1 MARCO LEGAL PROCEDIMIENTAL.

2.1.1 INTERPOSICION DE LA APELACIÓN.

Ante quien se interpone la apelación. La regla es que la apelación se interpone ante el Juez que pronunció la sentencia de la cual recurre y se le llama Tribunal AQUO, y Tribunal AD QUEM, al cual se recurre.

El Art. 988 Pr. nos dice que “la apelación deberá interponerse por escrito ante el mismo Juez que pronunció la sentencia, y nunca de palabra ni en la notificación”. Esa es pues la regla, la cual tiene su excepción. Esta comprendida en los juicios verbales. El Art. 486 Pr. dice “La sentencia se notificará a las partes dentro de 24 horas a lo mas, quienes pueden interponer el recurso de revisión o apelación en el acto de la notificación o dentro de tercero día, excepto en los casos de Art. Siguiente...”. En los juicios verbales se permite interponer el recurso verbalmente en el acto de notificación.

Pueden apelar las partes que han intervenido en el juicio, sus apoderados y representantes legales y cualquier interesado en la causa, entendiéndose que lo es todo aquel a quien la sentencia lo perjudica o aprovecha, aunque no haya intervenido en el juicio. Art. 980 y 982 Pr.

Nuestro Código de Procedimientos Civiles en su Art. 981 dice que: “El término para apelar de toda sentencia será el de tres días contados desde el siguiente al de la notificación respectiva, conforme el Art. 212 Pr.”

Solo hay un caso en que el término para apelar no se cuenta desde el día siguiente al de la notificación respectiva hecha a cada una de las partes, sino dentro de los tres días siguientes al de la notificación hecha a la parte presente; o sea en caso en que el demandado haya sido declarado rebelde de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 534 Pr. que dice: “La sentencia pronunciada en rebeldía en primera o segunda instancia, causa ejecutoria contra el rebelde si no interpone apelación, en su caso, dentro de los tres días siguientes de la notificación a la parte presente.

En las disposiciones generales de nuestro Código el Art. 1288, dice: “Todos los plazos que se fijan por este Código para la ejecución de cualesquiera actos por los jueces o partes, se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Art. 46 del Código Civil, pero si el plazo se vence en el día de fiesta legal, el acto podrá ejecutarse en el siguiente día útil.

En cuanto a las resoluciones apelables nuestra legislación los contempla en el Código de Procedimientos Civiles en sus Artículos 984, 985 Pr.

Así tenemos que presentado el escrito de apelación, la competencia del Juez (no jurisdicción como dice el Art. 990 Pr.) queda circunscrita para solo declarar si es o no admisible en ambos efectos y cualquier otra providencia que dicte se reputará atentatoria; pero esto no obsta, agrega el mismo artículo, para que se termine cualquier diligencia comenzada ya en el acto de presentarse el escrito de apelación. De acuerdo al Art. 995 Pr. el auto de admisión del recurso de apelación, de las partes para que acudan a usar de sus derechos ante la Cámara de Segunda Instancia, dentro de tres días, si el Juez residiese en el mismo lugar que aquella dentro del término que se le señale, si el Juez y la Cámara residieren en distintos lugares. La base para regular dicho término será el de un día por cada seis leguas de distancias de ida y tres días mas.

Se concluye que el término comienza a correr siempre desde el día siguiente al de la notificación respectiva, ya sea que la apelación se admita en uno o en ambos efectos, o cuando se extienda certificación íntegra del proceso a la parte que lo solicite.

La expresión que emplea la ley de que el auto de admisión del recurso de apelación, en cualquiera causa contendrá siempre la calidad de emplazamiento a las partes... quiere decir que no es necesario que el Juez diga en la resolución que admite la apelación que emplace a las partes para que acudan ante el Tribunal Superior a usar su derecho... sino que basta que el juez exprese que se admite la apelación en uno o en ambos efectos, para que, cuando se les notifique a las partes esa resolución, queden de pleno derecho emplazadas.

Cuando hablamos de la remisión del proceso, se remitirá de la manera que se dispone en el Art. 1298, y el Art. 1001 Pr., o sea que el proceso deberá ir cerrado y sellado, con nota expresiva del foliaje poniendo en el lema esta razón “de partes”, y acusándose en el acto el recibo correspondiente.

En cuanto a la persona encargada de llevar el proceso del Juzgado a la Cámara, será remitido por el Juez con persona de su confianza. A costa del apelante Art. 1000 Pr.

2.1.2 TRÁMITE DE LA APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Introducido el proceso a la Cámara dice el Art. 1002 Pr. si ésta estimare procedente el recurso, mandará dentro de 24 horas, que pase a la oficina para que las partes usen su derecho, de acuerdo con lo anterior, lo primero que tienen que hacer el Tribunal de apelación, es calificar de oficio si la apelación es o no procedente; si lo es, el Tribunal ordena que pase el proceso a la oficina (la Secretaría) para que las partes usen su derecho.

Las partes deben de presentarse en segunda instancia ya sea por si o por medio de su representante legal o procurador, según el caso. En cuanto al apelante, prescribe el Art. 1003 Pr. que este o su procurador se presentará manifestándose por parte y pidiendo se le entreguen los autos por el término ordinario; es decir el de seis días para expresar agravios, y contestar agravios, la ley concede el término de seis días a cada parte, contados desde el siguiente al de la última notificación, conforme lo expresa el Art. 1007 Pr.

En el escrito en que se personan las partes, deben también expresar el lugar que señalan para oír notificaciones, como lo ordena el Inciso 1° del Art. 1276 Pr.

