Enrique Diaz

Dentro de la sociedad salvadoreña, se ha producido una creciente discriminación y vulneración de los derechos de las personas adultas mayores, por sus padecimientos, discapacidades o situación de dependencia, siendo una problemática poco visible, que hasta pasa desapercibida, como si no tuvieran una importancia dentro de la convivencia cotidiana.

La Ley de atención integral para persona adulta mayor, fue decretada el veintitrés de enero de dos mil dos, en la que los legisladores consideraron promulgar esta normativa en donde valoran a partir de Constitución de la República, de la siguiente manera: “que la Constitución de la República, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, debiendo éste implementar las providencias necesarias para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, además, asegurar a sus habitantes el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.“

Las prestaciones económicas que son responsabilidad para el patrono, comprenden el pago de la incapacidad temporal, de la indemnización por incapacidad permanente parcial, están establecidas en el artículo 332 del Código de Trabajo, así como la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente y el auxilio funerario, el acceso a estas prestaciones por parte del trabajador y sus beneficiarios, se debe hacer con el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que las regulan.