CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BIBLIOTECA JUDICIAL "DR. RICARDO GALLARDO"


BIBLIOGRAFÍA DE TESIS

CLASIFICACION T
346
M357c
AÑO 1986
INVENTARIO 9120 PAGINA(S) 241 h.
EJEMPLAR CM 27 cm.
AUTPPAL Marquez de Del Cid, Ana Imelda CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas,
AUTOR(ES) Ana Imelda Marquez de Del Cid TITULO Comentarios jurídicos de las sentencias civiles pronunciadas por la honorable cámara de lo civil de la primera sección del centro, en el período comprendido del 10 de marzo de 1984 al 17 de octubre de 1984
PAIS San Salvador, El Salv. UNIVERSIDAD Universidad "Dr. José Matías Delgado".
FECHA 11/01/2002
DESCRIPTORES
1. SENTENCIAS CIVILES I. Título
MATERIA SENTENCIAS CIVILES
TÍTULO Comentarios jurídicos de las sentencias...
TOPOGRÁFICA Marquez de Del Cid, Ana Imelda
CONTENIDO Sentencia de terminación de contrato, Indemnización por despido injusto, Ejecución mercantil, Divorcio, Especial de tránsito.


Texto
UNIVERSIDAD DR. JOSE MATIAS DELGADO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
“DR. ISIDRO MENÉNDEZ”


“COMENTARIOS JURÍDICOS DE LAS SENTENCIAS CIVILES PRONUNCIADAS POR
LA HONORABLE CAMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO,
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MARZO DE 1984 AL 17 DE OCTUBRE DE 1984”.


TESIS PRESENTADA POR
ANA IMELDA MARQUEZ DE DEL CID


COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TITULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS

1986

SAN SALVADOR, ELSALVADOR CENTRO AMERICA

____________________________

CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD
“DOCTOR JOSE MATIAS DELGADO”
DR. GUILLERMO TRIGUEROS h.RECTOR
DR. JOSE DAVID ESCOBAR GALINDOVICERRECTOR ACADEMICO
DR. FRANCISCO JOSE BARRIENTOSSECRETARIO GENERAL
LIC. CARLOS QUINTANILLA SCHMIDTDECANO EN FUNCIONES DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
DR. JOSE DAVID ESCOBAR GALINDODECANO EN FUNCIONES DE CULTURA GENERAL Y BELLAS ARTES
DR. FRANCISCO JOSE BARRIENTOSDECANO FACULTAD DE ECONOMIA
DR. SALVADOR MELARA GONZALEZDIRECTOR ESCUELA DE CONTADURÍA PUBLICA Y SECRETARIADO EJECUTIVO
ARQ. CLAUDIA A. DE MATADIRECTOR ESCUELA DE ARTES APLICADAS
DR. ARTURO ZELEDÓN CASTRILLODIRECTOR ESCUELA DE ADMINITRACION PUBLICA
LIC. JOSE HERNANDE Y HERNÁNDEZDIRECTOR ESCUELA DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y MERCADOCTENIA
LIC. JOSE HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZDIRECTOR ESCUELA DE CAPACITACION BANCARIA Y DE SEGUROS
DON SANTIAGO DIAZ ALVAREZDIRECTOR ESCUELA DE INVESTIGACIÓN AGRICOLA

__________________________
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y
CIENCIAS SOCIALES “PVRO. Y DR. ISIDRO MENÉNDEZ”

Rector : Dr. Guillermo Trigueros H.
Vece Rector : Dr. David Escobar Galindo
Decano en Funciones : Lic. Carlos Quintanilla Schmidt

ASESOR DE LA PRESENTE TESIS: Dr. José Gerardo Liévano Chorro
TRIBUNAL CALIFICADOR DE TESIS:

Presidente : Dr. RICARDO ALFREDO MAIDA
Priemr Vocal : DRA. HAYDEE DE GOMEZ
Segundo Vocal : DR. MAURICIO ALFREDO CLARA
_________________________

EN FORMA ESPECIAL DEDICO ESTA TESIS:

A DIOS : Por que con su bondad y ayuda divina ha permitido la culminación de este trabajo.

A MIS PADRES : Don JOSE ENCARNACIÓN MARQUEZ
DOÑA NILDA VELIZ DE MARQUEZ, esfuerzo que dedico con mucho amor y gratitud, por haberme forjado humanamente a través de sus constantes ejemplos de integridad moral y devoción fraternal, quienes me brindaron amor y comprensión y me respaldaron en todo momento que los necesité, para poder lograr mi sueño de coronar mi carrera universitaria; y y recuerden siempre esto: este triunfo es más de ustedes que mío.

A MI ESPOS : SR. TTE. RAFAEL SANTIAGO DEL CID, quien con su apoyo incondicional y sus palabras de aliento me ayudo para seguir adelante con mi objetivo.

A MI HIJO : RAFAEL SANTIAGO DEL CID MARQUEZ, por se lo más bello que me ha dado la vida y por quien ya tiene razón de ser no sólo cualquier sacrificio sino también mi existencia.

A MIS HERMANOS : NILDA DINORAH MARQUEZ VELIZ Y FRANKLIN E. MARQUEZ VELIZ, por el apoyo moral y espiritual que me han brindado y que con su cariño estuvieron en todo momento a mi lado.


Mi infinita gratitud por haber colaborado asesorando la presente Tesis Profesional, con su dedicación y trabajo al:
DR. JOSE GERARDO LIEVANO CHORRO.
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ARTICULOS APLICADOS
NATURALEZA DEL JUICIO
SENTENCIA N°
19 Pr. 23 A.JCivil Ordinario de Terminación de Contrato
1
19 Pr 24 A.J.Civil ordinario de Impugnación a la calidad de heredero
2
ningunoSumario de Aceptación de herencia
3
45 Ley de Pr. Especial s/ accid. De tránsito 1089 y 1090 Pr.Civil Especial de Tránsito
4
156 inc. 1° Pr., 159 Pr. 1061, 1089 y 1091 Pr.Sumario por pago de daños y perjuicios
5
293 Pr., 1089 y 1092 Pr., 14, 45 y 60 Ley de Prce. Espec. S/ acc. De tránsitoCivil Especial de Tránsito
6
986 C.Sumario de Aceptación herencia
7
1089 y 1092 Pr., 3 Ley de Inquilinato 1773 C., 1739 C.Ordinario de Terminación de contrato de Arrendamiento y Desocupación
8
1089 y 1090 Pr. Diligencias de Arbitraje
9
417 y 418 C. de Tr., 237 C. 414 C. de T., 414 inc. 4° c. Tr.Individual Ordinario de Trabajo por indemnización por despido injusto, vacaiones y aguinaldos proporcionales
10
417 y 418 C. Tr., 414 inc. 4° c. Tr. 191 Pr.Individual ordinario de trabajo por indemnización por despido injusto, salarios adeudados, vacaiones completas de dos años y otras prestaciones laborales
11
1061 y 1089 Pr., 303 C., 330 C., 339 C. 328 C., 319 Pr.Sumario de estado civil Subsidiario
12
417, 418, 419 c. Tr. 421 y 427Individual Ordinario de Trabajo por indemnización por despido injusto y otras prestaciones laborales
13
1061 y 1089 Pr., 144 C., 145 C., 148 C., 293 Pr., 323 Pr., 315 Pr., 7 y 10 Ley de cédula de Identidad PersonalCivil Ordinario de divorcio
14
417, 418 y 419 c. tr. 421 y 427 Pr.Individual Ordinario de trabajo por indemnización por despido injusto y otras prestaciones laborles
15
1061 y 1089 Pr., 52 Pr. M, 594 Pr. 74 Pr. M 1407 inc. 1° C. de Com.Ejecutivo Mercantil
16
1061 y 1089 Pr. 2120 inc. 1º. C. 139 inc. 1° C. 57 Pr, M.Ejecutivo Mercantil
17
1061 y 1089 Pr. 593 inc. 1° Pr. 587 Pr., 588, 589, 590 y 591 Pr.Civil ejecutivo mercantil
18
1061 y 1089 Pr.Ordinario de Rectificación de partida de nacimiento
19
1089 y 1090 Pr. 4 Ley de papel sellado y timbres, 127 Ley de Creación del bco. hipotecario 1357 C. de Com.Sumario Mercantil
20
1061 y 1089 Pr. 1287 Pr. 98 Pr. 112, 113 Pr.Ordinario de Divorcio
21
1061 y 1089 Pr. 595 Pr., 1299 Pr. 2 (1°) Pr., 3° Convenio Centroamericano de Incentivos fiscales al Desarrollo IndustrialCivil Ejecutivo Mercantil
22
1061 y 1089 Pr.Ejecutivo Mercantil
23
1365 C 984 inc. 3º. Pr.Diligencias de Fijación de plazo
24
986 (2º) Pr. 12 C.Civil Ejecutivo Mercantil
25
417, 418, 419 C. Tr. 421 y 427 Pr. 50 Ord. C. de Tr.Individual Ordinario de Trabajo por indemnización por despido injusto
26
1089 y 1090 Pr. 48 Ley de Pr. esp. S/ acc. De TránsitoCivil Especial de Tránsito
27
1089 Pr. 646 Pr.Civil Ejecutivo Mercantil
28
1061 y 1089 Pr. 891 C. 897 C,Ordinario de Reivindicación
29
1089 Pr. 144 C., 128 Pr. 129 inc. 2º Pr. 145 Ordinal 10º. C.Ordinario de Divorcio
30
1061 y 1089 Pr. 426 Pr.Sumario Ejecutivo Mercantil
31
1089 y 1092 Pr. 204 y 205 Pr. 58 Pr. s/ acc. De tránsito 237 Pr. 270 Pr.Civil especial de tránsito
32
1089 Pr.Civil Ejecutivo Mercantil
33
1061 y 1091 Pr. Ejecutivo Mercantil
34
1089 y 1090, 144 C, 439 Pr.Civil Ordinario de Divorcio
35
1089 y 1090 Pr. 46 Tr., 235 Pr. 439 Pr.Civil Especial de Tránsito
36
1089 y 1091, 439 Pr.Ordinario de Reivindicación
37
427, 432 y 439 Pr. 1101, 1105 Pr. 446, 445 y 442 Pr. Ordinario de Nulidad de Título Municipal y cancelación Municipal y cancelación de asiento de inscripción
38
1089 y 1091 Pr. 1196 y 1895 C.Diligencias de partición judicial
39
1089 y 1090 Pr. 25 de Tr. 439 Pr. 221 inc. 2º. Pr. 1115 Pr. 208 y 210 Pr.Civil Especial de Tránsito
40
593 inc. 1º. C. Pr. 594 Pr. 421 81º) Pr.Mercantil Ejecutivo
41
1089 y 1092Sumario Mercantil
42
19 PrOrdinario de Nulidad
43
1089 y 1092Ejecutivo Mercantil
44
1061 y 1089 Pr. 128, 130, 118, 202, 270 520 Pr.Ordinario de Divorcio
45
1089 y 1090Sumario de liquidación de Sociedad de hecho y de partición de empresa mercantil
46
1061 y 1090 Pr, 1703 inc. 1º. C., 1765 C. 3 Ley de InquilinatoSumario de Terminación de Contrato, Desocupación y Reclamo de Cánones
47
1061 y 1089 Pr., 124, 130 Pr.Civil Ordinario de Reconocimiento de hijo natural
48
980 Pr., 983, 426 y 436, 984 inc. 2º. Pr.Civil Ordinario de Divorcio
49
1061 y 1089 Pr. 279 C., 45 inc., 3º. C., 1117 Pr., 327 Pr., 283 ord. (5) C. 74 C.Ordinario DE reconocimiento de hijo natural
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis, es un requisito para optar al título de Licenciada en Ciencias Jurídicas, y este trabajo está compuesto por dos partes: 1º.) En una recopilación de Sentencias en materia civil, llamada “trabajo Social”; 2º.) El estudio o comentario jurídico de cada una de las sentencias que forman el trabajo social, siendo cincuenta setecientas, pronunciadas por la Honorable Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del centro, en el período comprendido del diez de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, al diecisiete de octubre del mismo año.

Esta segunda parte se trata de un comentario jurídico del análisis del as sentencias mencionadas anteriormente y del fallo respectivo que pronunció el Tribunal de Apelaciones. En algunos casos, los comentarios han sido apegados al fallo de dicho Tribunal, cuando dicho fallo fue pronunciado conforme a las leyes y llenando además los requisitos que nuestra legislación exige, y en otros, no estoy de acuerdo y hago una crítica, ya bien sea a la sentencia pronunciada por le Juez inferior o bien a la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones, por considerar que dichas sentencias no fueron pronunciadas con fundamento legal suficientes o con una adecuada interpretación legal.

Para ofrecer un comentario ajustado a derecho he aplicado la Legislación Salvadoreña y para reforzar la argumentación sostenida con base en la Ley me fue necesario recurrir a la doctrina de los tratadistas del Derecho.

Como puede observarse, el presente trabajo de tesis se refiere al recurso de apelación o alzada, el cual se concede a las partes litigantes que hayan sufrido algún agravio por la sentencia del Juez inferior, teniendo el derecho de reclamar de esa sentencia y obtener por un juez o Tribunal superior.

En el recurso de Apelación, debe determinarse quienes tienen la facultad de apelar contra la sentencia que ha sido dictada por el Juez de Primera Instancia, y los efectos de la apelación, siendo el objetivo principal de ella, la operación de revisión a que queda sometida la sentencia recurrida.

Considero necesario mencionar, que las partes que intervienen en un litigio, tienen derecho a apelar cuando se ven perjudicadas por una resolución judicial, haciendo valer el recurso de apelación la parte que ha visto insatisfecha alguna de sus pretensiones.

Y de conformidad con lo establecido en nuestra legislación, el Art. 982 del Código de Procedimientos Civiles, determina quienes tienen derecho a la apelación, haciendo extensivo además de las partes procesales, a cualquier interesado en la causa, en los siguientes términos: “El uso de este derecho corresponde también a cualquier interesado en la causa, entendiéndose que lo es todo aquél a quien la sentencia perjudica o aprovecha, aunque no haya intervenido en el juicio, pero el recurso deberá interponerlo dentro de tres días, contados desde el día siguiente al de la notificación que se le haga de la sentencia”.
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SENTENCIA NUMERO UNO

I. DOCTRINA

Debe tomarse en cuenta también que la condena al pago de daños y perjuicios a consecuencia del mal ejercicio del derecho de acción sólo procede según nuestra legislación, cuando una de las partes no sólo no prueba su acción, sino que obra de malicia o cuando la demanda resulta inepta.

II. ARTICULOS APLICADOS
No hay disposiciones citadas.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio Civil Ordinario entablado por la señora Carmen Alicia Hernández de Valdez, conocida por Carmela de Valdez contra la señora Lilian Flores de Hurtado, a la que se le reclama el pago de cincuenta mil colones, interese legales desde el día que se indica como de la mora y costas procesales. En auto interlocutorio se fijó la cuantía de la fianza que se mandó rendir a la señora Hernández de Valdez, en la cantidad de cuatro mil colones para responder por las resultas del juicio.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA.

El Tribunal Superior expresó: “lo anterior se contrae al cálculo de las costas procesales, pero en cuanto a la determinación de los daños y perjuicios, no existen preceptos legales y por tal motivo corresponde a los Tribunales, fijar su monto judicialmente, tomando en consideración la clase de pretensiones que se hacen valer en la demanda, el interés que se litiga y otros elementos de juicio, más o menos de la misma entidad. Debe tomarse en cuenta también, que la condena al pago de daños y perjuicios a consecuencia del mal ejercicio del derecho de acción, sólo procede según nuestra legislación, cuando una de las partes no sólo no prueba su acción, sino que obra de malicia o cuando la demanda resulta inepta. En el caso presente caso, la naturaleza de la pretensión es de carácter económico, por lo que si hubieren daños y perjuicios resultantes, tendrán que ser estimados con base en el daño emergente y lucro cesante que se probare oportunamente en autos”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA

Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas del diez de marzo de 1984.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON

Doctor José Antonio Munguía
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por ninguna de las partes.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO UNO

La fianza es garantía que da una persona a otra para responder al cumplimiento de una obligación. La da un tercero (fiador) que toma sobre sí el cumplimiento de una obligación ajena, en caso de que no la cumpla el que la contrajo (deudor). La fianza puede ser convencional, legal y judicial.

Convencional: es la que se pacta por libre voluntad de las partes; Legal: La fijada por la Ley; y Judicial: la que se presta en virtud de resolución de un Juez.

Como se puede apreciar de la lectura del presente juicio y sentencia de la Cámara, objeto de mi comentario, básicamente la litis versa sobre la cuantía de la fianza mandada a rendir a la parte demandante para que responda por las resultas del juicio civil que ella entabló a la parte demandada, en reclamo de una cantidad de dinero adeudado más los intereses legales, se apeló de la cantidad de dinero adeudado más los interese legales, se apeló de la cantidad mandada a afianzar por considerarse insuficiente para garantizar a la parte demandada el pago de las costas, daños y perjuicios, alegando que no siquiera dicha cantidad cubría satisfactoriamente el eventual pago del os honorarios profesionales que la tramitación del juicio le causen.

Según el Art. 19, Primera Parte Pr. “El Juez acordará la fianza consoló el pedimento de la parte interesada. El auto que acuerde la fianza determinará la suma que ha de afianzarse, atendidas las circunstancias de las personas y el interés que se litiga”.

Hugo Alsina, en su obra “El Derecho Procesal”, dice que: La fianza debe cubrir los derechos del deudor en la extensión del producto del remate y es facultad privativa del Juzgado, calificar su eficiencia.

El arancel Judicial determina las tarifas para el cálculo de las costas; y en este caso, la cantidad reclamada es determinada, por lo que dicha cantidad es la base para el cálculo, cálculo que el Juez de Primera Instancia no lo efectuó con precisión ya que el hacerse los cálculos aproximados para garantizar al demandado el pago de daños y perjuicios resultaron mayores a los calculados por el Juez. Así que consideró necesaria la aplicación del Arancel Judicial para que la cuantía de la fianza sea acertada y justa de acuerdo a la cantidad y conforme al Art. 23 del Arancel Judicial.

Me parece bien fundamentado el fallo del Tribunal de Segunda instancia, ya que reformó la resolución impugnada. La Cámara estimó razonable adicionar la cantidad indicada, manifestando que la cantidad de dinero mandado a afianzar debe ser mayor al fijado por el juez de Primera Instancia, en vista de los cálculos conforme al Arancel Judicial, resultando mayores que los señalados en Primera Instancia.

SENTENCIA NUMERO DOS.

I. DOCTRINA

En cuanto a la determinación de los daños y perjuicios, no existen preceptos legales y por tal motivo corresponde a los Tribunales fijar su monto prudencialmente, tomando en consideración la clase de pretensiones que se hacen valer en la demanda, el interés que se litiga y otros elementos de juicio más o menos de la misma entidad. Debe tomarse en cuenta también que la condena al pago de daños y perjuicios, a consecuencia del mal ejercicio del derecho de acción, sólo procede según nuestra legislación, cuando una del as partes no sólo no prueba su acción (o excepción según el caso), sino que obra de malicia o cuando la demanda resulta inepta.

II. ARTICULOS APLICADOS
No se cita ninguna disposición.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio ordinario entablado por la señora Zoila consuelo Alvarenga García de Mejía contra la señorita Dolores Catarina Urbina, conocida por Dolores Catarina Zelaya y por Dolores María Urbina, en la que se le impugna de calidad de heredera a la señorita Urbina Zelaya, en la sucesión del señor Jesús Urbina, conocido por Jesús Urbina Zelaya. En auto interlocutorio que fija la cuantía de la fianza, que se mandó a rendir a la señora Alvarenga García de Mejía, en la cantidad de quinientos colones, para responder de las resultas del juicio el cual fue apelado.
La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó que: “conforme a la demanda, la parte actora impugna a la parte reo, su calidad de heredera en la sucesión del señor Jesús Urbina o Jesús Urbina Zelaya, lo cual implica que el valor de lo que se litiga, es de valor indeterminado y será esa circunstancia la base para el cálculo de las costas, conforme a las tarifas prescritas por el Arancel Judicial. Debe tomarse en cuenta también, que la condena al pago de daños y perjuicios, a consecuencia del mal ejercicio del derecho de acción, sólo procede según nuestra legislación, cuando una de las partes no sólo no prueba su acción, sino que obra de malicia o cuando la demanda resulta inepta. Finalmente de la presencia de algunas de las circunstancias anteriores, sólo habrá certeza cuando el juicio termine, aún cuando en algunos casos pueden haber indicios de ellas durante su secuela. En el presente caso, la naturaleza de la pretensión es de valor indeterminado, por lo que si hubieran daños y perjuicios resultantes, tendrán que ser estimados con base en la prueba que sobre el particular aportase el interesado oportunamente”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, alas ochos horas del día 13 de marzo de 1984.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por ninguna de las partes.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO DOS

Este caso de trata de un juicio ordinario, en que la parte demandante impugna la calidad de heredera de la parte demandada en la sucesión del causante, por lo que se le mandó a la actora, rendir fianza para responder por las resultas del juicio.

De acuerdo con el Art. 19 Pr., “El Juez acordará la fianza con sólo el pedimento de la parte interesada. El auto que acuerde la fianza determinará la suma que ha de afianzarse, atendidas las circunstancias de las personas y el interés que se litiga”. Me parece bien la resolución de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en primer lugar, porque sostiene la tesis de que cuando el valor de lo que se litiga es de valor indeterminado, será esa circunstancia la base para el cálculo de las costas conforme a las tarifas prescritas por el Arancel Judicial, y para estos casos, creo necesario la aplicación del Art. 24 del Arancel Judicial.

En el curso de Derecho Civil, en las Fuentes de las Obligaciones, en particular de Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, expresa que: La fianza judicial es la que se exige por el juez por ejemplo, en ciertos casos, para conceder una medida perjudicial en el juicio, se exige que el que la solicita rinda fianza para indemnizar de posibles perjuicios a la otra parte.

Sí me parece conforme a derecho la sentencia pronunciada por la Cámara que conoció en grado, por cuando al analizar el punto cuestionado, tomó en cuenta para la determinación de los daños y perjuicios, que no existen preceptos legales y por tal motivo corresponde a os tribunales fijar su monto prudencialmente, tomando en consideración la clase de pretensiones que se hacen valer en la demanda, el interés que se litiga y otros elementos de juicio más o menos de la misma entidad.

Estoy de acuerdo con el fallo que pronunció el Tribunal de Apelaciones, en el que se reformó la resolución impugnada, en cuanto a la cuantía de la fianza que debió rendir la demandante, para responder por las costas, daños y perjuicios a que pueda condenársele, fijando la cantidad mucho mayor a la que se había determinado por le juez de Primera Instancia, para la fianza.

SENTENCIA NUMERO TRES

I. DOCTRINA

El hecho de que el Juez a-quo haya resuelto por medio de un solo auto la revocatoria solicitada, de los autos que declaraban herederos definitivos, no tiene la implicación que le confiere uno de los interesados, lo resuelto para el primero y lo dispuesto para los otros, guardan su individualidad dentro de las diligencias, tanto es así que en el recurso de apelación solamente impugna lo relativo a uno de ellos.

II. ARTICULOS APLICADOS
No hay disposiciones aplicadas.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO
En las diligencias de aceptación de herencia, promovidas en el Juzgado Tercero de lo civil de este Distrito, en las que el Juez actuante por resolución declaró heredero definitivo con beneficio de inventario de la herencia intestada, que a su defunción dejó la señora victoria Díaz Hasbún conocida por Victoria Díaz, al señor José Antonio Membreño, por derecho de representación que le correspondía a la madre de éste.

La pare actora apeló para ante el Tribunal superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó: “Que en el presente caso el auto interlocutorio que pone término a las expresadas diligencias y como consecuencia es apelable en ambos efectos, es el que declara heredero al señor José Antonio Membreño, dictado por le Juez actuante, a folios veintinueve de la pieza principal, a las doce horas del veintitrés de Agosto de 1983, ya relacionado en el literal a) de esta resolución, que el apelante interpuso su recurso del proveído pronunciado, como se dijo antes, a las nueve horas y cuarenta minutos y dos minutos del día dos de Diciembre de 1983, que declara sin lugar la revocatoria solicitada del auto a que se hace referencia ene l ordinal anterior. Este proveído no le pone término a las diligencias y como consecuencia, no es apelable aún cuando el Doctor Ortiz argumenta lo contrario, exponiendo para ello las razones que se transcriben en el literal c) de esta resolución, porque el hecho de que el juez a quo no haya resuelto por medio de un solo auto la revocatoria solicitada de os autos que declaraban herederos definitivos al señor Membreño y señores Membreño Fajardo, no tiene la implicación que le confiere el expresado profesional lo resuelto para el primero, o sea el señor José Antonio Membreño y lo dispuesto para los otros señores, Membreño Fajardo guardan su individualidad dentro de las diligencias, tanto es así que en el recurso de apelación, solamente se impugna lo relativo al señor José Antonio Membreño”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las nueve horas del día diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor José Guillermo Domínguez.

ABOGADOS QUE INTERVINIERON

Apelante Doctor Jesús Adalberto Ortiz, apoderado de la parte actora.
No hubo procuración por la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TRES

El caso objeto de este comentario, se refiere a la resolución pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil, en las Diligencias de Aceptación de Herencia, de la cual la parte actora apeló por no estar de acuerdo en cuanto a que el Juez actuante declaró definitivo con beneficio de inventario por derecho de representación al hijo ilegítimo de la hermana uterina de la causante.

En este caso se trató de establecer si se concedía apelación de la resolución de la sentencia o no.

El auto interlocutorio en donde el juez de primera Instancia declaró heredero al sobrino de la causante, le puso término a las diligencias de aceptación de herencia y como consecuencia es apelable en ambos efectos, de conformidad con el Art. 984 inc. 3ª. Pr. que dice: “También se concede apelación en ambos efectos, de las resoluciones que pongan término a cualquier clase de juicios, haciendo imposible su continuación”.

Una de las partes interesadas en dichas diligencias pidió la revocatoria de la sentencia sin lugar la revocatoria solicitada por lo que el mismo interesado apeló interponiendo el recurso del auto en donde se declaró sin lugar la revocatoria.

La Cámara manifestó que el auto apelado no le ponía término a las diligencias y como consecuencia no era apelable.

De acuerdo a lo preceptuado en el Art. 984 inc. 3° dice que: la ley concede apelación cuando las resoluciones pongan término a cualquier clase de juicio, dándose lo contrario en este caso, es decir, que dicha resolución no le puso término a las diligencias de aceptación de herencia.

La Cámara resolvió ilegal la alzada y sin lugar la apelación interpuesta por improcedente.

De conformidad con el razonamiento hecho por la Cámara en este juicio, considero que no es procedente la apelación y estoy de acuerdo con el fallo pronunciado por el Tribunal Superior.

SENTENCIA NUMERO CUATRO

I. DOCTRINA

De la inspección que se practicó en el lugar de los hechos, no se establecen elementos de juicio para determinar cual de las dos versiones resultantes de la prueba testimonial y apreciables correctamente por el Juez es la que debe tomarse como base para dictar sentencia, por lo que forzosamente hay que recurrir a la diligencia que practicó el Juez, es decir, a la inspección y peritaje de os vehículos involucrados en la colisión y en virtud de su resultado, dictar la sentencia respectiva.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1090 Pr.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el proceso civil especial de tránsito, promovido en el Juzgado Segundo de Tránsito de este discrito, en sentencia definitiva pronunciada a las diez horas del día treinta de Septiembre de 1983, el señor Mario Serrano Reyes, demandó al señor Pedro Medina Jurado, a fin de que el señor Medina Jurado sea condenado a pagar la cantidad de quinientos diez colones, por daños y perjuicios ocasionados a un vehículo de su propiedad en accidente de tránsito terrestre, sentencia por la cual se absolvió al demandado señor Medina Jurado.

La parte actora apeló para ante el Tribunal superior.

IV. FUNDAMENTO DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó que: “de la inspección que se practicó en el lugar de os hechos, no se establecen elementos de juicio para determinar cual de las dos versiones resultantes de la prueba testimonial y apreciadas correctamente por el Juez, es la que debe tomarse como base para dictar sentencia, por o que forzosamente hay que recurrir a la diligencia que practicó el juez, es decir, a la inspección y peritaje de los vehículos involucrados en la colisión y en virtud de su resultado, dictar la sentencia respectiva.

Como la diligencia anterior y el razonamiento del juez para dictar sentencia los estima esta Cámara arreglados a derecho, es procedente confirmar la sentencia impugnada.”

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las once horas del día veinte de marzo de 1984.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante Doctor Víctor Manuel Ramos Pacheco Apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUATRO

De acuerdo a la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito, cuando los presuntos responsables no comparecieron, el juez asentará acta en la que hará constar que se intentó la conciliación y que no tuvo efecto por culpa de éstos, a quienes designará.

Como lo define Mazeaud en su Derecho Civil Parte II. Se entiende por ello el perjuicio que constituye un atentado contra los derechos pecuniarios de una persona. Para dar lugar a una reparación, el perjuicio debe ser cierto, no debe haber sido indemnizado ya, debe infligir un ataque a un interés legítimo jurídicamente protegido, debe ser directo, en principio, debe ser previsible cuando la responsabilidad sea contractual.

El presente caso trata de la reclamación de daños y perjuicios ocasionados a un vehículo en accidente de tránsito y siguiendo la parte actora los trámites necesarios para hacer efectivo los daños causados en su vehículo, inició los que señala la ley, como lo expresa el Art.. 45 de la Ley de Procedimientos especiales sobre Accidentes de Tránsito.

Las dos partes en contienda, presentaron prueba testimonial. Esta prueba consiste en la declaración de personas que han presentado los hechos de la causa y en este caso el juez segundo de tránsito no pudio determinar cual de las dos versiones ofrecidas por los testigos era la correcta y así poder dictar sentencia, porque no se establecieron elementos de juicio. Y como puede darse el caso que en la prueba testimonial, la declaración de un apersona está condicionada por diversos factores psíquicos personales que pueden contribuir a desfigurar la realidad, el modo cómo ha percibido el acontecimiento sobre el cual declara el modo como ha observado en su memoria el hecho, el grado de sinceridad, o sea, la forma en que la persona quiere expresarse y la forma como debe expresarse, por lo que en este caso hubo la necesidad que se hiciera la inspección y peritaje de los vehículos involucrados en la colisión y por este medio se comprobó la veracidad de la causa.

Estimo correcta la sentencia que pronunciaron los Tribunales de Primera y Segunda Instancia en el presente juicio, pues con buen criterio jurídico consideraron que las pruebas no eran lo suficientemente veraces como para dictar fallo, por lo tanto, estoy completamente de acuerdo al haberse utilizado las pruebas de inspección pericial para una mejor comprobación del hecho.

SENTENCIA NUMERO CINCO

I. DOCTRINA

En este juicio de liquidación de daños y perjuicios e intereses considera esta Cámara como aceptables todos los rubros contenidos en la cuenta jurada, con excepción de los honorarios convencionales, porque si bien es cierto que el profesional tiende derecho de cobrarlos a su mandante tal como han convenido, también es cierto que ese convenio no puede gravar a la parte demandada, debiendo de reducirse por consiguiente a lo que correspondía conforme al Arancel Judicial.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061, 1089 y 1091 Pr.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio sumario promovido ene l Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito, juicio seguido por el doctor Víctor Alvarez Cruz como apoderado del señor Rodolfo Glaser, contra “Lintorrey S.A., con el objeto de que se apruebe la cuenta jurada, presentada por el demandante a fin de que la sociedad pague al señor Glaser por daños y perjuicios, cantidad de dinero, intereses y costas, que le reclama en la cuenta jurada que presentó, lo mismo que las costas procesales del juicio aludido.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El tribunal superior manifestó que “en este juicio de liquidación de daños y perjuicios e intereses considera esta cámara como aceptables todos los rubros contenidos en la cuenta jurada, con excepción de los honorarios convencionales, porque si bien es cierto que el doctor Alvarez Cruz tiene derecho a cobrarlos a su mandante tal como han convenido, también es cierto que ese convenio no puede gravar a la parte demandada, debiendo de reducirse por consiguiente a lo que le correspondía conforme al Arancel Judicial, que sería la cantidad de dos mil ciento sesenta y seis colones cuarenta y cinco centavos, por consiguiente, debe declararse que el valor líquido de los perjuicios, daños e intereses es de veintinueve mil novecientos diecisiete colones veintidós centavos”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas del día veinte de marzo de 1984.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Doctor Víctor Alvarez Cruz, apoderado de la parte actora, apelado.
No hubo procuración por la parte demandada.

COMETARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CINCO.

En el Art. 156 inc. 1° del Código de Procedimientos Civiles: “Toda persona tiene derecho para pedir que otra exhiba, ante el juez competente, los documentos públicos o privados o bienes muebles que necesite para preparar una acción o para defenderse de la intentada contra él”. Y el Art. 159 del mismo código: “Al decretar el juez la exhibición fijará un término prudencial para que se verifique. Si concluido el que se designe no cumpla la parte obligada, el juez a petición dela contraria, le condenará a indemnizar los daños y perjuicios que cause la falta de exhibición”.

Ocurriendo en este caso lo previsto en el Art. 159 Pr., ya que la parte demandada no exhibió los documentos que establece el Art. 156 inc. 1° Pr. fue obligada por el juez Segundo de lo Civil, a indemnizar los daños y perjuicios que ocasionó la falta de exhibición y a los cuales condenó el juez actuante. Luego conoció la causa la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, siendo su fallo el de confirmar la sentencia pronunciada por el juez Segundo de lo Civil, en la que condenó al pago de los daños y perjuicios ocasionados a la parte actora.

De conformidad con el Art. 960 1ª. Parte del mismo código: “Cuando en la causa principal la sentencia no haya determinado la suma que deba pagarse por daños y perjuicios, intereses o frutos, la parte acreedora a la indemnización, presentará su demanda ante el juez de Primera Instancia competente, acompañando la ejecutoria en que conste la condenación y una cuenta jurada que los especifique y estime”; el demandante basándose en este Art. presentó su demanda, la ejecutoria y la cuenta jurada.

La parte apelante alega que no hay sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y debidamente ejecutoriada, que condene a la sociedad, por consiguiente no está obligada la sociedad a pagar ninguna de las cantidades determinadas en la cuenta jurada y que del documento agregado no es una ejecutoriada, por haber sido extendida por el Tribunal inferior, siendo la Cámara que pronunció la sentencia definitiva la que debió haber expedido la ejecutoria de ley.

La cámara en su razonamiento considera que sí hay una sentencia ejecutoriada que condena al pago a la sociedad demandada, y manifiesta que si bien es cierto que al presentar la cuenta jurada el demandante acompañó como ejecutoria la extendida pro el juez Segundo de lo Civil, de conformidad con la Ley no es ejecutoria por no haber sido expedida por la Cámara que fue la que pronunció la sentencia que causó ejecutoria, la Cámara sostuvo que sí había sentencia ejecutoriada, ya que la parte demandada presentó en Segunda Instancia, la ejecutoria que fue expedida por el Tribunal superior. Me parece que siendo presentada la ejecutoria en Segunda Instancia, es porque sí existió esa ejecutoria extendida de acuerdo con la ley, subsanándose la omisión inicial. Por otra parte, al ser emplazada la parte demanda, contestó la demanda dentro del término legal declarándosele rebelde, pero con posterioridad el demandado interrumpió la rebeldía, alegando la excepción de ineptitud de la demanda y ene l término probatorio no probó dicha excepción.

La Cámara consideró todos lo rubros contenidos en la cuenta jurada, con excepción de los honorarios convencionales del abogado representante del demandante, deduciendo esos honorarios según lo que correspondió conforme al Arancel Judicial.

Por todo lo anteriormente expuesto, me parece ajustada a derecho la resolución del Tribunal superior por haber confirmado la sentencia del juez a-quo.

SENTENCIA NUMERO SEIS

I. DOCTRINA

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos resulta indispensable o esencial en materia de tránsito terrestre, la identificación de las placas de los vehículos que resultan involucrados en un accidente, también lo es que, en casos como del que aquí se trata, tal prueba no amerita calificarla de esencial como lo argumenta el juez actuante.

II. ARTICULOS APLICADOS
Art. 1089 y 1092 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el proceso civil especial de tránsito, promovido en el Juzgado Primero de Tránsito de este Distrito, con el fin de que la demanda sea condenada a pagar a su poderante la cantidad de dos mil setecientos colones en concepto de indemnización por os daños ocasionados a un vehículo propiedad de la demandante, más las costas procesales.

Sentencia cuyo fallo dice: Absuélvase a la demandada señora Ana Gladis Echegoyén de soler o Ana Gladis Echegoyén de Soler, de la acción del reclamo de daños y perjuicios incoada en contra de ella por el doctor Ovidio Ramírez Cuellar, como apoderado General Judicial de a señora María Eugenia Madrigal Gutiérrez de Fernández, conocida por María Eugenia Madrigal de Fernández, y condénase a la parte actora, al pago de las costas procesales ocasionadas en esta instancia.

La Cámara en su sentencia condenó a la demandada al pago de daños y perjuicios, asimismo al pago de costas procesales en ambas instancias.

La parte actora para ante el Tribunal superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior manifestó que “es doble agregar que si bien es cierto que en la mayoría de los casos resulta indispensable o esencial en materia de tránsito terrestre, la identificación de las placas de los vehículos que resultan involucrados en un accidente, también es que, en casos como del que aquí se trata, tal prueba no amerita calificarla de esencial, como lo argumenta el Juez actuante.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en San Salvador, a las doce horas del día veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Ovidio Ramírez Cuellar, Apoderado de la parte actora.
No hubo procuración por la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO SEIS

Nuestra legislación ene l Art. 293., dice: “Testigo es la persona fidedigna de uno u otro sexo que puede manifestar la verdad. Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Cabanella. Testigo de Vista: Denomínase testigo ocular el que presenció en verdad lo que refiere, sea la percepción por la vista o el oído. Testigo presencial: Es el que depone sobre dichos hechos, oídos o vistos por él, acaecidos en su presencia y por eso más creíble y exacto en principio.

En la ley de procedimientos especiales sobre accidentes de tránsito se prescribe en el Art. 14 que el Juez recibirá las declaraciones de los testigos que hayan presenciado el accidente y en este juicio la parte actora cumpliendo con los requisitos exigidos por el Art. 45 de esta misma ley, presentó prueba testimonial y al examinar a los testigos, éstos establecieron plenamente el lugar, día y hora del accidente, marca y tipos de vehículos involucrados en el accidente y también las personas que conducían los vehículos que tuvieron el accidente.

Me parece que para esta clase de juicios, las declaraciones hechas por los testigos son suficientes, porque con lo dicho, aportan datos que se estiman como prueba para ayudar al esclarecimiento de las responsabilidades de este caso y así se declarará la persona culpable.

No estoy de acuerdo con el criterio del Tribunal de Primera Instancia al pronunciar la sentencia a que se refiere el Juicio Civil Especial de Tránsito, que se pronunció en el Juzgado Primero de Tránsito de este Distrito, y digo que no estoy de acuerdo porque en la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito, en ninguno de sus arts. Señala que para cuando los testigos rindan su declaración tienen que decir con exactitud el número de placas de los vehículos que sufren el accidente. En el Art. 60 de la misma ley, nos dice que: “La apreciación de la prueba testimonial no dependerá del número de testigos sino de la capacidad que tuvieron para apreciar los hechos y se tomarán en cuenta preferentemente los dichos de los testigos que resulten más de acuerdo a la prueba obtenida mediante la inspección personal o los dictámenes periciales”.

Así que considero que las declaraciones de los testigos en este juicio, son suficientes y no hay duda de los hechos ocurridos, por haber apreciado bien los hechos.

Por lo tanto, a mi forma de ver, el Tribunal superior sentenció fundamentándose en las pruebas vertidas por los testigos y apreció bien la culpabilidad de la parte demandada y en su fallo condenó a esta a pagar a la demandante la cantidad pedida por la actora para indemnizar los daños y perjuicios causados al vehículo de su propiedad. Asimismo, condenó a la demandada al pago de las costas procesales en ambas instancias. Me parece bien fundamentado el fallo del Tribunal de Apelaciones.

SENTENCIA NUMERO SIETE

I. DOCTRINA

En la línea colateral sólo tiene lugar la representación a favor de los hijos y nietos legítimos de los hermanos legítimos o ilegítimos uterinos del difunto, aunque no concurran con sus tíos.

II. ARTICULOS APLICADOS
No hay disposiciones citadas.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En diligencias de aceptación de herencia, promovido en el Juzgad Tercero de lo Civil de este Distrito, en sentencia pronunciada a las doce horas del día veintitrés de agosto de 1983, la Cámara resolvió: “Revocase en todas sus partes, por no estar arreglada a derecho, la resolución dictada por el juez Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial en las diligencias de aceptación de herencia que a su muerte dejó la señora Victoria Días Hasbún, conocida por Victoria Díaz, y que por su medio declara heredero definitivo al señor José Antonio Membreño”.

La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó que: “como la señora María del Carmen Membreño o carmen Membreño Rodríguez, aparece en autos como hermana uterina de la causante y el señor Membreño como hijo ilegítimo de la primera, lo alegado por el apelante es correcto, es decir que de conformidad a lo dispuesto por le inciso segundo del art. 986 c., y que literalmente dice: “En la línea colateral solo tiene lugar la representación a favor de los hijos y nietos legítimos de los hermanos legítimos o legítimos uterinos del difunto, aunque no concurran con sus tíos”. Al expresado señor Membreño por ser hijo ilegítimo no le asiste en este caso el derecho de representación para suceder a la señora Victoria Díaz de Hasbún o Victoria Díaz y es procedente revocar la resolución apelada en cuanto a la declaración que se hace, considerándolo como heredero de la señora Díaz de Hasbún. Sobre la falta de identidad de la señora María del Carmen Membreño que alega el apelante, este Tribunal se abstiene de pronunciarse pro estimarlo innecesario”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las diez horas del día veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez.

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Jesús Adalberto Ortiz, apoderado de la parte actora.
Apelado, no hubo procuración por la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO SIETE.

El presente caso en comento trata de diligencias de aceptación de herencia, en las que por resolución del Juez Tercero de lo Civil, sí declaró heredero por representación de la herencia dejada por la causante al hijo ilegítimo de la hermana uterina de ésta.

Se interpuso apelación de dicha sentencia, alegando que a la persona declarada heredera no le correspondía suceder.

Según nuestra legislación en el art. 986 c., “Hay siempre lugar a la representación en la descendencia legítima del difunto, en la descendencia legítima de sus hijos naturales y en la descendencia legítima de sus hijos naturales y en la descendencia legítima de los hijos ilegítimos respecto de la sucesión de la madre. En la línea colateral sólo tiene lugar la representación a favor de los hijos y nietos legítimos de los hermanos legítimos o ilegítimos del difunto, aunque no concurran con sus tíos”.

Manuel Somorriva en su libro de Derecho Sucesorio, del Curso de Derecho Civil, define la representación como: “Una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente, el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste no quisiere o no pudiese suceder”.

Considero que el fallo de la sentencia del Juez actuante no está acorde con la ley, ya que no se basó en el Art. 986 C., para establecer la representación y declaró heredero a la persona que no le corresponde tal derecho para la aceptación de herencia, en vista que fue probado con las respectivas partidas de nacimiento que el declarado heredero es hijo ilegítimo de la hermana uterina de la causante. Por lo que ese parentesco no lo admite la ley para poder dar lugar a la representación y por ser hijo ilegítimo no le asiste en este caso, el derecho de representación para suceder a la causante.

De acuerdo a lo expresado, me parece bien la revocación por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en todas las partes de la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia, por no estar arreglada a derecho.

SENTENCIA NUMERO OCHO

I. DOCTRINA

El inmueble objeto del contrato de arrendamiento es de naturaleza rústica, pues no se ha probado en autos, que actualmente sea urbano, ni que su destino sea para vivienda, luego este tribunal estima que ene presente caso es aplicable la ley civil y no la ley de inquilinato y como consecuencia, la demanda de terminación del contrato de arrendamiento debió ser precedida del desahucio.

II. ARTICULOS APLICADOS
Art. 1089 y 1092 Pr.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio civil ordinario de Terminación de Contrato de Arrendamiento y Desocupación, promovido en el Juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las diez horas del día treinta de Noviembre de 1983, se resolvió: “Declárase terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre la sociedad EL ATLETA S.A. por medio de su representante legal, señor Ernesto Salomón Dahbura y los señores José Alberto Hernández Daglio. Luis Antonio Hernández o Luis Antonio Hernández Martínez, conocido por Luis Antonio Hernández Joya, Juventina Joya de Hernández, conocida por Argentina de Hernández, el día trece de Septiembre de 1977. condénase al pago de la cantidad de seis mil cien colones a los señores José Alberto Hernández Daglio, Luis Antonio Hernández o Luis Antonio Hernández Martínez, conocido también por Luis Antonio Hernández Joya y Juventina Joya de Hernández, en concepto de cánones de arrendamiento adeudados, correspondientes al período comprendido entre abril y septiembre, ambos meses de 1978, condenase a dichos señores a pagar a la sociedad EL ATLETA S.A., las costas procesales causadas en esta Instancia”.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifiesta que: “el juez a quo, en el considerando V de la sentencia impugnada y que se ha transcrito anteriormente, razona el fallo de su sentencia, diciendo que la terminación del contrato en cuestión, debe ser procedimiento por el desahucio correspondiente, de acuerdo con la ley civil, pero que de acuerdo con la ley de inquilinato, no es admisible para los casos en que el destino del inmueble sea para la vivienda y señala como disposición aplicable al Art. 3 de la citada ley.

Como se deja dicho, en considerando anterior, el inmueble objeto del contrato de arrendamiento es de naturaleza rústica, pues no se ha probado en autos que actualmente sea urbano, ni que su destino sea para vivienda, luego el razonamiento expuesto no es valadero, en virtud de que la disposición mencionada de la ley de inquilinato se refiere a los arrendamientos de cosa urbana y no rústica, así como también a las demandas que por causa de mora se refieren de manera exclusiva a la terminación del arriendo y la desocupación de la cosa.

Con fundamento en todo lo anterior, este tribunal estima que el presente caso es aplicable la Ley Civil y no la Ley de Inquilinato, y como consecuencia debió ser precedida del desahucio. La sentencia impugnada entonces, debe calificarse como arreglada a derecho y procede su revocatoria, absolviéndose a la parte demandada de la acción intentada en su contra”.

LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las ocho horas del día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Felipe de Jesús Jaime Aguilar, Apoderado de la parte demandada.
Apelado, Doctor Jorge Comandari David, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO OCHO

La apelación en este caso se dio por el fallo de la sentencia pronunciado por el juez Tercero lo Civil, en relación al juicio civil ordinario de terminación de contrato de arrendamiento y desocupación.

Se efectuó una compraventa de un inmueble de naturaleza rústica entre las partes, y en el instrumento de escritura pública los comparecientes convinieron en que los vendedores continuarían ocupando el terreno vendido por espacio de seis meses a partir de la fecha de la venta y sin costo alguno para ellos, pero que si al final de ese tiempo no l desalojaban, pagarían a partir de esa fecha como arrendamiento cierta cantidad de dinero y los vendedores entregaron el inmueble a la compradora hasta seis meses después del vencimiento del plazo acordado en el pacto, y dichos vendedores no cancelaron lo correspondiente al pago de los cánones de esos seis meses. Por lo que la parte compradora los demandó en juicio ordinario de terminación de contrato de arrendamiento y desocupación, y de acuerdo a la prueba presentada por la parte demandante, siendo la escritura pública y declaraciones de testigos, vertida en autos, la parte actora pretendió probar el contrato de arrendamiento que la vincula con los demandados.

Con el convenio celebrado entre las partes en la escritura de compraventa sirvió como prueba escrita para afirmar las intenciones de los comparecientes. Pero a pesar de lo convenido resultó que los vendedores tuvieron ocupado el inmueble más tiempo del establecido. Probando por su parte la parte actora, que los demandados tuvieron ese inmueble durante los 6 meses transcurridos después de los 6 meses de gracia, pero como no se estableció si hubo o cuál fue el plazo del arrendamiento de dicho inmueble, por lo que considero que el Art. 964 Pr., no es aplicable, en vista que en este caso no hubo plazo estipulado para la duración del arriendo y estoy de acuerdo con la Cámara en que se debió aplicar el Art. 1773 C., que expresa lo siguiente: “no habiendo tiempo fijo para la duración del arriendo, deberá darse el desahucio con anticipación de un año para hacerlo cesar”, y en el Art. 1739 C.: “Si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo, o si el tiempo no es determinado por el servicio especial a que se destina la cosa arrendada o por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar sino desahuciando a la otra, esto es, noticiándoselo anticipadamente”.

Por otra parte, en el fallo pronunciado por le Juez a – quo condenó a los demandados diciendo que la terminación del contrato en cuestión, debió ser procedido por el desahucio correspondiente de acuerdo con la Ley Civil, pero que de acuerdo con la Ley de Inquilinato, no era admisible para vivienda y se señala como disposición aplicable el Art. 3 de la Ley de Inquilinato, el art. 3 de esa ley se refiere cuando el bien inmueble es de naturaleza rústica, por lo que me parece que el Juez de Primera Instancia no debió fundamentar su fallo aplicando el Art. 3 de la Ley de Inquilinato.

Conforme con lo dicho, me parece que no es acertada la sentencia pronunciada por el Juez de Primera Instancia, ya que no se probó que el inmueble objeto de arrendamiento, fuera de naturaleza urbana; y considero correcto el fallo pronunciado por el Tribunal de Apelaciones el cual manifestó que en el presente caso es aplicable la Ley Civil y no la Ley de Inquilinato y como consecuencia, la demanda de terminación de contrato de arrendamiento debió ser precedida del desahucio.

La Cámara resolvió con buen criterio jurídico al revocar todas sus partes la sentencia que conoció en grado, absolvió a los demandados de la acción intentada en su contra y al mismo tiempo condenó a la demandante al pago de costas procesales de ambas instancias.

SENTENCIA NUMERO NUEVE

I. DOCTRINA

Al analizar las respectivas cláusulas estatuarias del arbitraje consignadas en las dos escrituras presentadas por los demandantes como base para acudir al Juzgado Primero de lo Civil, encontramos que la primera requiere dos condiciones para que tenga cabida la intervención del tribunal mencionado, esto es que el Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción no pudiera o no quisiera actuar como árbitro y la segunda que llenada la condición anterior las partes nombren un árbitro y estos antes de dar principio a su labor nombrarán a un tercero para que dirima la discordia, estará facultado el Juez Primero de lo Civil para actuar en la instalación del tribunal de arbitraje, por la segunda si bien es cierto que no aparece lo relacionado con el árbitro Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, se mantiene el acto facultativo de que las partes puedan designar un árbitro por cuenta de cada una de ellas y sólo a falta de ésta, podría acudirse para este nombramiento al Juez Primero de lo Civil para los efectos consiguientes. Y tal como apunta acertadamente el señor Juez Primero de lo Civil de la resolución apelada, este procedimiento no ha sido agotado tal como se expresa en los contratos aludios, y aún cuando agregamos la declinatoria del Ingeniero Ramón Quintanilla Figueroa del cargo de árbitro arbitrador pudiera estimarse legal, siempre quedaría de estricta observancia a las partes contendientes la segunda fase del nombramiento de sus respectivos árbitros y no habiéndose cumplido esta condición el juez de Primera Instancia del Juzgado Primero de lo Civil carece de tal facultad.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1090 Pr.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En diligencias de arbitraje promovidas en el Juzgado Primero de lo Civil, se apeló del auto que deja sin efecto la intervención de los doctores René Padilla y Velasco e hijo, como Apoderados de la Corporación Latinoamericana de Inversiones S.A de C.V así como la notificación a la parte contraria de la sociedad presentada.

La parte actora apeló para ante el Tribunal superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El tribunal superior manifestó que “al analizar las respectivas cláusulas estatutuarias del arbitraje, consignadas en las dos escrituras presentadas por los demandantes como base para acudir al Juzgado Primero de lo Civil, encontramos que la primera requiere dos condiciones para que tenga cabida la intervención del tribunal mencionado, esto es que el Presidente de la Industria de la Construcción no pudiera o no quisiera actuar como árbitro y la segunda que llenada la condición anterior las partes nombre un árbitro y éstos antes de dar principio a su labor nombraran a un tercero para que dirima la discordia estará facultado el Juez Primero de lo Civil para actuar en la instalación del tribunal de arbitraje. Por la segunda si bien es cierto que no aparece lo relacionado con el arbitro Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, se mantiene el acto facultativo de que las partes puedan designar un árbitro por cuenta de cada una de ellas y sólo a falta de ésta, podría acudirse para este nombramiento al Juez Primero de lo Civil para los efectos consiguientes. Y tal como apunta acertadamente el señor Juez Primero de lo civil de la resolución apelada, este procedimiento no ha sido agotado tal como se expresa en los contratos aludidos y aún cuando agregamos la declinatoria del Ingeniero Ramón Quintanilla Figueroa del cargo de árbitro arbitrador pudiera estimarse legal, siempre quedaría estricta observancia a las partes contendientes la segunda fase del nombramiento de sus respectivos árbitros y no habiéndose cumplido con esta condición el Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero de lo Civil, carece de tal facultad y el auto apelado está arreglado a derecho y merece confirmarse”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en San Salvador a las ochos horas y treinta minutos del día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Ignacio Paniagua.

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelantes, Doctores René Padilla y Velasco y René Padilla y Velasco hijo, apoderados de la parte actora.
Apelados: Doctores Julio Eduardo Jiménez Castillo y Eduardo Alfredo Cuellar.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO NUEVE.

Arbitraje: la acción o facultad de arbitrar y el juicio arbitral. Toda decisión dictada por un tercero, con autoridad para ello, en una cuestión o un asunto, integra un sistema de obtener justicia sin recurrir a las medidas extremas, pero atendiéndose a derecho o justicia. Definición que ofrece el Diccionario de Derecho Usual del Dr. Guillermo Cabanellas.

En el caso objeto de este comentario, tanto el Juez Primero de lo Civil de este distrito, como la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, han juzgado correctamente al pronunciar sus respectivos fallos, pues se trata de una demanda de arbitraje que hizo la sociedad “x” contra la sociedad “y” y que dichas sociedades por medio de escritura pública, formaron un consorcio con el objeto exclusivo y único de desarrollar el proyecto que consistía en un conjunto de obras de urbanización y construcción de viviendas y que en las regulaciones del convenio se encontraba una cláusula en la que comprendía lo referente al arbitraje, en donde se expresó que si surgieren diferencias sobre la interpretación del contrato o sobre el desarrollo del proyecto, el conflicto se sometería al conocimiento y fallo del presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, quien fallaría como árbitro arbitrador o amigable componedor, en caso de que el presidente de la Cámara no pudiere o no quisiere actuar como árbitro el problema debía ser resuelto por árbitros arbitradores nombrados uno por cada parte, quienes antes de dar principio a su labor, nombraría a un tercero para que dirimiera la discordia, si una de las partes no nombraba su árbitro dentro de un plazo de quince días a contar del requerimiento, lo haría en su nombre el juez Primero de lo civil de San Salvador, quien también nombraría el tercero en discordia si los árbitros no se pudieran de acuerdo en tal nombramiento.

También en otra escritura pública otorgada el mismo día de la anterior y en la cual participaron las sociedades mencionadas antes, en la escritura los otorgantes celebraron un contrato especial de coparticipación ene l desarrollo de un programa de construcción, pactado en una de las cláusulas de las escrituras, que las diferencias sobre la interpretación del contrato sobre el desarrollo del proyecto, debería ser resuelto por árbitros arbitradores, nombrados uno por cada parte, quien antes de dar principio a su labor, nombrarían un tercero para que dimiera la discordia. Si el participante no nombraba su árbitro dentro de un plazo de quince días a partir del requerimiento, lo haría en su nombre el Juez Primero de lo Civil de San Salvador, quien también nombraría al tercero silos dos árbitros no se ponían de acuerdo en la designación dentro de un mes después de su nombramiento.

Conforme con lo expresado en las escrituras mencionadas anteriormente, se deduce que las partes estuvieron de acuerdo que al surgir diferencias en la interpretación del contrato, se resolvería por medio del arbitraje, contra la sociedad (y) en la que se pidió la intervención del órgano judicial para instaurar el tribunal de arbitraje, pero en el fallo pronunciado por el juez de Primera Instancia hace ver que según lo establecido en las cláusulas de las escrituras públicas dicho procedimiento no había agotado, es decir que las partes no habían nombrado cada uno por su parte os árbitros arbitradores para resolver el conflicto. La cámara en su razonamiento manifestó, que para que las cláusulas estatutuarias del arbitraje consignados en las dos escrituras presentadas tuvieran cabida para la intervención del tribunal mencionado, había que cumplir con la condición señalada las cláusulas de las escrituras públicas. Y no habiéndose cumplido con esa condición, el Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero de lo Civil, carecía de tal facultad y el auto apelado estaba arreglado a derecho y merecía confirmarse.

Estoy de acuerdo con el fallo que pronunció el Tribunal de Alzada, ya que considero que debió haberse cumplido primero lo convenido por las partes en las cláusulas estatutuarias del arbitraje consignadas en dos escrituras públicas.

SENTENCIA NUMERO DIEZ

I. DOCTRINA

Conforme al Art. 414 del Código de Trabajo se presumirán ciertas, salvo prueba en contrario, las acciones u omisiones que se imputen al patrono en la demanda, siempre que, concurriendo éste a la conciliación manifestare que no está dispuesto a conciliar como en el caso que nos ocupa, pero para que esta presunción opere, la misma disposición citada ordena que es necesario que la demanda se haya presentado dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que haya ocurrido los hechos que la hubieran motivado y que en autos se establezca por lo menos la relación de trabajo.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 417 y 418 C de T.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio ordinario de trabajo promovido en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, reclamándole al Estado de El Salvador, en el ramo de obras públicas indemnización por despido injusto, vacaciones y aguinaldos proporcionales.

Con base en las razones que expusieron al Tribunal superior esta absolvió al Estado de El Salvador en el ramo de Obras Públicas, por no haber probado lo extremo de la demanda.

Apeló ante el Tribunal superior la parte actora.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó “conforme al Art. 414 del código de trabajo, se presumirán ciertas salvo prueba de lo contrario, las acciones u omisiones que se imputen al patrono en la demanda siempre que, concurriendo este a la conciliación manifestare que no está dispuesto a conciliar como en el caso que nos ocupa, pero para que esta presunción opere, la misma disposición citada ordena que es necesario que la demanda se haya presentado dentro de los quince días hábiles siguientes aquel en que haya ocurrido los hechos que la hubieren motivado y que en autos se establezca pro lo menos la relación de trabajado.

De lo que se deja expuesto, se concluye que el actor no ha probado los extremos de su demanda y por consiguiente, es procedente absolver a la parte reo de la acción incoada y de las pretensiones laborales que serían su consecuencia”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA

Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las nueve horas del día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por ninguna de las partes.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO DIEZ

La sentencia en comento, trata de la demanda de prestaciones laborales como: Indemnización por despido injusto, vacaciones y aguinaldos proporcionales y salarios adeudados.

En este caso el actor no probó la relación laboral que existía con la parte patronal, aunque el Código de Trabajo señale que se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, las acciones u omisiones que se imputen al patrono en la demanda siempre y cuando concurriere la parte patronal a la conciliación, art. 414 del mismo Código de Trabajo ordena que para que esta presunción surta efecto es muy necesario que la demanda se haya presentado dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que ocurrieron los hechos que la hubieren motivado y que en autos llegue a establecerse por lo menos la relación de trabajo Art. 414 inc. 4° Código de Trabajo, cosa que en este juicio no se dio porque la parte actora no comprobó la relación laboral, por lo tanto no probó los extremos de su demanda.

Es de mucha importancia la presentación de pruebas en un juicio para probar las respectivas pretensiones de las partes y así establecer la verdad o falsedad de ellas con el objeto de formarse convicción al respecto.

SENTENCIA NUMERO ONCE

I. DOCTRINA

El trabajador estableció en autos la relación de trabajo y como consecuencia la existencia del respectivo contrato individual de trabajo, pero por el motivo de que la demanda se interpuso posteriormente, a los quince días de acaecido el presente despido, la presunción que se menciona no surte efectos legales y la prueba del despido de hecho era necesario para que este tribunal accediera a sus pretensiones. Es procedente pues absolver a la parte reo de la acción incoada y de las prestaciones laborales que serían su consecuencia.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 417 y 418 c. de T.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio de trabajo promovido en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, contra el Estado de El Salvador, en el ramo de Agricultura y Ganadería, por el trabajador Manuel de Jesús Rodríguez, el cual reclamó el pago de indemnización por despido injusto, salarios adeudados, vacaciones completas de dos años y otras prestaciones laborales.

El Tribunal Superior en su fallo absolvió al Estado de El Salvador en el ramo de Agricultura y Ganadería, en la demanda laboral incoada y de las prestaciones laborales.

Sentencia de la cual apeló la parte actora.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA.

El Tribunal superior manifestó que: “El trabajador estableció en autos la relación de trabajo y como consecuencia, la existencia del respectivo contrato individual de trabajo, pero por el motivo de que la demanda se interpuso posteriormente a los quince días de acaecido el presente despido, la presunción que se menciona no surte efectos legales y la prueba del despido de hecho era necesario para que este tribunal accediera a sus pretensiones. Es procedente pues, absolver a la parte reo de la acción incoada y de las prestaciones laborales que serían su consecuencia.”

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las diez horas del día treinta de abril de mi l novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por ninguna de las partes

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO ONCE.

Según Chiovenda “Acción: se está ante la potestad jurídica de darle vida a la condición para la actuación de la ley” Vulgo nos define Acción: “El derecho a obtener una sentencia justa, en lo cual consiste la acción, sólo nace con la demanda”.

En este caso se trata de la demanda interpuesta por el trabajador a la parte patronal, para reclamar indemnización por despido injusto.

En cuanto a la relación de trabajo, la parte actora sí estableció en autos dicha relación laboral, pero en lo que se refiere a la presentación de la demanda, no lo hizo dentro del término señalado por la ley, interpuso la demanda a los diecinueve días y no a los establecidos pero el Código de trabajo.

La caducidad es pérdida de la validez de una facultad por haber transcurrido el plazo para ejecutarla.

El diccionario del Doctor Guillermo Cabanellas en cuanto a la caducidad laboral dice: que el plazo para reclamar por despido injustificado no es de prescripción, sino de caducidad o decadencia, la cual puede y debe apreciarse de oficio cuando incurre en ella la acción ejercitada y por ser dicho plazo de caducidad, “Tiene su peculiar rigidez actuante en plenitud de efecto jurídico, que no permite interrupciones voluntarias, no autoriza su omisión o que se amplíe. No se prolonga el plazo mediante suspensión o interrupción originada por acudir a autoridades incompetentes.

La cámara en su razonamiento trae a cuento el Art. 414 C. de T. en donde establece el término de 15 días hábiles siguientes en que hayan ocurrido los hechos que la hubieren motivado para la presentación de la demanda y manifiesta la Cámara que por motivo de que la demanda se interpuso posteriormente a los quince días de acaecido el despido, la presunción que se menciona no surte efectos legales.