Si al presentarse la parte no pidiere se le entreguen los autos para expresar agravios, la Cámara al ordenar en la misma audiencia se tenga por parte al presentado, ordenará también se le entregue el proceso aunque no lo haya pedido; y la secretaría lo entregará en efecto dentro de 24 horas, Art. 1004 Pr. Tanto el apelante como el apelado pueden pedir como artículo previo, antes de expresar o contestar agravios, que la apelación admitida no debió serlo ya sea en ambos efectos (suspensivo) o un efecto, (devolutivo) según el caso, conforme lo autorizan los Arts. 1014 al 1017 Pr.- En este caso de la solicitud de la parte se dará traslado por tres días a la parte contraria y con lo que conteste o en su rebeldía, acusada que sea, la Cámara decidirá dentro de tercero día sobre el incidente provocado, accediendo o no la pretensión de la parte, según fuere de justicia; en el primer caso ordenará se libre despacho al Juez inferior para que suspenda la ejecución de la sentencia y remita lo actuado; y en el segundo, el despacho que libre, con las inserciones pertinentes, lo será para que el Juez lleve a efecto la sentencia apelada y continúe la causa conforme lo ordena el Art. 983 Pr. si fuere una interlocutoria la apelada o ejecute provisionalmente la sentencia, si fuere de aquellas que causan ejecutoria, no obstante apelación.

Los arts. 1015 y 1016 solamente dicen: “Que si el apelante creyese que la apelación debió haberse otorgado no solo en el efecto devolutivo sino también en el suspensivo, puede solicitar ante el Tribunal superior, por artículo previo, que se suspenda la ejecución de la sentencia apelada; pero no expresa en que momento debe provocar el Art. Previo, que se suspenda la ejecución de la sentencia apelada, no obstante lo anterior se ha entendido que lo es antes de expresar agravios. El mismo derecho tiene el apelado, cuando creyere que la apelación debió haber sido admitida únicamente en el efecto devolutivo y no en el suspensivo.

El escrito de expresión de agravio es de suma importancia, porque en él señala el apelante cuales son sus pretensiones o puntos apelados, al igual que al actor lo hace en su escrito de demanda. El escrito de apelación determina los puntos apelados, fija los límites de lo que debe resolver la cámara, o como dice el Art. 1026 Pr. “Las sentencias definitivas del Tribunal se circunscribirán precisamente a los puntos apelados”.

De acuerdo a nuestra legislación, el apelante al expresar agravios, le señala a la Cámara los puntos sobre los cuales apela y por ende sobre lo cual debe sentenciar la Cámara.

El apelante puede renunciar al traslado para expresar agravios al apersonarse como tal, también podrá expresar los agravios en escrito posterior y renunciar al traslado que la ley le concede para expresarlos; dichas renuncias la ley las permite con base a lo dispuesto en el Art. 2 Pr. por ser procedimientos establecidos a favor de la parte y no estar prohibida su renuncia Art. 12 C.

Después de que el apelante expresa agravios, se correrá traslado para que los conteste bajo el nema “responde”, tal como lo ordena el Art. 1006 Pr. Es permitido al apelado, dice el Art. 1010 Pr. adherirse a la apelación, cuando la sentencia del Juez inferior contenga dos o mas partes y algunas de ellas le sea gravosa, puede hacer uso de este derecho al contesta la expresión de agravios.

Cuando el apelado se adhiere a la apelación al contestar agravios, en el escrito correspondiente deberá manifestarlo y pondrá como nema “responde y alega”, en el mismo escrito el apelado pedirá la revocatoria de la parte o partes que le fueron gravosas y la confirmación de aquella de que reclamó el apelante. De ese escrito se dará traslado al apelante en la siguiente audiencia y su contestación tendrá por nema “responde”, así lo regulan los arts. 1011 y 1012 Pr.

Por último, siendo el caso de adherirse a la apelación semejante en todo el de reconvención, deberán observarse las reglas establecidas para esta primera instancia, así en el modo de proceder como en el incidir Art. 1013 Pr. en relación con el 232 Pr.

Lo anterior no quiere decir que la segunda instancia sea un nuevo juicio, sino un derecho especial que la ley concede a la parte apelada de adherirse a la apelación porque le perjudica uno o más de las partes que contienen la sentencia.

Con respecto a la recepción a pruebas; la prueba en segunda instancia tiene carácter excepcional, no es renovadora sino revisora, se comprende en principio, la capacidad de prueba debe de quedar muy reducida, ya que no se puede revisar una operación si varían los datos en que se fundó.
En nuestra Legislación Procesal, al igual que en la Legislación Española, se establecen las causas justificativas de la prueba, en segunda instancia. Nuestra Legislación enumera en el Art. 1019 Pr. los únicos casos en que podrá recibirse la causa a prueba en segunda instancia.

Todo término de prueba en segunda instancia será la mitad del que la ley concede para la primera instancia, señala el Art. 1023 Pr. El Art. 1022 ordena que recibida la causa a prueba en segunda instancia, tendrá lugar las probanzas, en la misma forma que en primera instancia, lo mismo que las tachas de los testigos. Caso de ser admitidas estas, solo podrán ser tachadas los testigos aducidos en segunda instancia, pero se permitirán los de primera instancia, háyanse o no tachadas en ésta.

Vencido el término probatorio, dice el Art. 1025, Pr. dará traslado por seis días a cada una de las partes para que aleguen de bien probado, y se procederá como dispone en el Art. 1008, es decir, la causa queda para sentencia.

De acuerdo con el Art. 497 Pr., en los juicios verbales cuando se conoce en grado de apelación, procederá la recepción a pruebas, que solicite alguna de las partes, al apersonarse en segunda instancia, cuando ésta fuere admisible, conforme a lo dispuesto en el Art. 1019 Pr.

2.1.3 SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

Los poderes del Tribunal ad quem los determina la regla de derecho que dice: “Tantum devolutum quantum apellatum”. En general las sentencias que se dicten para resolver un recurso deberán ser congruentes con las pretensiones del recurrente.

“Las sentencias definitivas de los Tribunales superiores serán por “vistos” y se observarán en ellas las reglas 1°, 3° y 4° del Art. 427 Pr. harán relación del fallo del Juez o Tribunal inferior y la fecha en que se pronunció; en sus “considerandos” sólo harán mérito de los hechos y cuestiones jurídicas que se controvierten sin relacionar la prueba cuando las partes no objetaren la relación hecha en la sentencia de primera o segunda instancia o cuando se estime exacta, expresándose así; relacionarán brevemente y a fondo las pruebas presentadas y conducentes en la instancia; darán las razones y fundamentos legales que estimen procedentes, citando las leyes y doctrinas que consideran aplicables; contendrán la afirmación, reforma, revocación o nulidad y lo demás dispositivo que corresponda en derecho, y la firma entera de los jueces y la del secretario del Tribunal que autoriza.

El Art. 1089, confirma la parte final de lo anterior al decir: “En las causas en que se conoce en apelación puede, según sea de derecho, confirmarse la sentencia, revocarse o declararse nula, mandando reponer la causa”. En los arts. 1090 al 1095 se indica cuando debe una sentencia apelada confirmarse, reformarse, revocarse o anularse, quien pagará las costas y cuando una sentencia aprovecha o no las demás partes que no hubieren apelado.

La sentencia dice COUTURE, es acto y documento; no es sentencia sin la suscripción del documento respectivo, y agrega: la concurrencia de los dos elementos, plenitud de la voluntad del Juez e integridad del documento, es indispensable para que exista la sentencia. En lo relativo al texto de la sentencia, nuestra ley señala clara y minuciosamente la forma de la sentencia, imponiendo a los jueces un orden y un formulismo.

Los arts. 1060 y 1061 Pr. prescriben que tanto la Cámara de Segunda Instancia como al Corte Plena concluirán sus sentencias con esta formula: “Devuélvase el proceso al Juzgado de su origen, con certificación de esta sentencia y líbrese la ejecutoria de ley”.

En cuanto a la ejecutoria si se pidiere que la parte consintió tácitamente de la sentencia, no recurriendo de ella en casación, la Cámara deberá ordenar previamente se oiga dentro de tercero día a la parte contraria, y en lo que exponga esta o en su rebeldía, acusada que sea, acordará que, no habiendo interpuesto casación, dentro del término de ley, se declarará pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia pronunciada y se manda librarla ejecutoria de ley. Las sentencias pronunciadas por la Cámara y autorizadas por sus secretarios se guardarán originales en los archivos de sus respectivas secretarías con lo actuado en ellas, poniéndose en los procesos certificaciones firmadas por el Secretario, de acuerdo con lo que prescribe el Art. 431 Pr.

2.2 ANALISIS DE LA PRACTICA DEL RECURSO.

En cuanto al aspecto de la practica del recurso, comparado con el aspecto legal procedimental del mismo, se puede decir que en el término para apelar no difiere de lo que nuestra ley procesa civil establece, pero donde si se observa la diferencia, entre lo procedimental, legalmente hablando y la práctica del mismo, es en el trámite de la apelación en segunda instancia, en la cual, introducido el recurso a la Cámara si se estimare procedente el recurso, no se manda dentro de las 24 horas que la ley establece a la oficina para que las partes usen su derecho, según el Art. 1002 Pr., sino que es más horas de las establecidas, siéndolo por medio de acta y no de una resolución como debería ser.

Con respecto a la presentación de las partes en segunda instancia se hace, ya sea por si o por medio de su representante legal o procurador y lo hará pidiendo que se le entreguen los autos; estableciendo la ley que es por el periodo ordinario de seis días, lo cual tampoco se cumple esto en la práctica, teniendo el expediente cada parte, tanto apelando como apelado, mas de seis días o como máximo quince, y así sucesivamente, todos los términos establecidos por nuestra ley, no se cumplen en segunda instancia, pero en donde mas se incumple el procedimiento de la apelación es en el momento de dictar la sentencia correspondiente, ya sea modificando, reformando, confirmando o declarando nula la sentencia de primera instancia.

El recurso de apelación en nuestro ámbito profesional, se constituye como un remedio jurídico contra las resoluciones que provee el Juez, dando como consecuencia efectos jurídicos que dañan los intereses de las parte, ya que dicha resolución puede ser injusta, ya sea porque el Juez aplica indebidamente la ley o porque deja de aplicarla y ello deriva en perjuicio de la correcta aplicación de las formalidades del proceso y es por lo anteriormente expuesto, que, el recurso de apelación, es el medio que sirve para corregir los errores cometidos por el Juez inferior y para llevar esa situación, a un Juez de mayor jerarquía, fundamentados en aspectos de tiempo y de costo, tal como la ley lo establece y que tiene importancia en cuanto a la aplicación de la apelación y ello en relación al impulso procesal, a la deformación del trámite en segunda instancia y por último, en relación a la economía procesal.

2.2.1 EN RELACIÓN AL IMPULSO PROCESAL.

Desde el punto de vista de su estructura, el proceso es un conjunto de actos jurídicos de las partes por lo que en el fondo, el impulso procesal no es otra cosa que una manifestación particular del ejercicio de la acción como Derecho Subjetivo Público, bajo este punto de vista, el PROCESO es un organismo con vida propia, que avanza al tiempo que se constituye por virtud de los actos de procedimientos que ejercen las partes.