Por lo tanto con base al razonamiento expuesto y disposiciones legales citadas, estoy de acuerdo en todas sus partes con el fallo que pronunció el tribunal superior.

SENTENCIA NUMERO DOCE

I. DOCTRINA

El Art. 328 C. cuando de probar la posesión notirua se trata, exige que los presuntos padres lo hayan presentado en ese carácter es decir como hijo, a sus deudos y amigos y en que éstos los deudos y amigos y el vecindario de su domicilio hayan reconocido aquel estado pero no exige que la posesión notoria haya sido reconocida por los testigos.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1089 Pr.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio civil sumario de estado civil subsidiario promovido en el juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial, en sentencia definitiva pronunciada a las once horas del día doce de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se falló: “Declárase sin lugar el estado civil subsidiario solicitado por el señor Felipe Crisosto Quintanilla en al demanda de folio uno.

La parte actora apeló para ante el tribunal superior.
El tribunal superior según las razones expuestas falló: Confírmase la sentencia venida en apelación en todas sus partes. No hay costas.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El tribunal superior expresó lo siguiente: manifiesta el juez quo en su sentencia “ que los testigos no reconocieron la calidad de hijo de la señora Julio Crisosto Escobar”, por lo que es procedente declarar sin lugar lo solicitado en la demanda. Sobre lo afirmado por el Juez esta Cámara considera que el Art. 328 c., cuando de probar la posesión notoria se trata, exige que los presuntos padres lo hayan presentado en ese carácter, es decir como hijo a sus deudos, y amigos y el vecindario de su domicilio hayan reconocido aquel estado, por no exige que la posesión notoria haya sido reconocida por los testigos. Por consiguiente, esta Cámara estima que aunque por motivo diferente al expuesto por le Juez, la sentencia debe conformarse por estar arreglada a derecho”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las once horas del día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE INTERVINIERON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por ambas partes.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO DOCE

Según lo expresa Arturo Valencia Zea en su Derecho Civil Tomo I (parte general y personas) el Estado civil de las personas está constituido por un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene o con la familia que ha formado y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad. Y por posesión de un Estado Civil se entiende la manifestación exterior de ese estado o sea, el comportarse ante los demás como titular de una de dichas calidades, sin discusión ni oposición de nadie.

De acuerdo con el Art. 303 del Código Civil “Estado Civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”, el Art. 330 de nuestro Código civil indica como de probarse la posesión notoria

Con respecto a la prueba testimonial y de acuerdo a las fechas los testigos declararon el 9 de Diciembre de 1983, manifestando que conocieron al demandante desde hacía 26 años y al hacer los cálculos de las fechas, resulta que lo conocían desde el 9 de Diciembre de 1957 y siendo que el demandante nació el 5 de Febrero de 1956, hay un lapso de un año, 10 meses y cuatro días, el cual no fue conocido por los testigos que les constara que en esa fecha lo trataron como hijo los presuntos padres del demandante, por lo que no probaron que la posesión notoria haya durado como mínimo los 10 años requeridos por la ley. Y de conformidad con el Art. 329 C., para que la posesión notoria se reciba como prueba debería haber durado 10 años continuos por lo menos. Según el razonamiento de la Cámara al haber ese tiempo en que los testigos no les constó que lo hayan tratado como hijo, no probaron que la posesión notoria haya durado como mínimo los 10 años establecidos en la legislación, habiendo durado esta posesión notoria solamente ocho años, once meses veintiséis días y que el Art. 328 C., “Cuando de probar la posesión notoria se trata exige que los presuntos padres lo hayan presentado en ese carácter, es decir como hijo a sus deudos y amigos y en que éstos los deudos y amigos y el vecindario de su domicilio hayan reconocido aquel estado, pero no exige que la posesión notoria haya sido reconocida por os testigos”.

Es muy notorio en este juicio, que hubo contradicción estos en las declaraciones de los testigos, en consecuencia estos no hicieron fe de sus declaraciones, ya que manifestaron conocer a la parte actora desde hacía 26 años, quedando como dije, anteriormente, un tiempo en el cual no les constó que fuera hijo de los presuntos padres y al contestar las preguntas del cuestionario manifestaron que les constaba el nacimiento del mandante y que la posesión notoria del estado civil desde su nacimiento, había durado un espacio de 10 años ininterrumpidos cosa que al hacer los cálculos, se comprueba lo contrario.
Por lo tanto estoy de acuerdo con el fallo pronunciado por el tribunal superior al haber confirmado la sentencia del Juez a-quo en el Juicio sumario de estado civil subsidiario, ya que el Art. 329 C., establece que: “Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba del estado civil deberá haber durado diez años continuos por lo menos”, y la posesión notoria en este caso, no duró los diez años que establece la ley.

SENTENCIA NUMERO TRECE

I. DOCTRINA

Probados en autos la relación laboral que existió entre el Estado de El Salvador y el trabajador, el contrato verbal de trabajo y el despido de hecho de que fue objeto el actor de parte de una persona, cuya representación patronal quedó establecida con la prueba testimonial y además corroborada con la intervención de éste ene l juicio en tal carácter, es procedente a lo pretendido en la demanda.

II. ARTICULOS APLICADOS
Art. 417, 418 y 419 C. de Tr. Y 421, 427 Pr.

II. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio de trabajo promovido en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, contra el Estado de El Salvador en el ramo del Interior, por el trabajador Marco Tulio Rodríguez Morataya reclamado indemnización por despido y otras prestaciones laborales.

Tomando en cuenta las pruebas presentadas el Tribunal Superior resolvió: “declarase terminado el contrato verbal de trabajo existente entre el Estado de El Salvador en el ramo de Interior y el señor Marco tulio Rodríguez Morataya, condénase al Estado de El Salvador a pagar al señor Rodríguez Morataya la indemnización por despido de hecho, por vacaciones proporcionales aguinaldo proporcional y salarios caídos”.

La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El tribunal superior manifestó que: “probados en autos la relación laboral que existió entre el Estado de El Salvador y el trabajador Marco Tulio Rodríguez Morataya, el contrato verbal de trabajo y el despido de hecho de que fue objeto el actor de parte del señor Rafael Antonio Dubón Sánchez, cuya representación patronal quedó establecida con la prueba testimonial y además corroborada con la intervención de éste en el juicio en tal carácter, es procedente acceder a lo procedente acceder a lo pretendido en la demanda”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las diez horas del día ocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Medardo Cruz Letona apoderado de la parte actora.
Apelado, Doctor José Adán Romano Canales, apoderado de la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TRECE

La sentencia se refiere a un juicio laboral en donde se reclamó indemnización por despido injusto y otras prestaciones laborales. Nuestro Código de Trabajo ene l Art. 414 inc. 4° señala que: “En autos llegue a establecer por lo menos, la relación de trabajo”, y en este caso el trabajador probó dicha relación laboral, porque con la constancia que le extendieron con fecha anterior a su despido por el Agente de pagos de la Dirección de Desarrollo de Comunidad (DIDECC) con ello se estableció que dicho trabajador prestó sus servicios a la Institución.

El Art. 20 del c. de Tr. Nos dice: “se presume la existencia del contrato individual de trabajo, por el hecho de que una persona preste sus servicios a otra por más de dos días consecutivos, aunque fuera pro menor tiempo los servicios prestados”.

En cuanto al despido del trabajador lo probó con la prueba testimonial y según nuestro Código de Procedimientos Civiles: “testigo es la persona fidedigna de uno u otro sexo que puede manifestar la verdad”.

En el juicio en comento, la declaración de los testigos aseguran que al momento del despido, ellos estaban presentes y por lo tanto demuestran la certeza del hecho.

La sentencia pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, manifestó que es procedente acceder a lo pretendido en la demanda y condenó a pagar a ala parte patronal lo pedido por el trabajador. Estoy de acuerdo con la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro que ha juzgado con acierto al pronunciar su respectivo fallo

SENTENCIA NUMERO CATORCE

I. DOCTRINA

Lo alegado por el apelado de que las direcciones de las cédulas de los testigos no coincide con la dirección, no debe tomarse en cuenta, porque la cédula de identidad personal solamente sirve para identificar a la personal pero la ley no le da ningún valor en cuanto se refiere a la dirección en ellas contenidas. Solamente cuando se cambia de domicilio, es decir de una población a otra, es necesario presentarla a la Alcaldía Municipal de su nuevo domicilio, para que se anote en la cédula dicho cambio.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio civil ordinario de divorcio promovido en el Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito judicial, en sentencia definitiva pronunciada a las diez horas del día primero de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, sentencia de la cual se falló: “Decrétase el divorcio entre los señores Santiago Molina Reyes y Dora Alicia González y disuelto el vínculo del matrimonio civil que contrajeron ante los oficios del Alcalde Municipal de Mejicanos el día tres de junio de mil novecientos setenta y siete. Queden los menores Santiago José y Daniel Isaías Molina González, bajo la guarda y dado personal de su señora madre Dora Alicia González, quien tendrá la representación legal de los mismo. Oportunamente líbrese oficio al señor Alcalde Municipal de la ciudad de Mejicanos, para que cancele la respectiva partida de matrimonio y asiente por separado la de divorcio. Hágase en este juzgado las modificaciones que ordena la ley en las cédulas de identificación personal de los divorciados. No hay especial condenación en costas”.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior manifestó que “lo alegado por el apelado de que las direcciones de las cédulas de los testigos no coinciden con la dirección de la señora de Molina, no debe tomarse en cuenta, porque la cédula de identidad personal, solamente sirve para identificar a la persona, pero la ley no le da ningún valor en cuanto se refiere a la dirección ene ellas contenidas. Solamente cuando se cambia de domicilio, es decir, de una población a otra, es necesario presentarla a la Alcaldía Municipal de su nuevo domicilio, para que se anote en la cédula dicho cambio, Art. 7 y 10 de la Ley de Cédulas de identidad Personal. Presentó una certificación de su movimiento migratorio, sin manifestar que pretendía probar con ella, pero esta Cámara estima que el hecho de que haya entrado y salido del país en varias oportunidades no es prueba de que haya dejado de relacionarse con su esposa, sobre todo habiendo testigos que afirman que existía esa relación.

En lo que se refiere a los ordinales (b) y (c) del considerando III esta Cámara estima que la ley no obliga a mantener entre marido y mujer vínculos indignos, ni obliga a las personas a mantener el matrimonio por obligación, sino que ha establecido normas y trámites para disolverlo, que obligatoriamente deben observarse y en el caso que se resuelve, no se ha probado todos los extremos que la ley prescribe, por lo que la sentencia que decreta el divorcio debe revocarse, por no estar arreglada a derecho”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas del día ocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor José Adalberto López Hernández apoderado de la parte demandada.
Apelado: No hubo procuración por parte de la actora

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CATORCE

Según el Art. 144 C., Divorcio: “Es la separación legítima de los casados, ordenada pro el Juez, por causas legales, quedando disuelto el vínculo matrimonial”.

La acción del divorcio debe fundamentarse en una o más de las causales que enumera el Art. 145 C., y en la que establece el Art. 148 C., o sea el mutuo consentimiento de los cónyuges.

La apelación en este juicio de divorcio se dio por no ser fidedignas las declaraciones de un testigo de la parte actora, y el otro testigo por tener interés en el juicio. La prueba testimonial presentada por la parte actora, no probó plenamente que el actor estaba separado de su cónyuge en forma absoluta durante más de un año consecutivo, o sea que estaba separado de techo, lecho y mesa, es decir que con las declaraciones no se probó que los cónyuges permanecieron separados de manera absoluta. Y en cambio los testigos de la parte demandada contestaron unánimes y contestes en sus declaraciones y probaron plenamente la relación entre los cónyuges por lo que eran de mejor condición y estos fueron preferidos al sentenciar el Tribunal Superior.

En cuanto al testigo, que manifiesta la parte demandada tener interés en el juicio, el Art. 315 Pr., “Puede el testigo al momento de a lectura de su declaración hacer las alteraciones y enmiendas que juzgue oportunas”, luego de haberle explicado lo correspondiente al caso, manifestó el testigo que no tenía interés en el fallo ya fuera a favor o en contra de uno de ellos.

Considero correcto el fallo que pronunció el Tribunal Superior, en la sentencia comentada, en cuanto a las direcciones que aparecen en las cédulas de identidad personal del os testigos, pues en este caso no se toma en cuenta la dirección porque la Cédula de Identidad Personal solamente sirve para identificar a la persona, pero la ley no le da ningún valor en cuanto a se refiere a la dirección que contienen dichas cédulas. El Tribunal se basó en los Arts. 7 y 10 de la Ley de Cédula de Identidad Personal, los que señalan que cuando se cambia de domicilio para la respectiva anotación del cambio de la cédula.

El tribunal de Alzada, consideró en forma acertada que los testigos de la demanda probaban plenamente y quienes unánimes y contestes manifestaron que los cónyuges son casados entre sí y que nunca han estado separados en forma absoluta, ya que continuamente veían al esposo en el lugar en donde residía la esposa y también veían al esposo en compañía de ella y de los testigos de éstos.

En conclusión, estoy de acuerdo con el fallo que pronunció el Tribunal de Apelaciones, que revocó la sentencia dictada por el juez de Primera instancia, en la que declaraba el divorcio entre los cónyuges.

SENTENCIA NUMERO QUINCE

I. DOCTRINA

Probados en autos la relación laboral que existió entre el Estado de El Salvador y el trabajador, el contrato verbal de trabajo y el despido de hecho de que fue objeto el actor de parte de una persona, cuya representación patronal fue establecida con la prueba testimonios y además corroborada con s intervención ene l juicio en tal carácter, es procedente acceder a lo pretendido en la demanda.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 417, 418, 419 C. de Tr. Y 421 y 427 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio de trabajo promovido en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, contra el Estado de El Salvador en el ramo del Ministerio del Interior, por el trabajador José Mauricio Pineda Porras, reclamándole la indemnización por despido injusto y otras prestaciones laborales.

En base a las pruebas presentadas, el tribunal superior resolvió: “ Declárase terminado el contrato verbal de trabajo existente entre el Estado de El Salvador en el ramo del Ministerio del Interior y el señor José Mauricio Pineda Porras, condenó al estado de El Salvador, a pagar al señor Pineda Porras la cantidad de un mil setecientos setenta y siete colones, como indemnización por despido de hecho”.

La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó que “probados en autos la relación laboral que existió entre el Estado de El Salvador y el trabajador José Mauricio Pineda Porras, el contrato verbal de trabajo y el despido de hecho de que fue objeto el actor de parte del señor Carlos Trejo Urquilla cuya representación patronal fue establecida con la prueba testimonial y además corroborada con su intervención en el juicio en tal carácter es procedente acceder a lo pretendido en la demanda, así: indemnización por despido de hecho, Art. 58 C. de Tr., por este concepto le corresponde al trabajador la cantidad de un mil setecientos setenta y siete colones, por haber prestado sus servicios durante dos años ocho meses dieciséis días, a razón de seiscientos diecinueve colones veinte centavos, por el año, más la parte proporcional por la fracción de año. Vacación proporcional Art. 177, 187 C. de Tr., : En proporción al tiempo de Octubre de mil novecientos ochenta y tres, corresponde al trabajador demandante una prestación en concepto de vacaciones por valor de trescientos cincuenta y nueve colones ochenta centavos. Aguinaldo Proporcional, Art. 196 y 202 C. de Tr., por este concepto le corresponde al demandante la cantidad de ciento setenta y un colones treinta y dos centavos, proporcionalmente al tiempo transcurrido entre el primero de enero y el treinta y uno de Octubre de mil novecientos ochenta y tres. Salarios caídos, Art. 420 c. de Tr.: desde el día dieciséis de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres, fecha de la presentación de la demanda, hasta el día de hoy, le corresponde al trabajador por salarios caídos la suma de setecientos veintidós colones cuarenta centavos, como equivalentes a treinta y cinco días de trabajo, a razón de veinte colones sesenta y cuatro centavos diarios”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en San Salvador, a las doce horas del día quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Medardo Cruz Letona, apoderado de la parte actora.
Apelado, Doctor José Adán Romano canales, apoderado de la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO QUINCE

Según la definición que ofrece el diccionario Enciclopédico de Derecho Usual del Dr. Guillermo Cabanellas. Para el derecho laboral en la más estricta significación jurídica del trabajo, por éste se comprende la prestación realizada a otro, mediante contrato o acuerdo tácito de voluntades a cambio de una remuneración por tal concepto y en situación de subordinación y dependencia.

El objeto del contrato de trabajo es la prestación continúa de servicio de carácter privados y económicos y por el cual una de las partes da remuneración a cambio de recibir los servicios del trabajador.

En este caso el contrato de trabajo no se hizo constar por escrito, peor si consta por la prueba de las declaraciones hechas por los testigos, en las que aseguran que el demandante prestó sus servicios por más de dos días consecutivos, a sí como lo expresan los arts. 19 y 20 del código de trabajo, por lo cual se presume el contrato y también la parte actora presentó una constancia extendida por el agente de pagos de la dirección de desarrollo de la Comunidad (DIDECO) del Ministerio del Interior, por lo que se establece que el demandante trabajó en esa dirección, también presentó un carnet de identificación extendido por el Ministerio del Interior. Para verificar lo dicho por el mandante recurrió a la presentación de la prueba testimonial y según nuestra legislación ene l Art. 293 del Código de Procedimientos Civiles: Testigo: es la persona fidedigna de uno u otro sexo puede manifestar la verdad”.

En el caso en comento, las declaraciones vertidas por los testigos, demuestran credibilidad de la relación laboral que existió por el trabajador con la parte patronal.

En cuanto a la celebración de la conciliación, considero que en ella el objeto principal que se persigue es la de tratar de resolver los problemas que surgen entre dos partes y al mismo tiempo darles la oportunidad de exponer sus puntos de vista, las pretensiones que persiguen y las propuestas que señalen estas partes discrepantes para llegar a un acordado arreglo.

El Art. 495 del Código de trabajo, regula lo concerniente a la conciliación: “En la conciliación sólo se negociarán los untos en que no hubo acuerdo en la etapa anterior; se efectuarán tantas reuniones como fueren necesarias y resultando de ellas un avenimiento total, se observará lo dispuesto en los incisos primero y segundo del Art. 478”.

En el juicio en comento, la conciliación se llevó a cabo, pero por medio de su representante la parte actora o sea, el trabajador no ofreció ninguna medida para llegar a un acuerdo o en la audiencia conciliatoria, ratificó en todas y cada una de sus partes la demanda planteada y no aceptó el reinstalo ofrecido por la parte patronal, porque el trabajador no estaba presente para su aceptación y pidió la continuación del trámite legal del juicio.

El Tribunal Superior en la resolución del caso, manifiesta que probados en autos la relación laboral que existió entre el Estado de El Salvador y el Trabajador, también el contrato verbal de trabajo y el despido de hecho, más la prueba testimonial y además corroborada con su intervención ene l juicio en tal carácter es procedente acceder a lo pretendido en la demanda.

Con fundamento en este razonamiento por parte del Tribunal de alzada, me parece bien el fallo dado en este juicio de trabajo porque considero que la parte trabajadora, es decir la parte actora probó la relación laboral que tenía con la parte patronal y así como también probó el despido por dicha parte.

Por lo tanto, estimo correcta la sentencia pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro.

SENTENCIA NUMERO DIECISÉIS

I. DOCTRINA

Esta Cámara estima que no se ha cumplido con todos los requisitos que el Art. 52 de la Ley de Procedimientos Mercantiles exige para que la póliza sea ejecutiva, por las razones siguientes: a) No hay prueba de que Entidad Comercial Sociedad Anónima, sea la misma Entidad Comercial Sociedad Anónima de Capital Variable, y aunque la ley en el Art. 325 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, dice que la nueva sociedad sucederá de pleno derecho a la anterior en sus derechos y obligaciones, al momento de presentar la demanda, esa prueba era necesaria para legitimar la aportación del documento base de la acción no existía y no fue sino hasta con posterioridad que se presentó la escritura con la que se comprobó que la sociedad Entidad Comercial S.A. había adoptado el Régimen de Capital Variable, prueba que ya no era admisible conforme a los Art. 593 y 594 Pr., b) La prueba de que el siniestro ha ocurrido debe obtenerse conforme a lo establecido ene l Art. 11 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, promoviendo diligencias judiciales o notariales. La prueba presentada al afecto no produce efectos legales, c) No consta en la certificación del valúo practicado, que no se hayan podido poner de acuerdo la parte demandante y la demandada en el nombramiento de peritos, ni que la misma se haya negado a nombrarlos, como lo establece el Art. 1407 del Código de Comercio. En la certificación del valúo de fs. 42, no aparece el motivo o la razón que motivó ese valúo.

II. ARTICULOS APLICADOS
Art. 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio mercantil ejecutivo promovido en el Juzgado Segundo de lo Civil, en sentencia definitiva que se falló “Condenase a la compañía Anglo salvadoreña de Seguros S.A. de este domicilio C.V.”, de las generales relacionadas, la suma de treinta y dos mil sesenta y tres colones sesenta y siete centavos, más los intereses legales desde la fecha de la mora ene l pago y costas procesales, continúe la presente ejecución haya su completo pago, trance o remate”

La cámara en base a las pruebas aportadas revocó la sentencia pronunciada por el Juez y condenó en costas de ambas instancias al demandante.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó que: “esta Cámara estima que no se ha cumplido con todos los requisitos que el art. 52 de la Ley de Procedimientos Mercantiles exige para que la póliza sea ejecutiva, pro las razones siguientes: a) No hay prueba de que Entidad Comercial Sociedad Anónima, sea la misma Entidad Comercial Sociedad Anónima de Capital Variable y aunque la Ley ene l Art. 325 de la Ley de Procedimientos Mercantiles dice que la nueva sociedad sucederá de pleno derecho a la anterior en sus derechos y obligaciones al momento de presentar la demanda, esa prueba que era necesaria para legitimar la aportación del documento base de la acción, no existía y no fue sino hasta con posterioridad que se presentó la escritura con la que se comprobó que la sociedad entidad Comercial S.A. había adoptado el régimen de capital variable, prueba que ya no era admisible conforme a los arts. 593 y 594 Pr., b) La prueba de que el siniestro ha ocurrido debe obtenerse conforme a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, promoviendo diligencias judiciales o notariales. La prueba presentada ale efecto no produce efectos legales; c) No consta en la certificación del valúo practicado que no se haya podido poner de acuerdo la parte demandante y demandada en el nombramiento de peritos ni que la misma se haya negado a nombrarlos como lo establece el Art. 1407 del Código de Comercio. En la certificación del valúo de fs. 42 no aparece el motivo o la razón que motivó ese valúo.

Por todas las razones expuestas estima esta Cámara que la sentencia pronunciada por el Juez aquo, ha sido dictada sin fundamento legal por lo que es procedente revocarla, así como lo actuado desde el auto fs. 44 que decreta el embargo, inclusive”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Mario Héctor Salazar Mena, apoderado de la parte demandada.
Apelado, Doctor Rogelio Navarrete Escobar, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO DIECISÉIS

Según Arturo Valencia Zea, en el Derecho Civil tomo IV de los contratos define el contrato de seguros en su más elemental acepción, los seguros persiguen prevenir y disminuir las consecuencias dañosas de ciertos riesgos o sean acontecimientos fortuitos que lesionan los bienes o ciertos derechos de la personalidad de los seres humanos.

Como se puede apreciar de la lectura del presente juicio se trata del reclamo del pago de una póliza de seguro y conforme al Art. 52 de la Ley de Procedimientos Mercantiles. Las pólizas de seguros y de reaseguro serán ejecutivas, siempre que se acompañe la documentación que demuestre que: 1°) El reclamante está al día con sus pagos; 2° Que el evento asegurado se ha realizado; 3°) Que se establezca la cuantía de los daños ocasionados”.

La parte demandada en su expresión de agravios alega la falta de identidad de la parte demandante con la titularidad del derecho reclamado, ya que la póliza de seguros está extendida a favor de “Entidad Comercial S.A.”, y en la demanda identifican la personería del abogado que la representa como “Entidad Comercial S.A. de C.V.”. Por lo que no existe una identidad de la demandante con la titular del derecho que emanada de la póliza de seguro.

Es muy notorio que la parte actora no presentó el documento necesario de escritura en donde constara que la sociedad Entidad Comercial S.A. había adoptado el régimen de capital variable, al momento de la presentación de la demanda y como lo establece el Art. 594 Pr.C. es en el momento en donde el Juez reconoce la legitimidad de la persona y la fuerza del instrumento cosa que no se dio pues no se probó la legitimidad de la sociedad “Entidad Comercial S.A. de C. V. En ese preciso momento.

Por otra parte para que se del pago de una póliza de incendios se necesite la autorización del juez competente, pero para obtener dicha autorización es necesaria una investigación sumaria del siniestro, que el juez seguirá inmediatamente que tenga conocimiento del hecho, Art. 74 Pr. m., con ello se está probando el siniestro ocurrido, procedimiento que la parte actora omitió y en su ligar presentó una inspección practicada por un Juez de Paz en diligencias Criminales, prueba que carece de idoneidad para este caso.

Y para verificar los daños ocurridos por un siniestro es importante la realización de un valúo y este procedimiento se lleva de acuerdo a lo establecido por el Art. 1407 inc. 1° del Código de Comercio “El asegurador y el asegurado podrán exigir que el daño sea valido sin demora. Y en este caso, no se sabe si las partes se pusieron de acuerdo en el nombramiento de perito o que si alguna de las partes se negó a nombrarlos, porque no consta en la certificación del valúo. Por lo tanto, considero que la parte demandante no cumplió a cabalidad con las pruebas exigidas para esta clase de juicios.

Con lo expuesto anteriormente, me parece bien la sentencia de la Cámara, por cuanto considero que la dictada por el Juez Segundo de lo Civil fue dictada sin fundamento legal, lo cual la revocó y condenó en ambas instancias a la parte demanda.

SENTENCIA NUMERO DIECISIETE

I. DOCTRINA

Si una credencial lo que prueba es que una persona había sido nombrada Administrados Unico, desde el día treinta de Octubre de mil novecientos ochenta, pero no se presentó a inscripción la credencial que loa acreditaba como tal, y que durante todo ese tiempo que estuvo la credencial en su poder sin inscribir en el Registro, actúo como Presidente y Representante Legal de la sociedad con otra credencial que había sido inscrita en el Registro de Comercio, desde el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno y por consiguiente, a la fecha del emplazamiento era el representante legal de la sociedad demandada en su calidad de presidente de la misma. Por todas las razones antes expuestas, esta Cámara estima que no es procedente declarar la nulidad solicitada y que la sentencia pronunciada no está arreglada a derecho.

II. ARTICULOS APLICADOS
Art. 1061 y 1089 pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio ejecutivo mercantil promovido en el Juzgado tercero de lo Civil de este Distrito, en sentencia definitiva de las diez horas y veintiún minutos del día veintiuno de Noviembre de mil novecientos ochenta y tres, se falló: “Condenase a la Sociedad Mercamatica, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pagar a los señores Clara Rita del Carmen Caminos de Quiñónez, Mario Andrés Sol, Rafael Alfonso Quiñónez Meza, conocido por Alfonso Quiñónez Meza, Luis Ricardo Guirola Méndez, Evelyn Caminos de Sol conocido por María Evangelina del Pilar Caminos de Sol y Evangelina Sol de Guirola, la cantidad de treinta y cinco mil setecientos catorce colones son treinta centavos, más intereses del dieciséis por ciento anual sobre dicha cantidad a partir del ocho de enero de mil novecientos ochenta y uno hasta su completo pago, trance o remate. No hay costas”.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó que “sobre la nulidad alegada, está Cámara estima: a) Que el señor Machado Francia fue emplazado el día primero de julio de mil novecientos ochenta y dos según aparece a fs. 27 de la pieza principal; b) Qué según aparece de la certificación agregada original a fs. 15 de la misma pieza, en sesión celebrada por la Junta General de Accionistas de Mercamatic S.A. de C.V:, a las once horas del día catorce de Noviembre de mi novecientos ochenta, inscrita el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta, inscrita el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno, fue nombrado Presidente y Representante Legal de la Empresa, el señor Manuel de Jesús Machado Francia, de manera de que el día de su emplazamiento, el primero de julio de mil novecientos ochenta y dos, tenía la representación legal de MERCAMATIC S. A. De C. V. C) Con posterioridad y en esta instancia fue presentada otra certificación de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma sociedad, celebrada a las once horas del treinta de Octubre de mil novecientos ochenta, es decir del treinta de octubre de mil novecientos ochenta, es decir con anterioridad a la fecha en que se celebró la sesión anterior, inscrita el día quince de Diciembre de mil novecientos ochenta y dos, de la que aparece que el mismo señor Manuel de Jesús Machado Francia, fe nombrado Administrador Unico de la Sociedad mencionada y que la certificación dicha, fue presentada para su inscripción en el Registro de Comercio, hasta el seis de Diciembre del mismo año de su inscripción (mil novecientos ochenta y dos. Con esta segunda credencial lo que se prueba es que el señor Machado Francia había sido nombrado Administrador Unico, desde el día treinta de Octubre de mil novecientos ochenta, pero no se presentó a inscripción la credencial que lo acreditaba como tal, y que durante todo ese tiempo que estuvo la credencial en su poder, sin inscribir en el Registro, actuó como Presidente y representante legal de la Sociedad con la otra credencial que había sido inscrita en el Registro, actuó como Presidente y representante legal de la sociedad con la otra credencial que había sido inscrita ene l Registro de Comercio, desde el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno y por consiguiente, a la fecha del emplazamiento era el Representante Legal de la sociedad demandada en su calidad de Presidente de la misma. Por todas las razones antes expuestas, esta Cámara estima que no es procedente declarar la nulidad solicitada y que la sentencia pronunciada no está arreglada a derecho, pero lo que es procedente reformarla, condenando a MERCAMATIC S.A. de C.V. al pago de la cantidad que pagaron por ella los fiadores y las accesorias de Ley”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las nueve horas y veinte minutos del día veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelantes Doctores Roberto Girón Flores y Lourdes Margoth Pineda, apoderados de la parte demandada.
Apelado, Doctor Leonidas Guillermo Hernández, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO DIECISIETE

Según el Diccionario de Derecho Usual del Dr. Cabanellas la subrogación en la fianza este contrato produce una típica subrogación del fiador en los derechos del acreedor cuando el primero paga por el deudor principal y esto en todos los derechos acciones, prelaciones crediticias y garantías anteriores o posteriores.

Al presente caso en estudio trata de los fiadores de una sociedad que hacen valer sus derechos como nuevos acreedores al cancelar la deuda que dicha sociedad tenía con el Banco Salvadoreño, por lo que por ministerio de ley, se subrogaron en la acción que tenía el Banco contra el deudor principal, con todos sus privilegios y seguridades. Y en este juicio se pide la apelación en vista que la sentencia pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil en su fallo condenó a la sociedad a pagar a los fiadores la séptima parte de lo adeudado y al mismo tiempo negándoles a los fiadores el derecho de reclamar lo que han pagado por la sociedad.

Por otra parte al ser emplazado el representante de la sociedad demandada, alegó que el representante del demandante o sea el Banco, no tenía poder suficiente para actuar ene l juicio oponiendo al mismo tiempo las excepciones de nulidad de todo lo actuado y de oscuridad e informalidad de la demanda. Excepciones que fueron declaradas sin lugar, por no aportar las pruebas necesarias para su comprobación así como lo establece el Art. 57 Pr. M.