Se conocen en la legislación dos sistemas procesales o modos de impulsar el procedimiento: el Sistema DISPOSITIVO: El cual significa que corresponde a las partes la iniciativa en general y que el Juez debe atenerse a la actividad de éstas, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso ni a establecer la verdad para saber cual de ellas tiene la razón en la afirmación de los hechos.

El sistema INQUISITIVO: No sólo el Juez tiene la iniciativa si no que a él le corresponde la conducción del proceso, es decir la investigación de los hechos, la deformación del material de conocimientos, o sea la aportación de las pruebas, así como las medidas tendientes a hacer efectivo el avance del procedimiento, esta en manos del Juez, ya que la ley misma le impone al Juez y a las partes el cumplimiento de determinados actos procesales estableciendo sus condiciones y consecuencias de su iniciación y desarrollo del proceso e aquí el principio legal ya que la operatividad de cada uno de los sistema funciona en base a la ley.

En realidad ninguno de estos dos sistemas o procedimientos se aplican con carácter exclusivo, es decir que cuando se dice, que un procedimiento es dispositivo, con ello no quiere decir que es éste principio el único que debe de gobernar el proceso ya que en todos los sistemas legislativos se han otorgado al Juez ciertos poderes y al mismo tiempo ciertas iniciativas exclusivamente a las partes, de manera que el Juez no puede tomarlas en su lugar (según haya sido el influjo del sistema inquisitivo o dispositivo).

Nuestra legislación en materia de procedimientos civiles nos rige el principio o sistema DISPOSITIVO: el cual tiene dos aspectos, que corresponde a las partes iniciar el proceso y así también solicitar las pruebas, sin que el Juez pueda ordenarlas de oficio. Es decir que el sistema dispositivo colocó sobre las partes la carga de producir las pruebas, y solo en casos especiales se le permite al Juez tener la iniciativa para decretarlas y practicarlas de oficio ya que este no tiene carácter exclusivo. El cual conserva ciertos caracteres. El proceso no puede ser iniciado mientras no se haya formulado por la parte interesada la respectiva demanda o petición con la salvedad de que deben otorgarse al Ministerio público, facultades para demandar a nombre y para la defensa de los incapaces que carezcan de representantes o necesiten protección; se prohíbe al Juez resolver sobre cuestiones no planteadas; se permite a las partes ponerle fin al proceso por desistimiento y transacción; las partes pueden por lo general renunciar a los derechos procesales y tal renuncia se entiende existir, en muchos casos por el solo hecho de no usar de ellos en su debida oportunidad.

El principio inquisitivo tiene también aplicación en Nuestro Código de Procedimientos Civiles ya que el Juez debe de declarar de oficio su incompetencia, los impedimentos que tiene para conocer del litigio y las nulidades que afectan el proceso.

El sistema Dispositivo: en relación a la impugnación de las resoluciones judiciales: Significa que corresponde a las partes la iniciativa encaminada a impugnar una resolución judicial e aquí la potestatividad del recurso de apelación ya que las partes tienen dentro de la esfera de su voluntad la facultad de poder ejercer o no el recurso, según su interés, puede este o no recurrir. Nadie le exige al interesado que recurra, pero si se exige que sea ejercido el derecho dentro del término que la ley señala.

El juez no puede de una forma oficiosa impugnar sus resoluciones y dirigirla con iniciativa personal, éste debe de atenerse exclusivamente a la actividad de las partes, está limitado a decidir únicamente sobre lo que piden y no conceder mas de lo que debe de darse, ni menos o no dar lo que se debe o resolver sobre lo que no debe de resolver.

Es decir que el error de procedimiento y el error de juicio solo se corrige mediante requerimientos o protesta de la parte perjudicada si la parte no impugna el acto de vicio subsanado ya que el consentimiento en materia procesal civil purifica todas las irregularidades, cabe decir que el recurso de apelación es un medio de subsanación que funciona por iniciativa de la parte que se considera perjudicada, agraviada por la sentencia del Juez inferior, y lo hace ante el mismo juez para que resuelva otro superior en jerarquía.

En la actualidad el recurso de apelación, tanto su interposición, como su tramitación, el contestar agravios y alegar agravios, recepción a pruebas, traslados y la sentencia es a instancia de partes, de manera que su continuación depende de la actividad del apelante y del apelado.

2.2.2 EN RELACIÓN A LA DEFORMACIÓN DEL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

Sobre este punto, hemos realizado una confrontación entre le Marco Legal Procedimental del recurso en estudio y del análisis de la practica del mismo encontrando que el trámite de la segunda instancia sufre deformaciones, debido a la actividad llevada a cabo por la Cámara en la practica y por otra parte, la de los litigantes es decir apelado, apelante y en su caso el interesado en la causa y ello redunda en perjuicio del trámite, ya que éste se deforma en cuanto a términos, traslados, etc., y que dentro del presente desarrollaremos.

En su primer momento, el trámite de la segunda instancia, lo constituye la facultad de la Cámara para calificar de oficio el recurso, su procedencia o improcedencia y que conforme al Art. 1002 Pr. si procede, dentro de 24 horas mandará que pase a la secretaria, para que las partes usen sus derechos y ello debe ser por medio de una resolución, pero en la practica no sucede así, deformándose el trámite en esta etapa, por parte de la Cámara, ya que lo que se realiza es levantar un acta, donde se hace constar el lugar, día, hora, año, la identificación del juicio, folios de que se compone, generales del apelante, apelado, resolución apelada, etc.