Considero que el fallo pronunciado pro el Juez Primero de lo Civil, no estuvo arreglado a derecho, al declararles sin lugar el recurso interpuesto pro los fiadores, apelando de la sentencia dictada, ya que basándonos en los preceptos jurídicos, los fiadores al subrogarse en los derechos que tenía el Banco como acreedor original de la Sociedad, adquirieron los derechos que dicho Banco tenía y uno de los derechos era el de poder apelar de la sentencia del Juez inferior cuando crea haber recibido agravio y poder hacer el reclamo de esa sentencia ante el Tribunal Superior. Y al considerar los fiadores que la sentencia pronunciada pro el Juez de Primera Instancia les era adversa, interpusieron el recurso, y con toda la razón pues los fiadores adquirieron los derechos que correspondían al acreedor original.

El tribunal superior en su relación al presente caso, manifestó que la sentencia pronunciada no estaba arreglada a derecho, o lo que era procedente reformarla, condenado a la sociedad al pago de la cantidad que pagaron por ella los fiadores y los accesorios de ley.

Conforme con lo dicho, me parece acertado el fallo de la sentencia que pronunció el Tribunal Superior, pues aplico acertadamente las disposiciones jurídicas.

SENTENCIA NUMERO DIECIOCHO

I. DOCTRINA

La prueba en un informativo instruido por un Juez de Paz con el objeto de deducir responsabilidades penales no puede ser trasladada a un proceso de índole mercantil como es el presente juicio ejecutivo. La doctrina nos ha dicho que se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original si la ley lo permite, según el cual la parte contra quien se opone una prueba goza y debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo el ejercicio de su derecho de repreguntar a los testigos y aún de la oportunidad de contraprobar los hechos referidos por aquellos, dicho principio se eleva a la categoría de norma cuando nuestra ley dice que toda prueba debe ser vertida en el juicio, con conocimiento y audiencia de todas las partes y se encuentra consagrado en nuestra ley procesal en el Art. 242 Pr. según el cual las pruebas deben producirse en el término probatorio, con citación de la parte contraria y ante el Juez que conoce de las causas, pena de no hacer fe, a lo que hay que agregar que conforme al Art. 1283 Pr., no se darán certificaciones de declaraciones de testigos so pena de no hacer fe las diligencias practicada.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1089 Pr.

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio civil ejecutivo promovido en el Juzgado Primero de lo civil de este distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las doce horas del día quince de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Sentencia en la cual se falló “condénase a la sociedad Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A.”, a pagar a la sociedad “Peña Moreno y Compañía”, la cantidad de cien colones las costas procesales. Continúe la presente ejecución hasta su completo pago o trance.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior manifestó que “los documentos presentados como base de la acción ejecutiva además de las pólizas y anexos antes referidos, están constituidos además de las pólizas y anexos antes referidos, están constituidos por una certificación expedida por el Juez de Paz de Mejicanos, que contienen parte del juicio penal que se ha instruido para averiguar el delito de hurto calificado cometido ene l Almacén Montepío “El mundo Elegante”, situado en la Primera Avenida y Tercera Calle Poniente de Mejicanos, y se refieren especialmente a la denuncia presentada pro el señor Carlos Cecilio Vasco Vides, su declaración rendida al mismo tribunal y deposición de varios testigos que establecen dentro de dicho informativo la preexistencia y el desaparecimiento de objeto así como otras circunstancias del hecho delictual; pero la prueba vertida en un informativo instruido por un juez de paz con el objeto de deducir responsabilidades penales no puede ser trasladada a un proceso de índole mercantil, como es el presente juicio ejecutivo. La doctrina nos ha dicho que se entiende pro prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original si la ley lo permite, y que tal prueba así trasladada por medio de un documento, no puede producir ningún efecto contra quien no fue parte ene l proceso donde se admitió o practicó por falta fundamental de contradicción, según el cual la parte contra quien se opone una prueba goza y debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo el ejercicio de su derecho de repreguntar a los testigos y aún de la oportunidad de contraprobar los hechos referido por aquellos, dichos principios se elevan a la categoría de norma cuando nuestra ley dice que toda prueba debe ser vertida en juicio, con conocimiento y audiencia de todas las partes y se encuentra consagrada en nuestra ley procesal en el Art. 242 Pr. según el cual las pruebas deben producirse ene l término probatorio, con citación de la parte contraria y ante el juez que conoce de la causa so pena de no hacer fe, a lo que hay que alegar que conforme al Art. 1283 Pr., no se darán certificaciones de declaraciones de testigos so pena de no hacer fe la diligencia de declaraciones de testigos s pena de no hacer fe la diligencia practicada.

Por todas las razones expuestas, considera esta Cámara que el juez de Primera Instancia careció de poder para revocar un auto interlocutorio y que el actor no ha presentado documentos con fuerza ejecutiva para lograr el embargo en bienes de la sociedad demandada, por lo que se impone una sentencia revocando la de primera instancia y absolviendo de la acción ejecutiva a la Compañía Aseguradora, condenando al demandante en las costas de ambas instancias”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las diez horas y cincuenta minutos del día treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor José Ignacio Paniagua (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Carlos Amílcar Amaya, apoderado de la parte demandada.
Apelado, Doctor Rodey Liberato Quinteros Marroquín, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO DIECIOCHO

Art. 593 Pr. inc. primero : “Todo portador legítimo de un título que tenga fuerza ejecutiva de conformidad con la ley, puede pedir ejecución contra la persona responsables o sus sucesores o representantes”.

Los requisitos esenciales para que prospere la acción ejecutiva son:

1°) Que la Ley de la acción sea un documento que conforme a la Ley, tenga aparejada ejecución; esto es, que se trate de uno de los documentos mencionados en el Art. 587 Pr. y además esté comprendido en una de las cuatro clases que se enumeran en los Arts. 588, 599, 590 y 591 Pr;
2°) Que el acreedor sea portador legítimo del documento;
3°) Que la ejecución se siga contra el deudor y que éste sea moroso;
4°) Que la cantidad reclamada sea líquida;
5°) Exigible.

No estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia que pronunció el juez de Primera instancia en el juicio civil ejecutivo, en el que se demanda el pago de la póliza de un seguro, ya que al plantear la demanda la parte actora no probó los elementos necesarios que señala el Código de Procedimientos Civiles, para ejercitar la acción ejecutiva, y el demandado expresa que es necesario para el ejercicio de la acción ejecutiva cumplir con cuatro requisitos que son: a) acreedor con título legal; b) deudor moroso; c) documentos con fuerza ejecutiva suficiente y ch) cantidad líquida.

Considero que si en toda acción son muy importantes los elementos probatorios para sí tener los medios necesarios para pronunciar una sentencia basada en la realidad de los hechos, con mayor razón lo son en el juicio ejecutivo en el cual la prueba debe ser preconstruida. Por consiguiente estimo necesario la aplicación del 593 Pr.

Por otra parte, la Cámara hace en su análisis del caso, que el acto que revocó el Juez de Primera Instancia ene l que revisa documentos ya calificados, para darles un valor que les había sido denegado por el revocado, carece de respaldo legal porque la resolución que declara sin lugar una ejecución es interlocutorio y no de mera sustención, en cuanto atañe al fondo de la fuerza de los instrumentos y desde luego adquiere firmeza si no se interpone recurso alguno dentro del término de ley. La cámara en su resolución manifestó que el Juez de Primera Instancia careció de poder para revocar el auto interlocutorio y que el actor no presentó documentos con fuerza ejecutiva para lograr el embargo en bienes de la sociedad demandada.

La Cámara absolvió a la Sociedad demandada de la demanda que se le entabló y condenó a la demandante en las costas procesales de ambas instancias.

SENTENCIA NUMERO DIECINUEVE

I. DOCTRINA

Según la sentencia pronunciada por le Juez aquo, no se comprobó en autos la personería del Síndico Municipal, omisión; quien pretendió subsanarse en esta Instancia presentando una certificación del Acuerdo en que consta que varios miembros de la Municipalidad de Mejicanos tomaron posesión de sus cargos, entre los cuales se encintraba el Síndico, en su calidad antes mencionada, documentos que según estima esta cámara no comprobó la personería del Síndico Municipal de Mejicanos, porque el documento idóneo para comprobar tal aseveración es el acuerdo en que fue nombrado y no el acta extendida.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio ordinario de rectificación de partida de nacimiento promovido en el Juzgado Primero de lo civil de este distrito Judicial en sentencia definitiva pronunciada a las doce h oras y treinta minutos del día catorce de mayo de mil novecientos ochenta y tres, sentencia en la cual se fallo: “Declárase que no ha lugar a la rectificación del error de las partidas de nacimiento de Carlos Antonio Fabián Lozano y Susana Araceli Fabián, solicitada por le Licenciado Miguel Angel Deras Montes, en su carácter de agente auxiliar de la señora procuradora general de Pobres y a su nombre de los señores Teresa de Jesús Fabián y Santos Lozano, por no existir en este Juicio, legítimo contradictor. Declárase inepta la demanda de folios uno y dos, no hay costas”.


La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.


IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó: “que según la sentencia pronunciada por el Juez aquo, no se comprobó en autos la personería del señor José Ovidio Nerio, como Síndico Municipal, omisión que pretendió subsanarse en esta Instancia, presentando una certificación del acuerdo en que consta que varios miembros de la Municipalidad de Mejicanos, tomaron posesión de sus cargos entre los cuales se encontraba el señor Nerio, en su calidad antes mencionada, documento que según se estima esta Cámara lo comprobó la personería del Síndico Municipal de Mejicanos, porque el documento idóneo para comprobar tal aseveración es el acuerdo en que fue nombrado y no el acta extendida el veintitrés de enero del año en curso, de la sesión extraordinaria celebrada pro la Municipalidad de Mejicanos, el veinticuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta, extendida por el Alcalde Bachiller Mauricio Castro Medrano, quien a la fecha de la sesión mencionada, no fungía como Alcalde de esa población, siendo el Alcalde en esa fecha el señor José Antonio Guzmán.

Por la razón antes dicha estima esta Cámara que la sentencia está arreglada conforme a derecho y debe confirmarse”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las nueve horas del día trece de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor jorge Guillermo Domínguez.

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Miguel Angel Deras Montes, agente Auxiliar de la Procuraduría General de Pobres, Apoderado de la Parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO DIECINUEVE

En el juicio ordinario de rectificación de partida de nacimiento de dos menores, el Juez, el juez de Primera Instancia declaró que no ha lugar a la rectificación del error de las partidas de nacimiento de dichos menores, por no existir en este juicio, legítimo contradictor y por lo que declaró inepta la demanda.


Así esta clase de juicios, la parte demandada es el Síndico Municipal del lugar donde nació la parte actora.

Pero para que exista legítimo contradictor, el Síndico Municipal tiene que presentarse la personería que acredite como tal a éste cosa que no se comprobó en este juicio.

Todo con base a lo preceptuado en el Art. 1273 Pr., que textualmente dice: “Si no se legitimare la persona que aparece en juicio, se decretará: que legitimándose la persona se proveerá. En este caso no se devolverá el escrito proveído sino que se reservará en la oficina para que cuando se legitime la personería, se le dé el trámite de que sea susceptible según su naturaleza”. Y más concretamente en el Art. 1274 pr.,: “Todo el que se pretende en juicio como actor por un derecho que no sea propio, aunque le corresponda ejercerlo por razón de su oficio o de investidura que le venga de la ley, como el procurador, el tutor o curador por su pupilo, el Síndico por la comunidad, u otro que esté en igual caso, acompañará con su primer escrito o gestión los documentos que acrediten su personalidad sin lo cual no se admitirá su representación como queda dicho.

En la misma obligación estará el demandado pero aunque no la cumpla, no por eso dejará de admitírsele, y el actor podrá en tal caso probar la personalidad de su adversario en el término probatorio que se conceda para lo principal o en el del requerimiento que se hiciere al demandado en virtud de lo prescrito en el Art. 1131. esta comprobación de parte del actor podrá hacerse con cualquier documento auténtico en que conste la personería del demandado, el cual entonces será responsable solidariamente con su representado de las costas que ocasione tal comprobación, y de la nulidad d lo actuado, si después de declarada ésta se legitimare la personería”.

Según el razonamiento de la Cámara al analizar el caso dijo: que en el juzgado Primero de lo Civil no se comprobó en autos la personería del Síndico Municipal y que en la Segunda Instancia se trató de subsanar esa omisión, presentando una certificación dela cuerdo en que consta que varios miembros de la Municipalidad, tomaron posesión de sus cargos, entre los cuales se encontraba el Síndico Municipal, documento que según estima la Cámara, no comprobó la personería del mencionado Síndico, porque para comprobar la personería era necesario el acuerdo en que fue nombrado en ese cargo y no el Acta extendida dela sesión extraordinaria celebrada por la Municipalidad. Por lo que el Tribunal de Apelaciones resolvió que la sentencia apelada estaba arreglada a derecho y debía confirmarse.

Estoy de acuerdo con los fallos pronunciados por le Primero de lo Civil y por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, porque al pronunciar dichos fallos han juzgado con acierto.

SENTENCIA NUMERO VEINTE

I. DOCTRINA

Conforme a tantas veces mencionado inc. primero del Art. 127 de la Ley de Creación del Banco Hipotecario de El Salvador, éste está exonerado de pago de todo impuesto o tasa fiscal, municipal o de cualquier naturaleza, ya sea sobre sus bienes, haberes o propiedades, sobre su capital su renta o utilidades, ya sea sobre los títulos o sobre los instrumentos de obligación que otorgarse los créditos o hipotecas que le otorgaren, siempre que el Banco legalmente fuere el obligado al pago de dicho impuestos o tasa, pero no tendrá lugar la extensión cuando sea el otro contratante el obligado al pago;

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1090 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio sumario mercantil promovido en el Juzgado Primero de lo civil de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las doce horas y cuarenta minutos del día diez de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, pidiendo la parte demandada que se revoque la sentencia venida en apelación, declarando que sí existe la informalidad de la demanda y condenando en costas a la parte actora.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó: “ que sobre la argumentación anterior, cabe hacer el siguiente comentario: a) Conforme a tantas veces mencionado, inc. primero del Art. 127 de la Ley de Creación del Banco Hipotecario de El Salvador, esté ésta exonerado del pago de todo impuesto o tasa fiscal, municipal o de cualquier naturaleza, ya sea sobre sus bienes, haberes o propiedades, sobre su capital, su renta o utilidades, ya sea sobre los títulos o sobre los instrumentos de obligación que otorgare o sobre los créditos o hipotecas que le otorgaren, siempre que el Banco legalmente fuere el obligado al pago de dichos impuestos o tasas, pero no tendrá lugar la exención, cuando sea el otro contratante el obligado al pago; b) Como resultado de la cesión de los derechos provenientes de las pólizas a que se hace referencia, otorgada por el señor Ivan Popoff a favor del Banco Hipotecario de El Salvador, este incorporó a su patrimonio los beneficios que podían proporcionarle en caso de siniestro, originándose un crédito a cargo de la sociedad demandada, tal como aparece haber sucedido y en tal caso, el Banco tiene la facultad de defenderlo, ejercitando sus acciones que fueren pertinentes; c) Que la cesión de mérito a juicio de esta Cámara, debe comprenderse entre los créditos otorgados a favor de Banco y como consecuencia, objeto de privilegios y exenciones que goza la Institución; y d) Que cuando el pernotado Art. 127 dice: siempre que el Banco legalmente fuere el obligado de dichos impuestos o tasas, pero no tendrá lugar la exención cuando sea el otro contratante el obligado al pago”, debe entenderse que se refiere a las operaciones comerciales que el Banco celebra con terceros y que el pago de las contribuciones fiscales está regulado por la ley, en cuanto a quien de los contratantes deberá pagarlas.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Tribunal concluye que la informalidad alegada no existe y que como consecuencia, debe confirmarse la sentencia impugnada”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA

Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las nueve horas del día diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Sotero Reyes Santos
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Rafael Antonio Carballo y Guillermo Trigueros hijo, apoderados de la parte demandada.
Apelado, doctores Jorge Arturo Avilés Arias y Luis Salmón Cortez, apoderados de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTE

Según el Diccionario de Derecho Usual del Doctor Guillermo Cabanellas, Cesión de Derechos significa: “La transmisión a título gratuito u oneroso, de cualquiera de las facultades jurídicas que pertenecen al titular de ellas, ya sean personales o reales.

La institución Bancaria, en este caso, el Banco Hipotecario de El Salvador, es cesionaria del os derechos que contienen las pólizas de seguros ya mencionadas, por lo cual el Banco demanda enjuicio sumario mercantil a la sociedad aseguradora.

Según la Ley de Creación el Banco hipotecario, en el Art. 127: “El Banco está exento de todo pago de impuesto o tasa fiscal o municipal o de cualquier otra naturaleza, ya sea sobre sus bienes haberes o propiedades, sobre el capital, su renta o utilidades ya sea sobre los títulos o sobre los instrumentos de obligación que otorguen, siempre que el Banco legalmente fuere obligado al pago de dichos impuestos o tasa, pero tendrá lugar la exención cuando sea el otro contratante el obligado al pago”.

Del análisis del Art. 127 de la Ley de creación del Banco Hipotecario de El Salvador, se deduce que si opera la exención general y absoluta del pago de impuestos, por ser en este caso el Banco el obligado, es decir que no existe la informalidad de la demanda por no haberla presentado en papel sellado, ya que la Institución Bancaria goza de esa prerrogativa fiscal y basándose en lo establecido en su ley respectiva, puede hacer uso de dicha exoneración al pago de los impuestos que establece el Art. 127 de la misma ley. Ya la parte apelante o sea la parte demandada, cita el Art. 1357 del Código de Comercio para asegurar su excepción. Art. que dice: “La empresa aseguradora podrá oponer al tenedor de la póliza o a los terceros que invoquen el beneficio, todas las excepciones oponibles al suscriptor original, sin perjuicio de las que tengan contra el reclamante”:

La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en su razonamiento manifiesta que el Art. 127 de la Ley de Creación del Banco Hipotecario está exonerado de todo impuesto a esa Institución y a lo que se refiere a la cesión de derechos que provienen de las pólizas conferidas por la parte actora con el Banco, éste incorporó a su patrimonio los beneficios que podían proporcionarle en caso de siniestro, originándose un crédito a cargo de la sociedad demandada, tal como aparece haber sucedido y en tal caso el Banco tiene la facultad de defenderlo ejercitando sus acciones que fueren pertinentes.

Estoy de acuerdo con el fallo pronunciado por los Tribunales sentenciadores y considero correcto el que la Cámara en su resolución establezca que la informalidad alegada no existe, confirma la sentencia pronunciada por el Juez Primero de lo Civil y al mismo tiempo, condena en costas de esta instancia a la parte apelante, o sea a la Compañía aseguradora.

SENTENCIA NUMERO VEINTIUNO

I. DOCTRINA

Menciona los casos en que se necesita poder especial, entre los cuales no se encuentra, el de contestar una demanda. Si un Abogado se presenta ante un Juez con un Poder en que se le confiere facultad para intervenir como actor o como reo, en cualquier juicio seguido contra el poderante, es de considerar que tiene poder bastante para representar a la persona que se lo confirió, suficiente para ser emplazado en juicio o diligencia seguida contra su cliente ausente de la República. Con mayor razón cuando el poder tiene una cláusula que de manera especial lo autoriza para que “la presente en todas las incidencias e instancias del juicio de divorcio entre la poderante y su esposo, dando y confiriendo las más amplias facultades al respecto, sin limitación alguna”.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

Del auto interlocutorio, promovido en el Juzgado segundo de lo Civil de este Distrito, en incidente de ausencia en el cual se declara ausente a la señora Caroll María Smith Rivera y al mismo tiempo se le nombra un curador para que la represente en el juicio de Divorcio, promovido por el esposo, señor Ronal Ramier Amthor Daglio.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

Esta Cámara expresó que el Art. 113 Pr., menciona los casos en que se necesita poder especial, entre los cuales no se encuentra, el de contestar una demanda. Si un abogado se presenta ante un Juez con un Poder en que se le confiere facultad para intervenir como actor o como reo, en cualquier juicio seguido contra el poderante, es de considerar que tiene poder bastante para representar a la persona que se lo confirió, suficiente para ser emplazado en un juicio o diligencia seguida contra su cliente ausente de la república. Por consiguiente, esta Cámara considera que la sentencia interlocutoria apelada, debe reformarse en el sentido de declarar que habiéndose presentado con motivo de las publicaciones en los periódicos respectivos, los doctores Godofredo Armando Baiza y Jorge Arturo Avilés Arias, como apoderados de la señora Caroll María Smith Rivera, ausente de la República, debe de emplazársele por tener poder bastante para representarla”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las diez horas y treinta minutos del día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Jorge Arturo Arias Aviles y el Doctor Godofredo Armando Baiza, apoderados de la parte demandada.
Apelado, no hubo procuración por la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTIUNO

Testigo: Persona que debe a la celebración de ciertos actos jurídicos, en los casos así señalados por la Ley o requeridos por los particulares, para solemnidad de los mismos, poder dar fe y servir de prueba.

En el juicio de Divorcio en estudio, en lo que se refiere a las declaraciones delos testigos, se comprobó que éstos fueron examinados dentro del término probatorio, según lo expresa nuestra legislación en el Art. 1287 Pr. “Todo término de prueba en cualquier instancia, es común a las partes que litigan y comenzará a contarse desde el día siguiente al de la última notificación”. Y de acuerdo a las fechas de la última notificación de apertura de prueba se hizo el día 27 de enero de 1983, hasta el día 4 de Febrero del mismo año, y fueron examinados los testigos el día 4 de Febrero, siendo el último día del período de pruebas. Por lo que sí, los testigos declararon ene l término legal.

Por otra parte, en la sentencia pronunciada por el Juez segundo de lo Civil, declaró que los apoderados de la parte demandada no tenían poder suficiente.

Creo necesario definir lo que significa Procurador según el Diccionario de Derecho Usual del Dr. Cabanellas. Procurador: Apoderado, representante. quien con facultad recibida de otro actúa en su nombre. El que habilitado legalmente, se presenta en juicio en nombre y representación de una de las partes.

La definición legal está contenida en el Art. 98 Pr., en este caso la parte demandada nombró Procurador y lo autoriza para que la represente en todas las incidencias e instancias del Juicio de Divorcio entre ella y su esposo. Pro lo tanto, la parte demandada en el poder confiere amplias facultades sin limitaciones algunas a los procuradores, basándonos en el Art. 112 Pr., que dice: “Todos los derechos concedidos en este Código a las partes, las tienen sus apoderados o procuradores, en todos aquellos casos para los que la Ley no requiere autorización o poder especial”.

Me parece que el fallo pronunciado por el Tribunal de Apelaciones está ajustado a derecho, en cuanto que en la resolución planteada señala el Art. 113 Pr.,, el mismo código menciona los casos en que se necesita Poder Especial, entre los cuales no se encuentra el de contestar una demanda y que a los apoderados de la demanda debe emplazárseles por tener poder bastante para representarla y habiendo comprobado que ella estaba ausente.

Estoy de acuerdo con la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro al reformar la sentencia apelada y que a los apoderados se les emplazara en legal forma para seguir el juicio de divorcio.

SENTENCIA NUMERO VEINTIDÓS

I. DOCTRINA

En lo referente al ordinal d) exención total de impuestos sobre al renta y utilidades durante ocho años, es natural que tal ordinal tiene por objeto declararlo exento del pago del impuesto sobre la renta, y en cuanto al ordinal e) exención total de impuestos sobre los activos y sobre el patrimonio durante diez años, en ningún momento debe de interpretarse que se refiere a toda clase de impuestos, porque los activos y el patrimonio, constituyen el capital, lo que significa que durante el término allí señalado, diez años, INSINCA no pagará los impuestos municipales estuvieran comprendidos, tendrían que concederse una exención especial y de manera expresa, de acuerdo el Estado con la Municipalidad afectada.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1601 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el Juicio Civil ejecutivo promovido en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, en sentencia definitiva pronunciada a las diez horas del día veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, se fallo: “siendo procedente la excepción de ineptitud de la demanda puesta y alegada por el Doctor Godofrefo Armando Baiza apoderado de la demanda, declárase absuelta de la demanda incoada a su representada “Industrias Sintética de Centro América Sociedad Anónima”, y no haber lugar a la ejecución decretada”.

La parte demandante apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó: “ En cuanto a las exenciones contenidas en los ordinales a), b) y c) nada se ha delegado al respecto. En lo referente al ordinal d) exención total de impuestos sobre la renta y utilidades durante ocho años, es natural que tal ordinal tiene por objeto declararlo exento del pago del impuesto sobre la renta y en cuanto al ordinal e) exención total de impuestos sobre los activos y sobre el patrimonio durante diez años, en ningún momento debe de interpretarse que se refiere a toda clase de impuestos, porque los activos y el patrimonio, constituyen un capital, lo que significa que durante el término allí señalado, diez años, INSICA no pagará los impuestos correspondientes a vialidad. Para que los impuestos municipales estuvieran comprendidos, tendría que concederse una exención especial de manera expresa de acuerdo con el Estado y la Municipalidad afectada”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas del día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía (ponente) y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez.

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor René Mendizábal Ortiz, apoderado de la parte actora.
Apelado, Doctor Godofredo Armando Baiza, apoderado de la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTIDÓS

En el juicio civil ejecutivo en estudio, se plantea a la demanda por parte de la Municipalidad de Apopa, con el objeto de hacer efectivo el pago adeudado por una empresa manufacturera, Industrias Sintéticas de Centro América, en concepto de impuestos Municipales.

La parte demandada opuso en el término de prueba, la excepción de ineptitud de la demanda y fundamentó su alegato en el Art. 595 pr., pero al analizar el contenido de este Art., se entiende que el ejecutado pruebe las excepciones que oponga y que obren a su favor, al presentar la parte demandada la prueba de dicha excepción la Juez de Primera Instancia de Tonacatepeque, que conoció del caso. Mandó agregar la documentación presentada y sin que la parte demandada se lo pidiera, señaló día y hora para la audiencia pública con citación de la contraria para la diligencia de la agregación de los documentos, en cuanto a esta acción hecha por la Juez la parte demandante alega la violación del Art. 1299 Pr., que dice. “Ninguna providencia judicial se dictará de oficio por los jueces y tribunales, sino a solicitud de parte, excepto aquello que la ley señale expresamente”, es decir, para que la Juez hubiera agregado la documentación que se presentó es necesario en este caso, solicitud de parte y no decisión del Juez sentenciador. Así como de conformidad a la parte primera del Art. 2 Pr., que expresa: “Los procedimientos no penden del arbitrio de los jueces, los cuales no pueden dispensarlos, restringirlos ni ampliarlos, sino en los casos que la ley lo determine”.

Según el convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales el Desarrollo Industrial en la parte que corresponde al Art. 3, exceptúa a los impuestos municipales de los beneficios fiscales concedidos en el mismo, dando sujeto a una exención especial que los Estados pueden otorgar o no. Y de conformidad con el Art. 80 de la Ley del Ramo Municipal, expresa: “ El Poder ejecutivo (hoy organo ejecutivo), no podrá en ningún caso perdonar ni despensar el pago de impuestos creados en beneficio de las rentas municipales, la cual se aplicó en este caso por estar todavía en vigencia la Cn., de ese año al resolver este juicio.

Me parece acertado el fallo de la Cámara sentenciadora, siendo encomiable la interpretación que hace en cuanto a que de haber exención de impuestos municipales, debería de estar expresamente comprendido en el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.

La Cámara en su fallo revocó la sentencia que diera la juez de Tonacatepeque, por no estar arreglada a derecho y condenó a la parte demandada a pagar al Concejo Municipal de Apopa, la cantidad adeudada más las costas procesales.

SENTENCIA NUMERO VEINTITRÉS

I. DOCTRINA

En el caso de que le haya revocado el poder al Procurador, este debe continuar hasta que se presente el nuevo Procurador que ha de sustituirle, siendo esto extensivo a todos aquellos que bajo cualquiera denominación obran en juicio a nombre y en representación legal de otros.

II ARTICULOS APLICADOS
Art. 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio ejecutivo promovido en el juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las once horas del día veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y tres, se falló. “Decláranse ausentes y que ha lugar el nombramiento de un curador especial a los señores José Francisco Quiñónez Avila, conocido por Francisco Quiñónez Avila, Ricardo Lucio Quiñónez conocido por Ricardo Quiñónez Avila y Brian Lucio Coughin Quiñónez, de las generales expresadas cuyo paradero se ignora, así como también si han dejado procurador o representante legal conocido con poder bastante para que lo represente en el Juicio Mercantil Ejecutivo que en su contra ha promovido la sociedad Olin Corporation”.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior manifestó que “los puntos alegados por el apelante son los siguientes: a) Que el mandato conferido al doctor Ricardo González Camacho ya había expirado a la fecha en que se pidió se le recibiera la prueba testimonial, por lo que la prueba recibida a solicitud suya es nula, ya que el poder le había sido conferido con vigencia hasta el día treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno y la prueba fue solicitada los días catorce y veinte de julio del mismo año, que por tanto la prueba adolece de nulidad absoluta conforme al Art. 1131 pr., b) Que el Doctor Federico Flamenco Rodríguez, sustituto del Doctor González Camacho, no ratificó lo actuado por su antecesor, porque realmente no era procedente aplicar el Art. 1131 antes mencionado, porque este art. solamente permite ratificar lo actuado por una persona que ha comparecido en el juicio, pero que no ha comprobado su personería. Lo alegado por el Doctor Portillo Anchissi no es relevante, porque aún en el caso de que le haya sido revocado el poder al procurador, este debe continuar hasta que se presente el nuevo procurador que ha de sustituirse, siendo esto extensivo a todos aquellos que bajo cualquiera denominación, obran en juicio a nombre y en representación legal de otros. Arts. 118, 119 y 115 No. 4º. Pr.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas y cinco minutos del día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Jesús Antonio Portillo Anchissi, apoderado de la parte demandada.
Apelado, Doctor Francisco Flamenco Rodríguez, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTITRÉS

Procurador significa: apoderado representante, quien con facultad recibida de otro actúa en su nombre y representación de una de las partes, según lo expresa el diccionario de Derecho usual del Dr. Guillermo Cabanellas.

Cuando sucede el caso de que se le revoque el Poder al Procurador, éste debe continuar con las diligencias del juicio, hasta que se presente el nuevo Procurador que le sustituirá. El Art. 118 pr., establece que: “En cualquier estado del juicio, puede revocarse el Poder de un Procurador, pero todas las diligencias del juicio se entenderán con el procurador relevado, hasta que se apersone ante el Juzgado o Tribunal otro que reemplace o el mismo Poderante”.

En este caso, el apelante alego que la sentenciada por el Juez Segundo de lo Civil, no estuvo arreglada a derecho, porque el mandato conferido al Apoderado de la parte actora ya había expirado a la fecha en que se pidió se le recibiera la prueba testimonial y siguió diciendo que la prueba recibida a solicitud suya era nula, ya que el poder le había sido conferido con vigencia hasta el día 30 de junio de 1981 y la prueba fue solicitada los días 14 y 20 de julio de ese mismo año, y también porque no hubieron pruebas legales suficientes de la ausencia de los demandados.

En la sentencia dada por el Juez de Primera instancia, declaró ausente a los demandados y ordenó que se les nombrará curador especial. Esta resolución me parece bien en la declaración de ausencia pero no estoy de acuerdo en el nombramiento de Curador, porque para ella hay que seguir un juicio de declaratoria de ausencia.

Cuando se demanda a una persona y ésta se encuentre ausente no declarada, ya sea que esté fuera del país o que se le ignore su paradero, así como también no deje esta persona ausente, un procurador o un representante legal, se tiene que preparar un juicio en el que pida la parte que pueda ejercer la representación y se tiene que probar sumariamente por medio de un juicio, así lo establece el Art. 141 Pr., pero en este caso, sí había representante legal por parte de los demandados por lo tanto no es procedente preparar un juicio para nombrar curador especial.