Segundo paso: lo constituye la presentación de las partes, ya sea por si o por medio de su representante legal o procurador y que conforme al Art. 1003 Pr. debe pedir que se le entreguen los autos, lo que en la practica en ningún momento se da ya que el expediente no se les entrega a las partes, deformándose el trámite en este aspecto y ello se debe a la desconfianza del Tribunal por la malicia de los litigantes en su proceder para lograr sus intereses.

Tercer paso: se fundamenta en los arts. 1014 al 1017 Pr. siendo el Art. Previo, que en la practica no sufre deformaciones ya que rara vez se da dicho caso.

Cuarto paso: se refiere al traslado que se le confiere al apelante para que exprese agravios, que se debe realizar por medio de una resolución, pero que en la practica la Cámara lo deforma levantando un acta con datos que ya hemos relacionado y que como se ha expresado no se le entregan los autos para que se lo lleven del Tribunal, ya que es a la vista del Secretario que se les presta.

Quinto paso: lo constituye, el traslado al apelado para que conteste agravios y adhesión a la apelación, sobre este punto se puede aclarar que no existe deformación en su trámite.

La recepción a pruebas constituye un sexto paso, en el caso que procediera, ya que en la practica son raros los casos y por ello no sufren deformaciones.

En síntesis se puede afirmar, que el trámite de la segunda instancia, hasta antes de la sentencia, en lo referente a los términos a veces que se cumplen tal y cual como lo prescribe la ley pero hay otros en los cuales no es así.

Pero la mas grave deformación del trámite de la segunda instancia lo constituye el término para pronunciar la sentencia definitiva dada por las Cámaras, ya que aproximadamente según nuestra investigación se tardan en juicio de inquilinato cinco meses, en juicios civiles de cuatro a seis meses u ocho como máximo, contrariando las disposiciones legales del término para dictar sentencia según corresponda.

Las razones por las cuales se da esa deformación, es debido al cúmulo de trabajo, el estudio exiguo del proceso y en especial el razonamiento de los de los considerandos jurídicos utilizados para dictar la sentencia que ha derecho corresponda.

2.2.3 EN RELACIÓN AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.

El proceso, el cual es un medio de llegar a la obtención de ciertos derechos, hacer cumplir obligaciones, no puede exigir un dispendio superior al valor de los bienes que están en debate, que son el fin, debiendo por tanto existir una equiparación entre el fin y los medios.

Tomando como base el principio que en economía procesal “MENOR TRABAJO Y JUSTICIA BARATA Y RÁPIDA”, es la consecuencia del concepto de que debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo de empleo de actividad procesal.

En cuanto al factor tiempo: El proceso tiene que realizarse en el menor tiempo posible con la mejor unidad y celeridad, con ello se puede procurar que el proceso se desenvuelva sin solución de continuidad y evitando que las cuestiones accidentales e incidentes entorpezcan el estudio de lo fundamental, lo cual solo se obtiene restringiendo el derecho de interponer recursos e incidentes de previa definición.

Con respecto al factor dinero: también persigue este principio “Justicia Barata”, para lo cual responde la jerarquía judicial, en procurar imponerle a las partes gastos menores y proporcionarlas al valor e importancia del litigio.

Al relacionar este aspecto con la administración de justicia, en el cual se toma también el principio de “Pronta y cumplida justicia”, existiendo para ello un órgano especializado y si se toma como base que los recursos son controladores de la función jurisdiccional, medios de impugnar resoluciones judiciales y que actualmente nuestro recurso ordinario en estudios presenta una ineficacia en cuanto a su aspecto legal procedimental y su realidad practica, denota para la parte que lo interpone económicamente oneroso y además en tiempo, un desgaste, perdiendo la parte interesada la motivación de poder resarcir el daño ocasionado acudiendo a la administración de justicia la cual debe ser pronta y con el mínimo de gastos posibles, perdiendo además la naturaleza para lo cual fue creado el recurso.

Presentado tal y cual esta el recurso de apelación actualmente: Un medio por el cual tiene que ser modernizado, siendo de urgente necesidad, cuestión de la cual trataremos en el siguiente capítulo.
CAPÍTULO III

3.1 MODERNIZACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.

Tal como se ha venido planteando en los capítulos que preceden, al hablar de apelación, no solo se ha tratado en un aspecto teórico, sino también en un aspecto practico, legal, procedimental e histórico y de cómo se encuentra regulado en nuestra normativa y visto que en la practica no opera o no funciona acorde a las cambiantes necesarias de la sociedad, ya que como se ha expuesto, el recurso en mención es una mera revisión a la cual es sometida la sentencia que pronuncia el Juez inferior y de la cual se recurre por diferentes causas.

Ello refleja evidentemente una inconformidad o protesta de aquellos a quienes daña o perjudica la sentencia, tan es así que el litigante o interesado se alza ante la justicia del Juez superior para corregir o enmendar dicha sentencia; siendo evidente que dicho instituto procesal debe también ser adecuado a nuestro tiempo y para ello es necesario modernizarlo, cambiarle aspectos procedimentales que coadyuven a que su trámite se verifique rápidamente; reiterado en beneficio del principio de pronta y cumplida justicia, logrando por medio de ello que el procedimiento sea mas adecuado en cuanto a tiempo, dinero y gastos en general.