En el juicio ejecutivo en estudio, me parece acertado lo que estableció la Cámara en su fallo, con respecto al procurador. El Tribunal en su fallo dijo, en este juicio el procurador debe continuar aunque haya sido revocado su poder, este debe continuar hasta que se presente otro procurador que ha de sustituirle, siendo esto extensivo a todos aquellos que bajo cualquiera denominación, obran en juicio a nombre y en representación legal de otros.

Por lo que el fallo del Tribunal superior confirmó la sentencia en cuanto a la declaración de ausentes y reformó en lo que se refiere al nombramiento de curador especial.

Considero que en este caso particular, por el hecho de haberes apersonado en el juicio un apoderado ya no era necesario ni procedente nombrar curador especial para los demandados, de acuerdo con el Art. 219 Pr.

Por lo tanto, me parece que la Cámara resolvió en una forma acertada resultando el fallo ajustado a derecho.

SENTENCIA NUMERO VEINTICUATRO

I. DOCTRINA

Si bien es cierto que de conformidad al art. 1968 C., e depósito debe restituirse en especie, también lo es que, su devolución está sujeta a condición suspensiva, cual es su liquidación con base en la rentabilidad real que produzcan los servicios prestados por la persona depositaria, por lo que para el efecto de fijación de plazo para su devolución total o parcial, es necesario como lo argumenta el Juez de Instancia, que esa condición se haya cumplido previamente mediante el ejercicio de acción diferente.

II. ARTICULOS APLICADOS
No aparece disposición alguna.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En las diligencias de fijación de plazo promovidas en el Juzgado tercero de lo Civil de este Distrito, en auto dictado a las once horas del día dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se revocó la fijación de plazo solicitado por la parte actora, diligencias en las que se reclama la devolución de un depósito de dinero.

La parte actora apeló ante el tribunal superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior expresó que. “que si bien es cierto que de conformidad al Art. 1968 c., el depósito debe restituirse en especie tambié lo es que en el presente caso, su devolución está sujeta a condición suspensiva, cual es su liquidación con base en la rentabilidad real que produzcan los servicios prestados por la Compañía depositaria, por lo que para el efecto de fijación de plazo para su devolución total o parcial es necesario como lo argumenta el Juez de Instancia, que esa condición se haya cumplido previamente, mediante el ejercicio de acción diferente”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguia y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez.

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Juan Gregorio Guardado, apoderado de la parte actora.
Apelado, doctor César Augusto Calderón, apoderado de la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTICUATRO

El comentario de esta sentencia se refiere a la apelación interpuesta por la parte actora, en la Diligencias de Fijación de Plazo en donde se reclamo la devolución de un depósito de dinero y por la revocación de la fijación del plazo solicitado.

El Código Civil en su Art. 1365 expresa: “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede ser expreso y tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo”.

La definición de obligaciones a plazo que ofrece Alesandri y Somarriva en el Curso de Derecho Civil (obligaciones en general). El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y es un acontecimiento futuro y cierto del cual depende la exigibilidad o la extinción de un derecho o una obligación.

El apoderado de la parte actora al plantear en la solicitud que se fije plazo para que la sociedad demandada devuelva a su representada recibió en determinada fecha, más los intereses convenidos desde la fecha del depósito hasta su completa devolución, el Juez actuante le revocó el plazo que le había conferido con anterioridad a la parte actora.

El Juez de Primera Instancia en la segunda vez que le fue pedido la fijación del plazo, la declaró sin lugar, aduciendo para el caso que la fijación del plazo a que se refiere la ley, es para el cumplimiento de las obligaciones, cuando el cumplimiento está sujeto a una condición, ésta debe haberse cumplido a tiempo de la petición de fijación de plazo.

Creo necesario manifestar que para que surta efecto la fijación de plazo para devolución total o parcial de lo depositado, es necesario que se haya cumplido previamente por medio de una acción diferente, y de acuerdo a la argumentación hecha por la Cámara que el depósito debe restituirse en especie, también lo es que en el presente caso, su devolución está sujeta a condición suspensiva, siendo su liquidación con base a la rentabilidad real que produzcan los servicios prestados por la parte depositaria.

Estoy de acuerdo con el Tribunal de Apelaciones, en canto a que la resolución impugnada no es paléale en virtud de que no existe disposición legal que apoye el recurso que de acuerdo al Art. 984 inc. 3° pr., en el que dice: “Que se concede apelación en ambos efectos de las resoluciones que pongan término a cualquier clase de juicios, haciendo imposible su continuación”.

Y en este caso el auto en cuestión no le pone término a las diligencias las cuales manifiesta la Cámara ya estaban en esa situación con lo resuelto para la devolución del depósito. Por lo que resulta ilegal la alzada y declarada improcedente la apelación interpuesta.

Conforme con lo dicho me parece acertada el fallo de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro.

SENTENCIA NUMERO VEINTICINCO

I. DOCTRINA

Cuando se renuncia en el documento base de acción al derecho de apelar de decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier otra providencia apelable, que se dictare en el juicio, la sentencia pronunciada en dicho juicio no admite recurso alguno.

II ARTICULOS APLICADOS

No hay citas de disposiciones.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

Recurso de hecho promovido por le Ingeniero Guillermo Walsh Castellanos, del auto que le declaró sin lugar la apelación interpuesta por él ante el Juez Primero de lo Civil de este Distrito, en el cual se, por el Doctor oscar Arnoldo Salgado Perla, como apoderado de la Popular Sociedad Anónima, de retó embargo en bienes propios del mencionado ingeniero.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó: “Que resolviendo el recurso de hecho, interpuesto pr e Ingeniero Guillermo Walsh Castellanos, en el ejecutivo iniciado en su contra en el Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito, por el Doctor Oscar Arnoldo Salgado Perla, como Apoderado de la Popular Sociedad Anónima, de este domicilio, esta Cámara observa que en los documentos de obligación que sirvieron de base a la ejecución, el demandado Ingeniero Walsh, renunció expresamente al derecho de apelar del decreto de embargo sentencia de remate y quiera otra providencia apelable que se dictare en el juicio que se siguiere en su contra, por lo que en vista del tal renuncia, la sentencia pronunciada por le Juez no admite recurso debiéndose confirmar el auto que declaró sin lugar la apelación que aparece a fs. 88 de la pieza principal”, por lo que esta Cámara resuelve: Confírmase el auto pronunciado por el Juez Primero de lo Civil de este Distrito, que declara sin lugar la apelación interpuesta. No hay costas”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas del día veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez
Y Doctor jorge Sotero Reyes Santos.

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, no hubo procuración por parte demandada.
Apelado, Doctor Oscar Arnoldo salgado Perla, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTICINCO

Inapelable: irremediable, inevitable, insubsanable. //definitivo.//fallo, sentencia, auto o resolución contra el cual no cabe apelación (u otro recurso cualquiera), por ser firmes, no autorizarla la ley, haberlos consentido las partes o haber transcurrido el término hábil. Diccionario de Derecho Usual del Dr. G. Cabanellas.

Según Eduardo J. Couture en su libro “Fundamentos del Derecho procesal Civil”, define los sujetos de la apelación. Por otra parte Couture manifiesta que la norma en esta materia es la que no queda al arbitrio del Juez recurrido el otorgamiento del recurso. Y su corolario es el principio de que sólo cuando la ley prohibe la apelación es permitido denegar el recurso.

Estimo ajustada a derecho la resolución del tribunal superior por haber confirmado la sentencia del Juez Primero de lo Civil, pues con fundamento legal el juez de Primera Instancia denegó la apelación interpuesta por la parte demandada ya que el demandado renunció expresamente al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquiera otra provincia apelable que se dicte en el juicio que se siguiere en su contra, en los documentos de obligación que sirvieron de base a la ejecución. Por lo que considero que al renunciar en los documentos de obligación el demandado al derecho de apelar y al resultar desfavorable la sentencia dictada pro el Juez de Primera instancia, dicho demandado no tiene derecho a la apelación, según el Art. 986 (2°) Pr. “La Ley niega apelación: cuando entre las personas hubo pacto de no apelar”, en relación con los arts. 2Pr., y 12 C., es del caso mencionar que éstos arts. se refieren a la renuncia de una de las partes contratantes a los procedimientos establecidos a su favor y de los derechos conferidos por las leyes.

Por lo tanto estoy de acuerdo totalmente con el fallo dictado por la Cámara al confirmar la sentencia del Juez a-quo que declararon sin lugar la apelación interpuesta.

SENTENCIA NUMERO VEINTISÉIS

I. DOCTRINA

Se debe probar la calidad de Jefe de Personal, por medio de testigos y también las facultades de éste para contratar o despedir trabajadores, los testigos deben ser unánimes y contestes y en cuanto a las palabras empleadas por él para despedir al trabajador.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 417, 418, 419 C. de Tr. y 421 y 427 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio de trabajo promovido en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, contra el Estado ene l Ramo de Agricultura por el trabajador José Dolores Rodríguez, reclamado la indemnización por despido injusto.

El Juez, en base a las pruebas que se aportaron, resolvió declarar por terminado el contrato verbal de trabajo existente entre el Estado y el Trabajador.

Asimismo, la Cámara en su sentencia, declaró terminado el contrato de trabajo existente en ambas partes, sin responsabilidad para el Estado.

La parte actora apeló ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior expresó que: “el contrato individual que vincula al señor José Dolores Rodríguez y el Estado de El Salvador, en el Ramo de Agricultura y Ganadería, no consta por escrito pero se encuentra establecido en autos con la prueba testimonial presentada, así como también la relación laboral por lo que cabe estimar ciertas las estipulaciones y condiciones de trabajo alegadas en l demanda. Con la misma prueba dicha se ha pretendido probar el despido del demandante pero sobre el particular, ene l caso de hacer las observaciones siguientes: a) se prueba la calidad de Jefe de Personald el señor Oscar E. Núñez, por medio de los testigos citados, pero ninguno de ellos afirma las facultades de éste para contratar o despedir a trabajadores; y b) Tampoco son unánimes y contestes en cuanto a las palabras empleadas por él para despedir al trabajador. Luego es procedente estimar que el despido no fue probado fehacientemente”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas y quince minutos del día treinta de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por ninguna de las dos partes.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTISÉIS

Me parece bien fundamentado el fallo del Tribunal sentenciado en el juicio de trabajo que promovió el trabajador contra el Estado de El Salvador, en el ramo de Agricultura.

En la inspección que se practicó en el lugar de los hechos, para comprobar la veracidad de lo expresado pro los testigos no se encontraron huellas ni señales que sirvan para esclarecer los hechos, situados en el interior del cafetín donde en el momento de lo ocurrido, se encontraban los testigos, con la inspección verificaron que la visibilidad hacia el jardín es suficiente a pesar que en una ventanas están cubiertas con tela metálica lo cual dificulta la visibilidad de afuera hacia adentro del cafetín.

Y como lo expresa nuestra legislación en el Código de trabajo, que una de las causales de despido sin responsabilidad para el patrono, son los actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador dentro de su lugar de trabajo, por lo tanto sí procede declarar terminado el contrato de trabajo que existe entre las partes, sin incurrir en responsabilidad por parte del patrono. Y sí estoy de acuerdo con la ruptura o disolución del contrato que tenía el trabajador con la parte patronal, ya que los testigos dan a conocer muy claramente, la inmoralidad del trabajador en el lugar de trabajo sin perjuicio de la responsabilidad penal en que dicho trabajador incurrió y que debió habérsele deducido.

En conclusión, fue muy acertado el fallo del Tribunal al dar por terminado el contrato verbal de trabajo y absolver a la parte demandada.

SENTENCIA NUMERO VEINTISIETE

I. DOCTRINA

Si la demanda no compareció a la audiencia de prestación de pruebas, que se le confirió y como consecuencia legal de su falta de comprendo, deben tenerse por ciertos los extremos de la demanda conforme lo prescrito por el Art. 48 de la Ley de Procedimientos Especiales sobre accidentes de Tránsito.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1090 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio civil especial de tránsito, promovido en el Juzgado Primero de Tránsito de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las doce horas del día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, se condenó a la demandada a pagar daños y perjuicios más las costas procesales.

La parte demandada apeló ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó que: “por otra parte, la demandada no compareció a la audiencia de presentación de pruebas que se le confirió y como consecuencia legal de su falta de comparendo, deben tenerse por ciertos los extremos de la demanda conforme a lo prescrito por el Art. 48 de la Ley de procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito y como estos no fueron desvirtuados en forma alguna, los argumentos del Juez de Instancia se encuentran ajustados a derecho y es procedente confirmar la sentencia impugnada”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas del día tres de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía
Doctor jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por ninguna de las partes.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTISIETE

Cuando la parte demandada no comparece a una audiencia a la cual ha sido citada por el Juez a petición de la parte actora se le declara rebelde y se presumen ciertos los hechos afirmados en la demanda.

En este juicio especial de tránsito, el demandante pide que la demandada le pague los daños y perjuicios ocasionados en su vehículo, más las costas procesales y llenando todos los requisitos que se requieren para iniciar el juicio, el actor presenta la demanda. Cuando esta fue admitida, se ordenó emplazar a la demandada para que junto con el demandante comparecieran con las pruebas que tuvieren, pero a la audiencia sólo compareció el actor y presentó testigos y al mismo tiempo, pidió se declarara rebelde a la demandada y se tuvieran por ciertos los hechos vertidos en la demanda. Por lo tanto, el Juez por auto en el proceso, resolvió de conformidad las peticiones hechas por el demandado, asi como lo establece el Art. 48 de la Ley de Procedimiento Especiales sobre Accidentes de Tránsito. Y cuando el Juez Primero de Tránsito había resuelto las peticiones del actor, compareció la demandada interrumpiendo la rebeldía y mostrándose parte, se le reconoció como tal y se le concedió la interrupción en el juicio.

Estimo correcto el fallo de la sentencia dada por el Juez de Primera Instancia, pues considero que la parte demandada intervino mostrándose parte, cuando ya se le había declarado rebelde en sentencia definitiva, y según el Art. 534 del Código Civil: “La sentencia pronunciada en rebeldía en Primera o Segunda Instancia, causa ejecutoria contra el rebelde si no interpone apelación o súplica, en su caso, dentro de los tres días siguientes al de la notificación hecha a la parte presente”.

Por otra parte, en el Juicio no se hace notar si la demandada interpuso apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación. Que le concede la Ley de n haber sido así, ya era sentencia ejecutoriada y según lo que significa Ejecutoria: es irrevocable, que ha de cumplirse sin más y se refiere a los fallos y resoluciones de los tribunales.

Sentencia Ejecutoriada: la que ha sido ejecutada, principalmente en el orden civil, para convertir en realidad el fallo judicial.

El Tribunal Superior declaró que la resolución del Juez de Primera Instancia se encuentra ajustada a derecho, así que considero que la Cámara resolvió con buen criterio jurídico al confirmar la sentencia de Primera Instancia, en la que se condenó a la demandada a pagar los daños ocasionados al vehículo más las costas procesales.

SENTENCIA NUMERO VEINTIOCHO

I. DOCTRINA

Extinguida la obligación el instrumento que la amparaba queda sin fuerza ejecutiva y de consiguiente, la ampliación de la ejecución solicitada, alegando para ello un pago anterior, resulta improcedente acceder a ello si se toma como base el instrumento que presento como base de la acción ejecutiva que ejercitó oportunamente.

II. ARTICULOS APLICADOS
Art. 1089 Pr.,

III. EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En auto interlocutorio dictado a las diez horas y veinte minutos del día veintiuno de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, ene l que se declara sin lugar la ampliación de la ejecución ene bienes propios del demandado.

La parte actora apeló ante el Tribunal superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior manifestó que: 2extinguida la obligación el instrumento que la amparaba queda sin fuerza ejecutiva, tal como lo argumenta el Juez de Instancia y por consiguiente la ampliación de la ejecución solicitada por el Doctor Jaime Roberto Vilanova Chica, alegando para ello un pago anterior hecho por su poderante el Banco Hipotecario de El Salvador referente al mismo crédito resulta improcedente acceder a ello si se toma como base el instrumento que presentó el Banco Hipotecario de El Salvador como base de la acción ejecutiva que ejercitó oportunamente”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA

Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las diez horas del día cuatro de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Jaime Roberto Vilanova Chica, apoderado de la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTIOCHO

Art. 646 Pr., “la ampliación o mejora tendrá lugar cuando el acreedor hiciere uso del derecho que tiene para perseguir el resto de los bienes del ejecutado y los de los fiadores, si los rematados no cubren enteramente el crédito”.

La sentencia a que se refiere el presente comentario, trata de el fallo pronunciado por el Juez Segundo de lo civil ene l cual declara sin lugar la ampliación de la ejecución en bienes propios de uno de los deudores.

En este caso, hay un acreedor y dos deudores, y en su oportunidad, judicialmente se reclamó lo adeudado a los dos deudores de los cuales uno de ellos canceló totalmente la deuda con intereses y costas al Banco acreedor y al extinguirse la obligación, el Juez a-quo en aquella oportunidad tuvo por subrogado al deudor que pagó la deuda, por lo que condeno que a cancelar uno de los deudores totalmente la cantidad reclamada, cubría enteramente su crédito y se extinguía la obligación contraída por los deudores con el Banco.

El deudor (B), o sea, el que quedaba debiendo al deudor (A), que fue el que pagó la deuda con fundamento ene l Art. 1393 C., cancelo al deudor (A) el 50% del saldo del capital adeudado al Banco, más intereses y costas. Cancelada la obligación del deudor (B) se debió sobreseer en el procedimiento a favor de éste, situación que nos e dio porque el Juez Segundo de lo civil, dictó sentencia condenando al deudor (B) a pagar al subrogado, la cuota que le correspondía, más intereses. Sentencia de la cual apelaron en su oportunidad, y en el fallo de la Cámara, revocó la sentencia en mención y declaró extinguida la obligación contraída por el deudor (B), mancomunada y solidariamente con el deudor subrogado (A), por lo que al solicitar la ampliación de la ejecución el deudor (A) es improcedente porque el deudor (B) y la había pagado la cuota que le correspondía así que el Juez de Primera Instancia la declaró sin lugar.

En conclusión estoy de acuerdo con el fallo que pronunció el Tribunal de apelaciones que razonó de esta manera su fallo: extinguida dicha obligación, el instrumento que la amparaba queda sin fuerza ejecutiva, tal como lo argumenta el Juez de Primera Instancia y por consiguiente la ampliación de la ejecución solicitada por el deudor (A), alegando para ello un pago anterior por él al Banco, referente al mismo crédito, resulta improcedente acceder a ello si se toma como base de la acción ejecutiva que ejercitó oportunamente.

Conforme con lo dicho, me parece acertado el fallo de la Cámara al confirmar la resolución apelada en todas sus partes y condenar a la parte apelante en las costas de ambas instancias.

SENTENCIA NUMERO VEINTINUEVE

I. DOCTRINA

Si se demanda la reivindicación de todo el inmueble a que se refiere su título Municipal, pero según aparece de la inspección, solamente está en posesión de una parte del inmueble demandado, por consiguiente esta ha demandado que se le devuelva más de lo que está poseyendo, por lo que esta demanda considerarse inepta.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio civil ordinario reivindicatorio promovido en el juzgado de Primera instancia de Tonacatepeque, en el que se condena al demandado a restituir a la actora el inmueble que posee ilegalmente, descrito en la demanda y también al pago de las costas procesales.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior expresó que: “además de los cinco puntos expuestos hay que tomar en cuenta la demanda, con respecto a lo demandado. En efecto, la señora Hernández de Letona, demanda la reivindicación de todo el inmueble a que se refiere su título Municipal, pero según aparece de la inspección de fs. 78, el señor Bernardino López, solamente está posesión de una parte del inmueble que demanda la señora de Letona, pero no de todo el inmueble demandado, por consiguiente, ésta ha demandado que el señor López le devuelva más de lo que está poseyendo por lo que esta demanda debe considerarse inepta, revocándose la sentencia pronunciada en primera instancia y poseyendo lo conveniente”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las diez horas del día once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARONM
Doctor José Antonio Munguía (ponente) y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez.

ABOGADOPS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Juan Arnulfo Rodríguez, apoderado del aparte demandada.
Apelado, Doctor Elías Herrera Rubio y doctor César Alfonso Granados Viana, como apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO VEINTINUEVE

La reivindicación o acción de dominio, dice el Art. 891 C.,: “Es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Esto es, que según nuestra ley para que proceda la acción reivindicatoria o de dominio, es necesario que4 concurran los hechos siguientes:

1º) Que el actor sea dueño de la cosa; 2º) Que la cosa sea singular; o sea, determinada; 3º) Que no se esté en posesión de dicha cosa; 4º) Que el demandado sea el poseedor.

Por medio de la acción reivindicatoria, la parte actora no pretende que se declare su derecho de dominio, pues afirma tenerlo y pide al Juez que l haga reconocer o constar y como consecuencia, ordene la restitución de la cosa en su poder por el que la posee.

Así lo expresa el Art. 897 del Código Civil,: “La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor”. Y en este caso, el actual poseedor es otra persona y no los dueños.

En este caso de estudio, a mi juicio, el Juez que conoció en Primera Instancia, no apreció bien las pruebas aportadas por las partes, por lo que considero que su sentencia no es ajustada a derecho, pies la parte actora demanda más de lo que posee el demandado, porque con base a las medidas lineales, es inferior la cantidad del inmueble que reclama la parte demandante, ya que la parte actora en su demanda, manifiesta ser propietaria de un inmueble de once áreas dos tercios de áreas más o menos, situado en el cantón las Delicias y demanda la reivindicación de todo el inmueble a que se refiere el título municipal pero al hacer la inspección de fs. 78, el demandado sólo tiene una parte del inmueble y la parte demandante quiere que le devuelva más de lo que está poseyendo por lo tanto considero acertado en que el Tribunal Superior declare inepta la demanda.

Por otra parte la demandante hizo la tradición del inmueble a que se refiere el título que presentó con su demandada, a su hermano, por medio de escritura pública y éste transfirió el dominio de dicha porción al demandado, con lo cual se advierte la falta de fundamento de la pretensión de la parte actora.

El Tribunal superior al condenar a la actora en costas, daños y perjuicios, ajustó a derecho su resolución.

SENTENCIA NUMERO TREINTA

I DOCTRINA

Establecido en autos, que el funcionario que autorizó el matrimonio con la certificación de la partida correspondiente, la fecha de nacimiento de los hijos habidos dentro del mismo con las certificaciones de las partidas respectivas y la época en que ocurrió la separación de los cónyuges, las excepciones de oscuridad e informalidad de la demanda, opuestas y alegadas por la parte demandada, no tiene razón de ser.

II ARTICULOS APLICADOS
Art. 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio Civil Ordinario de Divorcio, promovido en el Juzgado Segundo de lo Civil, de este distrito Judicial, en incidente de excepciones dilatorias, que por la causal de separación absoluta, durante uno más años, le promuevan a la demandada, luego ésta interpuso excepción y que por fallo de l sentencia de mérito le declararon sin lugar las excepciones de informalidad alegadas y opuestas.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior manifestó que: “Conforme a lo expresado en la demanda, la aparte actora indica que la separación que alega con causal de divorcio que pretende, data desde fines de mayo de mil novecientos ochenta y uno, época que comprende desde el veinte al último día del mes de mayo del año citado. Con esta base, cabe concluir igual a como lo expresa el Juez de Instancia, que la separación data desde hace más de dos años y resulta improcedente la excepción alegada y opuesta sobre este particular

Establecido en autos que el funcionario autorizó el matrimonio de los señores José María Ticas y Rosa Emilia Cavaría o Castillo, con la certificación de la partida correspondiente, ya relacionada la fecha de nacimiento de los hijos habidos dentro del mismo, con las certificaciones de las partidas respectivas y la época en que ocurrió la separación de los cónyuges, las excepciones de oscuridad e informalidad de la demanda, opuestas y alegadas por la parte demandada, no tienen razón de ser y deben declararse sin lugar, como lo hace el Juez actuante”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las once horas del día once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Raúl Angel Calderón, apoderado de la parte demandada.
Apelado, Doctor Luis Salvador Peña, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA

El concepto acerca del divorcio que ofrece Hugo Lindo, en su tesis es el siguiente: originalmente la palabra “Divorcio” significaba sólo la disolución del vínculo matrimonial ya fuere mediante declaratoria judicial ya fuese sin intervención de autoridad alguna fue el hecho canónico el que dio al término “divorcio” la otra acepción en que hoy es conocido: mera separación delos cónyuges, sin ruptura del vínculo conyugal.

Divorcios según Luis Claro Solar, significa: “Toda separación legítima del marido y de la mujer”.

En el juicio Civil Ordinario de Divorcio promovido en el Juzgado Segundo de lo Civil, de este Distrito Judicial por la causal de separación absoluta de los cónyuges, durante uno o más años consecutivos, la parte demandada opuso excepciones dilatorias alegando oscuridad e informalidad de la demanda.

Excepción dilatoria, dice el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, es: “La que dilata o difiere el curso o ingreso de la acción ene l juicio, pero son extinguirla ni excluirla del todo, por lo cual se denomina también excepción temporal.

En el Art. 128 del Código de Procedimientos Civiles, excepción es: “La contradicción por medio de la cual el reo procura diferir o extinguir en todo o en parte la acción intentada”. Y el Art. 129 inc. 2o del mismo Código, son: “Excepciones Dilatorias, las que difieren o suspenden un curso”.

El Juez en la sentencia de mérito falló: “se declaran sin lugar las excepciones de oscuridad e informalidad alegadas y opuestas. Y como lo expresa el código Civil en el Art. 145 ordinal 10 a. “Separación absoluta de los cónyuges durante uno o más años consecutivos, pudiendo en este caso, pedir el divorcio cualquiera de ellos”. Y en el juicio en comento, los cónyuges tenían de separados mas del tiempo que establece nuestra legislación para configurar la causal de separación absoluta.

Considero que los fallos de los dos tribunales que conocieron del juicio de divorcio son correctas, ya que resolvieron acordes a las pruebas presentadas para desestimar las excepciones dilatorias, pues la parte actora, probó plenamente los extremos de la demanda, o sea, que los cónyuges estaban totalmente separados desde hacía más de un año, en consecuencia, la separación duró mas de dos años continuos.
Así que la Cámara resolvió con buen criterio jurídico al declarar sin lugar las excepciones opuestas y alegadas por la parte demandada y al mismo tiempo, dijo que dichas excepciones no tienen razón de ser.

SENTENCIA NUMERO TREINTA Y UNO

I DOCTRINA

Conforme a los Arts. 547 C., y 12 de la Ley de Administración de Acueductos y Alcantarillados, los actos del representante de una corporación, son actos de la corporación y que el señor Presidente le corresponde la representación judicial y extrajudicial de ANDA, las posiciones que le pidió la parte demandante y que el no absolvió deben tomarse como si hubiera confesado. Art. 385 Pr.

II LOS ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el Juicio Sumario de Arbitraje Mercantil promovido en el juzgado tercero de lo civil de este Distrito Judicial en sentencia definitiva, pronunciada a las doce horas y treinta minutos del día veintinueve de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, se falló: “procede el arbitraje solicitado por el Doctor Ricardo Miguel duarte, como Apoderado de “EDIFICADORA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” y de los Ingenieros René Cuenca Rodríguez, Edgardo Antonio Molina Mejía, Rubén Rivas Blanco y Leonel Armando Cardona, contra la “ ADMINISTRACIÓN NACINAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” Institución Autónoma de Servicios Públicos, de este domicilio, conocida por “ANDA”. Prevéngase a ANDA haga la designación del árbitro que le corresponde dentro del plazo que el Juez le señale, conforme al Art. 15 de la Ley de Procedimientos Mercantiles. La parte actora apelo ante Tribunal.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El tribunal superior, expresó: “Que estima esta Cámara que tomando en cuenta las razones expuestas en los considerandos anteriores, no es necesario hacer análisis sobre la procedencia o improcedencia de las posiciones absueltas por el señor Santos Méndez, como Presidente de ANDA, o si se deben o no tomarse en que fuesen tomadas, no haría variar el fallo, sin embargo, considerando que conforme al os Arts. 574 C., y 12 de la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, los actos de representación de una Corporación son actos de la Corporación y que el señor Santos Méndez es el Presidente y a él le corresponde la representación judicial y extrajudicial de ANDA, las posiciones que le pidió la parte demandante y que él no absolvió, deben tomarse como si hubiera confesado”. Art. 385 Pr.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas y cincuenta minutos del día treinta de y uno de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía (ponente) y
Doctor jorge Guillermo Domínguez.

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Carlos Borromeo Alemán Ramírez y Fidel Angel González hijo, apoderados de la parte demandada.
Apelado, doctor Ricardo miguel Duarte, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA Y UNO.

Como se puede apreciar de la lectura del presente juicio sumario de arbitraje mercantil, se trata de establecer si procede o no el arbitraje.

El Juez Tercero de lo Civil, en su fallo de la sentencia de mérito, resolvió que se citarán a los árbitros nombrados para que rindieran la protesta y juramento legal, y en vista de esa resolución, la parte demandada apeló de la sentencia pronunciada, alegando que se oponía al arbitraje porque el Abogado de la parte actora, no comprobó su procedencia de acuerdo a la cláusula compromisoria, y pidió la revocación de la sentencia pronunciada por el Juez de Primera instancia y que en sentencia firme se declarara que conforme a la cláusula compromisoria convenida, no procedía el arbitraje.

El juez de Primera Instancia, previno a la parte demandada que nombrar el árbitro arbitrador que intervendría en el juicio promovido pro la parte actora. Luego al contestar la audiencia, los apoderados de la parte demandada se opusieron al arbitraje pactado, diciendo que no existía una cláusula compromisoria en el contrato celebrado entre las partes interesadas, cláusula número sesenta y siete de las normas FIDIC, que establece un procedimiento previo al arbitraje que no fue cumplido, pero siendo que la parte demandada se había allanado al arbitraje la oposición resultó ser extemporánea y también que de acuerdo a las partes fue modificada la cláusula número sesenta y siete de las normas FIDIC y la adecuaron a la cláusula catorce del contrato celebrado, quedando la cláusula sesenta y siete de la siguiente manera: “Cualquier litigio o reclamo que resultare de la ejecución o cancelación de ese contrato, deberá solucionarse de acuerdo con las leyes de El Salvador”, y la cláusula catorce dice: “Arbitraje: cualquier controversia que surgiere respecto a la aplicación o ejecución de este contrato, cuya solución no estuviere prevista en el mismo y en lo que las partes no lograren ponerse de acuerdo será sometido al conocimiento de dichos árbitros arbitradores de conformidad con la ley”. Esto quiere decir, que al hacer las partes esta modificación, tuvieron que estar de acuerdo que al surgir una controversia o diferencias surgidas en relación al contrato, podían ser resueltas satisfactoriamente por arbitradores, por lo que considero que al hacer esa modificación quedó sin efecto la cláusula número sesenta y siete de las normas FIDIC, y sí se pudo proceder al arbitraje para solucionar y decidir de las diferencias causadas entre las partes.

Estoy de acuerdo con el fallo que pronunció la Cámara en este caso, ya que declaró que sí procedía el arbitraje solicitado por la parte actora contra la parte demandada y previno a la parte demandada que hiciera la designación del árbitro que le correspondía dentro del plazo que el Juez señale, conforme al Art. 15 de la Ley de Procedimientos Mercantiles.

SENTENCIA NUMER TREINTA Y DOS

I. DOCTRINA

Si el demandado no obstante su legal emplazamiento y citación no comparece a la audiencia de presentación de pruebas a petición de la parte actora, se le debe declarar rebelde y tener por ciertos los hechos afirmados en la demanda.

II ARTICULOS APLICADOS
Art. 1089 y 1092 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio especial de tránsito promovido ene l Juzgado Primero de Tránsito de este Distrito, con el fin de que el demandado sea condenado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a un vehículo en accidente de tránsito.