Es común en nuestro Código de Procedimientos Civiles hablar de “los efectos que produce la apelación”; El uno suspensivo y el otro devolutivo. Art. 983 Pr. como también de “ambos efectos”, cuando se refiere al solo efecto suspensivo. Art. 984 Pr. y decir de “cuando se admite la apelación simplemente”, haciendo referencia a “ambos efectos” Art. 992 Pr. sobre estos términos utilizados por el legislador cuando trata al recurso de apelación se puede hacer la siguiente consideración atendiendo a la importancia de dicho Instituto Procesal: Los términos que hemos citado son confusos, significa que causan confusión a pesar de tener una explicación histórica ya que no armonizan a nuestro momento actual y dicho criterio lo comparten algunos autores, así pues, el efecto suspensivo, devolutivo, ambos efectos o simplemente, tienden a confundir puesto que si tiene efecto suspensivo no puede tener efecto devolutivo y si tiene efecto devolutivo, no puede tener efecto suspensivo.

No se puede conceder un recurso a la vez efecto suspensivo y con efecto no suspensivo. La terminología utilizada por el legislador crea una confusión tanto para los estudiantes como para los conocedores del derecho haciéndolo incompresible y difícil de entender ya que también existe el problema de manejar el término devolutivo, por el significado de esta palabra que es devolver y que no tiene armonía con su verdadero contenido, se quiere decir pues, que no debe hablarse de ambos efectos, ni de efecto devolutivo.

Lo único que nuestra Legislación Procesal Civil nos permite observar es que ciertos recursos suspenden la competencia del Juez mientras se tramita la apelación y otros no la suspenden pudiéndose ejecutar provisoriamente la sentencia apelada o continuar con el trámite.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la terminología utilizada por el legislador es inadecuada por falta de claridad, como el atribuirle “ambos efectos” cuando tiene efecto suspensivo y solo efecto devolutivo cuando no tiene efecto suspensivo.

La deformación que señalaremos del lenguaje procesal utilizado tiene que ser solventada a efecto de conseguir una concordante harmonización entre el concepto y definición o se puede hablar de modalidades y no de efectos y ello en razón de los modos en que debe admitirse el recurso y no de los efectos que produciría que son: la suspensión de la ejecución de la sentencia y el conocimiento dado al Tribunal superior por la interposición del recurso.

Se tiene entonces que dejar el lenguaje actual que contempla nuestro Código de Procedimientos Civiles y adoptar un lenguaje mas sencillo y técnico, lo cual vendría a facilitar tanto la interposición del recurso, su manejo y conclusión del mismo. Así entonces se sustituye los conceptos utilizados, por los que a continuación desarrollaremos en el presente capítulo, siendo los siguientes:

APELACIÓN SUSPENSIVA
APELACIÓN NO SUSPENSIVA
APELACIÓN DIFERIDA O CON MODALIDAD DIFERIDA.

3.2 APELACIÓN SUSPENSIVA.

En la actualidad es la manera mas corriente de concesión del recurso de apelación, significa que al admitirse la apelación en todas aquellas resoluciones que admitan apelación con esta modalidad inmediatamente se suspende el trámite procesal hasta que se resuelve el recurso interpuesto. Es decir se suspende las consecuencias que estas traen hasta que el Tribunal superior en grado que está conociendo de la apelación revuelva el recurso. Como con el efecto suspensivo se inhibe totalmente al Juez de seguir conociendo el negocio. Porque se ha suspendido su competencia, si el Juez continua conociendo, comete atentado tal como lo expresa el Art. 1099 Pr.

3.3 APELACIÓN NO SUSPENSIVA O SIN MODALIDAD SUSPENSIVA.

Cuando se admite el recurso con esta modalidad, puede ejecutarse provisionalmente la sentencia, o continuar con el trámite del proceso si se trata de sentencia interlocutoria, hasta poner el Juez el proceso en estado de pronunciar sentencia definitiva, en cuyo estado esperará la decisión del superior sobre la interlocutoria apelada: Caso que la Cámara revoque, confirme, anule o modifique la sentencia apelada esto incidirá en la sentencia misma y es posible que las cosas tengan que volver al estado en que se encontraban antes de la Sentencia.

En este caso ambos Tribunales ejercen el poder jurisdiccional y tienen competencia en el proceso donde se interpone el recurso, pero la competencia del Juez es mas amplia que la correspondiente a la Cámara y ante ella se sustancian y decide la controversia y se ejecuta lo decidido.

En conclusión esta es la forma de recurso de apelación menos común, ya que lo normal es que cuando una sentencia ha sido apelada se suspende el conocimiento al Juez inferior y ni puede cumplir o que al conocer el Tribunal Superior del recurso se suspende su competencia sobre lo decidido.

PROCEDIMIENTO.

El procedimiento que a continuación exponemos tendrá aplicación tanto la modalidad suspensiva como la no suspensiva.

Se podrá interponer el recurso en forma verbal o escrita en las resoluciones que la ley señale para ello, quedando circunscrito el conocimiento judicial para solo el efecto de declarar si es o no admisible en la modalidad suspensiva o no suspensiva, caso de proceder ya sea en un modo u otro su derecho en segunda instancia.

3.4 APELACIÓN DIFERIDA O CON MODALIDAD DIFERIDA.

En todo recurso de apelación existe doble instancia, porque corrientemente la primera va desde la iniciación del proceso hasta la primera sentencia y la segunda instancia va desde la interpretación del recurso de apelación instancia hasta la sentencia que de ella se pronuncia. En estas dos instancias se debaten problemas de hechos como de derecho.

La apelación con modalidad diferida consiste en lo siguiente:

Cuando en el transcurso del proceso se apele de una resolución, de la cual la ley expresamente admita apelación con esta modalidad, el Juez no admite ni tramita inmediatamente el recurso, únicamente lo tiene por interpuesto y difiere su admisión hasta que se ha dictado sentencia definitiva. En este estado es posible que el apelante ya no tenga interés en el recurso que en su oportunidad interpuso (porque ganó el juicio, porque desiste de él, etc.) en cuyo caso el recurso interpuesto no se continúa, pero si el recurrente aún conserva el interés en la tramitación del mismo, el Juez procede a calificar su admisibilidad, y si procede, entonces lo admite juntamente con la sentencia definitiva y lo remite al Tribunal superior para su conocimiento y decisión. De aquí en adelante el recurso no tendrá ninguna diferencia con el suspensivo o el devolutivo.