La parte actora apeló ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó: “del estudio y análisis de los autos, se establece: a) que el demandado, no obstante su legal emplazamiento y citación, no compareció a la audiencia de presentación de pruebas, por lo que, a petición de la parte actora se le declaró rebelde y se tuvieron por ciertos los hechos afirmados en la demanda; y b) que el actor no obstante la circunstancia anterior, no acreditó en autos la propiedad del demandado, del vehículo que colisionó con el del actor.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas y cincuenta minutos del día treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE L APRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por ninguna de las partes.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA Y DOS

Cuando el Código de Procedimientos Civiles, en los Arts. 204 y 205 habla de Citación dice: “Es la orden del Juez comunicada a alguno para que intervenga o asista a algún acto judicial”. Y “El emplazamiento es el llamamiento que hace el Juez al demandado para que comparezca a manifestar su defensa”.

Según la definición que da el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual del Doctor Guillermo Cabanellas, citación: Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento hecho de orden del juez, para que comparezca en juicio a estar a derecho. La persona citada debe comparecer por sí, o por medio de procurador, ante el juez que la citó, en caso de no presentarse en el término fijado, se le acusa de rebeldía. Y emplazamiento: es el requerimiento o convocatoria que se hace a una persona por orden de un juez, para que comparezca en el Tribunal dentro del término que se le designa, con el objeto de poder defenderse de los cargos que se le hacen, oponerse a la demanda, usar de su derecho o cumplir lo que se le ordene.

La diferencia principal entre Emplazamiento y Citación residen en que la citación señala día y hora para presentarse ante la autoridad judicial, mientras que Emplazamiento no fija sino el plazo dentro del cual se debe acudir al llamamiento del tribunal.

En este juicio se le citó y emplazó a la parte demandada, pero ésta no compareció a la audiencia de presentación de pruebas ya sí como lo expresa el Art. 48 de la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito: “Si ninguno de los demandados, compareciere a la audiencia señalada, se le declarará rebeldes a petición del demandante y se presumirán ciertos los hechos afirmados en la demanda, salvo prueba en contrario”. Por lo que en este caso, las parte actora, basándose en el Art. antes mencionado, pidió se le declarara rebelde al demandado y que tuvieran por ciertos los hechos afirmados en la demanda.

Estoy de acuerdo con la parte actora en su petición, porque está fundamentada legalmente.

En cuanto al fallo de la sentencia pronunciada por el Juez Primero de Tránsito de este distrito, me aparece ajustado a derecho, pues la parte actora en esta Instancia, no presentó pruebas como al de acreditar en autos la propiedad del demandado del vehículo que colisionó con del actor, y en nuestra legislación está muy claro la obligación de presentar pruebas según el Art. 237 Pr. “La obligación de producir pruebas corresponde al actor, si no probase, será absuelto el reo”.

Por lo tanto, la resolución del Juez a falta de pruebas por parte del actor, en la sentencia se le absolvió al demandado.

Pero la parte actora, cuando apeló a la Cámara si presentó las pruebas a que hacíamos referencia anteriormente, es decir, el apelante presentó certificación del asiento de matricula del vehículo, siendo propiedad del demandado, extendida por el departamento General de Tránsito, por lo que sí se aplicó lo que expresa el Art. 270 pr. de agregar la prueba a la demanda en cualquier instancia, en este caso se presentó en Segunda Instancia, pro lo que estimo correcta la sentencia que pronunció la Cámara en el presento Juicio, pues con buen criterio jurídico consideró que con la prueba que aportó el actor en esta instancia hacía plena prueba.

SENTENCIA NUMERO TREINTA Y TRES

I. DOCTRINA

El auto del que se ha apelado es un interlocutorio, pronunciado en juicio ejecutivo, que según la parte apelada, no admite apelación por estar comprendido entre las sentencias a las que la ley niega la apelación, según se expresa ene l ordinal diez del Art. 986 Pr., pero ese ordinal fue derogado tácitamente por decreto legislativo del siete de agosto de mil novecientos setenta y dos, de manera que siendo la resolución apelada una interlocutoria con fuerza de definitiva, es procedente admitir la apelación interpuesta.

II ARTICULOS APLICADOS
Art. 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio ejecutivo promovido en el Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito, en sentencia interlocutoria pronunciada a las nueve horas del día treinta de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, en el que se reclama cantidad de colones y accesorios, se resolvió revocar el auto por el cual se decretó nuevo embargo en bienes de los demandados librándose el mandamiento respectivo y declarando sin lugar la ampliación de la ejecución solicitada, levantando el embargo decretado en bienes propios de los deudores y también declarando nulo todo lo actuado a partir del último decreto de embargo.

La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior expresó que “el auto del que se ha apelado es un interlocutorio, pronunciado en juicio ejecutivo, que según l aparte apelada no admite apelación por estar comprendido entre la sentencia a las que la ley niega la apelación según se expresa en el ordinal diez del Art. 986 Pr., pero ese ordinal fue derogado tácitamente por decreto legislativo del siete de agosto de mil novecientos dos, de manera que siendo la resolución apelada una interlocutoria con fuerza definitiva, es procedente admitir la apelación interpuesta”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas del día diez de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Carlos Kafié Parada, Apoderado de la parte actora.
Apelado, Doctor Guillermo Colorado Burgos, Apoderado de la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA Y TRES

El objeto de este comentario es la apelación interpuesta por la parte actora de la sentencia interlocutoria que pronunció el Juez Segundo de lo Civil, en el juicio Civil Ejecutivo, en donde declaró sin lugar la ampliación solicitada por nuevos cánones adeudados.

Tanto el Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial, como la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, han juzgado con acierto al pronunciar sus respectivos fallos, pues se da la apelación porque el Juez a-quo resolvió revocando el auto por el cual se decretó nuevo embargo en bienes de los demandados, librándose el mandamiento respectivo y declaró sin lugar la ampliación de la ejecución solicitada, levantando el embargo decretado en bienes propios de los deudores y declarando nulo todo lo actuado a partir del último decreto de embargo.

Me parece correcta la sentencia pronunciada por el Juez de Primera instancia, porque el juicio en donde se demandó a los deudores, fue sentenciado, condenando al pago respectivo a éstos, por lo que al ser practicada la liquidación, se sobreseyó, asimismo, se declaró extinguida la obligación, quedando terminado el juicio. Luego con posterioridad, la parte actora, pide ampliación de a ejecución por nuevos cánones adeudados. Y según nuestra legislación al ser cancelada la obligación objeto del proceso, queda extinguida dicha obligación y en consecuencia se da el sobreseimiento. El art. 646 Pr.: “la ampliación o mejora de la ejecución tendrá lugar cuando el acreedor hiciere uso del derecho que tiene para perseguir el resto de los bienes del ejecutado y los de los fiadores si los rematados no cubren enteramente su crédito” pero en este caso, los deudores cubrieron enteramente su crédito” pero en este caso, los deudores cubrieron totalmente su obligación, con el pago que se les demandó en un juicio anterior. Por lo tanto, considero que no se debe proceder a la ampliación de la ejecución para el reclamo de nuevos cánones adeudados, ya que según el Código de Procedimientos Civiles en el Art. 645 nos señala que: “durante el juicio y antes del remate el Juez podrá a pedimento de parte o de oficio, levantar en todo o en parte el embargo, si constare de los autos que existen en poder del depositario, productos o valores suficientes para el pago de la cantidad demandada, intereses y costas, continuándose el procedimiento hasta su completa liquidación. Puede también el deudor redimir los bienes ejecutados satisfaciendo la deuda y costas. En este caso, se sobreseerá en el procedimiento”.


Por otra parte, “La ley concede apelación en ambos efectos, salvo las excepciones que adelante se expresan, de toda sentencia definitiva pronunciada en juicio ordinario en que se ventile una cantidad de dinero que exceda de ¢ 500.00 o alguna acción de valor indeterminado. Art. 984 inc. 1° Pr. “El art. 418 Pr.: “sentencia interlocutoria es la que se da sobre un art. o incidente”. Y el auto apelado es un interlocutorio y admite apelación. Pero la parte apelada alega que no admite apelación por estar comprendido entre las sentencias a las que la ley niega apelación según se expresa en el ordinal (10) del Art. 986 Pr., ordinal que fue derogado tácitamente por decreto legislativo por lo que sí se admite apelación. La Cámara manifiesta que en vista que el ordinal (10) del Art. 986 fue derogado y siendo la resolución apelada una interlocutoria con fuerza definitiva, es procedente admitir la apelación interpuesta.

SENTENCIA NUMERO TREINTA Y CUATRO

I. DOCTRINA

El Art. 1962 C., que dice: “Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aún antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses”. A contrario censu quiere decir que cuando se haya pactado intereses no podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, salvo el consentimiento del mutuante.

II ARTICULOS APLICADOS
Art. 1061 y 1091 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido en el Juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las nueve horas y treinta minutos del día nueve de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, en la que se falló: “Declarase que ha lugar a al excepción parentoria de prescripción de la acción derivada del crédito bancario concedido por el BANCO DE CREDITO POPULAR S. A. A favor del señor Luis May Crespo, conocido por Luis May hijo, de pagar el Banco de Crédito Popular S.A. la suma de ciento cincuenta mil colones, que se encontraba en deber a dicho banco a raíz del crédito antes mencionado y condenase al señor Luis May Crespo conocido por Luis May hijo, a pagar al Banco de Crédito Popular S.A. la cantidad de veintiún mil colones, más los intereses legales sobre dicha cantidad a partir del diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y dos. Continúese con la ejecución hasta el completo pago, trance o remate respecto a la cantidad condenada al pago, no hay condenación especial en costas, por haber sucumbido la parte actora en uno de los puntos de su demanda”.

La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó: “al respecto esta Cámara estima que la regla general es que el tiempo para la prescripción, deberá contarse desde que la acción o derecho ha nacido, pero la excepción está contemplada en el Art. 1962 C., que dice: “podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aún antes del término estipulado, salvo que se haya pactado intereses”. En el caso que nos ocupa y de conformidad con el Art. 183 de la Ley de instituciones de Crédito y Organizaciones auxiliares, cuando se han pactado intereses, el plazo de concede en beneficio del acreedor, quien podrá entablar su acción, ya sea desde que la acción ejecutiva ha nacido a consecuencia de la mora o al final del plazo, contándose en este último caso, como inicio de la fecha para la prescripción el vencimiento dellazo, sobre todo del caso que no ocupa en que el Banco acreedor no tiene en la escritura de obligación ninguna cláusula que lo obligue a exigir el pago por el efecto de la moral sino que la potestad de hacerlo o no, según convenga a sus intereses. No procede la condenación en costas porque se demanda intereses del catorce por ciento anual, más los intereses moratorios del dos por ciento, desde la fecha de otorgarse el documento de obligación no desde la mora que ocurrió el veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta; y además el interés del dieciocho por ciento anual moratorio, a partir del primero de Febrero de mil novecientos ochenta y dos, todo lo cual no está pactado ene la escritura mencionada. Este aumento del interés al dieciocho por ciento anual se ofreció comprobarlo a fs. IV de la demanda, pero no se aportó al respecto”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, alas once horas del día catorce de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelantes, Doctores René Padilla y Velasco padre y René Padilla y Velasco hijo, apoderados de la parte actora.
Apelado, Doctor Rafael Antonio Barrios Castillo, apoderado de la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA Y CUATRO

La apelación en el presente caso, fue motivada porque la parte actora del Juicio Ejecutivo Mercantil no estuvo de acuerdo con la sentencia pronunciada por el Juez de Primera Instancia.

En la sentencia se declaró que había lugar a la excepción perentoria de prescripción de la acción derivada del crédito bancario concedido por el actor a favor del demandado.

El problema en este caso se dio, sí el plazo para la prescripción debió contarse desde que puede entablarse la acción para hacer efectivo el crédito o desde que termina el plazo para el que fue concedido.

En el razonamiento que hizo la Cámara manifestó que, cuando se han pactado intereses, el plazo se concede en beneficio del acreedor, quien podrá entablar su acción, ya sea desde que la acción ejecutiva ha nacido a consecuencia de la mora, o al final del plazo, contándose en este último caso como inicio de la fecha para la prescripción, el vencimiento del plazo, sobre todo en este caso en que el Banco acreedor no tenía en la escritura de obligación, ninguna cláusula que lo obligue a exigir el pago por el efecto de la mora, sino que la potestad de hacerlo o no, según convenía a sus intereses.

Según el Art. 2253 C., “la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos, exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Por haber manifestado por un hecho suyo, que reconocía el derecho del dueño o del acreedor por haber pedido un plazo, tal como lo establece el Art. 2333 inc. 2° C.

Por otra parte, el Art. 1962 C., establece que: “podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aún antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses”, esta regla nos da a entender que cuando se han pactado intereses, el mutuario no podrá pagar toda la suma prestada antes del término señalado, pero se encuentra la excepción en el Art. 183 de la Ley de instituciones de Créditos y Organizaciones Auxiliares, ene l que se expresa lo siguiente: “los deudores podrán efectuar en cualquier tiempo, anterior al vencimiento del plazo convenido, amortizaciones extraordinarias de capital o cancelar totalmente el saldo insoluto de la obligación, pagando los intereses devengados hasta el día de pago, en ambos casos”, o sea, que según este art. el mutuario en este caso bien hubiera pagado de una sola vez el capital en cualquier tiempo dentro del plazo y los intereses, ya que si el deudor cancela la obligación en una fecha determinada, hasta esa fecha en que canceló la obligación por dicha obligación contraída.

Por lo que estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en la cual condenó al demandado a pagar las cantidades demandadas con sus respectivos intereses y declaró que no había lugar a la excepción perentoria de descripción alegada con respecto al mutuo prendario.

SENTENCIA NUMERO TREINTA Y CINCO

I DOCTRINA

Para calcular el monto de una fianza, cuyo objeto es el de asegurar el pago de daños y perjuicios a imponerse como sanción civil por el abuso de las vías de derecho, no existen preceptos legales, como sí existen para el caso de las costas procesales, que se determinan conforme al Arancel Judicial, de manera que dicho monto hay que fijarlo prudencialmente, tomando en consideración la clase de pretensiones que se hacen valer en la demanda, las circunstancias de los sujetos, activo y pasivo, de la pretensión el interés que se litiga y otros elementos de juicio, mas o menos de la misma entidad tomando en cuenta también, que la condena al pago de daños y perjuicios a consecuencia del mal ejercicio del derecho de acción, sólo procede según nuestra legislación, cuando una de las partes no solo no prueba su acción sino que obra de malicia, o cuando la demanda resulta inepta, aún cuando en algunos casos pueden haber indicios de ello durante su secuela.

II. ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1090 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio Civil de Divorcio, promovido en el Juzgado Primero delo Civil, de este Distrito Judicial, a fin de que en sentencia definitiva se declare el divorcio absoluto de los señores Antonio Santiago Víctor Salvador Membreño Baires conocido por Salvador Membreño y Sonia Yolanda Mónico Escobar, con base en la causal décima del Art. 145 C. se apeló del auto pronunciado a las once horas del día catorce de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, en el que se previene a la parte actora, rinda fianza hasta por la cantidad de trescientos colones, para responder por los daños y perjuicios que pudiere salir condenada.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó: que “en los juicios de divorcios, en atención a lo prescrito en el Art. 439 Pr., sólo procede la fianza para asegurar el pago delos daños y perjuicios que con la acción se le pueden irrogar a la parte demandada y desde luego, no hay porqué asegurar el pago de costas ya que cuando la litis versa entre cónyuges, no hay especial condenación en ellas.

Esta Cámara ha afirmado en ocasiones anteriores, que para calcular el monto de una fianza, cuyo objeto es el de asegurar el pago de daños y perjuicios a imponerse como sanción civil por el abuso de las vías de derecho, no existen preceptos legales, como sí existen para el caso de las costras procesales, que se determinan conforme al Arancel Judicial, de manera que dicho monto hay que fijarlo prudencialmente, tomando en consideración la clase de pretensiones que se hacen valer en al demanda, las circunstancias de los sujetos, activo y pasivo, de la pretensión, el interés que se litiga y otros elementos de juicio más o menos de la misma entidad, y tomando en cuenta también que la condena al pago de daños y perjuicios a consecuencia del mal ejercicio del derecho de acción, solo procede según nuestra legislación, cuando una de la parte no solo no prueba su acción sino que obra de malicia o cuando la demanda resulta inepta. En el presente caso, la naturaleza de la pretensión que se deduce en la demanda, no es de carácter esencialmente morales, de difícil evaluación económica, además en cuanto a que esos daños y perjuicios vayan a resultar no existe siquiera indicios, por lo menos en el estado actual del juicio, procediendo entonces la confirmación del auto recurrido”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día dieciocho de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Luis Fernando Gómez Gallegos, apoderado de la parte demandada.
Apelado, doctor Jorge Vitelio Luna hijo, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA Y CINCO

Según Manuel Somarriva: la palabra divorcio deriva de la voz latina “divorcium”, que significa separar.

El divorcio absoluto o vincular supone la disolución del vínculo matrimonial y habilita a los cónyuges divorciados para volver a casarse.

En nuestra legislación, Divorcio según el Art. 144 C.: “ es la separación legítima de los casados, ordenada por el Juez, por causales legales, quedando disuelto el vínculo matrimonial”.

Ene l caso en comento, se trata de divorcio por la causal de separación absoluta por más de un año, al momento en que fue emplazada la demandada contestó en sentido negativo y pidió que el actor rindiera fianza para responder por las resultas del juicio.

Estoy de acuerdo en el razonamiento expresado por el Tribunal Superior que dice así: “ en los juicios de divorcio en atención a lo prescrito por el Art. 439 Pr., sólo procede la fianza para asegurar el pago de los daños y perjuicios que con la acción se le puedan irrogar a la parte demandada y desde luego, no hay porqué asegurar el pago de costas, ya que cuando la litis versa entre cónyuges no has y especial condenación en ellas”.

Asimismo, nuestra legislación señala: que la condena al pago de daños y perjuicios, a consecuencia del mal ejercicio del derecho de acción, sólo procede cuando una de las partes no sólo no prueba su acción, sino que obra de malicia o cuando la demanda resulta inepta.

La Cámara en su fallo confirmó el auto apelado en el que el Juez de Primera Instancia, en su fallo fijó la cuantía de la fianza. Por lo tanto con la confirmación de éste dió por acertado el fallo pronunciado por le Juez Primero de lo Civil, de este Distrito Judicial.

Estimo acertado el fallo que pronunciaron los tribunales de Primera y Segunda instancia, en el presente juicio, pues se trata de la fianza para responder por las resultas del juicio, en el que ni siquiera existen indicios de que se den daños y perjuicios, y si se dan éstos no pueden ser de carácter económicos, sino que serán de carácter esencialmente morales, los cuales son de difícil valuación económica.

El daño moral es lesión que sufre una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos, y en este caso con el divorcio de los cónyuges, si les llegara a ocasionar algún daño sería moral y por lo tanto de difícil reparación.

SENTENCIA NUMERO TRIENTA Y SEIS

I DOCTRINA

Este tribunal estima que la actuación del Juez actuante está arreglada a derecho, en cuanto se condena a una persona al pago de la indemnización que se menciona y en lo relativo a la absolución de otra, pero no así en cuanto a las condenas en cosas por haber sucumbido la parte actora en uno de los extremos de su demanda, por lo que es procedente confirmar la sentencia en lo relativo a lo primero y absolver de las costas a los demandados.

II ARTICULO APLICADOS
Art. 1089 y 1090 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio especial de Tránsito promovido en el Juzgado Primero de Tránsito de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las diez horas del día treinta de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, se falló: “condenase al señor José Antonio Vellegas García a indemnizar al señor Paul Grattan Phillips, por los daños causados al vehículo de su propiedad placas P-ciento cuatro mil quinientos veintiocho, ene l accidente de tránsito de que se trata, sino determinación de su cuantía por falta de pruebas en ese sentido, absuélvase a la señora Juana Olivia Olmedo de Chávez, de la acción del reclamo de daños y perjuicios incoada en su contra; condenase al señor José Antonio Villegas García al pago de las costas procesales en esta instancia, y condenase a la parte actora señor Paul Grattan Phillips, al pago de las costas procesales ocasionadas en esta instancia a la señora Olmedo de Chávez”.

La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó que “no obstante la declaración de rebeldía que se informa ene l anterior considerando y de que por tal motivo se presumieron ciertos los hechos afirmados en la demanda, la parte actora no probó en autos que la señora Juana Olivia Olmedo de Chávez, era la propietaria del vehículo placas P-setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta, al momento de los hechos que se investigan y por consiguiente, tampoco la responsabilidad solidaria que le pudiera caber a la demandada señora Olmedo de Chávez, ni que tal vehículo fuere utilizado pro una empresa comercial, industrial o de servicios Art. 36 letra d) de la Ley de Procedimientos Especiales sobre accidentes de tránsito.

En consecuencia, este Tribunal estima que la actuación del juez actuante está arreglada a derecho en cuanto se condena al señor José Antonio Villegas García, al pago de la indemnización que se menciona y en lo relativo a la absolución de la señora Juan Olivia Olmedo de Chávez, pero no así en cuanto a las condenas en costas pro haber sucumbido la parte actora en uno de los extremos de su demanda, por lo que es procedente confirmar la sentencia en lo relativo a lo primero y absolver de las costas a los demandados”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las diez horas del día veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Ovidio Ramírez Cuellar, apoderado de la parte actora.
Apelado, no hubo procuración por parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TRENTA Y SEIS

Accidente de Tránsito: es el choque y atropello originado por vehículos automotores.

La presente sentencia se refiere a un juicio civil especial de tránsito pues el actor está reclamado indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un accidente de tránsito.

Es importante ante todo, saber establecer una definición de lo que significa DAÑO: Es el mal que se le causa a una persona o cosa; y PERJUICIO: es la pérdida de utilidad o de ganancia, cierta y positiva que ha dejado de obtenerse

La Ley de Procedimientos Especiales sobre accidentes de Tránsito, en el Art. 46, expresa lo siguiente: “Admitida la demanda, el Juez ordenará el emplazamiento de los demandados, citándolos para que junto con el demandante comparezcan el día y hora que señale con las pruebas que tuviere”.

La parte actora demando, al señor Villegas García, el cual conducía el vehículo, al momento del accidente, y también demandó a la señora Olmedo de Chávez, por presumir que ella era la dueña del vehículo y que ese vehículo fuere utilizado por una empresa comercial, industrial o de servicios, ni tampoco que dicho vehículo estuviera al servicio o fuere utilizado por una empresa industrial, comercial o de servicios, o que lo tuvieran en su poder pro arrendamiento o cualquier otro título.

Y basándonos en nuestro Código de Procedimientos Civiles, el Art. 235 define como prueba: “Es el medio determinado por la ley para establece la verdad de un hecho controvertido”, es decir que es necesario probar y demostrar la realidad del hecho que se sostiene y de acuerdo a Alessandri y Somarriva; el juez no tiene porqué creer más en uno que a otro y sólo dará la razón a quien lo convenza, mediante la prueba que la realidad está de su parte.

Ene l ordenamiento jurídico positivo, la prueba es de tal trascendencia que, con razón se ha dicho que un derecho aunque realmente exista, si no puede demostrarse es como su no tuviera vida, su utilidad es nula.

Según Eduardo Couture en Fundamento del Derecho Procesal civil, la prueba es la acción y al efecto de probar u probar es demostrar de algún modo, la certeza de un hecho, o la verdad de una afirmación.

La prueba es en todo caso, una experiencia, operación, un ensayo, dirigido patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto.

Considero que la prueba es un método de averiguar y de comprobar es decir, que se demuestra la verdad o falsedad de lo que se propone en el juicio y todo Juez para poder sentenciar para así verificar la validez de las proposiciones.

La apelación fue motivada pro la absolución que declaró el Juez de Primera Instancia en su sentencia a la señora supuesta dueña del vehículo, de la acción del reclamo de daños y perjuicios incoada en su contra y la condena a la parte actora al pago de las cosas procesales ocasionadas en esa instancia a la supuesta dueña del vehículo.

El Tribunal Superior al conocer del caso en estudio, estuvo de acuerdo en parte con la resolución del Juez Primero de Tránsito pro no estuvo de acuerdo a la condena en costas a los demandados y manifiesta que por haber sucumbido la parte actora en uno de los extremos de su demanda.

Considero que el actor tiene la obligación de probar si proposición así como lo expresa el Art. 439 del Código de Procedimientos Civiles: “Todo demandante que no pruebe su acción en Primera Instancia o que la abandone, será condenado en costas y en este caso, hicieron falta las pruebas necesarias para verificar la propiedad del vehículo y si este era utilizado por una empresa.

Sí estoy de acuerdo en que se condenará al demandado al pago de la cantidad pedida por el demandante para cubrir los daños y perjuicios, porque el mismo demandado contestó positivamente la demanda, aceptando la culpabilidad del hecho ocurrido.

Por lo tanto, con base al razonamiento expuesto, estoy de acuerdo en todas sus partes con el fallo que pronunció el Tribunal Superior.

SENTENCIA NUMERO TREINTA Y SUETE

I. DOCTRINA

Estima esta Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro que no habiéndose establecido con los documentos presentados y las inspecciones practicadas que en el caso está comprendido en el inc. 2° del Art. 896 C., por no haber comprobado que la acción haya sido dirigida contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho, estima la Cámara que deba resolverse conforme al Art. 439 Pr. y no habiéndose opuesto expresamente la excepción de ineptitud dela demanda, debe absolverse al demandado, condenado en costas al demandante.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1091 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio reivindicatorio promovido en el Juzgado Segundo de lo civil de este Distrito judicial, en sentencia definitiva pronunciada a las nueve horas del día veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, se falló. “Declarase que no ha lugar a la acción intentada por el Doctor Jorge Comandari David, como Apoderado de Pollo de El Salvador S.A. de C.V., contra los señores Jorge Sales Elías Saca, Elías Carlos Saca Tueme, Teófilo Ernesto Saca, Víctor Jorge Saca, Emilia Tueme de Saca, Soad Lorenz Giacomán de Saca, conocida por Soad Lorena Giacomán de Saca, Hilda Margarita Ballesteros de Saca y Catalina Nuestras de Saca, conocida por Catalina Nostas de Saca, según el inc. último del Art. 896 C., condenase a la parte actora al pago de las costas”.
La parte actora apeló para ante el tribunal superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó que: “por todas las razones expuestas, estima esta Cámara, que no habiéndose establecido que el caso comprendido en el inc 2° del Art. 896 c., principalmente por no haberse comprobado que la acción haya sido dirigida contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho estima la Cámara que debe resolverse conforme al Art. 439 Pr., y no habiéndose opuesto expresamente la excepción de ineptitud de la demanda la cual no ha sido aceptada pro la Cámara, debe absolverse al demandado, condenado en costas al demandante, confirmado en consecuencia, la sentencia de primera instancia”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las doce horas del día treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Jorge Comandari David, apoderado de la parte actora.
Apelado, Doctor Julio Eduardo Jiménez Castillo Apoderado de la parte demandada.

COMENATARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA Y SIETE

Según Manuel Somarriva Acción Reivindicatoria o de Dominio es la que tiene el dueño de cuna cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla.

Es indudable que tratándose de inmuebles el dominio se prueba con la respectiva escritura pública, y que en al demanda se describa el inmueble determinándolo con sus linderos colindancias que lo singularicen.

En este caso en comento los demandantes con la escritura inscrita a los números treinta y tres del libro un mil quinientos cincuenta y cuatro del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, establecen ser dueños del inmueble que se pretende reivindicar pero no se establece cual es la faja de que no está en posesión y quién está poseyéndola, y como para que proceda la reivindicación es necesario que la cosa sea sin igual o determinada. Así como lo expresa Manuel Somarriva respecto de los inmuebles, es necesario fijar de manera precisa la situación, cabida y linderos de los predios.

En las inspecciones practicadas no dicen expresamente cuál es la faja que se disputa, qué tiene y en que lugar está ubicado. Por lo tanto considero que esas inspecciones no son plena prueba..

En cuanto a los demás requisitos que la Ley establece para que proceda la reivindicación entre ellos que haya un verdadero dueño y poseedor del inmueble, considera que en el caso de autos no es aplicable el Art. 896 inc. último del Código Civil, porque no se comprobó que la acción haya sido dirigida contra le verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho.

Estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia dada por el Juez Segundo de lo civil de este Distrito, y así como lo expresa el Art. 439 Pr., que será condenado en costas demandante que no pruebe su acción en primera instancia.

De acuerdo a las razones expuestas y arts. citados, el Tribunal de Apelaciones absolvió a los demandados y condenó a la parte actora al pago de las costas en ambas instancias.

Considero que los fallos de los dos tribunales que conocieron del juicio comento, son correctas ya que resolvieron acordes alas pruebas que presentaron las partes.

SENTENCIA NUMERO TREINTA Y OCHO

I.DOCTRINA

Si se analiza la disposición que dice: “Art. 1101, asimismo se reputa atentatorio el despojo que por providencia judicial se hace a alguno de su posesión sin ser citado ni oído conforme a derecho y cualesquiera otras providencias que expidieren los jueces o tribunales, sobre algún pleito que penda ante otro Juez o Tribunal y toda las dieren, ante el Juez distinto al que pronunciare la resolución que produjere el despojo en perjuicio del quejoso.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 427, 432 y 439 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio civil ordinario de nulidad de Título Municipal y cancelación del asiento de Inscripción, promovido en el Juzgado Primero de lo Civil, se da el recurso de queja promovido pro el Ingeniero José Adán Andrade, conocido por Adán Andrade Escobar, contre el Juez de actuaciones cometidas por dicho funcionario en el juicio antes mencionado, que la has ido incoado en su contra apoderado General judicial del Doctor Juan José Borja Nathán.

El Tribunal superior en base a las pruebas aportadas declaró sin lugar el recurso de queja por atentado promovido por le Ingeniero José Adán Andrade.

La parte demandada apeló ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó que: “de conformidad a lo prescrito por el Art. 1105 Pr., el recurso de queja por atentado solo tendrá lugar ene l caso de haberse cometido hallándose ya la causa principal ene l conocimiento del Tribunal Superior el recurso de mérito, solamente tendrá lugar en los casos previstos en los Arts. 893, 990, 992, 1099, 1100, 1101 y 1105 Pr.

El recurrente funda su acción en lo previsto por el Art. 1101 Pr. en relación con los arts. 1104, 1107, 1108 y 1109 del mismo Cuerpo de Leyes, pero si se analiza la primera de las disposiciones citadas y que dice: “Art. 1101. asimismo se reputa atentatorio el despojo que por providencia judicial se hace a alguno de su posesión sin ser citado, ni oído conforme a derecho, pendiente la recusación o competencia salvo las excepciones legales, se llega a la conclusión de que esta norma es procedente aplicarla únicamente en los casos en que el pleito se ventile ante el Juez o Tribunal distinto al que pronunciare la resolución que produjere el despojo en perjuicio del quejoso y en este asunto puede observarse que la providencia califica como atentatoria, se produjo en el mismo juicio ordinario de nulidad que se informa como ventilado en el Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las once horas del día siete de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hubo procuración por la parte demandada,
Doctor Francisco Salvador Tobar, apoderado de la parte actora, apelado.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA Y OCHO.

En el Diccionario de Derecho Usual del Doctor G. Cabanellas, dice lo que significa el Recurso de Queja: aquel que interpone la parte cuando el Juez deniega la admisión de una apelación u otro recurso ordinario que proceda con arreglo a derecho, denegando las peticiones justas de aquel para ante su superior, haciendo presente las arbitrariedades del inferior, a fin de que los evite obligándole a proceder conforme a la ley.