De lo dicho en el párrafo que precede se comprende que lo que se difiere es la admisibilidad del recurso y con esto lo que se busca es evitar que el proceso esté continuamente paralizado por las continuas apelaciones de resoluciones que se dictan INTER-LOCUS, en otras palabras se busca celeridad procesal dando como resultado menos tiempo y menos costo.

PROCEDIMIENTO.

En cuanto al procedimiento de la Modalidad Diferida del recurso de apelación, en nuestro país no se ha dicho nada al respecto y es con la entrada en vigencia de la Ley Procesal de Familia que se ha establecido o introducido dicha figura procesal y que contiene ciertas innovaciones en cuanto a los casos en que procede, procedimiento, forma, plazo, etc.

En base a lo dicho anteriormente sobre la modalidad diferida se puede decir que será o podrá ser verbal o escrita, teniendo el juez en ambos casos por interpuesto el recurso, dentro del término que la Ley señale para ello.

Deberá ser interpuesto por todo aquel que tengo interés, siempre y cuando lo compruebe. Todas las apelaciones interpuestas durante el trámite procesal se acumularán para su admisión, conocimiento y decisión a la apelación de la sentencia definitiva, por cuanto la forma en que se resuelvan podría tener incidencia en la sentencia misma.

En caso de no apelarse de la sentencia definitiva se tiene por desistidas las apelaciones diferidas interpuestas, ya que si le es favorable, para cualquiera de las partes de la resolución de lo principal de la litis y teniendo la apelación diferida con ello y en caso de ejecutarse las apelaciones interpuestas tendría incidencia en la sentencia que perjudica.

3.5 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MODALIDADES DE RECURSO DE APELACIÓN.

3.5.1 CRITERIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELALCION SIN MODALIDAD SUSPENSIVA.

Al habar de esta modalidad se debe comprender que la sentencia ya sea definitiva, interlocutoria con fuerza de definitiva o de las resoluciones que ponen fin al proceso haciendo imposible su continuación, o cualquier otra que la ley señale se lleva a cumplimiento provisional, en lo que el Juez superior se pronuncia en forma definitiva sobre la resolución apelada.

Se tiene que tomar en cuenta el tipo de resolución que admitirá este modo de apelación, la importancia y su incidencia tanto para la parte que lo interponga como para quien salga victorioso con dicha resolución, ya que hay resoluciones de las cuales se tiene que llevar a cabo lo ejecutado por el Juez inferior aunque este conocido el Juez superior ya que de lo contrario causaría mas agravio no llevarla a cumplimiento provisoriamente que suspenderla definitivamente: caso del nombramiento del guardador, los alimentos a un menor, etc.

3.5.2 CRITERIO DE PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN CON MODALIDAD SUSPENSIVA.

El recurso de apelación, tendrá modalidad suspensiva cuando se trata de sentencias definitivas, interlocutoria con fuerza definitiva, de las solicitudes que se tramitan sumariamente, de las resoluciones que pongan término a cualquier clase de juicio haciendo imposible su continuación. Los efectos que producen esta clase de resoluciones son de índole definitiva, significa, terminar con la litis principal.

La apelación con modalidad suspensiva también procederá en los casos de excepciones de precio y especial pronunciamiento: como la incompetencia del Juez, la falta de capacidad procesal del actor o la falta de personalidad de su representante, la litis pendiente y la conexidad de las causas, ya que en caso de seguir adelante y existiendo cualquiera de las excepciones antes citadas producen la nulidad de todo lo actuado.

Lo dicho anteriormente tiene su fundamento en el fin del proceso, que es dirimir un conflicto de intereses por medio de una serie de actos para llegar a una conclusión final que puede ser objeto de impugnación por cualquiera de los que en él intervienen y que perjudica y por esta razón que se ha dicho, que se debe quitar el conocimiento al Tribunal inferior para trasladarlo al Tribunal superior, y debe proceder como se ha expuesto anteriormente para aquellos casos en los cuales se resuelva definitivamente la litis.

3.5.3 CRITERIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN CON MODALIDAD DIFERIDA.

El recurso de apelación con modalidad diferida solamente puede aplicarse en aquellas resoluciones cuya postergación de su admisión no pueda producir un grave perjuicio al derecho o defensa de la parte que apeló o en aquellos en la que sea necesario dilucidar inmediatamente el punto apelado por tratarse de cuestiones procedimentales previas o de resolución inmediata, como por ejemplo:

Prueba documental
Inspección pericial

La que deniegue la práctica de una prueba solicitada oportunamente. La que deniegue la promoción de un incidente y la que lo resuelve.
CAPÍTULO IV

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”

4.1 CONCLUSIONES.

En base a la investigación que se ha realizado en el presente trabajo el grupo ha llegado a las siguientes conclusiones:

1- Que en el capítulo uno se estudió las generalidades sobre el recurso de apelación y de dicho estudio concluimos que de los formalismos que adolece este instituto procesal son la causa u origen de la mala utilización, inadecuada aplicación y tramitación en la practica así también por el sistema escrito eminente que tenemos que caracterizan tanto al derecho civil dando como consecuencia un proceso engorroso y por ende oneroso y con perdida del tiempo procesal.

2- De toda la investigación en general se comprobó que existe una evidente desarmonía y falta de concordancia entre la teoría, la practica y la ley que lo regula, siendo la razón el introducir en nuestro medio procedimientos que no están acordes a nuestra realidad misma, por tanto necesita ser adecuada a la realidad de nuestro país por medio de reformas tendientes a su modernización, en conclusión dicho recurso para que se convierta en instrumento eficaz de la administración de justicia debe ser actualizada a nuestra realidad jurídica y social.

3- Que el recurso de APELACIÓN como actualmente se establece y dadas las necesidades actuales de nuestra sociedad y sobre todo en el ámbito que nos interesa como el judicial, la apelación representa una lentitud, tanto en el procedimiento como en las resoluciones en segunda instancia, existiendo para la parte que lo interpone una pérdida de tiempo procesal, dando como resultado discordancia o desarmonía entre la teoría que lo sustenta, la ley que lo regula y la práctica, teniendo incidencia con el debido proceso y la doble instancia ya que si la ley que lo regula es eficaz, se encuentra por otra parte la practica mal utilizada que se hace de él.

4- El recurso de APELACIÓN actual representa un proceso excesivamente engorroso con actos procedimentales innecesarios siendo para la parte que lo interpone económicamente oneroso y si hablamos de tiempo un desgaste en el cual se pierde el interés y el fin para el cual fue incorporado a nuestro Código de Procedimientos Civiles: Resarcir un daño causado por una resolución dada por el Juez inferior, desnaturalizándose el mismo, trayendo como consecuencia que ni coadyuva a una pronta y cumplida justicia, siendo esa la necesidad de modernizarlo.

4.2 RECOMENDACIONES

Desde el inicio del presente trabajo de investigación hemos sostenido que el recurso de APELACIÓN es muy importante en nuestro ámbito socio jurídico, político y económico, por cuanto constituye un instrumento que regula la actividad jurisdiccional que ejerce el Estado y las particulares, ya que en materia de sentencia las emite el Juez. Como declaración unilateral del estado mismo y siendo entendido que el Juez como ser humano que es, puede equivocarse y debe existir contra esa equivocación el recurso, el medio para poder resarcir ese daño que se le puede haber causado o no.

A continuación expondremos una serie de recomendaciones que pueden ayudar a la modernización del recurso de APELACIÓN y con ello lograr adecuarlo a las necesidades más inminentes y reales, orientando hacia el principio que toda sociedad busca en su quehacer jurídico: “PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA”:

1- Reformas tendientes a la sustitución de un vocabulario confuso por uno o más sencillo y técnico, ya que tal como se encuentra en nuestro Código de Procedimientos Civiles da lugar a una confusión que se observa por una inadecuada utilización que se hace del vocablo, así como: efecto suspensivo, devolutivo, ambos efectos, apelación admitida simplemente, pudiendo ser aplicados las siguientes instituciones que además de modernizar lo que ya no puede retrasarse, sería mas fácil su manejo y comprensión tanto para los estudiosos del derecho como para los estudiantes mismos hablar de:

A) Modalidades del recurso de apelación, en razón de los modos en que debe admitirse y no efectos como actualmente se mal utiliza.
B) Modalidad suspensiva.
C) Modalidad no suspensiva.
D) Modalidad diferida.

2- Otra reforma va orientada a evitar la dilatación del proceso por medio de la adopción de una institución de recurso, como la apelación diferida en la cual se logra que un mismo expediente no llegue a la segunda instancia en forma repetida, ya que se difiere su conocimiento y trámite hasta que se pronuncie la sentencia.

3- Introducir un sistema oral o principio de oralidad, por lo cual se han inclinado la mayoría de procesalistas iberoamericanos, el cual no se trata de perder el principio de la escritura así como tampoco sus virtudes, es así que fuera de la prueba documental cuyo valor es fundamental en el proceso. Otras etapas pueden ser orales, así tenemos que son escritos: la etapa de reposición y de los recursos, tan es así que la demanda es escrita, la contestación, reconvención en su caso, la interposición y fundamentación de los recursos, la contestación y expresión de agravios. El proceso oral es de hablar y oír, constituye los modos naturales y concurrentes del desenvolvimiento, vale decir, la oralidad, no como punto de partida, sino como consecuencia de la necesaria agilización de los procesos, la inmediación y concentración y para ello la oralidad es el medio mas eficaz.

Además el proceso oral, como se plantea en el Código Procesal Civil, Modelo tipo para Iberoamérica, es el único que permite el verdadero acceso a la justicia, que hoy se reclama tan insistentemente para el cumplimiento del debido proceso; sobre todo para aquellos cuya condición económica y cultural no están en condiciones de afrontar los costos, burocracia y la duración excesiva de un proceso eminentemente escrito.

Por otro lado cabe hablar que aparejado al sistema oral, van las facultades del Juez, lo que si altera el principio dispositivo, el cual continua rigiendo, ya que el proceso solo se inicia a pedimento de parte, mantiene siempre la disposición de actos procesal y del proceso mismo, que se mantiene el principio de congruencia, según el Tribunal no puede fallar mas allá de lo pedido por las partes, ni fuera de lo pedido, y con los límites de lo planteado, dentro de nuestro proceso es cierto que tenemos además que las pruebas son a iniciativa del actor y del demandado lo cual dentro de un nuevo proceso se proyecta las facultades del Tribunal.

4- Así tomando en consideración la oralidad y la amplitud de facultades al Juez y relacionándolo con el de nuestro estudio “LA MODERNIZACION DEL RECURSO DE APELACIÓN”, es evidente la necesidad de terminar con la terminología confusa, procurar la agilización de los procesos remitidos a la Cámara y tomar muy en cuenta un proceso oral y darse mas facultades al Juez.
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