La presente sentencia refierese al curdo de queja pro atentado contra el Juez de Primera Instancia, que entabló la parte demandada del Juicio Civil ordinario de Nulidad de Título Municipal y cancelación del asiento de inscripción del mismo, el demandado al entablar este recurso alego que el funcionario judicial no había actuado legalmente al resolver la acción incoada en su contra y que por negligencia o malicia en su procedimiento se cometieron una serie de irregularidades que eran atentatorias a su derecho a ser citado y oído con arreglo a derecho. Según la parte demandada en la Sentencia Definitiva pronunciada por el Juez Primero de lo Civil, se despojó de un título municipal de propiedad que estaba a su favor, anulándolo.

El juez a-quo manifestó que al realizar la inspección el Juez Tercero de Paz en el libro de protocolo de Títulos de Propiedad de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, no apareció lo relativo al título de propiedad que dijo tener el demandado del inmueble disputado, por lo que el Juez de Primera Instancia pronunció la correspondiente sentencia en la que declaró nulo de nulidad absoluta el título de propiedad del inmueble en discusión y en vista del fallo pronunciado el demandado presentó el recurso de queja basado su acción de conformidad con el Art. 1101 Pr., relacionándolo con los Arts. 1104, 1106, 1107, 1108 y 1109 Pr.

Según el Art. 1101 Pr.: “Asimismo se reputa atentatorio el despojo que por providencia judicial se hace a alguno de su posesión sin ser citado ni oído con arreglo, y cualquiera otras providencias que expidieren los jueces o Tribunales y todas las que dieren pendiente la recusación competencia, salvo las excepciones legales”.

Considero que en este recurso no era aplicable el Art. mencionado antes, porque el litigio en cometo, no se realizó ante un Juez o Tribunal totalmente diferente al Juez o Tribunal que resolvió en su sentencia despojar del título municipal del bien inmueble que poseía la parte demandada y en dicho art.. y también porque de conformidad con el Art. 1105 Pr.,: “El recurso de queja por atentado sólo tendrá lugar en el caso de haberse cometido hallándose ya la causa principal ene l conocimiento del tribunal superior inmediato en grado, y en los casos de los Arts. 1100 y 1101 y los que en ellos se citan”.

Por otra parte, el demandado dentro del término señalado por la Ley, no interpuso recurso alguno de la sentencia dictada oir el Juez de Primera Instancia, y de acuerdo a lo establecido ene l Art. 446 Pr. que dice: “No habiéndose apelado en el término de la ley o continuado en el mismo su recurso, se declara pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia”. Asimismo, el art. 445 Pr.: “Reciben autoridad de cosa juzgada las sentencias: 1º) cuando las partes hacen un reconocimiento expreso de la pronunciada; y 2º) cuando consienten tácitamente en ella, no alzándose o no continuando sus recursos en el término que señalan las leyes”.

En toda sentencia que cause ejecutoria, no hay recurso. Por lo tanto el recurso interpuesto fue improcedente, Art. 442 Pr.: “Toda sentencia que cause ejecutoria, es decir, de la cual no hay recurso, ya sea dada por los árbitros por los jueces de Primera Instancia o por los Tribunales superiores, debe cumplirse y ejecutarse por las partes, dentro delos tres días de su notificación”.

La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en su razonamiento, manifestó: que el presente recurso se interpuso contra el Juez Primero de lo Civil por actuaciones en juicio bajo conocimiento de éste y no se habían establecido en autos la existencia de otro pleito que penda ante el otro Juez o Tribunal y que las actuaciones del Juez denunciado se pronunciaron en juicio que, a la fecha del presente recurso, se encontraba ya fenecido, causando estado, en consecuencia al recurso interpuesto es improcedente.

Por lo anteriormente expuesto, estoy de acuerdo con el fallo pronunciado por la Cámara al declarar sin lugar el recurso de queja por atentado que fue promovido contra legues de Primera Instancia.

SENTENCIA NUMERO TREINTA Y NUEVE

I. DOCTRINA

La parte apelante alega la ilegitimidad fundamentándose en que el poderante no lo faculta para sustituir su mandato en uno o más abogados, pero sí se analiza el texto del instrumento que lo contiene, claramente aparece que lo anterior es una facultad que expresamente confiere el poderante a su apoderado, aún cuando aparezca independiente de las demás que otorga. En cuanto a la falta de identificación del poderante en el acta de sustitución que se impugna se declara que esa omisión está subsanada en la escritura que contiene el poder y por consiguiente no se perfila la ilegitimidad que se pretende. En consecuencia la excepción de ilegitimidad alegada, no tiene asidero legal y debe declararse sin lugar.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1091 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En las diligencias de participación, promovidas en el Juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito, en incidente de excepciones dilatorias promovidas en dicho juicio y por fallo de la sentencia de mérito, se declararon sin lugar las excepciones de ilegitimidad del apoderado del actor e informalidad y oscuridad de la demanda, alegadas y opuestas.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó que: “la parte apelante alega la ilegitimidad fundamentándose en que el poderante no lo faculta en el Poder para sustituir su mandato en uno o más abogados, pero si se analiza el texto del instrumento que lo contiene, claramente aparece que lo anterior es una facultad que expresamente confiere el poderante a su apoderado, aún cuando aparezca independientemente de las demás que otorga.

Por otra parte y con fundamento en lo previsto por le Art. 1895 C., aún en el caso de que la razón expuesta por el apelante fuere atendible, el apoderado bien puede sustituir el poder bajo su propia responsabilidad, siempre y cuando tal acto no se lo prohibiere expresamente al poderante. En consecuencia la excepción alegada no tiene asidero legal y debe declararse sin lugar”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día once de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Juan Francisco Magaña Abullarade, Apoderado de la parte demandada.
Apelado, Doctor Joel Ruíz, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURIDICO DE LA SENTENCIA NUMERO TREINTA Y NUEVE

Partición, dice el Diccionario de Derecho usual de Guillermo Cabanellas, es la división de algo en dos o más partes. //distribución.//Reparto.//Separación, división o repartimiento que de una cosa común, como herencia, condominio, bienes sociales o cosa semejante, se hace entre las personas a quienes corresponde y continúa: capitant define la partición en general, como operación por la cual los co-propietarios de un bien determinado o de un patrimonio, cabe también que se trate de una masa de bienes, que económicamente es algo intermedio ponen fin a la indivisión, al substituir, en beneficio de cada uno de ellos, con una parte material distinta, la cuota parte ideal que tenían sobre la totalidad de ese bien o patrimonio. Por el sentido individualista de casi todos los códigos civiles y para poner fin a los conflictos que la indivisión produce, la partición, a menos de haberse convenido en la co-propiedad por contrato, en una facultad que compete, en principio e imprescriptiblemente, a todos y cada uno delos co-dueños o co-partícipes.”.

En las diligencias de partición, la apelación fue motivada por excepciones que alegó la parte demandada y son las siguientes.
1º) La ilegitimidad del Apoderado del Actor; 2º) La informalidad de la demanda; 3º) la oscuridad de demanda, excepciones por fallo de la sentencia de mérito pronunciada por el Juez de Primera Instancia las declaró sin lugar.

La primera excepción de ilegitimidad del apoderado del actor, el apelante alega que el poderante no faculta ene l poder para sustituir su mandato en uno o más abogados, aunque aparezca independiente de las otras facultades por lo tanto sí tiene facultad el apoderado de sustituir su mandato en uno o más abogados. Así como lo expresa el Art. 1895 c., sobre la falta de identificación ene l acta de sustitución del poderante a que se refiere el demandado se comprueba que esa omisión está subsanada en la escritura pública que contiene el Poder.

En la segunda excepción de informalidad de la demanda, la parte demandada alegó que se le demandó y emplazo con otro nombre y no con el que le pertenece y siendo que el nombre que aparece en la demanda no tiene identificación con el nombre correcto de la persona que se pretendía demandar, se da en este caso la nulidad por falta de emplazamiento porque no se emplazó a la parte demandada con su verdadero nombre, resultando que se emplazó a otra persona y no a al que correspondía.

En cuanto a la tercera excepción, en la que el demandado alega la oscuridad de la demanda porque en la solicitud de ésta manifiesta que el actor debe ser subrogado y pide la partición, el planteamiento ha sido de dos acciones, pero en la parte petitoria sólo se pide la partición y en virtud de haber planteado las dos acciones, esto trae confusión ya que la acción es el medio legal de pedir en juicio lo que se nos debe, es decir que al plantearse la partición y la subrogación es como pedir ambas, es decir que no hay una acción definida.

En lo que se refiere a la excepción de ilegitimidad del apoderado del actor, sí estoy de acuerdo en que se declaró sin lugar, pero con respecto a las otras dos excepciones no, ya que me parece que no es acertado el criterio de los Tribunales que conocieron del caso y no estoy de acuerdo con la sentencia pronunciada por le Tribunal de apelaciones al declarar que se confirmara la sentencia en la que se declaraban sin lugar las excepciones de oscuridad de la demanda y que se reformara la excepción de informalidad de la demanda, porque en este caso se trata no de una informalidad sino que de una nulidad por falta de emplazamiento.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA

I. DOCTRINA

La demandada fue emplazada en lugar distinto a su casa de habitación, infringiendo lo que ordena los arts. 208 y 210 Pr. también lo es que el Apoderado General judicial de aquella, se apersono en autos tres días después de la expresada diligencia, sin observarse en el juicio ninguna otra diligencia ordenada por el juez a-quo es decir, que no hubo ni puede considerarse ningún perjuicio a la defensa del reo, y que como consecuencia no es procedente declarar la nulidad prevista en las disposiciones legales al principio citadas. Art. 1115 Pr.

II ARTICULOS APLICADOS
Art. 1089 y 1098 Pr.

III EXPOSICIÓN SINETTICA DEL CASO

En el juicio civil Especial de Tránsito promovido en el juzgado Primero de Tránsito de este Distrito, la demandante reclamó indemnización por daños materiales y perjuicios derivados de accidente de tránsito, en sentencia definitiva pronunciada a las diez horas del día catorce de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, se condenó a la demanda a pagar la cantidad de catorce mil novecientos cincuenta colones más las costas procesales.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El tribunal superior manifestó que “ de lo que consta en autos, se establece: a) que si bien es cierto que la demandada fue emplazada en lugar distinto a su casa de habitación, infringiendo loq ue ordenan los Arts. 208 y 210 Pr., también lo es que el Doctor Ovidio Ramírez Cuellar, como apoderado General Judicial de aquella se apersono en auto, no es procedente declarar la nulidad prevista en las disposiciones legales al principio citadas art. 1115 Pr. y b) que también es cierta la anomalía que se indica en cuanto a la fecha de la inspección practicada en autos, pero también lo es que, según su texto, el apelante estuvo presente en esa diligencia y que de conformidad a lo prescrito ene l inc. 2° del art. 221 Pr., la nulidad alegada quedó subsanada.

Con fundamento en lo anterior, esta Cámara considera que la actuación del Juez a-quo en su sentencia está arreglada a derecho y es procedente confirmar ésta en todas sus partes”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las once horas del día veinticinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante Doctor Ovidio Ramírez Cuellar, apoderado de la parte demandada.
Apelado, Doctor Luis Alfonso Méndez Rodríguez, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA

Mazeaud en su Derecho Civil, parte II, nos dice: que para que haya perjuicio, hay que haber sufrido un daño para tener un interés en intentar la acción de responsabilidad civil. Si no, de qué habría que quejarse y qué se reclamaría?

En este caso, una de las partes entabló la acción para reclamar indemnización por daños materiales y perjuicios derivados de accidente de tránsito.

En el juicio en comento, la parte actora comprobó los extremos de su demanda en el juicio civil de reclamación de daños y perjuicios ocasionados en accidente de tránsito y en base alo ordenado en el art. 25 de la Ley de Procedimientos especiales sobre accidentes de tránsito, “ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el juez señalara día y hora para la vista pública de la causa y prevendrá a las partes que se presenten con todas las pruebas que tuvieren”, la parte demandada contestó la demanda en sentido negativo pero no se presentó ninguna clase de pruebas y por lo tanto no presentó las pruebas que se necesitaban para poder comprobar su excepción el art. 439 Pr., nos dice: “Será también condenado en costas el demandado que no pruebe su excepción, o que no oponiendo ninguna fuere condenado en lo principal y el contumaz contra quien se pronuncia la sentencia”.

Pues lo que alega la parte demandada es que no fue emplazada en su casa de habitación, ni en el lugar donde atiende sus negocios y también que se declarara la nulidad del acta de inspección a fs. 36 por haber sido practicada un mes antes de la fecha señalada para ello.

Estoy de acuerdo en cuanto a la aplicación de los Arts. 208 y 210 Pr., para emplazar a la parte demandada, pero e este caso el Apoderado general judicial de la demandada se apersonó en autos tres días después de la expresada diligencia por lo tanto con ello demostró que si se dio cuenta del emplazamiento y considero conveniente la aplicación del Art. 221 inc. 2° Pr., que dice así: “Sin embargo cuando la parte que debió ser citada, emplazada o notificada asiste al acto, comparece al llamamiento o se muestra por escrito sabedora de la providencia, sin alegar la nulidad, se tendrá esta subsanada”; por lo tanto al apersonarse al apoderado, se dieron por sabedores y no hay perjuicio para la defensa de la reo, así como lo expresa el Art. 1115 Pr.: “Ningún trámite o acto procedimiento será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley. Y aún en este caso no se declarará la nulidad si apareciere que la infracción de que se trata no ha producido perjuicios al derecho de defensa de la parte que alega o en cuyo favor se ha establecido”.

En cuanto a la inspección practicada el apelante estuvo presente en dicha diligencia y en vista de su asistencia quedo subsanada la nulidad, así como lo expresa el Art. 221 inc. 2º., antes mencionado. Los jueces sentenciadores están de acuerdo según las razones expuestas en este caso.

Estimo ajustada a derecho la resolución del Tribunal Superior por haber confirmado la sentencia del Juez a-quo, en la que condenaba a la demandada a pagar una cantidad de dinero por los daños ocasionados a la parte actora, mas las costas procesales. La cámara condenó en costas a la parte apelante.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y UNO

I. DOCTRINA

En el juicio ejecutivo, la parte actora deberá acompañar el o los documentos que constituyen la base de la acción que se intenta y en su caso, dentro del término probatorio, en cuanto a circunstancias accesorias, como del que se trata y b) que si bien es cierto que el Art. 436 Pr., dispone que cualquiera de las partes puede pedir al Juez actuante la ampliación de su sentencia en cuanto a la condenación de intereses y otros, también lo es que el Juez juzgador debe tener como base para acceder a lo pretendido, la prueba vertida en autos y que por una omisión suya o mala interpretación de la prueba, no lo haya hecho. Es improcedente pues, la reforma o ampliación de la sentencia, tomando como base un instrumento cuya agregación se pretende después de sentenciado el juicio.

II. ARTICULOS APLICADOS
No se citan disposiciones.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio mercantil ejecutivo, promovido ene l juzgado Primero de lo Civil de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las once horas y cincuenta minutos del día veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y tres. Las costas procesales pedidas se declaran sin lugar por no haberse probado en autos los daños y perjuicios causados al ejecutante. Se ordenó la subasta y el remate del inmueble embargado.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El tribunal superior manifestó: “que sin perjuicios de las observaciones que puedan surgir de la calificación del documento en referencia, esta Cámara estima de mayor prioridad para resolver el presente caso, la enumeración de las consideraciones siguientes: a) Ene l juicio ejecutivo la parte actora deberá acompañar a la demanda el o los documentos que constituyen la base de la acción que se intenta y en su caso, dentro del término probatorio, en cuanto a circunstancias accesorias como del que se trata; y b) que si bien es cierto que el Art. 436 Pr., dispone que cualquiera de las partes puede pedir al juez actuante la ampliación de su sentencia en cuanto a la condenación de intereses y otras, también lo es que el Juez juzgador debe tener como base para acceder a lo pretendido. Es improcedente pues, la reforma o ampliación de la sentencia, tomando como base un instrumento cuya agregación se pretende después de sentenciado el juicio.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se concluye que la actuación del Juez en la sentencia condena en costas procesales a los ejecutados, en virtud de la plus petitio resultante al no haberse establecido en autos el aumento del porcentaje de intereses que se demanda, lo cual da lugar a su revocación”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las once horas y quince minutos del día veinticinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente) y
Doctor Jorge Sotero Reyes Santos

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Doctor René Ayala Mendoza, apelante, apoderado de la parte actora.
No hubo procuración por la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y UNO

El art. 593 inc. 1o. Código de Procedimientos Civiles, nos dice: 2Todo portador legítimo de un título que tenga según la ley, fuerza ejecutiva, puede pedir ejecución contra la persona responsable o sus sucesores o representantes”, y el Art. 594 Pr. expresa: “El juez, reconocida, agregará éste desde luego, sin citación contraria, e inmediatamente decretará el embargo de bienes del ejecutado y librará el mandamiento respectivo, aún antes de hacer saber a las partes esta providencia”.

El presente caso, trata del reclamo de mora ene l pago de una cantidad mutuaza, por lo que la parte actora realiza ese reclamo, planteándolo en el juicio mercantil ejecutivo, en el cual pide que a el demandado se les condene a pagarle la cantidad demandada ya demás se decrete embargo en bienes propios de los ejecutados.

La sentencia pronunciada en este juicio por le juez Primero de lo Civil, condenó a los ejecutados a pagar a la parte actora, la suma adeudada más intereses del diez y medio por ciento anual sobre saldos y recargos de mora desde el dos de Noviembre de mil novecientos ochenta y uno hasta el completo pago y costas procesales, no estando de acuerdo la parte actora, apeló alegando que no está de acuerdo en lo que se refiere a la modificación de intereses, ya que el representante de esta parte, en su demanda planteó tres tipos de interés; 1º) el del 10 ½%; 2º) 12% y 3º) 14% anual, señalando dichos auemtnos que fueron hechos a la tasa de los intereses estipulado, ya que la cláusula III del contrato de mutuo faculta legalmente a aumentar en cualquier tiempo, el tipo de interés que los deudores se obligaron a pagar.

Estoy de acuerdo con el juez de Primera Instancia, en cuanto a que al condenar a los demandados los intereses fueran del 10 ½%, porque la modificación del interés pedido en la demanda no fue legalmente establecido en juicio: “Las sentencias recaerán sobre las cosas litigadas y en la manera que han sido disputadas, sabida que sea la verdad por las pruebas del mismo proceso”.

Me parece acertado el fallo pronunciado por el Tribunal superior, en cuando a que declara que la sentencia dada por el juez de primera instancia está ajustada a derecho excepto a la condena en costas a los ejecutados y razonó que de acuerdo a la plus petitio resultante al no haberse establecido en autos el aumento del porcentaje de intereses que se demanda, lo cual da lugar a su revocatoria y en su fallo revocó a lo que se refiere a la condena y absolvió del pago de las costas procesales de esa instancia a los demandados.

Por lo que considero que el fallo del Tribunal esta arreglado a derecho.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y DOS

I. DOCTRINA

En la parte expositiva de la demanda, el actor relata la causa por la cual se vió obligado a entregar en garantía de sus obligaciones para con el Banco, las letras y pagarés que libraron los tercero a quienes el financiaba sus cosechas de café. La individualidad de aquellos documentos debió indicarse en la demanda y como no se hizo así, debe llegarse a la conclusión de que en la demanda no se precisa lo que se pide, paralizando de esa manera la eficiencia dela relación jurídica cuya existencia y actualidad fue admitida por la parte reo. En esta sentneic el Tribunal no puede condenar al Banco Demandado a la devolución y entrega al actor de los docuemtnos, letras y pagarés que tiene en su poder por la causal que se alega, sin tener a la vista el dato específico de cada uno de los instrumentos objeto de tal devolución, entregados al demandado como garantía de obligaciones para con el mismo, aún cuando con base en al prueba suministrada pueda presumirse la susodicha entrega, pues también existe prueba de descargp que vuelve incierta la petición del actor. Y así poder acceder a su pretensión, deducidos por supuesto los instrumentos que resultaren ya devueltos por el Banco demandado.

Por consiguiente, resulta ajustada a derecho la declaración de esta Cámara que por la circunstancia anterior su específica la excepción perentoria de ineptitud de la demanda.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1092 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio sumario mercantil, promovido en el Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las diez horas y diez minutos del día veinte de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, en la que el Doctor Francisco Peña Trejo, demandó al Bank of America trust and savings Association, Sociedad Anónima, reclamándole la devolución y entrega de títulos valores, letras y pagarés , entregados en garantía de obligaciones ya extinguidas o que pague su valor en efectivo, en caso de no tenerlo en su totalidad ya demás a al devolución de cinco letras en blanco que firmó y pago de costas, daños y perjuicios.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó que: “En lo que se refiere a la devolución y entrega de las cinco letras firmadas en blanco por el actor, el tribunal estima innecesario considerar esa petición para el efecto de apreciar la existencia o inexistencia de la ineptitud alegada.

En la parte expositiva de la demanda, el actor relata la causa por la cual se vió obligado a entregar en garantía de sus obligaciones para con el Banco, las letras y pagarés que libraron los terceros a quienes él financiaba sus cosechas de café. No se trata pues, de instrumentos cuya cuantía y valores se desconocían, como en el caso de una herencia o de cuentas de una administración no puede calificarse la demanda como de carácter general como lo hace el actor en uno de sus alegatos, la individualidad de aquellos documentos debió indicarse en la demanda y como no se hizo así, debe llegarse a la conclusión de que en la demanda no se precisa lo que se pide paralizando de esa manare la eficacia de la relación jurídica, cuya existencia y actualidad fue admitida por la parte reo. En esta sentencia el tribunal no puede condenar al Banco demandado a la devolución y entrega al actor del os documentos, letras y pagarés que tiene en su poder por la causal que se alega, sin tener a al vista el dato específico de cada uno de los instrumentos objeto de tal devolución, entregados al demandado como garantía de obligaciones para con el mismo, aún cuando con base en la prueba suministrada, pueda presumirse la susodicha entrega, deducido por supuesto, los instrumentos que resultaren ya devueltos por el Banco demandado. Por consiguiente, resulta ajustada a derecho la declaración de esta Cámara que por la circunstancia anterior, se tipifica la excepción perentoria de ineptitud de la demanda”.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las doce horas y veinte minutos del día veintisiete de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Roberto Leitzelar, apoderado de la parte demandada.
Apelado, doctor Francisco Peña Trejo, en carácter personal y Doctor Luis Fernando Gómez Gallegos, Apoderados de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y DOS

Excepción: es la contradicción pro medio de la cual el reo procura diferir o extinguir en todo o en parte la acción intentada. La excepción perentoria, son las que extinguen la acción. Art. 128 y 129 pr.

Este caso se trata de la apelación que se hizo por la parte demandada por la resolución de l Juez de Primera instancia en la cual declaró ajustada a derecho lo pedido en la demanda.

El apelante es decir el demandado elegí que el actor no indicó con claridad en la demanda cuales eran los instrumentos, letras y pagarés que exige y que se encontraban en poder del reo, que esa circunstancia imposibilita al Tribunal pronunciarse por la eficacia de la relación jurídica existente entre ambas partes. Es decir que el apelante hizo manifestar en su alegato, que la parte actora según lo pedido en la demanda debió señalar con claridad manifestándose sus circuntancias o características y de acuerdo con el Art. 193 Pr. ord. 4º. “La demanda debe contener : la causa o razón por la que se pide y pueden unirse muchas causas para mayor seguridad de los derechos”.

De acuerdo al estudio realizado en este caso, me parece que es legal lo alegado por la parte demandada en cuanto opone la excepción perentoria de ineptitud de la demanda, ya que no se proporcionaron los datos específicos de cada uno de los instrumentos para su respectiva devolución de las letras y pagarés.

Estoy de acuerdo con la resolución pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, que tipificó la excepción perentoria de ineptitud de la demanda, y que en su fallo revocó en todas sus partes la sentencia impugnada por no estar arreglada a derecho, declaró inepta la demanda, dejándole a la parte actora, su derecho a salvo para el ejercicio de su misma acción por separado, condenó al mismo tiempo al demandante al pago de costas, daños y perjuicios causados en ambas instancias.

Por lo tanto de conformidad con lo expresado anteriormente, estoy de acuerdo con el criterio del Tribual de Apelaciones, al pronunciar la sentencia a que se refiere el juicio sumario Mercantil.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y TRES

I DOCTRINA

Las costas se calculan conforme a las tarifas prescritas por el Arancel Judicial, pero en cuanto a la determinación de los daños y perjuicios no existen preceptos legales y por tal motivo corresponde a los tribunales, fijar su monto prudencialmente, tomando en consideración la clase de pretensiones que se hacen valer en la demanda, el interés que se litiga y otros elementos de juicio más o menos de la misma entidad.

II ARTICULOS APLICADOS
No se cita ninguna disposición

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el auto interlocutorio en el cual se fija la cuantía de la fianza que se mandó a rendir al señor Julio Ricardo Zepeda Ascencio, por dos mil colones, para responder de las resultas del juicio ordinario entablado por el señor Zepeda Ascencio contra el Banco Hipotecario de El Salvador, en el cual el fideicomiso testamentario constituido por el causante coronel, José Ascencio Menéndez fue impugnado de nulo e inexistente en el cual se nombra fiduciario a la Institución Bancaria.

La parte actora apeló para ante el Tribunal superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó: “que conforme a la demanda parte actora pretende la declaración judicial de instancia del fideicomiso que relaciona en la misma, lo cual implica que el valor de lo que se litiga es de valor indeterminado y será esa circunstancia la base para el cálculo de las costas conforme a las tarifas prescritas por el arancel judicial. Debe tomarse en cuenta y también que la condena al pago de daños y perjuicios a consecuencia del mal ejercicio del derecho de acción solo procede según nuestra legislación, cuando una de las partes no sólo no prueba su acción sino que obra de malicia o cuando la demanda resulta inepta. En el presente caso, la naturaleza de la pretensión es de valor indeterminado, por lo que si hubieren daños y perjuicios resultantes, tendrán que ser estimados con base en la prueba que sobre el particular aportare oportunamente el interesado.”

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas y cuarenta minutos del día veintiséis de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
No hay procuración por ninguna de las partes.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y TRES.

La apelación es motivada por la cuantía de la fianza que se mandó rendir a la parte actora, para responder de las costas, daños, y perjuicios en que pudiere salir condenada en el juicio ordinario entablado por esta parte, argumentando que dicha cuantía es muy exigua porque no guarda relación proporcional con el valor de la cantidad de colones dada por el testador a los bienes comprendidos en el fideicomiso.

Me parece bien fundamentado el fallo del Tribunal sentenciador en el juicio ordinario de nulidad promovido en Primera Instancia a que se refiere la sentencia aludida una que al pretender la parte actora, la declaración judicial de inexistencia de fideicomiso, lo cual implica que lo que se litiga es de valor indeterminado, se deben calcular las costas conforme a las tarifas prescritas pro el Arancel Judicial ya que la cantidad mandada a afianzar le parece muy exigua.

Cero muy necesario considerar la regla que nos proporciona en su primera parte el art. 19 del Código de Procedimientos Civiles, “El juez acordará la fianza con sólo el pedimento de la parte interesada. El auto que acuerde la fianza determinará la suma que ha de afianzarse”.

La Cámara hace ver muy claramente que la demanda por ser de valor indeterminado se basará en el Arancel Judicial para el cálculo de costas, en cuanto a la determinación de los daños y perjuicios no existen preceptos legales y por tal motivo corresponde a los tribunales, fijar su monto prudencialmente, tomando en consideración la clase de pretensiones que se hacen valer en la demanda, el interés que se litiga y otros elementos de juicio más o menos de la misma entidad.

La Cámara en su resolución confirmó la sentencia pronunciada en Primera Instancia y estimó razonable adicionar la cantidad que había señalado el Juez actuante en concepto de las costas procesales.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y CUATRO

I DOCTRINA

Esta cámara estima que letra d cambio es nula, por haberse consignado en ella, aceptaciones sucesivas, tal como lo establece el Art. 706 Com., pero además estima que la acción cambiaría caducó por no haberse levantado debidamente el protesto según lo estipula el Art. 775 Com.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1090 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el Juicio Mercantil promovido en el Juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito en sentencia definitiva pronunciada a las once horas del día veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, se falló: “absuélvase a la sociedad Cefesa Industrial S.A. de C.V. de pagar a la Sociedad Manufacturas León, Sociedad Anónima o Manufacturas León S. A., la cantidad de veinte mil novecientos ocho colones cuatro centavos. Condenase a la Sociedad Manufacturas León S.A. o Manufacturas S.A. a pagar a la demanda las costas procesales causadas en esta Instancia”.

El tribunal superior confirmó en todas sus partes la sentencia pronunciada por el juez, absolvió a la sociedad demandada a pagar lo pedido por la sociedad demandante y condenó a la sociedad actora de pagar las costas de esta instancia.

La parte actora apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal Superior expresó que: esta Cámara estima que la letra de cambio es nula por haberse consignado en ella acepciones sucesivas tal como lo establece el Art. 706 Com., antes mencionado, pero además estima que la acción cambiaria caducó por no haberse levantado debidamente el protesto según lo estipula el Art. 775 Com., por consiguiente, la sentencia venida en apelación debe conformarse en todas sus partes, no siendo necesario analizar la otra excepción opuesta, contrato no cumplido, para no emitir opinión sobre un asunto que puede ser nuevamente controvertido lo que pondría a esta Cámara ene l caso de tener que declararse impedida de conocer el asunto”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las once horas del día veintisiete de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Alfredo Espino Nieto, apoderado de la parte actora.
Apelados, Doctores Miguel Carías Delgado y Ernesto Alfonso Buitrago, apoderados de la parte demandada.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y CUATRO

Letra de cambio: Título de crédito, revestido de los requisitos legales, en virtud del cual una persona, llamada librador, ordena a otra, llamada librado, que pague a un tercero, el tomador una suma determinada de dinero, en el tiempo que se indique o a su presentación Diccionario de Derecho Usual del Dr. G. Cabanellas.

La apelación en este juicio fue motivada por la sentencia pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil, en donde en su fallo absolvió a la sociedad demandada a pagar cierta cantidad a la sociedad demandante y condenó a la sociedad actora a pagar a la demandad las costas procesales causadas en esa instancia, sentencia que se dio por una letra de cambio que sirvió como título ejecutivo en el presente juicio ejecutivo mercantil.

La letra de cambio en este caso tiene vencimientos sucesivos porque se dijo que dicha letra sería pagada en una fecha determinada cuando fue aceptada, esto es claramente un vencimiento sucesivo, que según el Art. 706 del código de Comercio, sanciona con nulidad la letra que tenga vencimiento sucesivos, “la letra de cambio con otra clase de vencimientos, o con vencimientos sucesivos será nula”

Por otra parte la letra de cambio no fue protestada por falta de pago y según el Art. 752 Com. “la letra de cambio debe ser protestada por falta total o parcial de aceptación o de pago, salvo lo dispuesto en el art. 7542.

El juez de primera instancias, al pronunciar sus sentencia, tomó en cuenta únicamente la caducidad de la acción cambiaria, manifestando no ser suficiente para tomar como base de la ejecución de la letra de cambio presentada, por no haber sido protestada debidamente. Contra el aceptante de las letras domiciliadas caduca por no haberse levantado debidamente el protesto por falta de pago”.

De acuerdo al art. 706 com. Con la letra de cambio de este juicio fue nula, ya que tuvo vencimientos sucesivos y que no levantándose debidamente el protesto así como lo establece el art. 775 com., la acción cambiaria caducó.

La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, confirmo en todas sus partes la sentencia pronunciada por el Juez a-quo, absolviendo a la sociedad demandada y condenando a la sociedad demandante a pagar las costas de segunda instancia.

De lo anteriormente expresado, considero que el fallo de los dos tribunales que conocieron del juicio en comento son correctos.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y CINCO

I DOCTRINA

La falta de audiencia que la ley prescribe produce nulidad, pero nos e declarará la nulidad si apareciere que la falta de ella no ha producido ni puede producir perjuicios al derecho o defensa de la parte que le alega o a cuyo favor se ha establecido.

II ARTICULOS APLICADOS
Art. 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio Ordinario de divorcio, promovido en el Juzgado Tercero de lo Civil d este Distrito, en incidente de excepciones dilatorias, la parte demandad alegó informalidad de la demanda y por fallo de la sentencia de mérito se declararon sin lugar las mismas.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó: “esta cámara estima que si bien es cierto que el Art. 135 Pr., ordena que las excepciones dilatorias se tramiten en juicio sumario, también es cierto que los jueces tienen la facultad de rechazar arts. impertinentes, que no tienen otro objeto que el de demorar el curso de la causa. Art. 1118 Pr. la excepción alegada fue la de no haber acompañado el demandante, los documentos que según la parte demandad debía de haber acompañado con su demanda, pero una vez agregados dichos documentos no tenía razón de ser la excepción alegada y la resolución apelada tiene su asidero legal en los art. 202 y 270 Pr., citados por el Juez.

La falta de audiencia que la ley prescribe produce nulidad, pero no se declarará la nulidad si apareciere que la falta de ella no ha producido ni puede producir perjuicios al derecho o defensa de la parte que la alega o a cuyo favor se ha establecido Art. 1115 Pr.

La audiencia en este caso se ha establecido a favor de la parte demandante o sea el Doctor Roldán, de manera que aún alegada por él o sui apoderado no producirá nulidad si no le ha causado ningún perjuicio, por consiguiente la interlocutoria apelada ha sido dictada conforme a derecho y es procedente confirmarla”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciad por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas del día veintiocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctores José Domingo Méndez y Felipe Francisco Umaña hijo, apoderados de la parte demandada.
Apelado, Doctor Juan Gregorio Guardada, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y CINCO

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho usual del Doctor Guillermo Cabanellas, la palabra Divorcio la define así: “Divorcio, del latín divortium, del verbo divertere, separarse, irse, cada uno por su lado y por autonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de consortes, puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, diciendo ambos esposos.

La apelación en este juicio de divorcio, fue motivada porque el Juez de Primera Instancia declaró sin lugar la excepción de informalidad de la demanda, alegada, por la parte demandad, manifestando que la parte actora no presentó la prueba documental necesaria.

Excepción según nuestra legislación, “Es la contradicción por medio de la cual el reo procura diferir o extinguir en todo o en parte la acción intentada”, Art. 128 Pr.

El art. 130 pr., expresa que: “El demandado deberá alegar de una sola vez todas las excepciones dilatorias que tuviere dentro del término señalado para la contestación de la demanda, las que propusiere en otras formas o fuera de dicho término, le serán rechazadas de oficio y sin trámite alguno”.

La definición que nos proporciona el Dr. Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico es: Excepción dilatoria es la que dilata o difiere el curso o ingreso de la acción en el juicio, pero sin extinguirla ni excluirla del todo, por lo cual se denomina también excepción temporal, su característica procesal consiste en tratarse y resolverse como art. de previo pronunciamiento y con suspensión, mientras tanto del juicio principal.

Según el art. 1118 Pr., los jueces tienen la facultad de rechazar arts. impertinentes que no tienen otro objeto que demorar el curso de la causa y en este caso la excepción interpuesta pro la parte demandad no tiene asidero legal, en cuanto a que reclama a presentación de los documentos probatorios y como el Art. 202 Pr., establece que: “la demanda puede ir acompañada de documentos o sin ellos”, y el art. 270 Pr., dice que: “los instrumentos deben presentarse con la demanda o con la contestación, y en caso de no tenerlos la parte a su disposición podrá presentarlos en cualquier estado del juicio, antes de la sentencia y en cualquiera de las instancias”.

En este caso en fecha posterior a la presentación de la demanda, la parte actora presentó toda la documentación necesaria que respalda a la demanda, lo cual hace ver muy claro con la intención de la parte demandada de querer entorpecer o dilatar la normal tramitación del juicio.

Por lo tanto estoy de acuerdo en parte con el fallo de los tribunales de Primera y Segunda Instancia, pero no estoy de cuerdo con respecto a la declaratoria de rebeldía que dictó el Juez de Primera Instancia sin haber ordenado el traslado para contestación de la demanda, declarándola rebelde de una sola vez, situación que considero errónea al actuar de esa manera el Juez Tercero de lo Civil, ya que de conformidad con el Art. 520 Pr., al declarar sin lugar las excepciones dilatorias, se ordena correr un nuevo traslado para contestar la demanda, en espera para ello que se declare ejecutoriada la sentencia estableciendo la disposición mencionada será de tres días y comenzará a correr desde el día de la notificación de la providencia en que se manden entregar lo autos al demandado para que conteste en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada que declaró sin lugar las excepciones dilatorias”. El juez al declarar la rebeldía en este caso, privó del derecho procesal que tiene el demandado de contestar la demanda, que a mi juicio, fue ilegal.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y SEIS

I DOCTRINA

La sociedad que careciere absolutamente de formalidades para su otorgamiento no tiene existencia legal, pero la adquirirá al contraer con terceros, en los términos que se indican en el Art. 348 Com., y esta disposición agrega que: “las sociedades a que se refieren los arts. anteriores que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros, tiene personalidad jurídica, únicamente en cuanto la perjudique, pero no en lo que pudiere beneficiarlas. Las relaciones internas de estas sociedades, se regirán por el pacto social respectivo, si lo hubiere en su defecto, por las disposiciones generales contenidas en este Código, según la clase de la Sociedad de que se trate.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1089 y 1090 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En incidente de excepciones dilatorias dentro del juicio sumario de liquidación de sociedad de hecho y de partición de empresa mercantil, promovido ene l Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las diez horas del día once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro. El Juez Segundo de lo Civil, declaró sin lugar las excepciones dilatorias opuestas y alegadas por el Doctor Guillermo Daniel Funes, como apoderado General judicial del señor Pedro Martín Dalmau Gorrita, conocida por Pedro Dalmau Gorrita, en el incidente respectivo promovido por los Doctores Vitelio Luna hijo, René Padilla y Velasco padre y René Padilla y Velasco hijo, como apoderados judiciales del señor Mauricio Julio eximan Araujo, conocido por Mauricio Geissman contra el señor Dalmau Gorrita.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El tribunal superior expresó que: “de conformidad al Art. 346 del Cód. de Com., “la sociedad que careciere absolutamente de formalidades para su otorgamiento, no tiene existencia legal, pero la adquirirá al contratar con terceros en los términos en que se indican en el Art. 348 y esta disposición agrega que, “las sociedades a que se refieren los arts. anteriores, que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros, tienen personalidad jurídica únicamente en cuanto la perjudique, pero no en lo que pudiere beneficiarles. Las relaciones internas de estas sociedades se regirán por el pacto social respectivo si lo hubiere en su defecto por las disposiciones generales contenidas en este código, según la clase de sociedad de que se trate”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA
Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador n alas once horas del dia primero de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguia y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Guillermo Daniel Funes, apoderado dela parte actora.

COMENTARIO DE LA SENTENCIA NUMERO CUNARENTA Y SEIS

Según Hugo Alsina en su Derecho Procesal Tomo V, nos dice: “Llamase excepciones, las defensas que el ejecutado puede oponer al progreso de la ejecución”.

Eduardo J. Couture en fundamentos del Derecho Procesal Civil, manifiesta que: para poder oponerse a una demanda no se necesita tener razón. El demandado también puede actuar con conciencia de su sinrazón y oponerse a una demanda fundada. El demandado con razón o sin ella, reclama del juez que se le absuelva de la demanda, nadie puede privarle de ese derecho.

En el caso objeto de este comentario, tanto el Juez Segundo de lo Civil de este Distrito, como la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro han juzgado con aciertos al pronunciar sus respectivos fallos. La parte demandada opuso excepciones perentorias y dilatorias, detallándolas de manera siguiente: 1º) La perentoria de ineptitud de la demanda; 2º) La dilatoria de la oscuridad de la demanda; 3º) La dilatoria de incompetencia de jurisdicción o sea, que el apoderado de la parte demandada en las excepciones que interpuso utilizó las dos clases de excepciones, las dilatorias y las perentorias. Las dilatorias de acuerdo con Couture, son defensa previas, alegada sin limite litis, y que, normalmente, versan sobre el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor.

Constituyen una especie de eliminación previa de ciertas cuestiones que embarazarían en lo futuro el desarrollo del proceso. Y las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso, sino sobre el derecho.

No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado. A diferencia de las dilatorias, su enumeración no es taxativa.

Y de acuerdo a nuestra legislación las perentorias se resuelven en las sentencias definitivas y al oponer una excepción perentoria, constituye la contestación de la demanda y al haber contestación de la demanda, ya no tiene razón de ser dilatorias. Pero en ese momento del proceso no había una contestación de la demanda, por lo que le Juez de Primera Instancia, consideró procedente declararla sin lugar la excepción de ineptitud de la demanda.

Y la excepción dilatoria de incompetencia, el Juez de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, manifestó que la sociedad que se pretende liquidar es una “sociedad de hecho”, por lo tanto no tiene domicilio establecido, por lo cual, su domicilio será determinado por socios o la mayoría de ellos, siendo en este caso, el domicilio de los socios, la ciudad de San Salvador, en base a este razonamiento se deduce que es competente para conocer del litigio, cualquier Juez de lo Civil de esta ciudad. De conformidad con lo expresado anteriormente, estimo correcto el fallo que declaró sin lugar las tres excepciones interpuestas pro la parte demandada, en esa Instancia.

Al apelar de la sentencia del Juez a-quo, la parte actora al expresar agravios, sólo alega la excepción de incompetencia. Y ésta no tiene las formalidades establecidas por la ley del Art. 346 Com., la sociedad no tiene domicilio, por tratarse que en esta sociedad de personas, las partes hablan de cuotas de participación en el negocio, sin hacer referencia a las cantidades invertidas, es decir, que no interesa tanto la inversión como la participación de los contratantes en sus respectivas cuotas, y en vista que los partícipes tienen su domicilio en esta ciudad, ambos determinan el domicilio de la sociedad de hecho en esta ciudad, así que la demanda de liquidación de la sociedad, se debe entablar ante cualquier Juez de lo civil de esta ciudad por ser competentes legalmente.

Estoy de acuerdo con el razonamiento manifestado por el tribunal de apelaciones con respecto a la competencia del Juez el cual dice: “La sociedad de hecho no tiene existencia legal, salvo cuando contrate con terceros, en cuyo caso la adquiere para sólo lo que le perjudica y la responsabilidad es personal para los socios, en forma solidaria e ilimitada.

Luego si esto es así las acciones que se ejerciten, tendrán que sujetarse a o los domicilios de los socios no al del lugar en donde se hallare instalado el negocio objeto de la sociedad de hecho. Por otra parte como tal sociedad carece de pacto social que fije el domicilio personal del socio demandado para iniciar la acción. De acuerdo con el razonamiento expuesto el Tribunal de apelaciones confirmó la sentencia en todas sus partes.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y SIETE

I. DOCTRINA

Los recibos presentados por la parte demandada para comprobar el pago de los cánones de arrendamiento, estima esta Cámara que no tienen ningún valor probatori, por las razones siguientes: a) Los que presentó en Primera Instancia no han sido agregados con las formalidades legales; b) Los presentados en primera instancia como los presentados en ésta, además de estar enmendados en parte sustancial como es el nombre del que paga, sin haber sido salvado antes de las firmas, no se determinado con toda claridad el terreno a que se refiere. Solamente dice terreno de la 11 avenida norte sin mencionar su número.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1090 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio sumario de Terminación de Contrato, Desocupación y Reclamo de cánones, promovido en el Juzgado de lo Civil, de este Distrito, en sentencia definitiva pronunciada a las doce horas del día diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se resolvió: “Declárase terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre los señores Edmundo Rodríguez y anegl Rafael Vega Gallegos, conocido por Rafael Vega, respecto de un inmueble propiedad del primero, en consecuencia ordenase la desocupación del inmueble arrendado por parte del señor Angel Rafael Vega Gallegos, conocido por Rafael Vega.”

La parte demandada apeló ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó que: “los recibos presentados por la parte demandada para comprobar el pago de los cánones de arrendamiento estima esta Cámara que no tienen valor probatorio, por las razones siguientes: a) Los que presentó en primera instancia no ha sido agregados con las formalidades legales, b) los presentados en la primera instancia como los presentados en ésta además de estar enmendados en parte sustancial como es el nombre del que paga, sin haber sido salvado ates de las firmas, no se ha determinado con toda claridad el terreno a que se refiere solamente dice terreno de la 11 avenida norte sin mencionar su número.

Por todas las razones expuestas estima esta Cámara que la parte actora con la escritura de arrendamiento que presentó, comprobó plenamente su acción y la parte demandada se excepcionó manifestando no estar en mora al tiempo de entablarse la demanda y algún tiempo después pero con los recibos presentados y por las razones expuestas antes, no comprobó su excepción de pago, por lo que procedente confirmar la sentencia venida en apelación”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA

Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en San Salvador, a las doce horas del día tres de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTARDIOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor Jorge Guillermo Domínguez y
Doctor José Antonio Munguía (ponente)

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Vidal Antonio Flores Lara, apoderado de la parte demandada.

Apelado, Doctor Alfredo Espino Nieto, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA

EL PRESENTE CASO SE TRATA DE UN JUICIO SUMARIO DE Terminación de contrato, desocupación y reclamo de cánones, y la apelación en este caso de arrendamiento fue motivada porque en la sentencia pronunciada por le Juez Tercero de lo Civil, declaró terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las dos partes, respecto a un inmueble arrendado por el arrendatario.

De conformidad con lo establecido en el Art. 1703 inc. 1º c. “El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a apagar por este goce obre o servicio un precio determinado”. y art. 1765 C.: “ La mora de un período entero ene l pago de la renta, dará derecho al arrendador después de dos reconvenciones, entre las cuales medie a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, sí no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable, que no bajara de treinta días”.

En cuanto al fallo pronunciado por el Juez de Primera instancia estimo que fue correcto, ya que en el procedimiento se emplazó al demandado para que compareciera a defenderse interponiendo excepciones concedidas por la Ley y también probar la veracidad de su proposición en este juicio y en vista que el demandado no compareció a manifestar su defensa ene l momento oportuno, procedió a acceder a lo pedido en la demanda.

Al impugnar el demandado la sentencia del juez a-quo alega que la demanda a la que accede ésta, es inepta, por no haber existido al momento de incoarse, un derecho subjetivo que la fundamentara, lo cual según el recurrente, invalida todo lo actuado ene l proceso de Primera Instancia.

El apelante alega que no existía la mora al tiempo de incoarse la demanda, pero al presentar los recibos como documentos probatorios, estos comprendían a la fecha del mes de junio de 1981 y la demanda en Primera Instancia se entabló en Noviembre de 1982 al comparar las fechas, se establece que se entabló la demanda pasado más de un año del último pago efectuado pro arrendatario y en ese período en que se inició la demanda, el demandado no comprueba pago alguno de los cánones vencidos. Por lo que considero fundamento el fallo del juez que conoció en grado.

Por otra parte, me parece encomiable la actitud de la Cámara al dar el Juez a-quo- ya que el demandante fundó su acción en los arts. 3 y 33 de la Ley de Inquilinato y el Art. 3 de esa Ley expresa que: “En los casos no comprendidos en la presente ley, sujetos a las disposiciones comunes, la terminación del arriendo y la desocupación de la cosa urbana arrendada, los tribunales comunes aplicarán el procedimiento que se establece en la sección segunda del capítulo V de esta Ley, y ese cap. comienza con el Art. 33 de dicho art. sólo se puede declarar terminado el contrato de arriendo y ordenarse la desocupación del inmueble arrendado, pero no del ´pago de los cánones de arrendamiento. Es decir que el Juez no puede dar más de lo pedido. Art. 1299 Pr.: “Ninguna providencia judicial se dictará de oficio por los jueces y Tribunales, sino a solicitud de parte, excepto aquellas que la ley ordene expresamente”.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y OCHO

I. DOCTRINA

La ley establece en su Art. 130 Pr., que el demandado deberá alegar de una sola vez todas las excepciones dilatorias que tuviere, dentro del término señalado para la contestación de la demanda, las que propusiere en otras forma o fuera de dicho término, le serán rechazadas de oficio y sin trámites alguno.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts 1061 y 1089 Pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DL CASO

En el Juicio civil Ordinario de Reconocimiento de hijo natural, promovido en el juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito, en sentencia interlocutoria, pronunciada a las nueve horas y catorce minutos del día catorce de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, se declaró sin lugar la excepción dilatoria de oscuridad de la demanda.

Según les razones expuestas el Tribunal Superior manifestó que el demandado no elegí dentro del término señalado, la excepción de falta de personería.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior expresó que: “La ley establece en su art. 130 Pr., que el demandado deberá alegar de una sola vez todas las excepciones dilatorias que tuviere dentro del término señalado para la contestación de la demanda. El emplazamiento se verificó el día nueve de Febrero del año en curso, según aparecerá fs. 7v. y en su escrito de fs. 8 de fecha trece del mismo mes y año, alegó la excepción de oscuridad de la demanda, y no fue sino hasta el día cuatro de mayo siguiente, que alegó el doctor Mejía Aviléz, la excepción de falta de personería del doctor Valenzuela Hernández. Por consiguiente y aplicando el Art. 130 Pr., citado antes ya esa alegación era extemporánea”.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA

Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, alas doce horas del día nueve de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, Doctor Miguel Angel Mejía Avíles apoderado de la parte demandada.

Apelado, Doctor Rubén Alfonso Valenzuela Hernández, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y OCHO

Acción: según Eduardo J. Couture, en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil es: “El poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir los órganos jurisdiccionales para reclamarles la solución de un conflicto de intereses”, o sea, el poder jurídico que tiene el ator de acudir ante los órganos jurisdiccionales.

En este caso, se trata de un juicio civil ordinario de reconocimiento de hijo natural, en el que la parte actora reclama el reconocimiento de hijo natural y por lo que entabla dicha acción para realizar efectivamente su derecho.

En la contestación la parte demandada alegó oscuridad de la demanda y la apelación de este juicio es motivada porque la parte demandada no está de acuerdo con la resolución de la sentencia pronunciada por el Juez de Primera Instancia.

Considero muy buena la sentencia en la que se declara sin lugar la excepción dilatoria interpuesta o alegada por el demandado, y sí establece que las excepciones dilatorias deben alegarse de una sola vez es decir dentro del término de la contestación de la demanda se debe alegar todas las excepciones dilatorias que se tuvieren.

En el caso en comentario, el apoderado de la parte demandada, alegó dos excepciones: la primera, oscuridad de la demanda, y la segunda, falta de personería del apoderado de la parte actora, pero lo más grave fue que las dos excepciones las alegó en fechas diferentes, que se comprobó con las fechas en las que se había efectuado las excepciones sendo que la segunda excepción la alegó dos meses y veintiún días después de haber alegado la primera y basándose ene l Art. 130 inc. 1º del Código de Procedimientos Civiles, tal situación no se puede dar, ya que dicho Art. establece: “El demandado deberá alegar de una sola vez todas las excepciones dilatorias que tuviere, dentro del término señalando para la contestación de la demanda, las que propusiere en otra forma o fuera de dicho término le serán rechazadas de oficio y sin trámite alguno”.

Estimo ajustada a derecho la resolución que dio el Tribunal Superior por haber confirmado la sentencia del Juez a-quo en cuanto a que resolvió en que la alegación hecha por el apoderado de la parte demandada era extemporánea.

En cuanto a que las dos excepciones no se hicieron en la misma fecha, es del caso mencionar el porqué el Tribunal superior las declaró extemporáneas, definiendo lo que significa extemporáneo: “impropio del tiempo en que se hace, o fuera del correspondiente, inoportuno, inadecuado”.

SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y NUEVE

I. DOCTRINA

Si bien es cierto que el auto en que se declaró rebelde a la demanda debió pronunciarse hasta que el que declaraba sin lugar la excepción opuesta, estuviera firme, también es cierto que el primero no es un auto que haga imposible la continuación del juicio, ni es una interlocutoria que produzca daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva.

II ARTICULOS APLICADOS
No hay disposiciones citadas.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

Se apeló del auto pronunciado, en el cual se declaró sin lugar las excepciones dilatorias de informalidad de la demanda, opuestas por el Doctor Felipe Francisco Umaña y también de la resolución en el cual se declara sin ligar la revocatoria solicitada, no son apelables por no ser ninguno de ellos sentencia definitiva. La Cámara declaró sin lugar por improcedente la solicitud de mérito hecha por el Doctor Umaña.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal superior.

IV FUNDAMANENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

El Tribunal superior manifestó que: “si bien es cierto que el auto ñeque se declaró rebelde a la demandada, debió pronunciarse hasta el que declaraba sin lugar la excepción opuesta estuviera firme, también es cierto que el primero ni es una interlocutoria que produzca daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva.

Por todas las razones expuestas, esta Cámara estima improcedente la solicitud presentada por los Doctores Umaña hijo y Méndez, para que se modifique la sentencia anterior. Por lo que dijeron: “declárase sin lugar por improcedente la solicitud de mérito. Vuelvan los autos al juzgado de su origen con la certificación correspondeinte2.

V. LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA.

Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador a las once horas y treinta minutos del día trece de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez.

ABOGADOS QUE INTRVINIERON
Apelante, Doctor Felipe Francisco Umaña, apoderado de la parte demandada.

Apelado, Doctor Juan Gregorio Guardado, apoderado de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CUARENTA Y NUEVE

El presente caso en comento, trata de apelación de los autos en el Juicio de Divorcio, ene l primer auto el Juez de Primera Instancia lo declaró sin lugar u en el segundo auto, el Juez a-quo declaró que no son apelables las cuatro partes de las que consta dicho auto.

Apelación, según el diccionario Enciclopédico de Derecho Usual del Doctor Guillermo Cabanellas es: “Acudimiento a algo o a alguien para obtener una pretensión o para modificar une stado de cosas. Exposición de queja o agravio contra una resolución o medida, a fin de conseguir su revocación o cambio”.

Apelación o alzada, según el Art. 980 del Código de Procedimientos Civiles es: “Un recurso ordinario que la Ley concede a todo litigante, cuando crea haber recibido agravio pro la sentencia del Juez inferior para reclamar de ella ante el Tribunal Superior.

Nuestro Código de Procedimientos Civiles, señala que la Ley concede apelación, de toda sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva pronunciada en juicio ordinario en que se ventile una cantidad que exceda de quinientos colones o alguna acción de valor indeterminado.

Pero considero que en este caso, el primer auto si es concedida la apelación cuando se interpone la excepción de oscuridad de la demanda, que son dos efectos que producen la apelación: 1º) suspensivo y 2º) Devolutivo, con las excepciones dilatorias nos encontramos en el caso de las suspensivas, o sea que con esta excepción se dilata el curso de la acción ene l juicio pero no la extingue, ni la excluye del todo por lo tanto si es apelable la excepción de oscuridad de la demanda.

En cuanto al segundo auto apelado, como dije anteriormente, que para que se pueda apelar debe de ser sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva y de las partes que consta el auto apelado son: 1º) Manda agregar la documentación presentada por el apoderado del demandante; 2º) Declara rebelde a la demanda; 3º) Manda agregar a sus antecedentes el escrito de fs. 30, presentado pro uno de los apoderados de la parte demandada y la 4º) que declara sin lugar la revocatoria del auto de fs. 18, en donde le declaran sin lugar la excepción de oscuridad.

Las tres primeras partes del auto, no son apelables y como lo establece el Tribunal superior, que el cuarto párrafo solamente sirve para tomar la fecha de su notificación como unto de partida para contar los tres días que la ley concede para apelar del auto que se está declarando sin lugar, en base a los arts. 426 y 436 Pr.

Estimo correcta la sentencia que pronuncaironlos Tribunales de primera y segunda instancia en el presente juicio, pues con buen criterio jurídico consideraron su fallo. Y en el primer auto se basaron en el Art. 426 Pr.

Estoy de acuerdo en la resolución dada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en el segundo auto, en cuanto a que no es apelable por no ser ninguna delas resoluciones contenidas en dicho auto, sentencias definitivas, ni interlocutorias con fuerza de definitiva, por consiguiente, no pueden producir daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva basándose ene l Art. 984 inc. 2º. Pr.

SENTENCIA NUMERO CINCUENTA

I. DOCTRINA

La denegación de prueba produce nulidad, a menos, que la parte interesada en la diligencia se muestra sabedora por escrito de la diligencia notificada informalmente. En el caso que nos ocupa podría considerarse que se le denegó la prueba ofrecida por la parte demandada, cuando el Juez resolvió señalando audiencias para los exámenes de los testigos de la parte actora, siendo que el solicitante no era el actor sino que el reo para sus propios testigos, revalidó lo actuado por el Juez, por lo que es procedente declarar sin lugar la nulidad solicitada.

II ARTICULOS APLICADOS
Arts. 1061 y 1089 pr.

III EXPOSICIÓN SINTETICA DEL CASO

En el juicio Ordinario de Reconocimiento de hijo Natural, promovido en el juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito, en sentencia definitiva, pronunciada a las nueve horas y cinco minutos del día cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro se falló: “declarase que el menor Roberto Jonathan Orellana, nació en esta ciudad el día diecisiete de Noviembre de mil novecientos ochenta y uno, siendo hijo ilegítimo de la señora Sofía Orellana Zelaya, o hijo natural del señor Narciso Atilio Cerón Vásquez, quien es mayor de edad, empleado y de este domicilio, y que dicho Estado Civil dio comienzo desde el nacimiento del menor mencionado, correspondiendo en consecuencia todos los derechos y deberes inherentes a su nuevo estado civil. N hay costas.

La Cámara confirmó en todas sus partes la sentencia apelada, pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil.

La parte demandada apeló para ante el Tribunal Superior.

IV FUNDAMENTOS DEL FALLO DE LA CAMARA

La denegación de prueba produce nulidad, a menos que la parte interesada en la diligencia, se muestra sabedora por escrito de la diligencia notificada informalmente, señalando audiencias para los exámenes de los testigos de la parte actora, siendo el solicitante no era el actor sino que el reo, pero al darse por sabedor de que la diligencia señalada era para sus propios testigos, revalidó lo actuado pro el Juez por lo que es procedente declarar sin lugar la nulidad solicitada.

V LUGAR Y FECHA DE LA SENTENCIA

Pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día diecisiete de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

MAGISTRADOS QUE LA PRONUNCIARON
Doctor José Antonio Munguía y
Doctor Jorge Guillermo Domínguez

ABOGADOS QUE INTERVINIERON
Apelante, doctor Fidel Antonio Rivas Rosales, apoderado de la parte demandada.

Apelado, doctora Inés Laura de Cuchilla, Apoderada de la parte actora.

COMENTARIO JURÍDICO DE LA SENTENCIA NUMERO CINCUENTA

La apelación en este caso fue motivada por la sentencia dictada por el Juez Tercero de lo Civil en la que declaró que el menor era hijo natural de la parte demandada, por lo que éste apeló, alegando haberse violado la garantía de audiencia al no señalarle audiencias para presentar prueba testimonial.

El Diccionario de Derecho usual del Doctor Guillermo Cabanellas, con respecto a Reconocimiento de hijos naturales lo define así: “declaración solemne de la paternidad o maternidad natural, ya sea por una confesión espontánea de los progenitores o como resultado de la prueba en juicio. El reconocimiento del hijo natural es derecho de éste y derecho y obligación de los padres esto, ante el ejercicio de aquella facultada del descendiente”.

La regulación que nuestra legislación da en el Art. 279 del Código Civil es: “Los hijos nacidos fuera del matrimonio podrán ser reconocidos voluntariamente por su padre o ser declarados reconocidos de parte de éste pro el Juez respectivo, y tendrán la calidad legal de hijos naturales”.

Y en este caso, creo necesario mencionar lo establecido en el Art. 45 en su inc. 3º del Código Civil que dice así: “Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley”.

Lo que ocurrió en este juicio fue que el Juez cometió un grave error, porque hizo señalamiento para examinar a los testigos de la parte actora, y señalamiento que le corresponde para la presentación de los testigos a la parte demandada. Considero que el Juez actuante no tuvo el debido cuidado o sea, que al hacer la resolución de lo solicitado, no puso de la dedicación necesaria dándose la equivocación de señalar para examinar a los testigos de la parte actora, ya que habían sido examinados y no de la parte demandada.

Pero esta situación quedó subsanada al darse por sabedor la parte demandada, ya que más adelante pidió que se le señalara nueva audiencia para presentar testigos por no haber hecho uso de l audiencia que para tal efecto le fue señalada, la cual le declaran sin lugar dicha ampliación solicitada, ya que se comprobó que el demandado estaba sabedor de la fecha que le correspondía la presentación de testigos, al manifestarlo en su escrito presentado ene l Juzgado Tercero de lo Civil, y de conformidad con el Art. 1117 Pr.: “La falta de recepción a prueba o la denegación de ella es las causas de hecho o en los juicios en que la Ley la requiere expresamente, produce nulidad. La nulidad que produce la infracción de las formalidades prevenidas paral os emplazamientos, citaciones y notificaciones, queda subsanada, si la parte emplazada o citada hace uso de su derecho sin reclamarla o se muestra sabedora pro escrito de la diligencia notificada informalmente”. Creo que de acuerdo con lo expresado en este art., no procede declarar nula la sentencia pronunciada por el Juez a-quo.

Por otra parte, considero que son suficientes las pruebas vertidas por los testigos de la demandante, en cuanto a que manifestaron que el demandado trató a la demandante como su mujer, proporcionándoles las atenciones que un hombre guarda para su mujer presentándoles en ese carácter a sus parientes, amigos y vecinos y proveyendo a las necesidades del hogar, observándose además por otra parte, de la madre una conducta honesta. Considero que en este caso es aplicable el Art. 327 C., y comprobándose con la certificación de la partida de nacimiento del menor, consta que éste fue concebido durante el tiempo en que las partes vivían en concubinato notorio, por lo que traigo a cuenta el Art. 283 ord. 5º.: “La declaratoria judicial de hijos naturales, procederá en el caso en que el pretendido padre y la madre, hayan vivido en concubinato notorio, durante la época en que según el Art. 74 C., pudo verificarse la concepción, si la madre ha observado durante el tiempo del concubinato una conducta honesta”

Considero que los fallos de los dos tribunales que conocieron del juicio en comento, son correctas, ya que resolvieron acorde al as pruebas presentadas.
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LEGISLACIÓN CONSULTADA

Código Civil
Código de Procedimientos Civiles
Código de Comercio
Código Municipal
Código de trabajo
Ley de Inquilinato
Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito
Ley de Cédula de Identidad Personal
Ley de Procedimientos Mercantiles
Ley de Papel Sellado y Timbres
Ley de Creación del Banco Hipotecario
Arancel Judicial
Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

HUGO ALSINA
“EL DERECHO PROCESAL”

ARTURO ALESANDRI RODRÍGUEZ Y MANUEL SOMARRIVA UNDURRAGA
EN LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

MASEAUD
“DERECHO CIVIL, PARTE II”

GUILLERMO CABANELLAS
“DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL”

ARTURO VALENCIA ZEA
“DERECHO CIVIL, TOMO I(Parte General y personas)

LUIS CLARO SOLAR
“EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO”

SOMARRIVA Y ALESSANDRI
“DERECHO CIVIL, LOS BIENES Y LOS DERECHOS REALES”

HUGO LINDO
“TESIS DOCTORAL”

EDUARDO J. COUTURE
“FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL”

ARTURO VALENCIA ZEA
“DERECHO CIVIL, TOMO IV (Contratos).